18 de junio Bogotá, Colombia – Senado
En un esfuerzo sin precedentes para mejorar las condiciones de trabajo y dignificar el rol fundamental de las Inspecciones de Policía en la sociedad, el Proyecto de Ley 214 de 2023 ha sido aprobado en su primer debate en la Comisión Primera del Senado. Esta iniciativa busca solucionar la precariedad en la que se encuentran estos cuerpos de seguridad y justicia, y ha contado con un amplio respaldo de las Inspecciones de Policía de todo el país.
Desde distintas ciudades de Colombia, se han organizado mesas técnicas de Inspectores de Policía que han alzado su voz para exigir la aprobación de este proyecto de ley. Estas mesas han contado con la participación de inspectores de Antioquia, Risaralda, Santander, Cúcuta, Palmira, Medellín, Barranquilla y otras ciudades principales, quienes han delineado las problemáticas críticas que enfrentan y han presentado propuestas concretas para su resolución.
"Estamos al borde del colapso administrativo. Necesitamos recursos, personal y reconocimiento para poder cumplir con nuestras funciones y servir a la ciudadanía como se merece," declaró Juan Pérez, Inspector de Policía de Bogotá. "Este proyecto de ley es crucial para dignificar nuestro trabajo y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en todo el país," añadió María González, Inspectora de Policía de Medellín.
Las Inspecciones de Policía enfrentan una situación crítica debido a la reducción drástica de personal y recursos desde la implementación de la Ley 617 de 2000. Esta ley, junto con otras normativas, ha afectado gravemente la capacidad de estos cuerpos para atender eficientemente a la ciudadanía por lo siguiente:
- Desde la implementación de la Ley 617 de 2000, las plantas de empleo de las Inspecciones de Policía han sufrido una reducción drástica de personal. Esta disminución ha comprometido la capacidad de respuesta y gestión de estos cuerpos frente a la creciente demanda ciudadana.
- La implementación de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) ha aumentado significativamente la carga de trabajo de las Inspecciones de Policía. Las nuevas competencias y responsabilidades impuestas por esta ley han generado una sobrecarga laboral insostenible sin el apoyo adecuado en recursos y personal.
- Con más de 150,000 comparendos por resolver solo en Medellín, los inspectores se ven desbordados. Este volumen de trabajo es insostenible sin un aumento correspondiente en recursos y personal.
- Los Inspectores de Policía manejan una amplia gama de responsabilidades, desde la seguridad y tranquilidad pública hasta la regulación de actividades económicas y la protección del medio ambiente. Esta multiplicidad de funciones sin el apoyo adecuado ha llevado a una situación de colapso administrativo.
- A pesar de las múltiples funciones críticas que desempeñan, las Inspecciones de Policía han visto una reducción en su presupuesto. Esta disminución afecta tanto a la contratación de personal como a la adquisición de tecnologías necesarias para una gestión eficiente.
Los inspectores/as de policía son autoridades de policía en los municipios y se constituyen en el primer acercamiento de la justicia con los ciudadanos. En Colombia, existen aproximadamente 6,500 inspectores/as de policía, y de estos, la mayoría se encuentran en municipios de categoría sexta (6ª), ya que el porcentaje de municipios de esta categoría podría llegar a casi el 88% del total de los municipios del país.
El Ministerio de Justicia define a los inspectores/as de policía y corregidores/as de la siguiente manera: “Son autoridades de apoyo en el territorio nacional, su función principal es promover las relaciones pacíficas y de armonía en la comunidad; conciliar y resolver los asuntos que surgen en el ejercicio de la convivencia ciudadana a través de las normas de policía. Así mismo, mediante la ley 1801 de 2016, se les atribuyen adicionalmente competencias para tratar temas referentes al control sobre la violación al régimen de obras y urbanismo, conocimiento de asuntos relacionados con la ocupación indebida del espacio público”.
Por otro lado, con la implementación de la Ley 1801 de 2016 (Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana) se ha transformado significativamente las responsabilidades de las Inspecciones de Policía, imponiendo cargas adicionales. Esta ley estipula que los alcaldes deben tener en sus plantillas de personal los cargos de inspectores y corregidores de Policía necesarios para la aplicación del Código. Sin embargo, muchos alcaldes no han cumplido con este mandato, agravando la situación de precariedad y dejando grandes cargas laborales al personal de planta.
Uno de los puntos más destacados del Proyecto de Ley 214 es la recategorización salarial para los Inspectores de Policía. Estos funcionarios, siendo la segunda autoridad de Policía en los territorios, manejan asuntos de justicia cercana al ciudadano y necesitan un reconocimiento salarial que refleje su importancia y las responsabilidades que asumen.
Las mesas técnicas de Inspectores de Policía hacen un llamado urgente al Senado para que apruebe el Proyecto de Ley 214 del 2023. La aprobación de esta ley no solo mejoraría las condiciones laborales de los inspectores, sino que también garantizaría un mejor servicio a la ciudadanía, aumentando la eficiencia y la calidad de la justicia y la convivencia en las comunidades.
El senador Nicolás Albeiro Echeverry del partido conservador, autor del Proyecto de Ley 214 de 2023, manifiesta que: “Esta herramienta representa una esperanza para las Inspecciones de Policía de Colombia. Su aprobación es vital para solucionar las graves carencias en recursos y personal que enfrentan estos cuerpos, y para asegurar que puedan seguir desempeñando su papel esencial en la sociedad. Las Inspecciones de Policía enfrentan un grave déficit en presupuesto, personal y recursos tecnológicos, lo cual ha generado malestar en la comunidad y en el ambiente laboral. La reducción en el presupuesto sin justificación técnica ha afectado la capacidad de estas dependencias para cumplir con sus funciones, llevando a investigaciones por omisión en procedimientos administrativos.”