Bogotá, D.C., 10 de junio de 2025. El Congreso de la República aprobó en plenaria de la Cámara de Representantes, y por unanimidad, el Proyecto de Ley 485 de 2025 Cámara, 113 de 2024 Senado, mediante el cual se rinden honores y se otorgan beneficios prestacionales y pensionales a los 22 cadetes que perdieron la vida en el atentado ocurrido el 17 de enero de 2019 en la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”.
La ley, promovida por los senadores Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico) y Germán Blanco Álvarez (Partido Conservador), modifica la Ley 1998 de 2019, y autoriza al Gobierno Nacional a conceder un ascenso póstumo excepcional al grado de teniente a los cadetes fallecidos, así como el reconocimiento integral de derechos prestacionales y pensionales a sus familiares beneficiarios.
El senador Iván Cepeda destacó que esta iniciativa representa un acto de justicia con las víctimas y sus familias. Señaló que el homenaje impulsado junto al senador Germán Blanco no es solo simbólico, sino que también incluye una medida concreta de reparación. “Este es un homenaje que no es solo simbólico, tiene un componente de reparación a los familiares de los jóvenes y también un ascenso póstumo”, indicó.
Cepeda también recordó que este atentado, perpetrado por el ELN a comienzos de 2019, no solo causó una profunda tragedia, sino que también afectó de manera decisiva los esfuerzos de paz que se adelantaban en ese momento. “Creo que es una medida de justicia verdadera y de reparación para estas víctimas. Bien vale la pena mantener viva su memoria y rendirles el homenaje que merecen”.
Además, la nueva norma reitera disposiciones específicas para los uniformados que se encontraban en comisión de estudios o en licencia remunerada al momento del atentado, garantizando que se les reconozca el régimen más favorable en materia de prestaciones sociales y pensiones, según su categoría dentro de la Policía Nacional.
Un aspecto destacado de la ley es la ratificación del reconocimiento póstumo de la nacionalidad colombiana a la cadete ecuatoriana Érika Sofía Chico Vallejo, quien también perdió la vida en el atentado.
La ley establece que los honores y beneficios prestacionales y pensionales definidos se aplicarán a todos los cadetes fallecidos, incluidos aquellos que se encontraban en condición especial, con la posibilidad de recibir hasta el 50 % de las partidas computables para cada beneficiario, según el grado conferido póstumamente.
El homenaje póstumo no solo reconoce públicamente los hechos trágicos, sino que también constituye un acto de reparación simbólica. Exalta la labor y el sacrificio de los cadetes, promueve la memoria histórica y busca prevenir la repetición de hechos similares, en línea con los principios de justicia y reparación del derecho internacional humanitario y la Constitución colombiana.