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Domingo, 23 Nov 2014   Rojo Azul Café
Noticias Senado
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El presidente del Senado, Armando Benedetti, dijo que formalizará la decisión mediante un acto administrativo porque "ya escuché a la plenaria y no puedo obstruir a la justicia".

Plenaria_02_11_10_001Bogotá D.C.,  2 de Noviembre de 2010 (Oficina de Prensa del Senado).- Antes de conocerse la decisión del Presidente del Senado, Armando Benedetti Villaneda, de dejar en firme el acto administrativo para hacer efectiva la sanción contra la senadora Piedad Córdoba  (Partido Liberal), proferida por la Procuraduría General de la Nación, la plenaria del Senado hizo un profundo y detallado debate jurídico sobre el tema.

Es de recordar que el jefe del Ministerio Público, Alejandrio Ordóñez, investigó y sancionó con 18 años de inhabilidad a la senadora para ejercer cargos públicos porque, según el fallo, se extralimitó en sus funciones al mantener  presuntos nexos con las Farc.

 Intervenciones en el debate


La senadora Dayra Galvis (Cambio Radical), dijo “para que los senadores tengan una suficiente claridad sobre el tema, se documenten y asesoren para tomar una decisión, se debería realizar una sesión que aborde el análisis de situaciones de esta naturaleza que tarde o temprano se deben abordar”.

El senador Álvaro Ashton (Partido Liberal), dijo que “aunque el Presidente de la Corporación tiene la responsabilidad administrativa de un caso especial como es el de la senadora Piedad Córdoba, se hace necesario que se nombre una subcomisión de expertos juristas para examinar en detalle los alcances de la notificación y, con fundamento en ello, se pueda debatir, examinar y abordar una posición correcta, en el mejor sentido”.

El senador Alexander López (Polo Democrático), señaló que “es conveniente plantear la incertidumbre jurídica que pueda presentarse en términos concretos porque tenemos dudas y preocupaciones sobre el tema. No es cualquier decisión, es una decisión que requiere abundante soporte jurídico y, por esa razón, se  debe nombrar una  subcomisión para que estudie y analice los alcances y competencias del caso”.

El senador Aurelio Iragorri (Partido de la U), dijo que “si el Senado designa una comisión para estudiar y analizar el caso de la Senadora Piedad Córdoba, es importante tener en cuenta vincular a dos expertos que contribuyan con sus luces y recomendaciones”.

En este punto el senador Juan Lozano (Partido de la U), en su condición de vocero de la bancada y de director de la colectividad, pidió un receso para presentar una posición unificada que contribuyera a dilucidar posiciones y avanzar en el debate.

Reanaudada la sesión, el congresista Lozano aseveró que su colectividad “respeta la decisión del Procurador General de la Nación y no entra a controvertirlas” y señaló que la desvinculación del Congreso a la senadora Córdoba “no es de competencia de la Plenaria sino que recae en el fuero y competencia  de la Mesa Directiva”.

El senador Guillermo García Realpe (Partido Liberal), dijo que “es claro que en los cargos de elección como es el caso de los senadores, aplican las decisiones de la autoridad disciplinaria, en este caso la Procuraduría” y señaló que el Senado “no es el nominador de los senadores, por lo tanto planteamos que la Mesa Directiva,  sin ninguna comisión, analice el tema de la aplicabilidad de una decisión o providencia de este órgano de control”.

El senador César Tulio Delgado (Partido Conservador) dijo “nosotros nos ajustamos a la norma y de una u otra manera, compartimos el acto administrativo y sus características planteadas”.

El senador Juan Carlos Rizzetto (Partido PIN), afirmó que “respetamos la decisión de la Procuraduría y dejan en la Mesa Directiva la decisión de analizar el caso de la senadora Piedad Córdoba. Como partido nos solidarizamos con ella, pero acatamos la decisión de la Procuraduría General de la Nación”.

El senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático), dijo: “con la decisión del Procurador, se está abriendo una tronera que indica que nos apareció otra instancia más en la que podemos perder la investidura.  Acá el Procurador toma decisiones, saltándose lo que dice la Constitución que esto es de competencia del Consejo de Estado. Insisto que se analice el tema primero antes de tomar una decisión”.

El senador Fernando Tamayo (Partido Conservador) dijo “este es un tema puntual para que lo decida la Mesa Directiva. Esta situación requiere una revisión y es la hora de buscar un direccionamiento distinto de tal forma que un congresista no se vea amenazado y cohibido de adelantar su gestión  por estar permanentemente expuesto. No hay claridad sobre el fuero parlamentario”.

