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Plenaria aprueba primeros artículos de esa iniciativa. Designan comisión acciental para buscar consenso alrededor de facultades a alcaldes para establecer perímetros para restricción de consumo.


Bogotá D.C., agosto 20 de 2019 (prensa Senado).
El presidente del Senado, Lidio García Turbay, dijo esta noche que la iniciativa que busca prohibir el consumo de drogas en parques y lugares aledaños a los centros de educación y de la cual fueron aprobados los primeros artículos, "es uno de los proyectos trascendentales de esta legislatura".

Precisó que "como se había creado una especie de cuello de botella, toda vez que unas propuestas interesantísimas tropezaban la una con la otra, decidí conformar una comisión accidental, más pequeña, para que estudie atentamente y pueda definir la situación de este proyecto".

"No se puede estar corriendo, sino responderle al país con una ley que permita resolver el problema de la dosis mínima en los parques y todos ese tipo de temas que han incrementado el microtráfico en Colombia", precisó.

La comisión accidental quedó integrada por los senadores Rodrigo Lara, autor y ponente del proyecto, Álvaro Uribe, Gustavo Bolívar, Jorge Londoño, Armando Benedetti y John Milton Rodríguez, quienes en la próxima plenaria, convocada para el lunes 26 de agosto, deberán entregar su informe.

Durante la discusión de la iniciativa se aprobó el artículo primero que habla del objetivo de la iniciativa, que busca establecer parámetros de convivencia y vigilancia del consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares habitualmente concurridos por menores de edad como entornos escolares y espacio público.

Igualmente, con 66 votos a favor, la plenaria le dio luz verde a un artículo nuevo que señala que la norma especial consagrada no debe entenderse como habilitación para consumir droga, y que las incautaciones se adelantarán según la Ley y los decretos reglamentarios.

Igualmente se aprobó el artículo 2° del proyecto, que habla de los entornos escolares y presenta modificaciones al artículo 34 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Es decir se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias psicotrópicas, incluso la dosis personal, en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de educación preescolar, básica y media.

Así mismo determina que los niños, niñas y adolescentes que cometan algunos de los comportamientos señalados serán objeto de las medidas dispuestas en la Ley 1098 de 2006 y también procederá la medida de destrucción del bien, cuando haya lugar.

Al entrar al punto de facultar a los alcaldes para establecer los perímetros para la restricción del consumo de drogas en los lugares públicos o establecer excepciones, algunos senadores manifestaron que esa norma era un contrasentido con lo que ya se había aprobado y propusieron que la comisión accidental se volviera a reunir para revisar el artículo en cuestión.

En desarrollo del debate, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que la preocupación del Gobierno consistía en que el proyecto en estudio evitara la aplicación del Decreto 1844 de 2018, que expidió el Ejecutivo para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas.

De otra parte, el Presidente del Senado, declaró un minuto de silencio como homenaje póstumo al exsenador Luis Carlos Galán, al cumplirse 30 años de su asesinato.

La sesión plenaria fue levantada y se citó para el próximo lunes 26 de agosto, a las 3 de la tarde.

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Ultima modificación: Miércoles 21 de Agosto de 2019 00:17

El sistema como una herramienta para que la ciudadanía tenga garantías sobre la inversión de sus impuestos, y así combatir la corrupción en la contratación pública, aseguró el congresista.

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Ultima modificación: Martes 20 de Agosto de 2019 17:15

Bogotá, agosto 20 de 2019 (Prensa s. Wilson Arias).- El senador Wilson Arias, del Polo Democrático Alternativo, radicó hoy una solicitud ante el Presidente de la República, Iván Duque, para que responda si familiares suyos estarían implicados en un presunto caso de despojo de tierras y estafa, puesto a consideración de la Fiscalía en Yopal (Casanare) en mayo de 2018 sin que a la fecha presente avance alguno.

