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Segunda Vicepresidencia del Senado de la República de Colombia

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Bogotá D.C. Octubre 18 de 2018 (prensa Senado).- La senadora María Fernanda Cabal dijo hoy que el espíritu con el que fue promulgada la Ley 1448 del 2011 o de víctimas buscaba la reivindicación de la población rural, debido a los hechos del conflicto armado, pero que “en la práctica ha tendido a convertirse en un instrumento de despojo de la tierra, que en lugar de enmendar las situaciones problemáticas para las que fue diseñada, en ocasiones ha resultado ser la gestora de nuevas víctimas del actuar del mismo Estado”.

 

Recalcó que como resultado de esa situación, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversos fallos “exigiendo la adecuación de la norma para superar estos elementos difusos de la Ley y ha llamado al Congreso de la República para que en el ejercicio de su labor legislativa, corrija los yerros de la Ley en favor de los campesinos más vulnerables, que se encuentran padeciendo directamente los efectos negativos de la misma”.

 

Así lo señaló al dar inicio a la audiencia pública, que tuvo lugar en la sede de la Comisión Primera del Senado, y con la que se busca enriquecer la ponencia del proyecto de ley 131 del 2018, que modifica la llamada Ley de Víctimas.

 

En este escenario, la senadora Cabal dijo: “No vamos a proteger a ningún victimario. Vamos a defender los derechos fundamentales de las personas vulneradas por la Ley 1448”.

 

Por más de cuatro horas, cerca de 40 campesinos provenientes de diferentes sitios de la geografía colombiana rindieron sus testimonios a viva voz y contaron cómo tras comprar sus tierras, que en la mayoría de los casos habían sido parceladas por el desaparecido Incora, las perdieron, en varios casos, por malas interpretaciones de la Ley 1448 del 2011.

 

El primero en intervenir fue José Alberto Muñoz, proveniente de la zona del Urabá antioqueño, quien narró su drama y expresó que como propietario ha sido desplazado dos veces, a la vez que se quejó de la negligencia de las autoridades competentes para proteger sus derechos y así poder recuperar su parcela, de la cual fue despojado.


En desarrollo de la audiencia pública intervino la señora Victoria Veracruz, residente en Chigorodó, Antioquia, víctima de la violencia, quien expresó: "Los terratenientes no van a querer entregar los terrenos a los campesinos. Ellos compraron por precio irrisorio, porque el campesino vendía, ya que quería irse de la violencia".

 

Por su parte, Luis Ángel Pineda, habitante en el departamento de Nariño, dijo: “En mi región muchas tierras las hemos heredados de nuestros ancestros. Han pasado del abuelo, a sus hijos y a sus nietos, pero el gobierno las quiere declarar como baldíos, porque no tenemos documentos”.

 

Expedito Jaimes indicó: “Los gobiernos permitieron que la guerrilla y los paramilitares hicieran sus fechorías. Fueron los grupos alzados en armas y no el Incoder los que entregaban las tierras. Además la ley de víctimas comenzó mal y por eso pido que se modifique”.

 

Varios de los campesinos que intervinieron en la audiencia pública y han sufrido, de una u otra forma, el despojo de tierras pidieron reformar la Ley 1448, porque, según manifestaron, “la Unidad de restitución de tierras se ha convertido en juez y parte”.

 

Cristina Díaz narró cómo su padre Guillermo Díaz había comprado legalmente las tierras en Caracolicito, Cesar, a un vecino, quien años después falleció de diabetes, pero una vez entró en vigencia la Ley 1448, los sobrinos de la esposa del muerto argumentaron ante las autoridades que el señor Guillermo los había amenazado con el fin de adquirir las tierras y las había adquirido a un bajo valor. “La Ley 1448 permite que se les de valor a los falsos testimonios y a los falsos testigos”, comentó.

 

Por su parte, Luis Fernando Sánchez, delegado de Codhes, argumentó que el proyecto de ley que busca modificar la ley de víctimas es regresivo en relación con el reconocimiento y la garantía del derecho a las víctimas de despojo. Añadió que elimina la inversión de la carga de prueba, limita la protección a la propiedad privada de la población rural y reconoce la venta forzada como un mecanismo ajeno al despojo en el manejo del conflicto armado, entre otros aspectos.

 

En medio de la audiencia se conoció un documento suscrito por varios congresistas de la oposición y por organizaciones no gubernamentales (ONG), en la que señalan que la reforma a la Ley 1448 desnaturaliza el derecho fundamental a la restitución de tierra y busca limitar la titularidad del derecho a la restitución de tierras a través de presunciones legales que vulneran a los campesinos, especialmente.

