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Jueves, 27 Nov 2014   Rojo Azul Café

Senado respaldó nuevo fuero militar para la Fuerza Pública y de Policía

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Debate del fuero miltar Debate del fuero miltar Prensa Senado

El nuevo sistema no conocerá de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento.

Bogotá D.C., Diciembre 11 de 2012, (Prensa Senado).- Fue un debate lleno de posiciones a favor y en contra de esta propuesta del Gobierno. El Senado lo aprobó en su octavo debate con votación nominal y pública con 55 votos a favor y 7 en contra, y pasa a sanción presidencial para convertirse en reforma constitucional.

El artículo 1 recibió 67 votos a favor, y 8 en contra; los artículos 2 y 5, recibieron 66 votos por el sí, y 11 en contra; el tercero,  por el sí, 57 por el no, 13;el cuarto, por el sí,  51 , por el no, 12; el sexto, por el sí, 61 , por el no, 6 votos.

El coordinador de ponentes, senador Juan Manuel Galán (Liberal), explicó que no es un acto coyuntural, sino que busca devolver confianza de parte de ciudadanos, víctimas y colombianos, al sistema de juzgamiento de la fuerza pública y de policía.

"El fuero consiste en una excepción que se le entrega a una institución para que cumplan con la función a la cual están destinados. En el caso de Colombia, se le otorga ese fuero a los militares por la función que cumplen, que es el mandato constitucional, por su riesgo y sacrificio para cumplir con sus funciones", explicó el Senador Galán.

Para el Senador, es una garantía institucional, no es un instrumento de defensa personal, ni de impunidad, sino de justicia". Es una garantía para que el país no se quede sin fuerzas militares", afirma.

Si los actos no tienen relación con el servicio van a la jurisdicción ordinaria, caso contrario, van a la justicia penal militar, aclaró.

El proyecto forma parte de una reforma estructural que se complementa con una ley estatutaria y otra ordinaria, para que la justicia penal tenga una carrera autónoma y las cuales serían presentadas en marzo, cuando se inicie el segundo período de esta legislatura.

Desmintió el congresista que se desconozca la independencia del juez y el derecho de las víctimas, porque la Corte Suprema de Justicia continúa como máximo tribunal para la casación y la acción de revisión.

Por eso llamó a ese máximo tribunal para que asuma ese compromiso, al igual que el acompañamiento de la Procuraduría y Defensoría.

"Permite que sea independiente y autónoma, no bajo sospecha de que un integrante del mando militar incida en los fallos", afirma.

El senador Galán advirtió que las "ONGS de derechos humanos internacionales llegaron a última hora para decir cómo van a legislar, y que en audiencias públicas se invitaron para que presentaran sus propuestas".

"Fue un trabajo respetable, a conciencia, ni a bandazos de los comentarios de organizaciones de derechos humanos", precisó.

Dispuesto a revisar

Por su parte, el senador Armando Benedetti (Partido de la U), manifestó que la lista de delitos se aumentó a siete, pero que si la ponencia hay que revisarla, "se revisará las veces que sea".

En cuanto a la ejecución extrajudicial, explica el Senador Benedetti, que los enemigos del proyecto dirán que no existe como delito, y se devolvería el caso a la Justicia Penal, y para eso propuso que el fuero militar no tenga vigencia hasta que no se haya tipificado la ejecución extrajudicial. "Aunque se ha aclarado una y mil veces que nunca estos casos pueden ir a la Justicia Penal Militar", dijo.

Qué mire hacia su país

El que cuestionó al director de la ONG, Human Righ Watch, José Vivanco, quien no comparte el proyecto, fue el senador Juan Carlos Vélez (Partido de la U), de quien dijo debe "dejar de entrometerse en lo interno y que vaya a Estados Unidos, en donde hay fuero militar, y que por cualquier delito, un militar de EE. UU. es procesado por la justicia penal militar, así viole o robe".

Explica que hay países como Ecuador y Venezuela tienen un fuero militar mucho más amplio que el nuestro.

Sobre las primeras pruebas de los casos, manifestó que esa actividad de policía judicial le correspondería al CTI de la Fiscalía.

No somos enemigos

El senador Parmenio Cuéllar (PDA), como ponente y miembro del Polo Democrático Alternativo, aclaró que "quienes tienen posiciones diferentes, no son enemigos de la Fuerza Pública ni del proyecto".

