Desde la convención anual de Asobancaria, en Cartagena, el Senador Honorio Henríquez habló de algunos proyectos de ley orientados en esa dirección.
Bogotá D. C., 27 de agosto de 2026 (Prensa Senado).Un llamado a concentrar esfuerzos institucionales y económicos para que las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto puedan reconstruir sus viviendas y recuperar sus proyectos de vida hizo este jueves el presidente del Congreso, Senador Honorio Henríquez, durante su participación en la 60ª Convención Bancaria, organizada por Asobancaria, en Cartagena.
Ante representantes del sector financiero, dirigentes gremiales y autoridades nacionales, el Presidente del Congreso aseguró que la magnitud de la emergencia exige respuestas concretas y oportunas.
En este sentido, señaló que el Legislativo está llamado a acompañar las medidas adoptadas para atender a los damnificados y a tramitar con “agilidad” las iniciativas que permitan avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas.
“¿Qué es acompañar las medidas del Gobierno? Para atender la emergencia, tramitar las iniciativas propias con agilidad y que todas ellas permitan atender a los damnificados con prontitud. También debemos revisar el nuevo Presupuesto 2027 priorizando los recursos para iniciar la reconstrucción. Y, claro está, ejercer el control para su buen uso”, afirmó el Presidente Henríquez.
El líder del Legislativo planteó que la atención de la emergencia deberá tener un componente presupuestal importante durante la discusión que adelantará el Congreso. A su juicio, además de disponer de los recursos necesarios, los congresistas tendrán la responsabilidad de ejercer control sobre su utilización para garantizar que las inversiones destinadas a la reconstrucción lleguen efectivamente a las comunidades damnificadas.
“Vienen varias iniciativas interesantes para el Congreso de la República, como la del retiro anticipado de las cesantías para reconstruir viviendas de familiares o propias, o elevar a ley el programa ‘Mi Casa Ya’”, explicó el Presidente del Legislativo, quien agregó que este último mecanismo permitiría contribuir a restablecer el flujo de recursos destinados a los subsidios para adquisición de vivienda nueva de todos los colombianos.
El Presidente del Congreso también puso sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno Nacional asigne recursos suficientes para los subsidios de vivienda, y señaló que “hay que también avanzar en la reglamentación de lo que son las obras por impuestos para destinar esos recursos a la construcción de vivienda”.
El llamado se produce poco más de dos semanas después del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, cuyo epicentro estuvo localizado en San José del Palmar, Chocó. El Servicio Geológico Colombiano lo calificó como el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia en lo corrido del siglo XXI.
La intervención del Presidente Henríquez tuvo lugar en la 60ª Convención Bancaria, encuentro que reúne en Cartagena, entre el 26 y el 28 de agosto, a representantes del Gobierno, el Congreso, el sector financiero, organismos internacionales y expertos económicos.
La agenda del evento incluyó la participación del Presidentedel Congreso en el espacio denominado “El Congreso: la política que construye desarrollo”, junto con representantes de diferentes partidos políticos.
En este escenario, el Presidente del Legislativo insistió en que la respuesta a la emergencia debe traducirse en medidas capaces de llegar a los hogares afectados y contribuir a recuperar las condiciones de vida de las comunidades.
La discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, las iniciativas legislativas para facilitar recursos a las familias y los mecanismos para impulsar la construcción y reconstrucción de vivienda aparecen, según el PresidenteHenríquez, como instrumentos que el Congreso deberá estudiar con especial atención.
El líder del Legislativo dejó así un mensaje dirigido no solamente al Legislativo y al Gobierno, sino también a los diferentes sectores que pueden contribuir a la recuperación del país: la reconstrucción de las viviendas y de las vidas de las familias damnificadas debe convertirse en una prioridad nacional, acompañada de recursos, instrumentos legales, vigilancia sobre las inversiones y capacidad institucional para que la ayuda llegue con prontitud a quienes más la necesitan.