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Jueves, 27 Nov 2014   Rojo Azul Café
Noticias Senado
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Asistirán delegados de más de 30 países invitados a la VI Asamblea General de este foro, que se celebrará los días lunes 22 y martes 23 de noviembre en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional.

BARRERAS_ROY__4Bogotá, D.C., 21 de noviembre de 2010 (Prensa senador Roy Barreras).-La instalación estará a cargo de la Ministra de Relaciones Exteriores, María Angela Holguín, del senador Roy Barreras (Partido de la U), y el señor Manuel de Araujo, vicepresidente del Foro Parlamentario, que tiene su sede permanente en Estocolmo.

El senador Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado y miembro del ‘Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras’ junto con la Cancillería Colombiana, serán los anfitriones de la VI Asamblea General  de la APAL que se celebrará los días lunes 22 y martes 23 del presente mes en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional. (Ver agenda)

“Para Colombia es de gran trascendencia realizar un evento de tan alto reconocimiento e importancia, busca lograr una mayor y comprometida cooperación internacional entre todas las Naciones que hacen parte de este Foro, avanzando en  mecanismos  de desarme nacional e internacional que beneficien a los países”, dijo el senador Barreras.

Además, explico que el Foro es una organización de parlamentarios de todo el mundo que desde hace años se han preocupado por la proliferación no controlada de las armas pequeñas y sus respectivos efectos en la seguridad de las sociedades.

Según el presidente de la Comisión de Paz, Roy Barreras, “el Congreso y el Gobierno colombiano se vincularán desde ahora al programa de Naciones Unidas para combatir el tráfico ilícito y la producción de armas pequeñas y ligeras en Iberoamérica”.

Al Foro confirmaron su asistencia más de 50 diputados, parlamentarios y senadores y Altos Funcionarios de más de 30 países miembros de APAL, entre ellos, Colombia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Brasil, El Salvador, Venezuela, Estados Unidos, Francia, Tanzania, Mozambique, Burkina Faso, República del Congo, Senegal, Kenia, Sierra Leona, Suecia, Albania, y España.

Ver agenda del foro internacional sobre armas pequeñas y ligeras

Oficina de prensa del senador Barreras, teléfono 3113004885
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Anunció que la próxima semana, en la Comisión Segunda de Senado, dejará una constancia sobre el tema y exhortará a las autoridades a cumplir las normas.

MOTOA_CARLOS_FERNANDO_5Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2010 (Oficina de Prensa del senador Carlos Fernando Motoa)-. "No sabemos los colombianos qué es peor, si transitar por la Avenida 26 en Bogotá, en medio de obras y un invierno inclemente, o someterse a las esperas e incomodidades en el terminal aéreo de la capital del país", aseguró el senador Carlos Fernando Motoa  Solarte.

Según el parlamentario, las obras que se adelantan en el aeropuerto de Bogotá, mantenimientos a los aviones y las lluvias han generado incumplimiento en los horarios de los vuelos, tanto nacionales como internacionales, y los pasajeros se han visto en situaciones de espera y cancelaciones sin justificaciones razonables y sin las compensaciones de ley que deben otorgarse por estos casos.

"Las aerolíneas culpan al mal tiempo y a la Aerocivil, y las autoridades del puerto aéreo a las administradoras de los aviones, entonces no sabemos en realidad qué sucede. Hemos conocido casos de pasajeros que se han visto obligados a pasar la noche, en medio del frío y la incomodidad, sin que las aerolíneas compensen ello, ni solucionen pronto el problema. La ley exige que quienes se vean sometidos a espera y cancelaciones deben ser recompensados por las aerolíneas, y eso no ocurre", anotó el senador.

Hizo un llamado a las autoridades que regulan el transporte aéreo en el país para que hagan cumplir la ley, investiguen las demoras y cancelaciones y sancionen a quienes abusen de los pasajeros que se movilizan en avión dentro y fuera del país.

"No puede quedarse sólo en palmaditas en la espalda, es necesario que la Aeronáutica tome las riendas del aeropuerto y las aerolíneas; sancione ejemplarmente y de manera pública a quienes incumplan a los pasajeros y no sean totalmente claros con los usuarios, especialmente en esta temporada, cuando la movilización aumenta debido a las vacaciones de Navidad y Año Nuevo", agregó.

