Bogotá D.C., 1 de marzo de 2012 (Prensa senador Germán Carlosama López).- El senador Germán Carlosama (AICO), cuestiona el procedimiento adelantado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, previo a la radicación de la Ley de Tierras y Desarrollo Rural que presentará en el Congreso.

Asegura el senador, que como parte del derecho fundamental de los pueblos y de las comunidades indígenas, minorías étnicas, comunidades afrodescendientes, palenqueras y raizales, y previo a la radicación de un proyecto que incida en esta población, se debe realizar una consulta previa.

"Este no es un mero procedimiento, es un derecho fundamental de acuerdo con las decisiones de la Corte Constitucional, el acuerdo 169 de la OIT, entre otras normatividades", comenta el senador Carlosama.

Según el congresista, el Gobierno ha mencionado la realización de dicha consulta, pero refiriéndose a sus altos costos económicos y las dificultades de sus procedimientos.

"Nada más alejado de la realidad, en especial, cuando hablan de la financiación. Este es un costo necesario para la democracia y el reconocimiento de los derechos de las comunidades, que tanto han sido olvidadas, vejadas y vilipendiadas por los Gobiernos a lo largo de la historia", afirma.

Dice el senador del Movimiento de las Autoridades Indígenas de Colombia, que la Mesa Permanente de Concertación es el escenario natural donde se discuten temas que se deben desarrollar, y más, si tienen relación con el futuro de los territorios de las comunidades indígenas.

"Hago un llamado al Gobierno nacional, para que piense en los tiempos de las comunidades, y no nos acuse de entorpecer procesos; más ahora cuando reconoció el mismo ministro del Interior, German Vargas Lleras, que las demoras actuales en el desarrollo de la consulta previa del mencionado proyecto de ley, nacen de la ineficiencia e incoherencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural", comenta Carlosama.

"Seis meses se ha cambiado permanentemente el texto de la propuesta de ley, y solo hasta el 1 de febrero de 2012 fue radicado el texto definitivo para comenzar el análisis del mismo", señala.

Agrega que "las comunidades, pueblos indígenas y sus organizaciones no serán presionadas para hacer consultas sin el lleno de los requisitos o consultas express, solo porque el Gobierno ha sido ineficiente en sus temas".

Reitera el congresista, que es la MPC, con los representantes de las organizaciones indígenas y de los pueblos, donde se deben socializar y dar a conocer las propuestas, que es allí donde se deben diseñar metodologías y de la cual deben salir las propuestas y decisiones.
"Nuestro respeto por los miembros de nuestras comunidades, quienes en últimas son los depositarios de la voz ancestral de nuestros pueblos, son los únicos que puede aceptar o rechazar las propuestas que se discutan", comenta.

El legislador manifiesta su respaldo a las voces que dicen que la consulta previa se debe reglamentar, pero diferimos profundamente en la finalidad.

"No esperamos regular este derecho fundamental para limitarlo, sino para evitar que continúe el desangre de nuestras comunidades con consultas que no cumplen con los requisitos, y sirven de mero procedimiento para entregar nuestros recursos naturales, saberes ancestrales y territorio, a grandes empresas nacionales y multinacionales que llegan como langostas a arrasar con todo, y después se van dejando solo un vacío en nuestros pueblos".

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