Aprobado proyecto que elimina cobro por reconexión de servicios públicos en estratos 1, 2 y 3, de la autoría del Presidente del Senado

“Es un proyecto social y a la población pobre y vulnerable, que es el 87% de los hogares colombianos, es a quien más le cortan los servicios”, manifestó el senador Lidio García Turbay.

Bogotá D.C., 9 de junio de 2020 (Prensa Presidencia). La Comisión Sexta del Senado de la República votó por unanimidad en primer debate con 13 votos a favor, el proyecto por medio de la cual se modifica la Ley 142 del año 1994 y que busa eliminar el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios y residenciales a los estratos 1, 2 y 3.

“Es un proyecto social y a la población pobre y vulnerable, que es el 87% de los hogares colombianos, es a quien más le cortan los servicios”, expresó su autor, el senador y presidente del Congreso, Lidio García.

El senador García Turbay expresó su agradecimiento a los integrantes de la célula legislativa al igual que su ponente, el senador Horacio José Serpa, y agregó que “siendo conocedor de esta problemática, que golpea duramente a los estratos menos favorecidos, ha liberado una constante batalla con el Ejecutivo e incluso al interior del Legislativo, para eximir a este segmento de la población del cobro por reconexión de los servicios públicos fundamentales”.

El proyecto de ley pasa ahora a la plenaria del Senado, donde será ubicado entre los primeros en el orden del día, para que los senadores den su voto positivo y así entregarle la mejor noticia al país en tiempo de la pandemia por el Covid- 19, aseguró el presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay.

Tal como lo mencionó su ponente, el senador Horacio José Serpa, esta es una iniciativa que revive un proyecto del período legislativo pasado, el cual el Gobierno de turno lo objetó. “Afortunadamente, el hoy presidente del Congreso y copartidario Liberal, el senador Lidio García Turbay, revivió esta iniciativa, con el propósito de hacer realidad un anhelo de solidaridad para que los más necesitados no tengan que asumir cargas económicas excesivas”.

El senador Serpa agregó que este proyecto busca aliviar la situación de los colombianos de los estratos más bajos de la población, que a diario ven frustrada la posibilidad de disfrutar de los servicios públicos esenciales para llevar una vida digna, debido a que no tienen con qué pagar los altos costos que las empresas cobran por concepto de reconexión o reinstalación, después de la suspensión o corte del servicio por falta de pago de las facturas.

El senador liberal Iván Darío Agudelo destacó que la pieza central del marco constitucional de la regulación de los servicios públicos es el artículo 334, en su enciso primero, que atribuye al Estado la dirección general de la economía y que explica que hay que intervenir por mandato de la ley en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía, con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

También dijo: “Este mandato constitucional se refuerza aún más en materia de servicios públicos con el deber de asegurar la prestación eficiente no de algunos, sino a todos los habitantes del territorio nacional, agregó el legislador, quien precisó que es un deber dar solución a las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable; garantizar la universalidad en la cobertura y la calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, y los criterios de costo, solidaridad y redistribución del ingreso que deben caracterizar el régimen tarifario de los servicios públicos”.

Indicó que el artículo primero del proyecto adicionó un parágrafo al artículo 96 de la Ley 142 de 1994 actualmente vigente, disponiendo que no habrá lugar al cargo alguno por reconexión o reinstalación cuando se trate de un servicio público domiciliario en inmuebles residenciales en los estratos uno, dos y tres, cuando la causa es la suspensión o así mismo haya sido exclusivamente la mora en el pago de la factura.

Por lo anterior aseguró el senador Agudelo, que el proyecto de ley 297 del año 2020, que beneficia a los estratos uno, dos y tres, en relación con los cobros por reconexión, guarda plena armonía con el mandato constitucional en consecuencia debe contar con todo el apoyo.

Otras intervenciones

A su turno, la senadora Soledad Tamayo, del Partido Conservador, dijo que la emergencia por el Covid-19 ha dejado en evidencia la importancia de garantizar los servicios públicos a las personas más vulnerables del país, y como ya lo ha reiterado el autor del proyecto, el presidente Lidio García Turbay, muchas personas no tienen los recursos suficientes para cubrir los costos de la prestación de los servicios y mucho menos los altos costos de la reconexión.

Por su parte, la senadora sucreña Ana María Castañeda, del Partido Cambio Radical, aseguró que la iniciativa es transcendental y necesaria para el bienestar social de todos los colombianos, y auguró su voto positivo y conocedora de los inconvenientes de la iniciativa, que fue declarada inconstitucional por vicios de trámite legislativo, pero nunca fue una decisión que cuartara la viabilidad de este importante proyecto, y dijo que la iniciativa es una verdadera traducción de los fines del Estado Social de Derecho, que resuelve inequidades obviadas y que fueron sopesadas con favorabilidad a la preservación económica y en beneficio de las empresas prestadoras de servicios.

Agregó la congresista que con esta emergencia de salubridad por el Coronavirus, surgió una cifra desoladora a partir de la reconexiones realizadas en el marco de la crisis y se pudo palpar que un millón de colombianos evidenciados por la CRAC no tenía acceso al servicio de agua por no tener dinero con que pagarla, lo que la senadora calificó de inequitativo y de un panorama desolador.

Reiteró que este proyecto no busca menoscabar la estabilidad financiera de las empresas de servicios públicos como lo ha acotado su autor, el presidente del Legislativo, Lidio García Turbay, muchas veces.
También indicó que el deber de sufragar los costos por la reconexión o la reinstalación por parte de las empresas no es el propósito del proyecto.

Así mismo dijo que la iniciativa busca es incentivar el pago oportuno de las facturas que permiten que las empresas acudan a estas medidas para forzar el pago, mas no es una partida indispensable para el cubrimiento de los costos fijos de estas empresas.

“El proyecto establece una nueva forma de eficiencia que no afecta la calidad del servicio, porque no releva al usuario de la mora de su obligación de pagar la factura, ni los intereses que generan, esto apunta que a las empresas utilicen la desconexión como última opción para forzar el pago de las facturas, y lo contrario, lo que invita es a usar instrumentos menos lesivos para no poder atentar contra los derechos de los usuarios”, subrayó.

Al final expresó: “Felicito al autor y le brindo todo su respaldo para que el proyecto se convierta en Ley de la República muy pronto”.

 

 


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