Bogotá, D.C., 20 de marzo de 2012 (Columna senador Manuel Enríquez Rosero).- La última década en Colombia se ha caracterizado por reorientar su modelo de desarrollo económico. Prueba de ello, es el reconocimiento de la comunidad internacional a la política exterior en el área de la diplomacia, la integración y seguridad.

Esa, es una tarea que no se puede detener. Que se debe fortalecer. Y que requiere crear un marco jurídico a las Fuerzas Militares en su accionar frente al terrorismo y el narcotráfico.

Quién no conoce la historia del país, pensaría que el terrorismo y el narcotráfico son los dos principales enemigos a derrotar por parte de las Fuerzas Militares, quién a nombre de la institucionalidad del Estado "blindan" la seguridad de 44 millones de ciudadanos: desde Nariño hasta la Isla de San Andrés y Providencia.

La respuesta a esa afirmación puede sorprender a más de un lector. El problema más grave que enfrentan las Fuerzas Militares de Colombia hoy, es la "inseguridad jurídica".

Miremos detenimiento. Un reciente encuesta entre cinco mil militares, de las tres Fuerzas, reveló que el 85 por ciento cree que la inseguridad jurídica es el peligro más grave. Es decir, los miembros de la fuerza pública temen "más a los procesos judiciales que a los enemigos en el terreno: los grupos terroristas, los carteles de la droga y las Bacrim".
¿Qué se puede hacer entonces? ¿Cuál es la fórmula de solución ante tan preocupante escenario?

En mi calidad senador de la República considero que se hace inaplazable preservar el fuero militar y policial. La razón. Los hechos son contundentes. Cualquier delito cometido por un miembro de la fuerza pública termina en la actualidad en manos de la jurisdicción ordinaria.

En otras palabras, el código penal colombiano es insuficiente para valorar la conducta de los miembros de la fuerza pública en el conflicto armado.

Una discusión que debe abordar el Congreso –al inicio del período de sesiones ordinarias que se extenderá hasta el mes de junio- a través del proyecto de acto legislativo 192/2012C que Reforma la Justicia Penal Militar y que fue radicado el pasado 16 de marzo por parte del Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón en la Secretaria General de la Cámara de Representantes.

El Congreso tiene como acción legislativa inmediata a estudiar una ley estatutaria que armonice el tratado de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho interno colombiano.

Si se da ese paso, significará que el senado y la cámara están llamados a estudiar la redefinición de las funciones del Ejército y la Policía –que a esta altura del 2012, comparten las mismas responsabilidades en el conflicto armado y en la persecución de los grupos al margen de la ley. Narcotraficantes y terroristas.

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