 

La Comisión Primera entrará a estudiar en los próximos días la ponencia que propone reformas a la ley de víctimas, de la cual la senadora María Fernanda Cabal es coordinadora ponente.

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Ultima modificación: Jueves 18 de Octubre de 2018 17:49

Bogotá D.C., 18 de octubre de 2018. (Comunicaciones Secretaría General). En el marco del diplomado de "Alta Formación en Comunicación Política" realizado en el Senado de la República, el día de mañana el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo dictará una cátedra sobre "Ética y corrupción".

En la misma línea el estudiantado tendrá la oportunidad de asistir a la cátedra "Estructura política Organización del poder Legislativo en Colombia" con el director del Centro de Investigaciones y Altos estudios Legislativos, CAEL, Gregorio Eljach Pacheco.

El diplomado que está en sus últimas semanas, se logró por el convenio interinstitucional entre el Senado de la República, la ESAP, el CAEL y el Colegio de Periodistas de Colombia en un esfuerzo más por acercar la cátedra al Legislativo aprovechando estos espacios para la capacitación de la ciudadanía en general.

La próxima semana será la clausura del diplomado dónde se logró capacitar a más de 80 comunicadores sociales y periodistas dónde se generaron expectativas y reflexiones acerca de la importancia del mensaje comunicativo en éstas épocas de pos conflicto y las implicaciones en el nuevo orden social del país.

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Ultima modificación: Lunes 29 de Noviembre de 1999 19:00

Bogotá D.C., octubre 18 de 2018 (Prensa Senado). - El fortalecimiento de la RAP Pacífico y el impulso de 85 proyectos de integración regional fue el objetivo de la primera reunión de la bancada de 45 congresistas de los departamentos del Chocó, Valle. Cauca y Nariño hoy en las comisiones conjuntas de Ordenamiento Territorial.

La senadora nariñense Myriam Alicia Paredes vio con buenos ojos esta reunión.  "Aquí podemos hacer una buena tarea. Es urgente realizar unos acuerdos de la región frente a proyectos de desarrollo. Lo importante es la unidad para poder adquirir recursos de los ministerios".

Así mismo puso sobre el tapete el tema de la conectividad y abogó por la culminación de la doble calzada Chachaguí – Rumichaca, así como la variante San Francisco - Mocoa.

El senador caucano Feliciano Valencia destacó el valor de la reunión, pero cuestionó si se van a tratar sólo ejes estratégicos o se va a consolidar una autonomía regional para la descentralización.

"Siempre estamos supeditados a lo que se diga desde el centro del país. La unidad en términos estratégicos tiene que pasar por procesos de reconocimiento y autoconocimiento. No se puede olvidar que hay una autoridad étnica, que se desconoce y está basada en los cabildos y consejos comunitarios", advirtió el senador Valencia.

A su turno, el senador vallecaucano Gabriel Velasco recalcó que hablar de 85 proyectos es muy ambicioso, pero que si se logran priorizarlos va será más fácil que el gobierno los apoye.

"Hay un tema de costo país que afecta a la región como el costo del gas, en donde tenemos el precio más alto porque estamos al final de la tubería y no hay abastecimiento en la totalidad de las poblaciones de Nariño", advirtió el senador Velasco.

El senador nariñense Berner Zambrano aseguró que se está rondando la propuesta del gobierno de modificar el Sistema Nacional de Regalías y propuso como fin de la RAP Pacífico no permitir la modificación de la distribución de estos recursos.

"No nos debemos preocupar por el presupuesto, ni por el Plan Nacional de Desarrollo, cuando hay voluntad política del gobierno todo se puede hacer. Los invito a que nos volvamos fuertes con algo concreto, un acuerdo o un convenio a 10 años donde todos salgamos beneficiados, Chocó, Valle, Cauca y Nariño", afirmó el legislador.

El gerente de la RAP Pacífico, Camilo Lloreda, indicó que vino a hablarles a los 45 congresistas del bloque pacífico para presentarles 85 iniciativas que no fueron sacadas desde la oficina de la Rap en Cali, por un grupo técnico, sino construidas desde las regiones a través de 15 mesas departamentales en diferentes puntos de los cuatro departamentos.

"Los 85 proyectos es la respuesta a la problemática que la gente, desde los campesinos, las organizaciones indígenas, los consejos comunitarios, están diciendo aquí estamos presentes y ésta es nuestra visión para el Plan Nacional de Desarrollo", aseguró el funcionario.