El senador Jesús Ignacio García (Partido Liberal) afirmó que “la Procuraduría no tiene competencia para disciplinar a los congresistas y, por lo tanto, se debe nombrar una comisión para que estudie el caso de la senadora Piedad Córdoba”.

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Presidente Benedetti dice que tras escuchar la plenaria, la decision es acatar la determinación de la Procuraduría General de Nación frente a la senadora liberal.

Plenaria_02_11_10_003Bogotá D.C.,  2 de Noviembre de 2010 (Oficina de Prensa del Senado).- El presidente del Senado Armando Benedetti Villaneda anunció que en las próximas horas quedará en firme el acto administrativo para hacer efectiva la sanción contra la senadora Piedad Córdoba  (Partido Liberal), proferida por la Procuraduría General de la Nación en cabeza de su titular, Alejandro Ordóñez.

El presidente Benedetti dijo que formalizará la decisión mediante un acto administrativo porque "ya escuché a la plenaria y no puedo obstruir a la justicia".

La afirmación fue hecha al término de la sesión plenaria de la Corporación, en la cual se discutió y se escuchó, durante casi dos horas, las distintas posiciones de las bancadas y de varios senadores que hicieron uso de la palabra para expresar sus opiniones.

El jefe del Ministerio Público investigó y sancionó con 18 alños de inhabilidad a la senadora para ejercer cargos públicos porque, según el fallo, se extralimitó en sus funciones al mantener  presuntos nexos con las Farc.

Al inicio de la sesión plenaria el presidente del Senado aseguró que "lo que voy a hacer es acatar la ley”, y puso a discusión la decisión del ente disciplinario, "para saber si se puede suspender o no con base en la decisión de la Procuraduría".

Benedetti Villaneda dijo que su interés era onsultar distintos puntos de vista “aunque la ley otorga hasta 10 días hábiles para acoger el pronunciamiento antes de pasar el tema a la Comisión de Ética de la corporación".

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Así lo expresaron los miembros de la Comisión Sexta durante el debate que pretendía dar a conocer el funcionamiento de la Comisión Nacional de Televisión, en cuanto a su gestión, marco regulatorio y reestructuración.

Comision_Sexta_.02_11_10Bogotá, D.C., noviembre 02 de 2010 (Oficina de Prensa Senado). - Antes de cuestionar los planteamientos del Proyecto de Acto Legislativo 011/2010, el cual pretende eliminar el rango constitucional de la CNTV, el senador Eugenio Prieto (Partido Liberal), insistió en la necesidad de evaluar al organismo alrededor del desarrollo tecnológico, los avances en cobertura y la supervisión de contenidos, entre otros aspectos.

“Quitar el rango constitucional a la Comisión Nacional de Televisión, no es el asunto central de nuestro debate, aquí lo importante es analizar cómo a partir de la equidad, esta institución ha contribuido a formar cultura política en el país, y cómo ha sido la promoción y divulgación de los asuntos de interés público para los ciudadanos”, resaltó el senador Prieto.

El apoyo a la televisión regional fue una de las preocupaciones expuestas por los senadores, pues según el informe presentado por el senador Prieto, aunque los canales regionales tienen un 78% de cobertura nacional, reciben cerca del 30% de los recursos otorgados por la CNTV. A diferencia de la RCTV que recibe más del 70% del presupuesto.

“A la fecha, no se han definido políticas claras para el fomento de los canales regionales, siendo una obligación del Estado garantizar el acceso democrático y el equilibrio informativo mediante los medios de comunicación”, resaltó Prieto al señalar que “la televisión nacional requiere ser repensada para que su transformación responda a las demandas impuestas por las nuevas tecnologías”, manifestó Prieto.

“Para mí, eliminar la Comisión Nacional de Televisión no es la solución, lo importante es repensarla como una figura más técnica, eficiente, eficaz, sin politiquería, que responda de manera efectiva a los requerimientos que le imponen los avances de las tecnologías de información y comunicación, pero también para que fortalezca con autonomía e independencia la televisión pública y la comunicación en pro del desarrollo local y nacional”, dijo el senador Prieto.

Así mismo, la senadora Amparo Arbeláez (Partido Liberal) exigió a la CNTV una mayor atención a los proyectos que promuevan la televisión regional, “el país necesita de una mayor producción cultural  e intelectual que brinden nuevas posibilidades para este tipo de canales”, señaló.