Oficina de Prensa del senador Carlos Fernando Motoa. Teléfonos 3823718 – 3155747061

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Jueves 18 de Noviembre de 2010 17:18

Invierno y denuncias sobre concesiones viales, hoy en el Noticiero del Senado

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Un detallado recuento de las noticias y actividades del Senado en la emisión de esta noche a las 7 de la noche en el Canal Caracol

logo_noticiero_del_senadoBogotá D.C., 18 de noviembre de 2010 (Prensa Canal Congreso) -. El invierno que azota al país y las consecuencias sobre los  trabajadores del campo será la noticia que encabeza el Noticiero del Senado este viernes 18 de Noviembre.      

Cosechas destruidas y vías destrozadas para poder sacar los productos que se han salvado, son el panorama que hoy viven los campesinos, ya que Invías carece de recursos para habilitar las carreteras terciarias.

En el tema de carreteras, el Noticiero presentará las denuncias de la Comisión Quinta sobre el desastroso funcionamiento del sistema de concesiones en el país.

En otras informaciones, el noticiero abordará el tema del proyecto de ley que busca reglamentar el uso de las motocicletas en el país, una medida que se hace urgente, teniendo en cuenta que el 39% de los accidentes viales en el país son protagonizados por motos y que estos accidentes aumentaron en un 40% durante el último año.

Igualmente explicará el por qué y el cómo del proyecto de ley que busca que aquellos delitos cometidos y purgados por una persona dejen de aparecer en su pasado judicial.

El Noticiero del Senado se transmite todos los jueves a las 7:00 p.m. por el Canal Caracol.   


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Ultima modificación: Jueves 18 de Noviembre de 2010 17:22
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Representantes de varios departamentos insisten en su empeño de pedirle al Gobierno que retire el Acto Legislativo que modifica el sistema de regalías.

Manifestacion_por_Regalias_2Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2010 (Prensa Comisión Quinta del Senado) -. Los senadores Hernán Andrade (Partido Conservador) y Félix Valera (Partido Verde), recibieron en la Plaza de Bolívar a delegaciones del Huila, Cesar, Guajira y Meta que protestan contra un eventual cambio en el régimen del Sistema General de Regalías que promueve el Gobierno a través del Proyecto de Acto Legislativo 013 de 2010 que se tramita en el Congreso de la República.

Los legisladores recibieron a los representantes de la comunidad en medio de una pertinaz lluvia y después de escuchar los planteamientos pacíficos de los manifestantes y de las organizaciones civiles, hicieron saber que su aspiración es que el proyecto tenga profundas modificaciones o que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos retire la iniciativa.

El senador Félix Valera acompañó a los representantes sociales durante el recorrido por la carrera Séptima y dijo que "conocemos la gravedad de nuestros pueblos y también conocemos la situación fiscal y presupuestal de estos, porque este proyecto va atentar contra los departamentos que producen regalías".

La lluvia no fue un impedimento para que los manifestantes gritaran un “no” a la expropiación que según ellos hará el Gobierno de las regalías, el cual pretende distribuir los recursos de una manera distinta a la actual y según los manifestantes "son una contraprestación mínima para mitigar el daño que produce la explotación minera".

"Si con las actuales regalías no se pueden atender todas las necesidades, mucho menos después cuando llegue apenas una mínima parte de lo que se recibe ahora", precisó Humberto Cardozo, del departamento de Cesar.

"No se puede ahorrar cuando hay miseria porque hoy en día las regalías son insuficientes", afirmó Éder Ramírez, manifestante del Huila.

"El gobierno se ha empeñado en señalar que las regalías han sido fuente de corrupción regional y nosotros queremos señalar que los grandes escándalos de malversación de fondos públicos han estado en entidades nacionales que dependen de la administración central", señaló Hermógenes Cifuentes del departamento del Meta.

En medio de la discusión hizo presencia el senador y expresidente del Congreso, Hernán Andrade, quien también apoyó los reclamos de la delegación del Huila y de la totalidad de los manifestantes.