La RAP Pacífico tiene programada la firma del Pacto por el Pacífico en el marco del Foro ´Las apuestas de la Región para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo´, que se realizará el próximo 30 de octubre en la ciudad de Cali, con la presencia de los gobernadores de los cuatro departamentos y autoridades nacionales.


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Ultima modificación: Jueves 18 de Octubre de 2018 15:47

Salud, educación y defensa son los sectores más beneficiados con los recursos aprobados.

Bogotá. D.C. Octubre 18 de 2018 (Prensa Senado).- Tras una larga discusión en las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes fue aprobado el presupuesto para la vigencia fiscal del 2019. El monto estimado fue de 258,9 billones de pesos, los cuales serían distribuidos en tres grandes rubros: inversión, funcionamiento y deuda.

Sin embargo, hacen falta 14 billones de pesos para financiar programas sociales y de inversión para el próximo año. Así mismo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó cómo se conseguirían esos recursos. “Disminuciones en el gasto innecesario, en el gasto suntuario, esfuerzos que se han venido adelantando, revisión de algunos de los precios del petróleo, la disponibilidad de algunas rentas disponibles, etc.”, señaló Carrasquilla

Durante la discusión, los temas principales fueron enfocados a sectores como salud, educación y defensa. El sector de educación quedó con 41,4 billones de pesos. Salud tendrá un presupuesto de 33 billones de pesos y defensa, 33,5 billones de pesos.

Entre tanto, la senadora María del Rosario Guerra (Centro Democrático) afirmó que para el próximo año este presupuesto es un claro compromiso del actual gobierno de austeridad en el manejo de los gastos de personal y de nómina. Además, uno de los retos es mejorar la meta del recaudo.

Asimismo, la congresista señaló que en tema de educación que el ICETEX beneficia a 339 mil colombianos de bajos recursos, pues se paga 0 tasas de interés real y estudiantes reciben subsidios, si pertenecen al sisben 1 y 2, hasta el 80 por ciento, según su rendimiento académico.

Por último, el presidente del Senado, Ernesto Macías, se refirió a la aprobación del presupuesto y dijo que tanto las comisiones económicas como los ponentes hicieron milagros, ya que el Gobierno anterior entregó un presupuesto totalmente desfinanciado, con un hueco fiscal de más de 26 billones de pesos. "Es un presupuesto que cambió en algo. Desde luego falta mucha plata, porque hay un hueco fiscal muy grande, de manera que no es lo ideal pero se aprobó lo mejor”, afirmó Macías.

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Ultima modificación: Jueves 18 de Octubre de 2018 10:22

Bogotá D.C. Octubre 17 de 2018 (Prensa Senado).- En la plenaria del Senado se discute el Presupuesto General de la Nación para el año 2019, estimado en 258,9 billones de pesos, el cual será distribuido en tres grandes rubros: inversión, funcionamiento y deuda.

Durante la discusión los temas principales fueron enfocados a sectores como salud y educación, ya que en estos dos es donde más se aumenta el presupuesto de funcionamiento. Los rubros para Defensa y Policía ocupan el tercer lugar, con especial énfasis en atención a la salud para miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias.

La senadora María del Rosario Guerra (Centro Democrático), ponente de la iniciativa, afirmó que para el próximo año este presupuesto es un claro compromiso del actual gobierno de austeridad en el manejo de los gastos de personal y de nómina. Además, agregó, uno de los retos es mejorar la meta del recaudo.

Asimismo, la congresista señaló que en tema de educación, el ICETEX beneficia a 339 mil colombianos de bajos recursos, quienes pagan 0 tasas de interés real y los estudiantes reciben subsidios, si pertenecen al sisben 1 y 2, hasta el 80 por ciento, según su rendimiento académico.

Durante la sesión de plenaria, los senadores Iván Marulanda (Partido Verde) y Gustavo Bolívar (Partido Decentes) presentaron una ponencia alternativa, que consistía en disminuir el gasto militar para aumentar la inversión social. El documento fue sometido a consideración de la plenaria, pero fue negado.

La plenaria completa más de siete horas estudiando esta iniciativa que tiene como plazo máximo para ser aprobada por el Congreso, hasta el 20 del presente mes.