El senador Alexander López (Polo Democrático), intervino para exigir al Estado y a la CNTV la garantía de la cultura y la educación reflejadas en la televisión, con tal de convertir a este medio en un promotor del desarrollo social y aseguró que "el Estado nunca ha estado con los ciudadanos, pero sí de parte de 2 ó 3 empresarios que se benefician de la televisión en Colombia”.

“Eliminar la CNTV no resuelve el problema de fondo, pues su problema no es el rango constitucional, sino el accionar de muchos comisionados que no cumplieron su función”, insistió el senador Alexander López.

Respecto al tema, el director de la CNTV, Eduardo Osorio Lozano, reconoció que “la Comisión necesita un cambio, en el cual se incluyan los esfuerzos de diversos organismos con el fin de generar acciones regulatorias encaminadas hacia los nuevos medios”.

El senador Plinio Olano coincidió en este aspecto con el director de la CNTV, al decir que “es necesario reestructurar la televisión, teniendo en cuenta las buenas aplicaciones que pueden hacerse mediante la convergencia tecnológica”.

Para lograr dicha convergencia, el ministro de las TIC, Diego Molano Vega, aseguró que “el Congreso debe tener la flexibilidad para ajustar los marcos regulatorios de acuerdo con las necesidades que surgen con el uso de las nuevas tecnologías”.

Por otra parte, aunque el debate no pretendía profundizar en el Proyecto de Ley que busca eliminar el rango constitucional de la CNTV, algunos miembros de la Comisión Sexta plantearon su posición al respecto.

Entre tanto el senador John Sudarsky, resaltó la necesidad de promover elementos comparativos que les permitan a los actores involucrados en esta decisión, “orientar dicha transformación de acuerdo a las necesidades del país, teniendo como prioridad la autonomía de un ente que controle los contenidos audiovisuales”.

Por último, el ministro  Diego Molano, aseguró que mientras se toma una decisión sobre el futuro de la CNTV, “es importante aclarar que el Gobierno no pretende quedarse con las funciones de la CNTV, pues sería un retraso para el país que los contenidos de la televisión fuesen controlados por el gobierno de turno”.

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El Salón de Protocolo de la Presidencia de la Corporación también llevará el nombre del reconocido artista payanés.

Condecoracion_a_Negret.Bogotá D.C., 2 de Noviembre de 2010 (Oficina de Prensa del Senado).- En un acto sencillo al que asistieron congresistas, artistas, comunicadores y allegados al reconocido escultor caucano Edgar Negret, el Presidente del Senado, Armando Benedetti, exaltó al artista nacional con la orden del Congreso en “Grado de Oficial” y bautizó con su nombre el salón de protocolo de la presidencia de la Corporación.

El reconocimiento a Negret por parte del Senado de la República surgió a propósito de los 90 años de vida que cumplió el reconocido escultor colombiano y quien “seguirá siendo un motivo de orgullo para la Nación, para el continente y para el mundo entero”, según Benedetti.

“Es uno de los más grandes artistas por sus virtudes humanas y por su obra”, dijo Benedetti tras indicar que “hoy el Congreso cuenta con más arte que nunca con la muestra que hay de Negret, en el salón de apoyo del recinto de sesiones, pues allí se encuentran obras como El Maíz, El Sol, Metamorfosis, Templo Solar Amarillo, Cometa, Mariposa Crisálida, Juguete Andino, Fiesta Andina, Cascada Blanca, Máscara, Estrella y El Sol, entre otras.

Pedro Díaz a nombre del artista, agradeció a Benedetti y al Congreso reconocer su obra con generosidad. “Él es un gran hombre a quien  no se le puede ignorar su gran obra”, anotó.

El gestor cultural Carlos Bedoya, recordó que Negret es “el mejor escultor de Colombia, que cumplió con los más altos alcances estéticos y profundizó los contenidos”.

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Martes 02 de Noviembre de 2010 20:18

Comisión Tercera puso las concesiones viales en el ojo del huracán

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por Claudia Fino
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Mayores controles a las firmas contratistas y socialización de los proyectos, solicitudes de los congresistas.

Comision_Tercera_02_11_10Bogotá D.C. 2 de noviembre de 2010 (Oficina de Prensa del Senado).-   Con  un faltante de 11.288 kilómetros de vías  por construir y la solicitud  de que los fondos de pensiones inviertan en megaproyectos, la Comisión Tercera  analizó la situación de  las concesiones viales en el país.

