Gran parte de esos dineros ya se están movilizando hacia las regiones, pero la mayoría de los damnificados -por no decir todos- , parece no sentir los efectos de los planes en ejecución en cabeza de los gobernadores departamentales, en coordinación con operadores privados que fueron aprobados por el nivel central.

En algunos casos estos operadores son reconocidas cajas de compensación o fundaciones de alto prestigio, frente a las cuales no deberían despertarse sospechas de ningún tipo. Pero en alguna parte está el palo que se le atraviesa a la rueda e impide que las soluciones y los proyectos lleguen a donde tienen que llegar en el menor tiempo posible y dentro de la mayor eficiencia y eficacia pensadas.

La Presidencia de la República y sus ministerios adscritos, así como los organismos de control, tienen la más grande responsabilidad en términos de disponibilidad de recursos, realización de proyectos, atención a la población vulnerable y en alto grado de exposición a enfermedades, y fiscalización de las diferentes inversiones que se realizan. Un brazo importante de este proceso lo constituye el Fondo Nacional de Solidaridad, hoy en manos de un distinguido hombre de negocios.

Otro brazo para mover la generosidad de los colombianos es la organización Colombia Humanitaria, que con la abnegación y entrega de la Primera Dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos, a la fecha ha recaudado cerca de 130 mil millones de pesos provenientes de países amigos, empresas y ciudadanos de bien de nuestro territorio.

Entonces, ¿en dónde estamos fallando?, ¿Por qué las denuncias sobre falta de inversión y de proyectos en el Sur del Atlántico y el Departamento de Bolívar?, ¿Por qué se pierden los mercados en el Departamento de Córdoba?, ¿Por qué el desgreño en el manejo de los damnificados en el Departamento del Magdalena?, ¿Por qué las reiteradas protestas de los empresarios rurales en las diversas regiones asoladas por la desgracia invernal?, ¿Por qué tanta inconformidad en el interior del país? Me resisto a creer que sea sólo un problema de corrupción o de ausencia de diagnósticos.
 
Aquí los damnificados tienen otro enemigo, quizá más apabullante que la misma corrupción y es la ineficiencia e ineficacia estatal en todos los niveles de la administración. El Presidente mueve los labios y se desplaza con prontitud, pero la maraña gubernamental es de una lentitud atroz. Es una situación que aterra por su devastador impacto y por la forma soterrada que tiene para acabar con las esperanzas de quienes lo perdieron todo por culpa de las lluvias. Si esto es lo que ha ocurrido con la primera crisis invernal, de la cual no nos reponemos siquiera en un 20 por ciento, qué podrá pasar con la que se nos avecina y se anuncia peor que la pasada. ¿Será el acabose total? Espero que no.
 
Por eso comparto con mis compañeros de la Comisión V del Senado de la República, que llamemos al tablero desde este martes 29 de marzo a los distintos ministros y demás funcionarios de los gobiernos nacional y seccional, para que nos expliquen qué ha pasado con la primera fase de la reconstrucción y qué estamos haciendo para prevenir los nefastos golpes del segundo viacrucis invernal en menos de un año. La primera en responder será la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero.
 
Al igual que nos comprometemos con un proyecto de Gobierno nacional y acompañamos las iniciativas presentadas al Congreso para hacer realidad la transformación y desarrollo planteados a los colombianos mediante herramientas de modernización institucional y probidad en el manejo de la inversión, estamos obligados a ejercer control político en casos tan delicados como la reconstrucción anunciada tras la catástrofe natural.

Lo hacemos solo en defensa del interés de los millares de afectados y en beneficio de la credibilidad empeñada por el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, quien estoy seguro debe estar muy inquieto - como lo está el Congreso - con lo que ha venido pasando en esta materia.
 
Estamos dispuestos a ejercer nuestra función constitucional hasta las últimas consecuencias. Eso fue lo que les dijimos a nuestros electores que haríamos. Y eso es lo que haremos, si de verdad queremos que la prosperidad democrática nos funcione y nos llegue a todos.

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