El presupuesto 2020 una trampa para la paz, para el país y para los trabajadores

Bogotá D.C., agosto 27 de 2019 (Prensa Farc).- Con la propuesta de Presupuesto General de la Nación 2020, el gobierno de Iván Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, insisten en la formula ya fracasada de destinar más de $59 billones (21%) para el pago de servicio de la deuda y $35 billones (13%) para el sector defensa y seguridad, desfinanciando la inversión social y la construcción de paz, que son los objetivos constitucionales y fundamentales del Estado Social de Derecho hoy convertidos en retórica vacía.

Triste noticia para el sector de trabajadoras y trabajadores en el Gobierno de la “economía naranja”.

Lo primero que debemos informarle al país es que el Presupuesto General de la Nación el Gobierno debió dar inicio de los debates a partir del 15 de agosto de 2019, es decir que se sigue evidenciando la estrategia premeditada del Gobierno en dilatar los tiempos y camuflar las cifras tiempo después de lo señalado en la ley, misma estrategia utilizada a inicios de este año con el Plan Nacional de Desarrollo, con los resultados adversos -de público conocimiento- a los intereses de la sociedad colombiana.

Sin abrir aun los debates respectivos el presupuesto presentado por el Gobierno devela cuatro maniobras por parte del Ministro Carrasquilla, así:

1.) En esta ocasión llama ostensiblemente la atención – y sin explicación alguna- que el Gobierno haya suspendido (congelado) $10 billones de pesos del actual presupuesto afectando amplios sectores de la Salud y de Educación, es decir que se tienen sin ejecutar entre esos dos sectores la suma de $3 billones de pesos situación que amerita por parte del Gobierno una explicación urgente y, en particular a la comunidad estudiantil el avance en los compromisos suscritos el año pasado como oportunidad acordada para cesar las manifestaciones de estudiantes y educadores; un acuerdo por parte del Gobierno, camuflado.

2.) Que se tiene un desfinanciamiento en este presupuesto general de la nación 2020 por valor de $8 billones de pesos.

3.) La venta de empresas del Estado para cubrir faltantes para el 2020 y de paso abrir un gran boquete para el próximo gobierno, es decir la venta de la reina de la corona del oro negro, Ecopetrol.

4.) Maniobras contables que ponen en duda la transparencia de las cifras presentadas, debido a que se sigue evidenciando la estrategia premeditada del Gobierno en dilatar los tiempos y camuflar las cifras tiempo después de lo señalado en la ley.

Los tecnócratas de Minhacienda no dudan en manipular las cifras sin sonrojarse para terminar afirmando: “el aumento del presupuesto para el 2020 será de 9%” cuando no llega ni al 4.9%. Afirmación que no se acerca a la realidad.

La verdad de todo este asunto, es que el gobierno amplió las gabelas y exenciones con las que premia a los grandes capitales de este país en el orden de $63 billones, con la promesa siempre incumplida afirmando que se generará crecimiento económico y aumento del empleo.

¿Cómo se puede explicar una idónea ejecución de los recursos para la paz en los próximos años que le quedan a este Gobierno, cuando las cifras actuales de ejecución del presupuesto 2019 muestran una sub-ejecución superior al 80% para paz?, ¿Qué está haciendo su Ministerio frente a esta baja ejecución a sabiendas que estamos en ley de garantías y esta finaliza el 27 de octubre? ¿Qué justifica esta pobre ejecución en lo referente a Paz, cuando contrariamente el presidente Iván Duque públicamente sostiene que está comprometido con la Paz?

¿Esto acaso debe entenderse como el cumplimento de la promesa de campaña del presidente Duque de reformar el acuerdo de paz (hacerlo trizas) ahora usando la vía del Presupuesto General de la Nación?

Si a la Paz no se le asignan los recursos necesarios acordados, este Gobierno no solo cargaría con la responsabilidad histórica de haberse opuesto a la Paz, sino de sumergir al país en un nuevo conflicto aupado por el Gobierno de la “Legalidad y la Equidad”.

El llamado es a preparar la más amplia movilización social y popular. Invitamos a todos los sectores amplios, democráticos y progresistas del país, a los estudiantes, trabajadoras y trabajadores, amas de casa, sector campesino, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades negras, personas LGBTI y comunidades de fe, entre otras, a manifestarnos en la defensa de los derechos de las mayorías y en defensa del Patrimonio Público. Debemos impedir que la crisis se la sigan cargando a los hombros del pueblo y haciéndosela pagar a los más pobres mientras que acentúan y refuerzan el modelo minero extractivita y antinacional.