De acuerdo con la denuncia, los autores de la presunta estafa serían los señores Diego Duque Rivera y Alejandro Duque Henao, quienes mediante engaños se habrían apropiado de la finca Santa Paula, ubicada en el Municipio de Maní en Yopal Casanare (Matrícula Inmobiliaria 470-104537) de propiedad de Gloria Esperanza García y Teofano Giraldo y que cuenta con una extensión de 414 hectáreas.

"(...) Los adjudicatarios del predio, Gloria Esperanza García y Teofano Giraldo, informan que lo vendieron en 2017 mediante una promesa de compraventa. Afirman que los compradores no han cumplido con los compromisos del pago pactado, que asciende a trescientos millones de pesos $300.000.000. Adicionalmente, los esposos García Giraldo me informan que han sido amenazados por dichos compradores, valiéndose de su supuesta condición de primos del Presidente de la República. Los compradores del predio se identifican como Diego Duque Rivera y Alejandro Duque Henao (...)", anota el Senador Arias.

De acuerdo con la comunicación los supuestos familiares del presidente Duque, serían propietarios de los predios vecinos a la finca Santa Paula (en litigio) que se encuentran actualmente sembrados con palma de aceite.

Finalmente el Senador Wilson Arias anota: "Debido a la gravedad de estas denuncias, le solicito formalmente aclarar si los señores Diego Duque Rivera y Alejandro Duque Henao son o no familiares suyos, tal como ellos habrían afirmado a los esposos García Giraldo. En caso afirmativo, le pido me allegue toda la información disponible sobre las inversiones agroindustriales de sus familiares en el Departamento del Casanare".

El Senador del Polo Democrático Wilson Arias dijo además que urge que se garantice la seguridad para los denunciantes y su apoderada e instó a las autoridades e instituciones a dar celeridad al proceso penal que se adelanta para establecer las respectivas responsabilidades.

Arias se ha destacado por sus investigaciones y denuncias en casos de despojo y acaparamiento de tierras en Colombia, en particular en los Llanos Orientales en donde se vienen promoviendo proyectos agroindustriales a gran escala.


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Ultima modificación: Martes 20 de Agosto de 2019 17:04
Martes 20 de Agosto de 2019 16:01

'Machetazo' al sector agropecuario

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por S. Guillermo García Realpe

Bogotá D.C., agosto 20 de 2019 (Columna del s. Guillermo García).- Con verdadera sorpresa pero a la vez con preocupación recibimos el bajonazo presupuestal al Ministerio de Agricultura para la vigencia fiscal 2020, asignada por el Ministerio de Hacienda, el cual disminuye en 21,6%.

No puede ser que uno de los sectores más importantes, que tanto le aporta a la economía nacional y que garantiza la seguridad alimentaria de toda una nación, sea mirado con poco interés en la asignación de las partidas, ¡eso realmente es injusto!

En la sustentación de esta decisión, nos dice el Ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, que hubo cambios metodológicos y que algunos sectores que dependían del Ministerio de Agricultura, como el de vivienda rural pasará a ser manejado por el Ministerio de Vivienda con un rubro de 200 mil millones, la Agencia para la renovación del Territorio será manejada ahora por la Presidencia de la República con un presupuesto de 150 mil millones y que otros150 mil millones, que recibía el sector cafetero para contrarrestar los bajonazos en el precio internacional del grano serán trasladados directamente al ya creado Fondo de Estabilización de Precios del Café, eso de cierta manera es entendible.

Pero sí nos sigue preocupando la difícil situación en general del Ministerio de Agricultura en otros frentes, por ejemplo, los recursos propios del sector como los del ICA, como la Agencia Nacional de Pesca y Acuicultura, como la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, pues se reducen de forma notable. En estas tres entidades y en otras del sector, el presupuesto se disminuye en más de $200 mil millones.