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Jueves 18 de Noviembre de 2010 17:08

Senadores promueven en Arauca compromisos para respetar derechos de menores

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Compromiso solemne de los miembros del Congreso para promover ante organismos públicos y privados la práctica permanente en el respeto de derechos para niños y niñas de Colombia.

FOTO_ARAUCA_1Arauca, 18 de noviembre de 2010 (Oficina de Prensa de la senadora Gilma Jiménez).- Miembros del Congreso de la República se reunieron en la capital de Arauca para pedir perdón por la incapacidad del Estado para preservar los derechos de los menores de Tame y toda Colombia, a raíz de los recientes sucesos sobre la violación y asesinato de tres hermanos en Tame, en el que están involucrados miembros de la Fuerza Pública.

Al acto asistieron los senadores Dayra Galvis, Maritza Martínez (Partido de la U), Clara Inés Ramírez (Polo Democrático), Germán Carlosama (Movimiento Indígena) y Gilma Jiménez (Partido Verde). Además estuvo el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez; la delegada de la Procuraduría General de la Nación para el menor y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda; el general del Ejército, Rafel Alberto Neira; el Teniente Coronel de la Policía, William Javier Guevara, y representantes del ICBF, Gobernación de Arauca y de la alcaldía.

Los congresistas y las asistentes suscribieron un compromiso ante adolescentes de varios colegios de la región, para promover la defensa de normas y medidas que garanticen el respeto de los derechos de los niños y adolescentes ante organizaciones del sector público y privado. 

La senadora Gilma Jiménez, quien preside la Comisión responsable en el Senado de rendir informe sobre este hecho, dijo que “la sociedad debe ser cada vez consciente de la importancia de garantizar derechos y deberes que hagan evidente el respeto a los derechos humanos desde la niñez”. 

La opinión pública nacional se conmovió semanas atrás por hechos que aún son motivo de investigación por las autoridades sobre la violación y asesinato de Yenny de 14 años y de sus hermanitos, Jefferson de 6 años y Jimmy de 9, según se registró ampliamente en distintos medios.

Oficina de Prensa de la senadora Gilma Jiménez, celulares 313 852 13 90  y  310 812 93 40

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Según el congresista es necesario un gran “Pacto Social con Equidad” que mejore las condiciones de vida de los colombianos.

BAENA_CARLOS_ALBERTO__2Bogotá, D.C., 18 de noviembre de 2010 (Prensa senador Carlos Baena).- Aunque el empleo, la lucha contra la pobreza y la seguridad, sean los ejes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo, aún no es claro cómo las cinco locomotoras del Presidente Santos van a atacar estructuralmente la miseria en que se encuentran 7.4 millones de colombianos, según las declaraciones del senador Carlos Baena (MIRA), durante el debate del Movimiento MIRA sobre las políticas del gobierno en materia de pobreza.

"Lo que se espera es que el Plan tenga unas carrileras que permitan a las  locomotoras llegar a las estaciones en donde hay poblaciones y territorios con Necesidades Básicas Insatisfechas críticas, con ingresos ínfimos, con índice de desigualdades inconcebibles y condiciones de vida reducidas. No obstante, pareciera, que lo que el Gobierno va a continuar haciendo, es una asistencia por la vía de subsidios, a solo una parte de las personas pobres en el país", señaló el senador.

"Las locomotoras deben partir de las estaciones en donde están arraigadas la miseria y la pobreza, para poder cubrir los faltantes de equidad inmersos en el Plan de Desarrollo. Solo así podremos salir del atraso y la desigualdad. Es necesario un gran Pacto Social con Equidad que mejore las condiciones de vida de nuestros compatriotas", concluyó el Senador Baena.

Oficina de Prensa del senador Carlos Alberto Baena, teléfono 310 786 3468

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Según investigaciones, las obras deberían costar 13 billones de pesos y su valor ya asciende a $24 billones de pesos.

Comision_Quinta_16_11_10Bogotá D.C, 18 de noviembre de 2010. (Prensa Canal Congreso).- La Senadora Maritza Martínez (Partido de la U) denunció que las 22 concesiones vigentes tienen 322 modificaciones a sus contratos originales, todas tienen prórrogas y todas cuentan con liquidez porque “el Estado les hace pago anticipado de la casi totalidad del valor de la concesión”.

