Por; senador Nicolás Albeiro Echeverry Albaran
Decisiones erráticas desde la Casa de Nariño, espantaron la inversión extranjera.
En tres años de gobierno, Gustavo Petro no solo espantó a los inversionistas extranjeros, sino que prácticamente les puso un aviso que dice: “No se molesten en venir”. Y esto no es percepción, es realidad respaldada con cifras. Solo en 2024, la inversión extranjera directa cayó un 17,6% frente al año anterior. Fueron más de 2.300 millones de dólares que se esfumaron.
¿La causa? Claro, hay factores globales —como las tensiones geopolíticas y el aumento de las tasas de interés— pero también hay algo más cercano y concreto: decisiones erráticas desde la Casa de Nariño.
El sector minero ha sido uno de los más golpeados. Y aquí hay que decirlo sin rodeos: el gobierno ha usado el discurso ambiental para disfrazar una política que, en la práctica, está matando la minería a punta de decretos y burocracia.
El mejor ejemplo es el Decreto 044 de 2024, una joyita que le permite al Ministerio de Ambiente declarar áreas de reserva ambiental sin estudios técnicos serios ni consultar a nadie. Así, de un plumazo, pueden frenar actividades mineras sin previo aviso, sin compensaciones y sin medir las consecuencias. ¿Resultado? Inseguridad jurídica total y una estampida de inversión.
Según la Asociación Colombiana de Minería, entre enero y septiembre de 2024, la inversión extranjera en minería y petróleo se desplomó un 62%. Pasó de US$3.408 millones a apenas US$1.295 millones. Y como si fuera poco, el sector completo cayó un 6,7% en comparación con el año anterior.
¿Y a quién le pega más duro esta situación? A las regiones. En Antioquia, donde la minería representa el 3,2% del PIB y el 64% de las exportaciones, se calcula que hay más de 2.000 empleos en riesgo y que se podrían perder inversiones por más de 6 billones de pesos.
En La Guajira, Glencore anunció que va a recortar el 50% de la producción en El Cerrejón —la mina de carbón más grande de América Latina— porque el negocio dejó de ser viable bajo este gobierno.
Y no es solo el sector privado el que está alarmado. Las comunidades también están en pie de lucha. Campesinos y mineros ya paralizaron seis departamentos, protestando contra las nuevas normas de protección de los páramos. No se oponen al medio ambiente, se oponen al atropello. Denuncian que estas medidas se han tomado a espaldas de la gente, sin escuchar, sin concertar, sin alternativas.
Porque sí, cuidar el planeta es urgente y la transición energética es una necesidad, nadie lo discute. Pero hay formas y hay tiempos. Y hay un país que necesita producir, trabajar, exportar y vivir de lo que hoy todavía tiene. No se puede apagar la luz del presente esperando que el sol del futuro funcione solo.
Presidente Petro, aún le quedan algunos meses. Ojalá escuche, corrija el rumbo y entienda que sin una minería responsable no hay transición, ni economía, ni futuro sostenible para todos.