No se entiende como al ICA, se le recorta de manera significativa sus ingresos, una entidad tan importante encargada de realizar los controles sanitarios y fitosanitarios, y más ahora con la amenaza de tantos brotes, como la fiebre aftosa que ingresa al país por tantas fronteras, especialmente la venezolana o la frontera sur con Ecuador, y lo mismo con el reciente brote en los cultivos de banano en los departamentos de La Guajira y Magdalena. Para hacerle frente a esas situaciones tan delicadas se necesitan de recursos, y sin ellos, será muy difícil que la labor misional de la entidad llegue a feliz término.

Lo mismo ocurre con la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, que tiene la gran responsabilidad de desarrollar los proyectos agropecuarios del país y sobre todo compromisos que tiene el gobierno nacional que ha suscrito, éste y anteriores, por ejemplo en Nariño, es el documento CONPES Agropecuario, es el documento CONPES lechero, es el documento CONPES del sector indígena y lo propio en departamentos como el Cauca. Además que se pone en riesgo el cumplimiento de los programas de consolidación de la Paz.

Y ni qué decir de la Agencia Nacional de Pesca y Acuicultura, un país que tiene dos mares, que tiene un Pacífico, un Atlántico donde hay mucha gente y sobre todo pescadores artesanales que están esperando un presupuesto que les permita ser un soporte para realizar sus actividades pesqueras de una forma exitosa y rentable.

Sumado todos estos recortes a estás tres entidades, tenemos una disminución estimada en unos $200 mil millones, y esperamos, que en próximas discusiones logremos reacomodar la asignación de esas partidas y se normalice, porque es urgente hacerlo.

En segundo lugar nos preocupa mucho también el presupuesto deficitario para los subsidios de gas y energía, para los estratos 1,2 y 3. En la actual vigencia tenemos cerca de dos billones de pesos para tal fin, pero para 2020 tendremos menos de un billón, alrededor de $840 mil millones, ¡algo realmente alarmante!, hay una explicación y es la depuración del SISBÉN, pero yo no creo que esa depuración llegue a que reduzcan más del 50% de los recursos para atender esos requerimientos.

Ya el Ministro de hacienda, en la Comisión Quinta del Senado reconoció esta situación y dio un parte de tranquilidad, al comprometerse que el tema de recursos de los subsidios a los servicios públicos, gas natural y al gas GLP serán garantizados y que es una situación que se tendrá que resolver. De todas formas estaremos muy vigilantes a que eso se cumpla y que se garanticen también los recursos para mantener los precios especiales de los combustibles en la frontera.

Asimismo no votaremos el Presupuesto General de la Nación del próximo año, hasta tanto no se rediseñe y se reorienten los rubros al sector de agricultura, no es posible sacar adelante un renglón tan importante de la economía y cercenarle el derecho a una mejor calidad de vida a más de doce millones de hombres y mujeres campesinos que hoy a sol y agua labran el campo colombiano.

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Ultima modificación: Martes 20 de Agosto de 2019 17:16

Senadores expresan sus diferentes posiciones frente al proyecto del catastro multipropósito. 

Bogotá D.C., agosto 20 de 2019 (Prensa Senado).-
Elevar el catastro a servicio público, legalización de predios y aumento de recaudo por impuesto predial serían algunos de los beneficios planteados sobre el proyecto de catastro multipropósito debatido hoy en la Comisión Quinta del Senado.

No obstante, a juicio de los legisladores, la financiación del proyecto no tiene el suficiente respaldo, pues hasta el momento, según lo informado por el alto Consejero Presidencial, Carlos Enrique Moreno, se ha hecho con créditos del BID y del Banco Mundial.

El senador Carlos Felipe Mejía, presidente de la Comisión, aseguró que solo el 5% del catastro está actualizado y se preguntó: ¿"cómo se formulan políticas públicas sin esta actualización?". Anunció que el gobierno espera actualizar el 60% del catastro al finalizar este gobierno.

Al inicio del debate, la directora del DNP, Gloria Alonso, manifestó que la actualización catastral traerá múltiples beneficios. "Se eleva a servicio público y se habilitarán gestores catastrales en todo el territorio nacional. En seis artículos incluidos el Plan de Desarrollo se fortalece esta actualización, más un Conpes, adicional que lo respaldaría".