“Un ejemplo de este exceso de consideraciones es el que se tiene con la Concesión Coviandes, a cargo de la vía Bogotá- Villavicencio, por la que el  Gobierno pagó por anticipado $294 mil millones de pesos de los $353 mil millones que vale la concesión”, dijo Martínez.

La congresista aseguró que dicho contrato tiene un costo de un billón 800 mil millones de pesos y que la vía que se podría hacer en tres años y medio está programada para siete años.

“El Meta pone y el Estado paga por adelantado pero Coviandes no aporta porque trabaja con vigencias futuras. Yo me pregunto: ¿por qué se le llama concesión a un contrato normal de una obra civil?”, aseguró.

El Ministro de Transporte, Germán Cardona, dijo durante el debate en la Comisión Quinta, que el sistema de concesiones entrará a revisión y que “en adelante no se volverá a adjudicar un sólo para concesión en el cual, previamente, no se adquieran predios”.

El martes próximo, para continuar con el debate sobre el estado de la red vial en el país, está citado el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, porque según el senador citante Manuel Guillermo Mora (Partido de la U), "el tema se resuelve con un buen plan vial, pero sobre todo con recursos".

Según la senadora Dayra Galvis (patido de la U), también citante "el invierno ha puesto de relieve que el plan 2.500 del gobierno anterior está atrasado y no ha sido satisfactorio para el país, ahora que está en juego la competitividad en el mercado interno y externo".

Esta noticia fue desarrollada en el Noticiero del Senado, que se transmite los jueves a las 7 p.m. por el Canal Caracol y se repite en el Canal Institucional y canales regionales de televisión abierta.

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"El sector público es el que genera mayor cantidad de quejas, denuncias, investigaciones por casos de corrupción", senador Enríquez Rosero. El proyecto reanuda estudio este martes.

COMISION_PRIMERA__22_09_10_010Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2010 (Oficina de Prensa del Senado).- La desviación de recursos causada por las prácticas de corrupción, genera pérdida de confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Por eso, la Comisión Primera del Senado, aprobó la semana anterior los diez primeros artículos del Estatuto Anticorrupción que se relacionan con la contratación pública y dicta disposiciones para prevenirla y combatirla.

"Las prácticas de corrupción en el sector público se manifiestan principalmente por casos de abuso de autoridad, irregularidades en contratación administrativa y en el manejo del presupuesto, por sólo mencionar las más relevantes", señala el coordinador ponente Manuel Enríquez Rosero (Partido de la U):

Con la modificación del artículo 53 de la Ley 80 de 1993, los consultores, los interventores, supervisores y asesores externos responderán civil y penalmente por el cumplimiento de las obligaciones del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades. Deben publicar junto con el representante legal, en la página web de la entidad, los informes de ejecución con sus respectivas actas, los contratos o convenios puestos a su vigilancia y control.

La mayor cantidad de quejas, denuncias, investigaciones por casos de corrupción se presentan en el sector público y con el fin de protegerla, de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución, por eso se aprobó que los supervisores o los interventores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante, el que no cumpla, quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco años.

Así mismo, los miembros de la Comisión, aprobaron que las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento al contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido.

Al modificar la Ley 80, relacionada con el proceso de la selección o firma del contrato,  estos deberán iniciarse cuando la entidad haya terminado la etapa de pre inversión que incluya los estudios de ingeniería básica de pre factibilidad y factibilidad de los respectivos objetos contractuales.

Inhabilidad por incumplimiento reiterado

Quedará inhabilitado el contratista que haya sido objeto de imposición de cinco o más multas durante la ejecución de un mismo contrato; de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos contratos durante una misma vigencia fiscal, imposición de dos multas y un incumplimiento durante una misma vigencia fiscal. La inhabilidad se extenderá por un término de dos años, contados a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes.

Anticipos

El contratista deberá constituir una fiducia irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto por los rendimientos financieros que genere la inversión temporal del anticipo.