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Ultima modificación: Miércoles 17 de Octubre de 2018 18:58

Bogotá D.C., octubre 17 de 2018 (Prensa s. David Barguil).- Los senadores David Barguil y Rodrigo Lara lideran un bloque parlamentario de congresistas jóvenes y de distintos partidos políticos que se oponen a la ampliación del período de alcaldes y gobernadores hasta el 2022. Se trata inicialmente de cinco senadores que buscan convocar a otros parlamentarios para impedir que prospere el proyecto de extensión del periodo para los mandatarios locales.

El bloque está integrado por: David Barguil, del Partido Conservador; Rodrigo Lara, de Cambio Radical; Gabriel Velasco, del Centro Democrático; Juan Felipe Lemus, del Partido de la U, y Fabio Amín, del Partido Liberal.

"Uno no manosea la democracia ni juega con ella. Los alcaldes y gobernadores fueron elegidos por un periodo de cuatro años y no podemos, a través de una leguleyada, extender ese período y quebrar la democracia. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que asuma una postura clara en defensa de la democracia y no se vaya a prestar para esta vagabundería de cambiar las reglas del juego a mitad del partido", señaló el senador Barguil.

"Esto es una clara burla contra el elector primario. Desde la Comisión Primera del Senado la bancada liberal anuncia que este proyecto no puede continuar. Cualquier situación desafortunada que esté sucediendo en Cámara debe ser corregida en Senado y nos ocuparemos de defender una democracia que eligió por un periodo constitucional", afirmó por su parte el senador Amín.

"Este es un bloque. Estamos reunidos el Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, La U y Cambio Radical. Queremos ponerle un dique de contención a este proyecto que busca alterar las reglas de la democracia en Colombia. Los electores votaron y dieron un mandato específico y por un tiempo determinado. Modificar ese mandato es hacerle trampa a la democracia", manifestó el senador Lara.

"Nosotros hacemos parte de una nueva generación de políticos. Tenemos una responsabilidad superior con el país y las nuevas generaciones. Esta norma impide que en las elecciones locales puedan surgir liderazgos que lleguen a reemplazar las viejas tradiciones políticas", dijo el senador Lemus.

"Nos preocupa lo que pueda pasar en las regiones. Esta reforma invisibilizaría a los gobernantes regionales, porque la discusión nacional se tomaría el escenario y quedaríamos en las regiones con muy poca discusión. Necesitamos seguir construyendo democracia y este proyecto destruye lo que se ha construido", aseveró el senador Velasco.

Inicialmente, el bloque lo conforman los cinco senadores, pero se irán sumando congresistas de estos y otros partidos políticos. Además, todos coinciden en que el bloque se mantendrá para defender y alzar la voz frente a otros temas de interés nacional.

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Ultima modificación: Miércoles 17 de Octubre de 2018 18:42
Miércoles 17 de Octubre de 2018 16:58

Gobierno ratifica que en Boyacá no habrá fracking

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por Prensa Senado

Bogotá D.C. octubre 17 de 2018 (Prensa Senado).- El viceministro de Minas y Energía, Diego Mesa, indicó en un debate en la Comisión Quinta del Senado que en Boyacá “no hay adjudicado bloques para explotación de hidrocarburos no convencionales”. Sin embargo, indicó que en ese departamento existen 1.574 títulos mineros vigentes, que representan un área de 367 mil hectáreas.

 

El debate, que giró en torno a la Serranía de las Quinchas, parque natural regional que fue afectado por un derrame de crudo recientemente, buscaba responsables y sanciones por parte del gobierno central frente al grave impacto ambiental ocurrido en dicha reserva natural, ubicada en el municipio de Puerto Boyacá.

 

En el curso de la discusión también se indicó que Boyacá es uno de los departamentos con mayor deforestación, mayor cantidad de desierto y de los que más está sufriendo por la pérdida del recurso hídrico, como lo sostuvo en su intervención el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible, Ricardo Lozano.

 

Por su parte, la senadora Sandra Ortiz, citante al debate, expresó su preocupación por el Fracking. “Colombia y Boyacá merecen saber la verdad sobre el Fracking. En Colombia no se tiene certeza científica que dicho método de extracción no convencional nos haga bien”.

 

Seguidamente expuso la falta de caracterización del sector minero. “Se puede decir que solo se ha caracterizado cerca del 50 por ciento”, lo que implica una falla contundente de las entidades del Estado en el seguimiento y control, lo que lleva a generar casos como el de las Quinchas, donde se evidenció la grave afectación ambiental que el derrame de crudo generó.