A su turno intervino el alto Consejero Presidencial, Carlos Enrique Moreno, quien sostuvo que el gobierno está plenamente comprometido con el tema del catastro y los objetivos internacionales, así como el de formalización de tierras. "El concepto de catastro multipropósito es que cada uno de los predios no solo tiene sus características, sino se incluye todo lo que tiene que ver con el ambiente, riesgos, comunidades, género, entre otros".

El funcionario advirtió que existía una total desarticulación entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC - y catastro. "Por lo cual se habilitaron herramientas digitales, procedimientos internacionales, financiamiento, inspección y vigilancia, plan padrino, generación de proyectos tipo regalías y número único predial. Como primer avance se han habilitado los gestores catastrales, para poner en marcha la política pública se eficiencia catastral".

Advirtió el funcionario presidencial que "se espera una actualización permanente para ofrecer una información veraz al ciudadano, a través de las oficinas regionales, lo que permitirá un fortalecimiento fiscal, planificación y gestión del territorio y formalización de la propiedad".

Así mismo, anunció que dentro de esta nueva política catastral se simplificó de 19 formularios a 1 con 19 variables, que las aerografías serán compartidas entre las instituciones del Estado y se preparen unos mapeos 3D, con el fin de optimizar un sistema de administración de tierras en Colombia, todo en beneficio de los colombianos.

Finalmente, el alto comisionado afirmó: "Las ventajas de este proyecto están relacionadas con la titulación legal, minimiza corrupción, elimina costos y fomenta legalización se tierras".

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, afirmó que con el catastro multipropósito no se va a aumentar el precio del impuesto predial, como se piensa, ayuda a una mejor planificación de políticas públicas y a una mayor descentralización para gestionar recursos.

La viceministra de Justicia, Juanita María López, sostuvo que con este proyecto se apunta a la seguridad jurídica,"gracias una relación de realidad jurídica y la realidad física".

Para la directora del IGAC, EvaMaria Uribe, se focalizarán en más de 500 predios para habilitación catastral. "A 2022 más de 22 mil hectáreas deben estar actualizadas".

Por su parte, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, aseguró que este catastro multipropósito aporta a la descentralización, al servicio del territorio y con el apoyo del Congreso a hacer que los entes territoriales lo apliquen.

Los senadores interrogan

La senadora Maritza Martínez aseguró que este tema del catastral es de primer orden, no solo para debatir, sino resolver de manera efectivamente. "Resaltó el ejercicio que se está haciendo en el municipio de Vista Hermosa, Meta, donde con el apoyo del gobierno holandés, son los mismos vecinos quienes suministran y suben la información catastral".

Para la senadora Nora García, lo primordial es la titulación de predios, "el catastro debe ir de la mano con la legalidad" y resaltó la inclusión del tema de género en el proyecto.

La senadora Sandra Ortiz cuestionó la financiación del proyecto. "Lo que me preocupa son los municipios, más de 200 pequeños predios hay en Boyacá, cómo se va a financiar este gran proyecto".

Para el senador Eduardo Pacheco se tiene la suficiente información sobre el catastro, "pero no sobre la implementación que empezó con dos créditos, del Banco Mundial con 100 millones de dólares y del BID con 50 millones. Es interesante conocer el tipo de crédito, los intereses, el tiempo para el pago, modalidad y de dónde se van a recaudar esos recursos". Solicitó que sea enviado ese contrato a la comisión, para su conocimiento y así mismo expresó su preocupación por el operador.

El senador Didier Lobo destaca el proyecto y la articulación de las entidades, pero le preocupa las obligaciones que se le están cargando a cada uno de los municipios. Aclara que esta inversión la pueden recuperar con la legalización de muchos predios, a través del pago de mayores impuestos".

Finalmente, el Alto Comisionado Moreno puntualizó que este proyecto se hace necesario por justicia social. "Qué le van a dejar los campesinos a sus hijos, si no se legalizan los predios que han trabajado toda su vida".

