Bogotá, D.C., 2 de noviembre de 2011 (Prensa senador Jorge Robledo).- En el 2006, la multinacional española Telefónica se quedó con el 51 por ciento de las acciones de Coltel (antigua Telecom), privatización que constituyó un grave detrimento del patrimonio público, pues la empresa se vendió por debajo de su valor real. El gobierno argumentó que, para mejorar las operaciones de la empresa y garantizar el pago del pasivo pensional, Coltel debía ser administrada por una compañía extranjera.

Cinco años después de la privatización, el fracaso de Telefónica es evidente. Coltel ha perdido participación en el mercado, tiene serios problemas financieros y existe el riesgo de que no se paguen las mesadas de los pensionados, porque este año no ha pagado los $447 mil millones con los que se debe financiar el Patrimonio Autónomo Pensional (PAP).

Antes de que la compañía española adquiriera la mitad de las acciones, la empresa tenía utilidades operacionales cercanas a un billón de pesos. Y después de cinco años de control de la trasnacional, la empresa está generando pérdidas.

El senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático) afirmó “que es evidente la pésima gestión de Telefónica en Coltel y que es inaudito que el Gobierno premie su fracaso con más de medio billón de pesos, capitalizando a Coltel en esa suma”.

Advirtió que el fracaso de la compañía española tiene sólo dos explicaciones: que la trasnacional ha sido incapaz de administrar bien la empresa o que lo ha hecho mal con el propósito de favorecer otros negocios que tiene en Colombia (ver: http://bit.ly/qjava7 y http://bit.ly/mBHSK9). ¿Cuánto ha pagado Movistar a Coltel por el uso de las redes?, preguntó el congresista del Polo.

Robledo respaldó las denuncias de la Asociación Colombiana de Ingenieros, ACIEM, gremio que le solicitó a la Contraloría investigar un posible detrimento patrimonial por considerar que Telefónica no ha cumplido con las obligaciones que asumió cuando adquirió la mitad más uno de las acciones de Coltel (ver: http://t.co/L68DnVvT).

El senador Robledo concluyó señalando que el Estado debe garantizarles a los pensionados el pago de sus mesadas, garantía no contemplada en el proyecto de capitalización en favor de Telefónica.

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