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Contrato de Cerromatoso es leonino para todos: senadores Comisión Quinta

Recinto de la Comisión Quinta del Senado Recinto de la Comisión Quinta del Senado Prensa Senado

Contaminación ambiental, lesiones personales y deformidades físicas, secuelas de la explotación de Cerromatoso. Contraloría cuestiona firma de nuevo contrato.

Bogotá, D.C. Agosto 20 de 2013. (Prensa Senado).- En un nuevo intento por demostrar que los contratos con Cerromatoso en Córdoba son leoninos para los habitantes del municipio de Montelíbano y demás poblaciones cercanas, los miembros de la Comisión Quinta del Senado, adelantaron un debate de control político a los ministros de Minas y Energía y Medio Ambiente.

Durante el debate, los senadores Jorge Robledo (Polo Democrático) y Bernardo Miguel Elías (Partido de la U) así como voceros de las comunidades indígenas y delegados de la administración municipal de Montelibano, coincidieron en señalar la ilegalidad del contrato firmado entre el gobierno nacional y la junta directiva de la empresa de Cerromatoso.

Mientras que para el senador Jorge Robledo el gobierno protegió los intereses de la multinacional al reconocer la legalidad de un contrato que a todas luces era ilegal, el cual se extiende hasta el año de 2044, para el también congresista Bernardo Miguel Elías la multinacional le hace trampa al país, la regalías le llegan tarde a los municipios y la corrupción en el manejo de las mismas llegó al extremo de pagar una parranda vallenata con recursos de las regalías, señaló.

Entre tanto, el alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle denunció el aumento de minas carboeléctricas contaminantes además de Cerromatoso, lo que ha generado el desplazamiento de 30 mil pobladores así como el deterioro permanente de la prestación de servicios públicos esenciales.

Para el mandatario local, Cerromatoso es hoy en día un cerro depredado porque "las multinacionales lo arruinaron, situación que ha sido denunciada ante los diferentes entes de control del Estado, sin que hasta el momento se haya presentado acciones que protejan la población y sancione a los responsables por este crimen ambiental", destacó.

A su turno el abogado Abelardo de la Espriella, representante legal de las comunidades indígenas de la región, anunció que presentó una demanda penal contra los presidentes de la empresa minera Cerro Matoso S.A. y su junta directiva en los últimos 15 años, por los delitos de daño en los recursos naturales, contaminación ambiental, lesiones personales con perturbación funcional de carácter permanente y deformidades físicas de carácter permanente.

Para el penalista, "a los pobladores de Córdoba solo les queda esperar que el fallo de segunda instancia interpuesto en los últimos días, anule ese contrato y les permita celebrar uno nuevo con todos los elementos jurídicos y legales que les garantice mínimo la supervivencia", enfatizó.

Así mismo, el delegado de la Contraloría General de la República, Mauricio Cabrera, cuestionó la forma en que el gobierno renovó un contrato ya vencido, pues de acuerdo a su exposición, el contrato con Cerromatoso venció el 30 de septiembre de 2012 y el 27 de diciembre de ese mismo año fue renovado. "No se entiende cómo se renueva algo ya vencido".

Dijo también que los indicadores sociales no han generado ningún beneficio a la población. "Los municipios están peor que aquellos donde no hay explotación minera", indicó.

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