Los senadores Manuel Enríquez Rosero (Partido de la U), coordinador, Juan Manuel Corzo (Partido Conservador), Jesús Ignacio García (Partido Liberal), Hemel Hurtado (Partido de Integración Nacional), Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático) y Jorge Eduardo Londoño (Partido Verde) ponentes de la iniciativa, se reunirán hoy al mediodía con el ministro del Interior y la Justicia, German Vargas Lleras para unificar criterios en torno a este proyecto , el proyecto 142 de 2010 orientado a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y a hacer efectivo el control de la gestión pública.

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Continúa la sesión conjunta de la Comisiones Séptimas que anunciaron legislar también la próxima semana sobre el tema. El movimiento indígena presentó ponencia negativa.

Comision_Septima_Conjuntas_17_11_10Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2010 (Oficina de Prensa del Senado).- Las Comisiones Séptimas del Congreso de la República, avanzan en el estudio de  la reforma a la salud, con la presentación de dos ponencias, una positiva y otra negativa, que hasta el momento no han sido votadas.  

La senadora Dilian Francisca Toro (Partido de la U),  ponente del proyecto y una de las autoras de los 11 proyectos acumulados defendió la iniciativa y señaló que “es una reforma estructural que promueve tener personas sanas en un ambiente y entorno sanos”.

Resaltó del proyecto la atención primaria que será coordinada por el Estado, la  unificación de los planes que se hará de manera progresiva y su sostenibilidad financiera, "sin la cual no se podrán ofrecer un plan de beneficios claros para todos".

Manifestó que la promoción y la prevención serán definidas por el Ministerio de Protección Social, como una estrategia de atención primaria y dijo que se realizará un plan decenal de salud pública, "en el cual habrá un amplio proceso de participación social".

Cómo funcionará el Sistema

La legisladora precisó que habrá una coordinación nacional, a través de un Conpes especial que se reunirá cada seis  meses y otro territorial. Explicó que "si un niño desnutrido se enferma cada 8 días, si no se le mejora la nutrición, se le va a estar dando medicamentos todo el tiempo" y aseguró que "en este caso estará a cargo del Bienestar Familiar para que le dé un tratamiento nutricional diferente al que se presta a los niños a través de los comedores".

Igualmente señaló que  la promoción y la prevención se controlará a través de redes, en un espacio y población determinados, yendo casa por casa, identificando el riesgo individual, familiar y comunitario  con equipos multidisciplinarios.

La congresista también aseguró que en el proyecto se preserva la autonomía médica, haciendo un llamado a una autorregulación de los profesionales de la salud; se estimula el trabajo de los residentes quienes harían parte de una planta transitoria con pago; se crea el Instituto de Evaluación Tecnológica, se establece una política de medicamentos mediante negociación de precios de referencia que se ajusten a los de Latinoamérica.

Aseguramiento es la clave

El Representante a la Cámara Hólger Díaz Hernández (Partido PIN), también ponente, se refirió a la portabilidad nacional, lo que significa que no importa en qué municipio se haya expedido el carné ni a qué régimen pertenezca, ya que se garantiza la atención en todo el territorio nacional. También aseguró que a partir del 2012 no habrá período de carencia (actualmente es de 26 semanas).

Financiación del sistema

El senador ponente Jorge Eliécer Ballesteros (Partido de la U) señaló que la financiación de la salud pública, promoción y prevención, pasaría de 1.054 billones en el 2011 a 1.321 billones en el 2015.  Otros recursos contemplados en el proyecto son: ¼  de aporte de las Cajas de Compensación, 238 mil millones; 50% de las rentas cedidas, que asciende a 116 mil millones; 1.5 de los regímenes especiales, lo cual no se ha podido cuantificar. También se refirió a la creación del Fondo de Garantías para evitar cualquier tipo de intermediación o eliminación de EPS.       

Capítulo especial para niños

La senadora Gilma Jiménez (Partido de la U), expresó su agradecimiento y satisfacción  por la inclusión del capítulo que le otorga un trato prevalente y diferencial  a la salud de los niños, niñas y adolescentes, por mandato constitucional.

Aseguró que con este capítulo se están restableciendo los derechos vulnerados durante décadas a los niños que han sido sometidos a tratos infames y que si la salud o vida de un niño, niña o adolescente se  pone en riesgo por cuenta de un evento administrativo o de cualquier tipo, la entidad de salud afrontaría un problema de tipo  penal.