 

Ese accidente fue admitido por el Presidente de OCENSA, Enrique Sandoval, quien en su intervención aceptó que sí se había presentado una fuga y que se había iniciado el procedimiento de corrección, buscando una solución ambiental. “Recogimos 44 galones de aceite, que estaban impregnados en el suelo”, dijo, a la vez que comentó que la compañía estaba en el proceso de limpieza y restauración de dicho sector.

 

Al concluir el debate, los senadores Jorge Londoño y Sandra Ortiz, de Alianza Verde, expresaron el sin sabor que les había producido el quedar en evidencia que no se habían registrado sanciones por el daño ambiental, a la vez que manifestaron su confianza con los compromisos adquiridos por los representantes de los órganos estatales involucrados, quienes aseguraron mayor control, seguimiento y supervisión.

 

Al debate asistieron el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano Picón; el director de la ANLA, Rodrigo Suárez; los presidentes de Ecopetrol, Felipe Bayón, y de OCENSA, Enrique Sandoval, respectivamente.

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Ultima modificación: Miércoles 17 de Octubre de 2018 18:52
Miércoles 17 de Octubre de 2018 16:21

El 80 por ciento de las colombianas se dedican a labores del hogar

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por Prensa Senado

Se buscan políticas públicas que reconozcan la labor de las mujeres en el hogar, que optimicen el tiempo para que puedan ser productivas en otras actividades.

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Ultima modificación: Miércoles 17 de Octubre de 2018 17:52

Bogotá D.C. octubre 17 de 2018 (Prensa Senado).-  La Comisión Primera del Senado dio luz verde a la creación de una Comisión Interinstitucional Judicial que reemplazaría al Consejo Superior de la Justicia. Igualmente dispuso otorgar funciones de jueces a los cerca de 600 procuradores delegados que se estima que hay en el país, con el fin de buscar una fórmula alternativa que contribuya a la descongestión de los despachos judiciales. En esa tarea también contribuirían los notarios y centros de arbitraje.

También acordó elevar a rango constitucional el presupuesto de la rama judicial, lo que permitiría fortalecer económicamente a ese órgano del poder público.

De esta manera, la Comisión Primera terminó de aprobar, en primer debate, el articulado del proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia -conformado por 31 artículos- que pasa ahora a estudio de la plenaria del Senado. Esta iniciativa requiere de ochos debates reglamentarios. Cuatro en Senado e igual número en la Cámara de Representantes.

La propuesta de crear un tribunal de aforados, que asumiría las funciones que hoy cumple la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, fue negada por la falta de consenso entre los partidos políticos, con asiento en esa célula legislativa, frente al tema de la definición de las instituciones que ternarían a los tres magistrados que integrarían ese cuerpo colegiado.

Aunque ese artículo fue negado, el tema sigue vivo y se podrá retomar en la plenaria del Senado, según lo dispone una sentencia de la Corte Constitucional, que se refiere al trámite legislativo.

El senador Rodrigo Lara dijo que con el tribunal de aforados se buscaba quitarle facultades a la Corte Suprema de Justicia, que según la misma Corte Constitucional, es el tribunal de cierre para los procesos judiciales.

La congresista Paloma Valencia explicó que ese tribunal sería realmente una sala de instrucción, integrada por tres magistrados, y la cual investigaría a los funcionarios con fuero. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia continuaría con su responsabilidad de investigar al Presidente de la República.

Por su parte, el legislador Germán Varón, coordinador del grupo de ponentes, expresó también dudas frente a los alcances de ese artículo. Con el fin de evitar el hundimiento de esa nueva figura se propuso votar negativamente la norma.

En medio de la discusión se propuso una especie de unificación de los períodos institucionales, lo que implicaría que el Fiscal General que sería elegido en el 2020 solo iría por dos años, con el fin de equiparar en el 2022 los períodos del jefe del ente acusador con el del Presidente de la República.

La propuesta generó un debate, en el cual el senador Gustavo Petro se mostró en contra de prolongar los períodos constitucionales, sobre lo cual argumentó que cuando era Alcalde Mayor de Bogotá, los entonces presidente Juan Manuel Santos y vicepresidente Germán Vargas Lleras, propusieron en una reunión de alcaldes la prolongación del período de los burgomaestres. “Yo me pronuncié en contra de esa propuesta, argumentando que el pueblo al elegirnos había votado por un período fijo. Si lo extendíamos era desconocer el mandato del constituyente primario”.