El presidente de la comisión, senador Carlos Felipe Mejía, anunció que desde la comisión tendrán todo el apoyo para que este proyecto se materialice. "La legalización de predios y la actualización catastral ayudará al crecimiento del país y a cerrar un poco las brechas sociales que existen en el país".


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Ultima modificación: Martes 20 de Agosto de 2019 17:17


De esa forma quedó establecido en proyecto sobre protección animal que aprobó la Comisión Primera. Próxima semana, debate sobre presupuesto para la vigencia fiscal 2010.

Bogotá D.C., agosto 20 de 2019 (prensa Senado). A los funcionarios les quedaría prohibido patrocinar y prestar bienes públicos para espectáculos que incluyan el maltrato de los animales, como las corridas de toros.

Así se establece en un proyecto de ley que aprobó la Comisión Primera, en tercer debate, y que busca adoptar medidas para contrarrestar el maltrato y abandono animal, garantizar su dignidad como seres sintientes y crear una cultura cívica sobre la protección de la fauna y el medio ambiente.

En medio de la discusión de la iniciativa, que pasó a estudio de la plenaria del Senado, el senador Gustavo Petro propuso que se ampliará la protección animal, más allá de los domésticos y por ello pidió incluir en el articulado que se prohibiera que " los recursos, patrimonios y bienes públicos se utilicen para patrocinar espectáculos que incluyan el maltrato de los animales". La disposición fue votada afirmativamente.

Recordó que aunque esté prohibido, muchos espectáculos con animales se financian con dineros públicos. "En este proyecto debemos coger los toros por los cachos", frente a este tema.

Debido a que durante el estudio del proyecto se cuestionó lo relacionado con la financiación de una política pública animalista, la senadora Esperanza Andrade propuso que el 20 por ciento de las multas impuestas por violar el Código de Policía se utilizaran como recursos para poner en práctica esa política.

Como complemento de ello se aprobó que mientras no se disponga de un centro de bienestar animal público, albergues municipales para fauna u hogar de paso público, el distrito o municipio podrán contratar los servicios de los refugios o fundaciones de carácter privado dedicados exclusivamente a casos de abandono, restablecimiento y procedimiento de adopción.

La congresista María Fernanda Cabal se mostró de acuerdo con la iniciativa y dijo que los alcaldes que puedan buscar financiación para la política pública animalista, que lo hagan, por ejemplo, través de convenios. "Entre menos regulación, fluyen mejor las cosas".

Ante ello y en medio del debate se recomendó que en el articulado quedara claro que los alcaldes quedaban facultados para poder firmar convenios con empresas privadas.

Sin embargo, el legislador Roosevelt Rodríguez dijo le preocupaba que el proyecto pudiera tener problemas de índole financiero.

En medio de la discusión, el congresista Temístocles Ortega recordó que la Ley 84 de 1989 contiene disposiciones muy similares al proyecto que se estudia y preguntó qué la hacía diferente respecto a la nueva iniciativa que se estudiaba y que posteriormente fue aprobada. Este proyecto ya cumplió los dos debates reglamentarios en la Cámara de Representantes

Minuto de silencio

En medio de la sesión, el legislador Roy Barreras recordó que se estaban cumpliendo 30 años del asesinato del líder político y exsenador de esa célula legislativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Evocó que el exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y el excongresista Federico Estrada Vélez también habían pertenecido a esa Comisión y de igual forma habían sido asesinados. Por ello pidió un minuto de silencio en su memoria.

Posteriormente se leyeron cinco proposiciones, en los que se propusieron varios debates de control político, entre ellos el relacionado con el tema del presupuesto 2020, el cual se realizaría el lunes de la próxima semana, con la presencia de varios ministros del Despacho.

Acto seguido se levantó la sesión y se convocó para mañana, a las 10 a.m.

