Por: Senador Nicolás Albeiro Echeverry-Comisión Segunda del Senado.
Colombia ha puesto la sangre, los recursos y la dignidad en una lucha que no empezó en nuestras montañas, sino en los mercados de consumo de otros países. Durante décadas hemos enterrado policías, soldados y líderes comunitarios. Viudas, huérfanos y territorios enteros han pagado con dolor el precio de una guerra que prometía paz, pero que nos sigue desangrando. Hoy, esa guerra se ha trasladado a nuestros barrios, arrebatando miles de jóvenes a la vida y a la esperanza.
Mientras tanto, Estados Unidos y Europa —principales destinos de la droga— no han asumido con la misma contundencia el control de los insumos químicos ni del tráfico de armas que alimentan este negocio ilícito. Más del 80 % de los precursores químicos que llegan a laboratorios ilegales provienen del exterior. Sin embargo, son nuestros campesinos, floricultores, aguacateros y caficultores los que ven amenazadas sus exportaciones por decisiones diplomáticas improvisadas.
Datos que no se pueden ignorar
- 253.000 hectáreas de hoja de coca cultivada al cierre de 2023, cifra récord según el SIMCI.
- 2.664 toneladas métricas de cocaína pura como producción potencial en ese mismo año.
- 700 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas en lo corrido de 2025, un aumento del 8 % frente al año anterior.
- Más de 11.000 hectáreas de cultivos ilícitos eliminadas hasta la fecha mediante erradicación forzada y sustitución agrícola.
La “descertificación” anunciada por EE. UU. no golpea a un gobierno: golpea a millones de colombianos trabajadores. Golpea la confianza en la inversión extranjera y mancha el nombre del país justo cuando nuestros productos agrícolas están abriendo mercados. Es inaceptable que, tras años de cooperación, un simple trino o una declaración errática desde el Gobierno exponga el esfuerzo de toda una nación.
Yo estoy en el Senado porque el pueblo me confió la tarea de defender su dignidad y su soberanía. Y desde esa responsabilidad debo decirlo con toda claridad: no podemos aceptar que los errores del Gobierno terminen condenando al país entero. Los colombianos no merecen pagar con aislamiento internacional y con pobreza las equivocaciones de unos pocos.
Colombia no puede renunciar a su dignidad ni a su soberanía. Hemos sido aliados firmes en la lucha contra el narcotráfico, pero no podemos seguir pagando solos el costo humano, económico y moral de esta guerra. Es hora de que el mundo nos escuche, respete y acompañe de verdad.
La descertificación es un campanazo de alerta: la comunidad internacional ya no confía en el rumbo que lleva este gobierno. Es la consecuencia de la improvisación, de los anuncios vacíos, de la falta de resultados y de un enfoque que no ofrece soluciones reales a las comunidades campesinas ni a los territorios más golpeados por la violencia.
Lo que se necesita no son discursos irresponsables por redes sino una política y una comunicación diplomática seria y coherente: fortalecer la presencia integral del Estado, ofrecer oportunidades reales de sustitución de cultivos, impulsar el desarrollo rural y recuperar la confianza internacional con hechos, no con palabras.
Es momento de rectificación y de construcción. Desde la oposición, desde la sociedad y desde este Senado debemos levantar la voz para reconstruir el camino de paz y seguridad que Colombia merece. Colombia puso la sangre. No podemos permitir que destruyan su dignidad.