Con esta subcomisión, el Senado busca consolidar un documento técnico que permita a la Cancillería y al Parlamento Andino revisar las decisiones adoptadas y construir una política minera adecuada, articulada con el ordenamiento territorial, la protección de los recursos naturales y los estándares internacionales.
Bogotá D.C.- septiembre 25 de 2025.-Con el liderazgo del Senador Nicolás Albeiro Echeverry, el Senado de la República instaló una Subcomisión Accidental para analizar los efectos de las disposiciones internacionales sobre el sector minero colombiano y proponer ajustes que permitan diferenciar entre minería criminal y minería informal.
El Senador Echeverry, autor del proyecto de ley para la formalización y bancarización minera, señaló que “hay que diferenciar entre minería criminal y minería informal. Quienes dan la cara están siendo víctimas de la aplicación de disposiciones internacionales; se quema la maquinaria amarilla sin un debido proceso ni consideración de los avances administrativos que el sector ha hecho para alcanzar la legalidad”.
La Comisión Accidental está integrada por la Senadora Gloria Inés Flórez (miembro de la Comisión II y del Parlamento Andino), el Senador José Luis Pérez Oyuela y el propio Senador Nicolás Albeiro Echeverry, junto con invitados técnicos de la Mesa Técnica como el Secretario General del Parlamento Andino, el Ministro de Minas y Energía, la Cancillería, representantes de organizaciones mineras (CONALMINERCOL, ACM) y de la academia.
Desde el sector minero también se expresaron preocupaciones. Luz Stella Ramírez, Directora de CONALMINERCOL, advirtió que “a la luz de la Ley 2205 se están cometiendo violaciones como la quema de maquinaria. Hay un tema de preocupación por el debido proceso, ya que nos encontramos frente a funcionarios que no reconocen ni conocen los procesos ni los territorios”.
Datos trabajados en la comisión:
• Un informe nacional sobre minería ilegal y contaminación por mercurio señala que varios departamentos presentan concentraciones de mercurio superiores a los estándares establecidos, con afectación directa en peces y poblaciones locales.
• El mismo análisis revela que la “Mesa Nacional contra la Minería Ilegal y el Mercurio” elaboró hojas de ruta territoriales con compromisos para diversas entidades estatales, lo cual muestra la necesidad de coordinación efectiva.
• Colombia, según estadísticas del Ministerio de Ambiente/Minas, registra que un porcentaje significativo de la minería de pequeña escala opera con irregularidades en permisos ambientales y títulos mineros. (Aunque no hay cifra unificada reciente confiable, múltiples informes regionales documentan la magnitud del reto).
• La aplicación de normas como el Decreto 2235 ha sido objeto de debates jurídicos: se reconoció que la medida de destrucción de maquinaria no genera por sí misma un daño antijurídico cuando está en el marco de normas comunitarias o nacionales.
Estos antecedentes muestran que el reto no es solo normativo sino institucional: tenemos instrumentos, pero falta asegurar que funcionen con justicia, predictibilidad y respeto a los derechos de quienes buscan formalizar.