Ponencia negativa

El senador Germán Bernardo Carlosama (Movimiento indígena AICO), en representación del millón 300 mil indígenas que habitan en el país presentó ponencia negativa a este proyecto de reforma ya que en la ponencia mayoritaria no se tuvieron en cuenta los diez artículos propuestos por la Mesa nacional de Concertación Indígena.

El legislador expresó que le preocupa que el proyecto se vaya a caer en la Corte Constitucional por no haberse agotado la consulta previa con estas comunidades, una participación real, oportuna y legítima de acuerdo con sus costumbres. “No refleja la diversidad multicultural y  se plantea la exclusión de los pueblos indígenas”, afirmó.

El problema no es de finanzas
Los senadores liberales Guillermo Santos, Edinson Delgado, y Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático), coincidieron en afirmar que  el problema de la salud no  es de finanzas.  La congresista afirmó que los recursos se están quedando en la intermediación  y anunció que van a trabajar en un referendo que consulte al pueblo si quieren que las EPS sigan manejando los dineros de la salud.

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El senador considera vital prevenir depresiones, pánico y alucinaciones para disminuir las conductas violentas en toda la población.

BENEDETTI_ARMANDO__14Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2010 (Oficina de Prensa del Senado).- Crear una comisión interinstitucional que vele por la salud mental de los colombianos, por cuanto estudios recientes demuestran que más del 70 por ciento de ellos sufren depresiones, cambios de personalidad, ansiedad, pánico y alucinaciones que determinan en gran medida la violencia que se registra en el país, propuso el presidente del Congreso, Armando Benedetti.

Durante el Cuarto Congreso Mundial "Agresión, Violencia Política y Terrorismo: Una Aproximación Interdisciplinaria para una Sociedad en Paz", celebrado en Cartagena, Benedetti dijo que la mencionada comisión debe estar integrada por representantes de las entidades  públicas y dirigida por expertos que deben presentar un programa estatal para garantizar la salud mental.

“Según el último estudio nacional de salud mental, dos de cada cinco colombianos han sufrido alguna vez en su vida de un trastorno mental, de los cuales, solo el 23% recibe tratamiento. El resto ha tenido que aprender a convivir con la depresión, los cambios de personalidad, la ansiedad, los ataques de pánico y las alucinaciones”, explicó.

De igual forma, anotó que le parece fundamental que quienes integren esa comisión verifiquen si es necesario para la salud mental de la República, que se modifiquen los currículos de Historia que hoy reciben los estudiantes, para contar más acerca de nuestro pasado e inclusive, en hechos y sucesos que formaron el país que hoy tenemos.

“La violencia ha sido tan recurrente y permanente, porque solo se ha abordado desde un punto de vista político-económico y jurídico, el Estado renunció a examinar y reprender los resultados sociológicos, psicológicos y neurocientíficos que significan la búsqueda de la paz duradera”, recalcó.

Según Benedetti lo que se debe hacer, es “abordar la violencia política y el terrorismo a partir de categorías analíticas propias de la psicobiología, las neurociencias, la criminología, la sociología, y no exclusivamente desde la economía, el Derecho o la política, está es una necesidad irrenunciable de la contemporaneidad, es nuestro compromiso con las nuevas generaciones”.

“Esta es la hora que en Colombia debemos legislar de la mano de los expertos, de la ciencia, de la técnica, y más aún si se trata del fenómeno que tal vez es el de mayor importancia para la Nación: la violencia”, agregó.

En su opinión, “el Gobierno actual que preside Juan Manuel Santos, en sintonía con el Congreso de la República, ha venido impulsando la necesidad de expedir leyes que enfrenten el fenómeno de la pobreza y la exclusión en el país, la creación de un Fondo de Compensación que mitigue las enormes diferencias en el ingreso de las regiones, la expedición de políticas para paliar los horrores sufridos por las víctimas y un programa de tierras para devolvérselas a esos cuatro millones de connacionales que son desplazados en su propia Patria.

Para Benedetti, “estas políticas públicas son importantes y necesarias para lograr un estado de paz duradero que brinde bienestar a todos los compatriotas y que a su vez no sea caldo de cultivo para nuevas confrontaciones, como una y otra vez ha acontecido a lo largo de nuestra Historia nacional”.

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