La senadora Piedad Zucardi (Partido de la U), citante del debate, aseguró que desde 1992 se han realizado 25  contratos de concesiones,  donde tan sólo se han construido  5.287 kilómetros  y que a ese paso tardarían 35 años en completar toda la malla vial sin contar  las vías secundarías y terciarias.

Así mismo criticó  la ausencia de un plan maestro de transporte  con más planeación  con el fin de evitar la expansión de manera desorganizada  y la  lentitud en la ejecución del plan  2.500, donde se ha ejecutado el 75%,  y en donde existen 372 kilómetros sin financiamiento y 117 no ejecutables.

El senador Aurelio Iragorri (Partido de la U) propuso  la realización de un gran taller de socialización para conocer el estado de todas las obras viales en el país, el cual  fue respaldado por los senadores Bernabé Celis (Cambio Radical) y Mauricio Lizcano (Partido de la U) e insistió en la culminación de las obras empezadas, especialmente en el departamento del Cauca.


Según el senador Bernardo Elías (Partido de la U) el país no  está para seguir contratando estos megaproyectos al precio más bajo, por cuanto las empresas no tiene el respaldo suficiente  y esto  lo que hace es que las obras terminen en procesos judiciales largos y con obras inconclusas. Pidió mayor socialización de estos proyectos.

Para el senador Mauricio Lizcano (partido de la U)  no se puede generalizar esta situación, por cuanto hay buenos concesionarios, pero la prioridad del Gobierno debe ser la culminación de las obras, previa evaluación de  la ejecución de los recursos y le apuntó a un debate de control político serio de los recursos aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo.


A su turno  el director del Departamento Nacional de Planeación, Hernando Gómez,  dijo que el próximo 12 de noviembre se presentarán las bases del Plan Nacional de Desarrollo, con capítulos especiales para vías.  Anunció unos filtros socioeconómicos y financieros evaluados para los próximos proyectos, donde se exigirá niveles de capital del  30% como  mínimo, de acuerdo con la inversión del proyecto.

Para evitar el aprovechamiento  en la compra y venta de las tierras por donde pasarán tramos viales, el funcionario  recomendó que cada vez que se compre una franja para doble calzada  se valorice toda la finca  e incremente el impuesto del predio.

La vice ministra de Transporte, María García, sostuvo que se está trabajando en un marco normativo, con un esquema de participación  privada y la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura que coordinará todos los proyectos viales del país. Así mismo manifestó que como política no se van a hacer adiciones para culminar las obras.

Finalmente anunció la destinación de 70 millones para estudios previos a las obras y la presentación del programa Caminos para la Prosperidad  en los próximos días.

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 De acuerdo con el dignatario de la Corporación, debido a que algunos congresistas tienen opiniones diferentes sobre el tema, hay que analizarlo a fondo

BENEDETTI_ARMANDO__14Bogotá D.C.,  2 de Noviembre de 2010 (Oficina de Prensa del Senado).- "Lo que voy a hacer es acatar la ley, hay un debate jurídico y no voy a atropellar a nadie, acataré lo que diga la ley", diijo el presidente del  Senado, Armando Benedetti Villaneda al referirse al pronunciamiento en segunda instancia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar por 18 años a la senadora Piedad Córdoba (Partido Liberal).

Benedetti Villaneda dijo que su interés es el de consultar distintos puntos de vista "porque la ley otorga 10 días hábiles para acoger el pronunciamiento de la Procuraduría antes de pasar a la Comisión de Ética de la corporación".

Al comenzar la sesión, Benedetti abrió la discusión  "porque tengo entendido que hay algunos senadores que tienen opiniones diferentes sobre este caso”, recalcó y dijo que "más que un formalismo es que diversos senadores tienen opiniones diferentes y no puedo atropellar el uso a expresar sus convicciones”, anotó.


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Gobierno Nacional cobra impuestos sobre impuestos a los colombianos usuarios de combustibles, mientras que las grandes empresas multinacionales se benefician con precios y exoneraciones de impuestos.

VELASCO_LUIS_FERNANDO__7Bogotá D.C., 2 de noviembre de 2010 (Oficina de Prensa del Senado).- "Los colombianos pagamos el combustible más caro del mundo en calidad de país productor, pero a las transnacionales les regalamos plata por bajos costos a los combustibles, esto no lo entiendo.", fue enfático en afirmar el senador Luis Fernando Velasco (Partido Liberal).