El senador Lara reiteró nuevamente que uno de los objetivos de la reforma a la justicia era otorgarle al Presidente de la República la facultad de elegir al Fiscal General por un período de seis años. Ese pronunciamiento fue controvertido por la ministra de Justicia, Gloria Barrero, quien dijo: “Esa jamás ha sido la intención del Gobierno. Esta es una reforma que fortalece la rama judicial”.

En similar sentido se pronunció la senadora Paloma Valencia, quien dijo que la iniciativa no tenía agendas ocultas.

La mayoría de los congresistas optaron por mantener el período institucional del Fiscal en cuatro años para mantener el equilibrio de poderes.

El senador Luis Fernando Velasco anunció que este proyecto generará una fuerte discusión en la plenaria, a la vez que la congresista Angélica Lozano pidió revisar el proyecto aprobado y ajustarlo estructuralmente para su debate ante el Senado en pleno.

Al final del debate, que se prolongó por cerca de cuatro horas, la Ministra de Justicia dijo. “Esta no es una reforma improvisada y esperamos que sea el fruto de consensos”.

Al votarse el artículo de la vigencia de la iniciativa se aprobó una propuesta del senador Julián Gallo de mantener vigentes los jueces de paz, que en el estudio de otro proyecto se habló de eliminar sus actuales funciones.


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Ultima modificación: Miércoles 17 de Octubre de 2018 16:10

Bogotá D.C., octubre 17 de 2018 (Prensa Farc).- Como partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común no podemos dejar pasar por alto la aprobación de un presupuesto como el que se está tramitando en el Congreso. Fieles a nuestros compromisos e ideales estaríamos fallando si guardamos silencio ante algo tan importante para el futuro del país.

Año tras año es preocupante el paupérrimo presupuesto que se le asigna a sectores tan importantes para el desarrollo de la nación como el agro y la educación, es lamentable que la inversión para el campo colombiano todavía no alcance si quiera el 3% de todo el presupuesto. Pareciera que no importara las dificultades que puede afrontar el país si el agro llegase a desaparecer del todo por los desincentivos del gobierno, lo que generaría una crisis social pero también un desmejoramiento significativo en la calidad de vida de los colombianos y colombianas.

Para todos y todas es bien conocida la crisis que atraviesa la educación que se ha dedicado al fortalecimiento de los sistemas de crédito y endeudamiento para acceder a la educación superior por encima del fortalecimiento y el pago de la deuda histórica con la educación pública del país.

De los 10 millones que debería recibir cada universidad por estudiante matriculado, ahora sólo están recibiendo 4 millones, lo que genera una cadena de condiciones de desmejoramiento en el proceso de aprendizaje y enseñanza, a nivel nacional, y aunque se sabe que el gobierno ha anunciado un incremento en 500.000 millones, eso no se compara con la petición que se ha hecho desde el estudiantado de más de 3 billones en este presupuesto para la educación. En el momento hay facultades con hacinamiento, otras con edificios que ya han colapsado o están a punto de colapsar, la mayoría de profesores tienen contratos cátedra lo que desmejora no sólo sus condiciones laborales si no el acompañamiento que éstos puedan brindar al proceso de aprendizaje, y aún así con todo esto, se ha preferido realizar una mayor inversión en el sector de defensa que en la educación, cuando un proceso como el nuestro ha podido demostrar que la salida negociada a los conflictos no sólo es posible sino que además es una necesidad urgente en el país.

Aunque no es claro el presupuesto para la implementación de los acuerdos, la mayoría de carteras de las cuales depende la implementación, tienen reducciones considerables lo cual nos lleva a pensar que esto también está en riesgo, y no se trata sólo de los procesos de reincorporación de nuestros compañeros y compañeras en todo el país, estamos hablando también de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, que dentro de los acuerdos dan también la posibilidad de llevar desarrollo a aquella Colombia profunda y marginada por el conflicto que ha vivido el país; esta esperanza que se ha visto hoy en día desdibujarse del horizonte de lo realizable, es un mensaje negativo si no llegase a buen término con estas propuesta que cada comunidad ya ha priorizado y en las cuales ya se encuentran ansiosos por su implementación.

Por todo lo anterior como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común no podemos estar de acuerdo con el Presupuesto General de la Nación que está próximo a ser votado y muy probablemente aprobado. Anunciamos no sólo nuestro voto negativo, sino que estaremos haciendo seguimiento permanente para que se invierta de la mejor manera los recursos de la Nación, reclamando el presupuesto necesario para tener una Colombia socialmente más justa, y poder lograr la implementación de lo acordado.


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Ultima modificación: Lunes 29 de Noviembre de 1999 19:00
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