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Ultima modificación: Martes 20 de Agosto de 2019 15:55
Martes 20 de Agosto de 2019 09:58

Un atentado contra las energías límpias

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por S. José David Name

Barranquilla, agosto 20 de 2019 (Columna del s. José David Name).-Mientras que países de la región anuncian estrategias innovadoras para fortalecer e impulsar el uso de las energías renovables, como Chile que recientemente dio a conocer que duplicará para el próximo año los subsidios de paneles fotovoltaicos dentro de su programa de eficiencia energética. En nuestro país, el Ministerio de Minas y Energía trabaja incansablemente en diseñar medidas para menoscabar la implementación de estas tecnologías en el territorio. Hoy lo hacen, proponiendo reducir los subsidios de energía solar a los usuarios en Zonas No Interconectadas.

A través de un proyecto de resolución, Minminas dio a conocer el atentado que pretende realizar en contra del desarrollo de las energías limpias en Colombia. Es que afectar la fórmula para reducir los subsidios de energía solar va en contra de lo que establece la Ley 1715 de 2014, sobre la obligación de las entidades del Estado de instrumentar la transición de combustibles fósiles a Fuentes no convencionales de energía renovable y se evidencia, por más inverosímil que parezca, un subsidio 50% menor a la energía solar frente a la proveniente de la quema del Diesel. Medida que entre otros calificativos, de entrar en rigor, podría considerarse ilegal.

Disfrazado como un "esquema de subsidios razonable hacia usuarios con este tipo de soluciones", el Gobierno bajaría el consumo de subsistencia de 173 kWh-mes a 40 kWh-mes, y también disminuiría el subsidio de $2.200 el kilovatio a $1.000. Implementar la nueva fórmula que sugiere el Ministerio de Minas en la resolución sería una torpeza de parte del gobierno que generaría un grave atraso en el que proyectábamos sería el año del auge de las energías renovables.

La lucha que he liderado durante años para lograr que en nuestro país se diversifique la matriz energética a través de proyectos de generación provenientes de fuentes renovables, no ha sido fácil. Después de superar los obstáculos que se presentaron para impedir la aprobación de nuestra ley de energías limpias (Ley 1715 de 2014) nos hemos encontrado con entidades y funcionarios que no han hecho más que obstaculizar y torpedear el desarrollo de las energías renovables en el país.

Estas decisiones inequitativas nos hacen reflexionar sobre la falta de cohesión que prima entre los Ministros de este Gobierno. Mientras que el Presidente Iván Duque no desaprovecha oportunidad para anunciar que ya comenzó la revolución energética en el país, la Ministra de esta cartera contradice al mandatario con acciones como ésta que gravan la generación solar y le apuestan a los combustibles fósiles. Otro de los tantos desaciertos por parte de este ministerio, que mantendría al país en el rezago regional que compartimos con países como Venezuela frente al desarrollo de este tipo de proyectos.

Es realmente frustrante aceptar que el futuro energético de Colombia se encuentre en las manos de una Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) al servicio de las Hidroeléctricas, y de un Director de Energía Eléctrica obsoleto e incapaz, que cada vez que anuncia cambios pone a temblar al país por sus grandes desaciertos, que nos alejan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

De emitirse ésta resolución se seguiría tirando por la borda los avances que, en esta materia, se han logrado desde el 2015 hasta la fecha. Con esta medida también, se estarían desconociendo las realidades socio-económicas de los usuarios del Sistema Interconectado Nacional, obligándolos a pagar, por la misma energía, como mínimo, el doble de lo que pagan actualmente.

Hago un llamado urgente al Presidente Duque para que intervenga antes que se materialice este adefesio y se le produzca un verdadero menoscabo al progreso de Colombia.

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Ultima modificación: Martes 20 de Agosto de 2019 15:46
Comisiones constitucionales realizarán cinco debates de control político. Comisión de Ética definirá ganadores de medallas Luis Carlos Galán, por lucha contra corrupción, y Pedro Pascacio Martínez, por ética republicana.

