Miércoles 16 de septiembre, 2026."Ella se lo buscó… algo habrá hecho… no debió subir esa foto" Son las mismas tres frases que se repiten en el colegio, en un juzgado y en un grupo de WhatsApp, y las tres terminan echándole la culpa a la misma persona, siempre la mujer. La senadora Ana Paola García radicó hoy en el Congreso tres proyectos de ley que le quitan el piso a esas frases, uno por cada lugar donde se repiten
Las propuestas de la Senadora Ana Paola García inician proponiendo la prevención desde el colegio. Con la Ley Stephany Solórzano se creará la Cátedra Nacional de Prevención del Abuso Sexual y un Programa Nacional de Pedagogía para Familias, coordinados por el Ministerio de Educación junto con el ICBF y la Policía de Infancia. No es una charla suelta, porque fija contenido obligatorio sobre autonomía corporal, consentimiento y señales de riesgo, incluido el grooming digital, con indicadores de cobertura que el Ministerio debe reportar cada año. Y la urgencia no es un supuesto, porque uno de cada cinco adolescentes colombianos ya ha sufrido abuso sexual facilitado por tecnología, y en 2023 se registraron 9.695 situaciones de violencia en instituciones educativas del país.
Por otra parte, en el sistema judicial, la Ley Voces con Determinación parte de una idea simple, y es que la palabra de una víctima no tenga que pelear para que le crean. No sube penas ni crea delitos nuevos, sino que prohíbe que se le reste credibilidad por su historial sexual, su silencio previo o la ausencia de lesiones visibles, exige formación obligatoria en enfoque de género para jueces y fiscales, y fortalece los centros de atención integral, con unidades móviles en zonas rurales. Crea además una Defensoría Pública Especializada, con representación jurídica gratuita, y una licencia remunerada para que la víctima pueda atravesar el proceso con garantías, sin depender de que haya sentencia condenatoria. Y ahí está la razón de fondo, porque el 91,4% de los delitos sexuales contra mujeres en Colombia sigue sin resolverse, y el 79,8% de los casos de violencia intrafamiliar no supera la investigación preliminar.
En el entorno virtual, la Senadora García ha radicado la Ley de Protección Digital, la cual busca crear, por primera vez, el delito de difundir material íntimo sin consentimiento y con el propósito de hacer daño, y lo hace con penas de 16 a 54 meses de prisión, un procedimiento especial abreviado, asistencia jurídica gratuita y atención en salud mental para la víctima, que además declara una sola vez. Un juez podrá ordenar ocultar el material de redes y buscadores desde el momento de la denuncia, preservándolo como evidencia. Hace apenas dos meses, en Sincelejo, más de 5.000 fotos y videos íntimos de mujeres circularon en canales de Telegram tras meses de extorsión anónima, y hoy, difundir ese tipo de material sin permiso todavía no es, por sí solo, un delito en Colombia.
"Llevamos años enseñándole a una mujer a cuidarse sola, a que no salga tarde, a que no suba esa foto, a que no confíe tan rápido. Estas tres leyes le quitan la carga al género y procuran una corresponsabilidad social: que desde el colegio se prevenga, que desde el sistema judicial se le dé valor a la palabra, y que existan herramientas para detener la difusión de contenido íntimo sin consentimiento por internet", afirmó Ana Paola García Soto.
Los tres proyectos inician ahora su trámite en el Congreso.