Según el congresista, la Constitución contempla que cuando los convenios internacionales son ratificados por el Congreso, prevalecen en el orden interno, y que todos los colombianos estamos sometidos a una misma justicia: la ordinaria. "No puede la justicia penal ser la prevalente, es lo contrario", dice.

Aquí no hay inseguridad jurídica, eso se presenta cuando se cambian normas de forma atropellada. "Este acto legislativo sí genera inseguridad jurídica".

Dijo que hay que abolir ejecuciones extrajudiciales, y cuestionó a los tribunales de garantías penales, porque, según él, protege sólo a los miembros de la fuerza pública, y no a todos los colombianos.

"Es una bofetada a los jueces, se les está diciendo que no sirven para juzgar a los militares", afirma.

No tiene micos

Para el senador Hernán Andrade (Conservador), también ponente del proyecto, y quien lo defendió, dijo que lo aprueban por "conveniencia íntima".

Dijo que pese a tener contradictores, hay muchas personalidades que acompañan el proyecto y "no han abandonado el barco, y eso da confianza".

Cuestionó que se venda una premisa falsa al país, de que la justicia penal es creíble en EE.UU pero no en Colombia.

"Hoy no hay fallos por falsos positivos, y por eso no hay que concluir que la justicia es mala. Los mal llamados positivos no van a ir la justicia penal militar", aclara, asegura que "Este proyecto no tiene el síndrome de la Reforma a la Justicia: aquí no hay micos, ni orangutanes, es un proyecto muy bien labrado", asegura.

No le ve futuro

El senador Manuel Virgüez (Mira), considera que este es un fuero a medias. El congresista, quien fue militar, asegura que la defensa de derechos humanos debe ser integral y para todos, no a medias.

Criticó que ONGS como Human Righ Watch, que "sólo se preocupe de los derechos de los civiles, pero no el de los militares, ni de los soldados que son víctimas de minas antipersona. Se trata de la independencia de la justicia penal militar, y de garantías".

Asegura que el proyecto no brinda seguridad jurídica y recomienda que sea más amplio.

El retiro del recinto del senador Jesús Ignacio García (Liberal), quien mientras manifestaba su posición en contra de la propuesta, no fue escuchado, causó malestar en ciertos congresistas, que se solidarizaron con su colega, e incluso, lo fueron a buscar para tratar de que regresara, pero el intento fue en vano.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que el proyecto "no se hizo en cuarteles, ni a manteles, y que por el contrario, fue un esfuerzo serio, que contó con la participación de una comisión integrada por ex defensor del Pueblo, el hoy Fiscal General de la Nación, dos generales expertos en derechos humanos y tres exmagistrados.

"No se trata de dejar a un sector tranquilo, sino que Colombia y la fuerza pública tengan las condiciones para cumplir con su deber, para defender la Constitución y los derechos fundamentales".

Manifestó que en el Congreso ha explicado detalle a detalle el contenido del proyecto, y que se han participado en las cuatro audiencias públicas convocadas por la Corporación.


"No se puede insinuar que se abre una ventana a la impunidad". Estamos dando un salto en derechos humanos, más que otros países en el mundo, y aseguró que los críticos del proyecto temen que se queden sin temas.

"Seguridad jurídica de las Fuerzas Armadas es necesaria", asegura.

El proyecto

Crea un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional. "No es un capricho", aclara el Senador Galán.

Tendrá la potestad preferente de servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública. Hoy esa competencia la tiene el Consejo Superior de la Judicatura.

Además de controlar la acusación penal, con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral.

Así mismo, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar.

Este Tribunal estará integrado por ocho magistrados, cuatro de los cuales serán miembros de la Fuerza Pública en retiro. Sus miembros serán elegidos por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y de la Corte Constitucional en pleno.

Los miembros de la Fuerza Pública en retiro de este Tribunal serán elegidos de cuatro ternas que enviará el Presidente de la República.

Cuando la conducta de los miembros de la Fuerza Pública, con relación con un conflicto armado, sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el Derecho Internacional Humanitario.

También crea un fondo destinado a financiar el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública, bajo la coordinación del Ministerio de Defensa Nacional.

Los militares procesados cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos, y a falta de estos, en las instalaciones de la Unidad a que pertenezcan.

Precisa que la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Justicia Penal Militar, contará con un periodo de hasta un año para identificar todos los procesos que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública, y trasladar a la Justicia Penal Militar aquellos donde no cumplan los supuestos para la competencia de la jurisdicción ordinaria.

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Ultima modificación: Martes 11 de Diciembre de 2012 20:16

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