El congresista Velasco Chaves citante del debate que sobre los precios de los combustibles en Colombia y que iba a realizarse en  la Plenaria de hoy no dudó en afirmar que "las cifras que tengo son oficiales y me señalan  que producir un galón de gasolina en Colombia por parte de Ecopetrol, no cuesta más de un dólar; en el peor de los casos, podría valer 1.30 dólar, y sin embargo los colombianos terminamos pagando más de cuatro dólares por un galón de gasolina, la pagamos más cara que un ciudadano  de Nueva York, México, Quito o de Caracas".


"Amparados en una resolución de la Upme (Unidad de Planeación Minero Energética), algunas empresas que explotan el carbón, al año  reciben un regalo cercano a los 135 mil millones de pesos y el regalo es no cobrarles un impuesto que se llama "impuesto global a los combustibles". Esa es una cifra realmente escandalosa, lo de Agro Ingreso Seguro, es un juego de niños  al lado del subsidio que le damos los colombianos a empresas mineras", aseveró Velasco Chaves.


En rueda de prensa, el senador Velasco explicó que" empresas como la Drummond, solo en impuesto global al año,  le estamos regalando más de 52 mil millones de pesos y adicional a esto  no se le cobra arancel".


Señaló que la empresa Drummond paga a Colombia alrededor de 100 mil millones en regalías, pero "recibe del  Gobierno colombiano en exoneración de IVA y en impuesto global, más beneficios de lo que lpaga, estamos pagando para que se nos lleven nuestros recursos naturales".


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Ministro del Interior insiste en necesidad de reglamentar el "cabildeo o lobby" en el país y surgen diversas propuesta para hacer efectivos los mecanismos para combatirla, en el marco del estatuto en estudio.

Comision_Primera.02.11.10

Bogotá D.C., 2 de noviembre de 2010. (Oficina de Prensa del Senado) .- El reforzamiento de los mecanismos de cooperación entre las entidades de control para luchar contra la corrupción y  el desarrollo de una verdadera política criminal, fueron planteadas en la Comisión Primera del Senado, en el marco de una audiencia sobre la urgencia que tiene el país y la finanzas nacionales para erradicar este problema.

A la sesión de trabajo asistieron el vicefiscal, Fernando Pareja; el procurador, Alejandro Ordoñez, y el ministro del Interior, Germán Vargas, comprometidos en el análisis del proyecto de ley 142 que busca impedir prácticas de corrupción en la contratación pública, definida en la ley 80.

En esas condiciones, se busca garantizar que la nueva ley  cuente con herramientas para frenar actos que van contra los recursos públicos y señala la aplicación de sanciones severas a quienes la ejerzan.

Durante la jornada se dio una discusión en la que el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras,  argumentó la necesidad de reglamentar el llamado "cabildeo" o l"obby", tal como está contemplado en el proyecto de ley del Estatuto Anticorrupción, presentado por el Gobierno.

Vargas Lleras afirmó que con este paso se da mayor transparencia y divulgación al proceso de formación de las leyes y a la toma de decisiones en la administración pública. "La ciudadanía podrá conocer el registro de quienes adelantan el cabildeo en el Legislativo y en las diferentes entidades del Estado, con el único propósito de que se gobierne en una urna de cristal", dijo.

A su turno, el procurador Alejandro Ordóñez, dijo sobre el mismo tema que tiene serios reparos porque conn el  "lobby"  o "cabildeo" el interés general se afectaría. "Algo que está afectando a los órganos de control es la cooptación de las funciones para que desde allí se elaboren las políticas públicas, las normas legales y las decisiones administrativas, incluso las de carácter sancionatorio y judicial", señaló al advertir que no le encuentra justificación a esa iniciativa en el proyecto.

Para el coordinador de ponentes, senador Manuel Enrique Rosero (Partido de la U), la iniciativa gubernamental recoge las medidas administrativas para atacar la corrupción, el clientelismo, impedir las conexiones ilegales entre los particulares y la Administración Pública a través de la financiación ilegal de las campañas políticas. "Para este efecto, dijo, se prohíbe que quienes financien procesos electorales se beneficien de contratos públicos".

