En diálogo con la Oficina de Prensa del Senado, Molano reconoció que estos grupos delincuenciales están generando desplazamiento, confinamiento de poblaciones y asesinatos contra líderes de las víctimas en varias partes del país, como en Nariño y en el sur y medio Chocó, en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba. Afirmó que estos grupos ya han causado 89 desplazamientos, con centenares de desarraigados en Colombia, con el fin de controlar los corredores del narcotráfico.

"La definición del proyecto de ley estipula que las víctimas son las personas a las que se les violaen sus derechos humanos y el DIH y las acciones de estos grupos han generado graves afectaciones de los mismos. Por eso deben ser beneficiarios de esta ley las víctimas de estas bandas criminales", dijo.

No obstante, el artículo 3 del proyecto, en su parágrafo 3o dice que, "para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un menoscabo en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común". Este es el punto que bloquea el reconocimiento a las víctimas que produzcan delincuentes, como las "bacrim", señalaron Molano y el senador Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático).

Molano aclaró que la ley es para las víctimas y no para los victimarios. "Debe quedar absolutamente claro. Por supuesto no se le debe reconocer estatus de beligerancia o político a estos grupos. Debemos ponernos del lado de las víctimas", afirmó.

El senador Avellaneda, uno de los ponentes de la iniciativa confió en que sus demás colegas acojan este requerimiento del propio Gobierno. "Las 'bacrim' están persiguiendo, hostigando, asesinando a las víctimas que tienen toda la expectativa por regresar a sus tierras. Estas bandas están asociadas directamente a ejercer poder sobre la tierra. Esas organizaciones pueden llegar a re victimizar a estas personas afectadas ya por la violencia", dijo a Oficina de Prensa del Senado. "Podemos encontrar una definición. Lo importante es que asimilemos la realidad y trabajemos sobre ella. La formalidad va a ser lo de menos", declaró.

El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez confirmó estos desplazamientos con centenares de colombianos afectados y respaldó la propuesta de Molano. "Han asesinado estudiantes en Córdoba, hay personeros comunales y dirigentes sociales amenazados", dijo.

El debate será retomado el próximo martes a partir de las 10:00 a.m.

Proyecto de ley con líos constitucionales

Entre tanto los procuradores delegados para lo civil y derechos humanos y los senadores de la Comisión Primera ventilaron ajustes que se aplicarán al proyecto de ley de víctimas en cuanto a la doble instancia judicial para la restitución de tierras y absolvieron dudas frente a los temores de inconstitucionalidad en que incurriría la propuesta.

El Procurador Delegado Para lo Civil, Edgar Carlos Sanabria afirmó que el sistema judicial que crea la ley de víctimas para atender todos los procesos es similar, e incluso menos garantista, que el de la justicia ordinaria. E incluso dijo que se va a generar una nueva congestión en el sistema judicial con este proyecto una vez sea aprobado y se aplique como ley de la República.

En cuanto a la restitución de tierras, afirmó que el proyecto de ley también tiene falencias, como con la denominada doble instancia que se planeó para cuando haya un enfrentamiento jurídico, entre la víctima y el tercero poseedor del terreno y que se demuestre que lo tiene de buena fe.

“Cuando surja el debate probatorio, la víctima que hizo el reclamo no va a tener el derecho de réplica frente a los nuevos hechos presentados por el tenedor, y quedará en franca desventaja”, afirmó Sanabria.

Incluso fue reiterativo y dijo que teme que “con todo lo que no esté regulado (por el proyecto) y conlleve violación al debido proceso y el derecho a la defensa, este país va a terminar inundado de tutelas”, declaró.

Al respecto, el senador Hernán Andrade (Partido Conservador) invitó a los integrantes del Ministerio Público para que acompañen al proyecto y den luces al respecto de este lío que podría surgir.

Entre tanto el senador, Juan Carlos Vélez (Partido de la U), expresó su preocupación acerca de la que considera “indefinición” sobre la participación de agentes del Estado en casos de victimización y la reparación que deben sufrir los afectados por ellos.

“Todavía ese tema no se ha solucionado del todo, no se ve en este proyecto de ley. Por ejemplo, en el decreto 1290 de restitución a víctimas este aspecto fue eliminado, suprimido de tajo. Quiero claridad al respecto”, dijo el legislador.

El Procurador Delegado para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Mario González, le respondió a Vélez Uribe que los mecanismos legales ordinarios ya están establecidos y será la justicia la que determine la responsabilidad de los agentes estatales en las violaciones a los principios fundamentales de las víctimas.

“El proyecto de ley de víctimas recoge con claridad que ellas sí tienen derecho a la reparación sin importar el carácter del victimario, y además no implica la culpabilidad administrativa ni penal del Estado. Serán las providencias y los jueces los que determinen la responsabilidad de sus integrantes”, aclaró.

El coordinador ponente, senador Juan Fernando Cristo (Partido Liberal) respondió a otro interrogante del senador Vélez, y es el de qué tan blindado está el proyecto en materia de constitucionalidad, por cuanto no se consultó, según el legislador de la U, a las comunidades afrocolombianas e indígenas.

“En temas constitucionales nunca habrá tranquilidad, senador Vélez. Pero este tema de la consulta se trabajó desde el principio y se hizo con los indígenas y organizaciones afro que están más organizadas, y se llegó a la fórmula contenida en el artículo segundo del proyecto para superar el impase”, afirmó.

El viceministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia respaldó la postura del senador Cristo e indicó que fueron las propias comunidades negras e indígenas, raizales y rom (gitanas) quienes  acordaron con el Gobierno hacer un proceso de acompañamiento paralelo al trámite del proyecto de ley, y que está en marcha. “Si hubiésemos hecho el proceso de socialización previo, como es el temor, no estaríamos aquí en este debate. La tarea dura aproximadamente 6 meses. Son 3 millones de afro, 102 pueblos indígenas, 64 lenguas y dialectos y 1.700.000 aborígenes, y cerca de 450 mil rom. Por eso, y con los acuerdos alcanzados en las mesas de concertación que son regionales haremos la presentación del proyecto y que debe culminar en julio cuando la ley sea una realidad”, dijo el viceministro Iragorri. Al respecto, la Comisión Primera aprobó la realización de dos foros temáticos, sobre ley de víctimas, en Cali y en Tibú-La Gabarra, escenario de las más recordadas masacres paramilitares en Colombia, en 1997 y 1998.

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