Bogotá, D.C., agosto 20 de 2019 (Prensa Senado). La plenaria del Senado proseguirá este semana la discusión del proyecto de ley que prohíbe el consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad, como parques y siitios aledaños a colegios; a la vez que las comisiones constitucionales tienen programado realizar cinco debates de control político.
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Ultima modificación: Martes 20 de Agosto de 2019 10:07


La prioridad para la región es que el distrito de riego entre a dinamizar la economía rural de los campesinos del Sur del Tolima.

Ibagué, agosto 15 de 2019 (Prensa s. Miguel Ángel Barreto). Diferentes autoridades políticas, gubernamentales, ambientales y directivas de las universidades de la región realizaron hoy un recorrido aéreo por el Triángulo del Tolima, para reconocer la realidad del proyecto y establecer un plan multidisciplinario que permita avanzar en su construcción, optimización y entrada en operación.

Ante ello, el senador Miguel Ángel Barreto Castillo explicó: "Es urgente rescatar este proyecto que recuperaría la economía agropecuaria del sur del Tolima. En este sentido, que sea concluida y optimizada la Fase I, desde la bocatoma hasta el embalse de Zanjahonda y se prosiga con la adecuación de los canales de riego que corresponde a la Fase II".

Barreto recordó que la bancada tolimense gestionó ante el Gobierno nacional que fuera incluida la terminación del Triángulo del Tolima en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), para lo cual hay recursos estimados por 670 mil millones de pesos.

"De hecho fue incorporado en el capítulo del PND Tolima en la categoría II, denominada 'Proyectos en proceso de viabilidad'. Hace parte de las 25 iniciativas claves para el departamento en materia de infraestructura y especialmente para mejorar la productividad agropecuaria del Sur del Tolima", aseguró.

"Además fue declarado de importancia estratégica para la Nación", explicó Barreto, quien sostiene que espera que el Gobierno pase de los compromisos a las acciones concretas para que la inversión no se pierda, se dinamice la economía regional y se pueda beneficiar a más de 7 mil familias de los municipios de Coyaima, Natagaima y Purificación.

En este escenario, las actuales obras requieren un inventario predial actualizado por parte de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para tener claridad de los avances catastrales y cartográficos, que permita el saneamiento jurídico de todos los predios.

No menos importante es la actualización del Plan Productivo Agrícola para conocer cuáles son los cultivos y productos alimentarios que se pueden sembrar y cosechar de acuerdo con la vocación agrícola de los suelos y las oportunidades de los mercados.

Dentro de las personalidades que realizaron la inspección aérea se encuentran César Vallejo Mejía, rector de la Universidad de Ibagué; Ómar Mejía, rector de la Universidad del Tolima; Lorenzo Peláez, director de Agrosavia; el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, y Rodrigo Hernández, subdirector de la autoridad ambiental.

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Ultima modificación: Jueves 15 de Agosto de 2019 16:52
Jueves 15 de Agosto de 2019 14:32

Piden fortalecer derecho fundamental a la libertad religiosa

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por Isabel Colomna

Denuncian persecución religiosa, amenazas, maltrato y violación de derechos de comunidades religiosas.


Bogotá D.C., agosto 15 de 2019 (Prensa Senado). –
Por iniciativa del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, congresista Edgar Palacio (Partido Colombia Justa Libres), se llevó a cabo una audiencia pública para abordar la libertad religiosa en Colombia, con la asistencia de representantes de varias comunidades religiosas de diferentes departamentos del país y un representante del Ministerio del Interior.

 

El senador Palacio dijo al intervenir en la reunión, que se cumplió en el recinto de sesiones del Senado de la República, que el Estado colombiano tenía una deuda histórica con la comunidad de fe en todo el país, de fortalecer el derecho fundamental sobre la libertad religiosa y por eso se creó la Ley que protege. Señaló que hay muchos temas que quedaron pendiente en esta norma. “Se requiere de una política para una sociedad pluralista, multicultural, pluriétnica, hay que ajustar esas normas a las nuevas realidades, para que sea más amplia y atienda las necesidades de las comunidades”.