Por su parte, el vicefiscal Fernando Pareja advirtió que "de aprobarse el estatuto anticorrupción,  se  necesitaría duplicar la nómina de la entidad", al recordar que se construyeron diez cárceles y éstas ya presentan hacinamiento, razón por la cual "se requerirían  más cupos carcelarios y  mayor capacidad en la policía judicial, en la Fiscalía y en los juzgados y tribunales, para cumplir con esa disposición porque se requiere una verdadera política criminal contra la corrupción".

El reciente informe de Transparencia Internacional refleja la dimensión del problema, ya que en el índice de percepción mundial de la corrupción,Colombia  ocupa el lugar 105 entre 180 Estados evaluados, con apenas 2,9 puntos sobre 10, lo cual hace que se perciba la corrupción como "desenfrenada". Transparencia Internacional la define como el mal uso del poder encomendado, para obtener beneficios particulares en detrimento del interés colectivo. Incluye tres elementos: el mal uso del poder; un poder encomendado por el sector público o privado y un beneficio privado de quien ostenta el poder.

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La iniciativa que reglamenta la reforma política también recibió respaldo de la más representativa bancada de Gobierno

LOZANO_JUAN__5Bogotá D.C., 02 de Noviembre de 2010 (Oficina de Prensa del Senado).- El presidente del Partido de La U, Juan Lozano,  anunció desde el Congreso, el apoyo de su colectividad a la Ley de Víctimas y a la Ley que garantiza la Reforma Política.

Lozano, al referirse a la propuesta sobre tierras, aseguró que hay un compromiso en que el proyecto tenga éxito.

Explicó que la demora en la firma de la ponencia de la iniciativa obedeció al pormenorizado análisis que se le hizo por parte de los senadores y representantes.

De acuerdo con los integrantes de la U, con el respaldo de la colectividad al proyecto se da vía libre a su aprobación, pues se recuerda que en la pasada legislatura se había hundido por falta de apoyo de la bancada uribista.

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Se aplazó el proyecto que revive el certificado psicofísico para los civiles que porten armas, por ausencia del Ministro de Defensa y del Superintendente de Seguridad y Vigilancia.

Comision_Segunda__02_11_10Bogotá D.C., 02 de Noviembre de 2010 (Oficina de Prensa del Senado).- Nuevos instrumentos para la defensa de los consumidores que garantizan que los compradores no sigan pagando “más por menos” en materia de pesos y medidas de los productos, aprobó en primer debate la Comisión Segunda, al darle vía libre para constituir la Organización Internacional de Metrología Legal (proyecto de ley 63/2010 Senado) y la Convención Metro (proyecto de ley 64/2010 de Senado).

La mencionada Organización tiene que ver con la inclusión y acreditación de los sistemas nacionales de medias y pesos al sistema universal, para ejercer el control y la vigilancia de todos los productos que se ofrecen.

“La metrología legal es la que desarrollan los Estados para verificar que los fabricantes cumplen los requerimientos técnicos y jurídicos que han sido reglamentados y que garantizan la exactitud al consumidor final de  los bienes ofertados como su contenido exacto, por ejemplo”, recordó el senador Edgar Espíndola, ponente de la iniciativa.

En su opinión, los consumidores y los empresarios necesitan tener la certeza del contenido exacto del producto adquirido como del comercializado, por lo que se hace necesario que las unidades de medida sean uniformes en todos los países.

Más credibilidad

Para el senador Juan Lozano (La U), hacer parte de la Convención Internacional de Metrología y aprobar la Convención Metro, “facilitan la credibilidad de nuestros productos en el mundo, porque una libra de café será una libra, ni más ni menos”.

Según José Miguel De la Calle, Superintendente de Industria y Comercio, “tanto la Organización Internacional como la Convención Metro, apoyan al país en armonizar los sistemas de pesos y medidas y acopla nuestros sistemas a los de las demás naciones”.

“La Convención Metro es como el gran organismo en donde se autoriza la capacidad de los diferentes países a realizar las mediciones y calibraciones necesarias que exige toda la producción y se convierte en un escenario de metrología reconocido”.

Tras aprobar las dos iniciativas en la Comisión Segunda, se aclaró que “actualmente, existen 58 Estados miembros plenos y 56 como observadores. De Centro y Sur América, solamente Brasil y Cuba gozan de la calidad de miembro pleno. De esta manera, si Colombia adhiere a la Convención, sería el único país en Suramérica de habla hispana que tenga tal condición, lo que pone al país en una posición privilegiada”.

Las propuestas que tienen que ver con la Organización de Metrología y la Convención Metro, ahora pasarán a la plenaria del Senado para su segundo debate reglamentario.

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