 

A lo anterior agregó: “La religión es el todo del ser humano, debemos actualizarla para que sea más incluyente, donde todos los colombianos participemos, no importa el tipo de creencia que se tenga, sobre todo en el contexto de pobreza, falta de crecimiento económico, de educación que no llena las expectativas en un mundo globalizado en una sociedad de conocimiento”. Señaló que la política es necesaria para evitar la violencia, “ya que mediante el diálogo y los acuerdos resolvemos los conflictos sociales y nuestras diferencias”.

 

También dijo que el Estado y la Iglesia deben ser un equipo, en una sociedad democrática, donde se pueda vivir juntos, siendo diferentes. Con relación a la seguridad de los líderes religiosos, expresó: “Hay que fortalecer el esquema seguridad para quienes están siendo perseguidos por su condición o por su fe en las zonas de conflicto”

   

Entre tanto, la directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, Lorena Ríos, dijo que esa cartera tiene registrado 6 mil 890 entidades religiosas. Señaló que establecerán mesas de trabajo para proponer la ampliación de la Ley de libertad religiosa, seguridad en los territorios de los líderes religiosos y la consolidación de parámetros para nuevos convenios de derecho público con el Estado colombiano. “Estamos motivando a los líderes para que denuncien las amenazas, para poder actuar con toda la institucionalidad en ese proceso”.

 
Libertad e igualdad

Por su parte, el senador John Milton Rodríguez, vocero de Colombia Justa Libres, manifestó que en el país existe una libertad religiosa muy parcializada. “La libertad tiene que ir acompañada de igualdad. Esa igualdad ha sido complicada poderla lograr”, a la vez que afirmó que aún existe mucho sectarismo, discriminación y maltrato hacia el sector religioso.

 

El congresista agregó que “hay sectores de la sociedad y la política que les incomoda la defensa de la familia, los principios y valores que hacemos, entonces discriminan al religioso. Tenemos que ganar terreno, porque el ser humano por naturaleza es social”. Resaltó el avance sobre la creación de la política de libertad religiosa para que en Colombia se desarrolle plenamente este derecho”. En Colombia, la libertad religiosa es un derecho constitucional que tienen los ciudadanos.


Rodríguez hizo un llamado a los líderes religioso para que no se dejen amedrentar. “Nosotros recibimos con mucha frecuencia agresiones del sector político, pero nuestro compromiso es con la comunidad. Nuestro deber es promover los valores y principios, para tener familias fortalecidas y una sociedad libre”.

 

Fabián Salazar, de Interfe, aseveró que un líder religioso crea unidad y se convierte en un agente de cambio social. “El gran reto en Colombia es buscar la igualdad religiosa y combatir la discriminación existente con las comunidades religiosas”.


Asimismo, lo hizo Pedro Pablo Martín, de la Iglesia Pentecostal de Colombia, quien afirmó que en el país no existe libertad religiosa y que se vulneran los derechos humanos de los creyentes. Sostuvo que existe mucha discriminación con las iglesias que no son católicas, al tiempo que solicitó sitios de oración en los aeropuertos, hospitales y en otros luugares, lo mismo que igualdad de derechos.

 

El vicedefensor del Pueblo, Jorge Talero, informó que grupos religiosos han sido objeto de humillación y maltrato por parte de militares. Denunció que en las zonas rurales del país los líderes religiosos tienen mucha persecución.


Entre tanto, la gerente de El Medio Comunica, Laura Muñoz López, dijo: "Es necesario y urgente buscar una verdadera conciliación entre el ejercicio de la libertad de expresión y los sentimientos religiosos o la libertad religiosa y que esa conciliación lleve al uso responsable y armónico de ambas libertades. Responsabilidad que les cabe a los líderes para que desde los púlpitos, los altares y los templos hablen sin que su comunicación con los creyentes despierte rechazos u odios a las demás religiones".



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Ultima modificación: Jueves 15 de Agosto de 2019 16:10
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