Ajustes al proyecto de ley de migración se anunció en audiencia pública de Comisión de DD.HH.

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La ponente de la iniciativa, senadora Emma Claudia Castellanos se comprometió a buscar el consenso de los congresistas para la aprobación en la presente legislatura.

Bogotá D.C., 18 de agosto de 2020 (Prensa Senado). Encaminar esfuerzos para que el proyecto sea una realidad en corto tiempo y así responder a las inquietudes de los migrantes para que los procesos sean ágiles y tengan una especial atención, anunció la ponente de la iniciativa que será próximamente debatida en la plenaria para su aprobación y que se trató hoy en la Comisión de Derechos Humanos.

Para tal efecto y buscando perfeccionar el contenido de los textos del mencionado documento, fue convocada una audiencia pública a la cual fueron invitados sectores que tienen que ver con el tema desde el sector oficial como de agremiaciones, asociaciones, la academia y el Gobierno.

Uno de los objetivos planteados es que la norma sea un proceso migratorio seguro, ordenado y regular y ágil con una atención adecuada por parte del Estado, ya que persisten inconvenientes para los migrantes al momento de disponerse a realizar cualquier trámite, argumentó la legisladora del partido Cambio Radical al momento de iniciar la audiencia pública.

Planteamientos

Distintas agremiaciones concurrieron a la plataforma virtual para dar a conocer algunos inconvenientes que se registran al momento de solicitar los servicios de migración por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la entidad adscrita Migración Colombia y que impiden que por tramitología no se logren los resultados esperado para resolver su estadía en el caso de extranjeros como el ingreso de connacionales desde el exterior para su ingreso y otros trámites de legalización como el de los títulos de estudio que requieren homologación, entre otros.

El Colectivo Migrantes y Exiliados por la Paz a través de su vocero, Mauricio Viloria, dijo que “en países donde la población colombiana y migrante accede a regularización migratoria, sus posibilidades de incorporarse a las economías formales, acceder a derechos económicos, sociales, políticos y culturales, se fortalecen" y plantea agilidad en los procesos.

"Una ley migratoria debe contemplar regularización aparte del visado, estar orientados hacia poblaciones migrantes irregular y vulnerable, que sean permanentes y una vía para integración y estabilización migratoria al futuro y es crítica situación de migraciones. Es una oportunidad para que Colombia ajuste su política migratoria. Hay alrededor de un millón de venezolanos migrantes en situación irregular. Preocupa que el proyecto de ley no establece mínimas garantías", expuso el director nacional de Servicio Jesuita a Refugiados Colombia, sacerdote Mauricio García.

A su vez, Esteban Trujillo, por el colectivo Estudiantes Migrantes, afirmó: "Solicitamos que la Política Integral Migratoria debe estipular en educación, que en ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión en un establecimiento educativo".

“Se debe garantizar una amplia participación. Una Ley migratoria debe fundamentarse en el principio de no discriminación, que garantice la inclusión de personas con distintos perfiles migratorios”, reiteró por su parte Alejandro Daly, director del Derecho a No Obedecer.

“No hay acceso a la justicia para migrantes. Debemos crear una Política Integral Migratoria eficaz y positiva hacia estos miembros y connacionales que regresan al país, que están desprotegidos y muchas veces terminan en delincuencia, trata de blancas o prostitución. Colombianos que hemos regresado nos hemos visto perjudicados, porque no hay igualdad. Solicitamos que otorguen los beneficios que están en la Constitución”, dijo el representante de la Organización sin Fronteras., José Martínez.

La academia opina

Alexandra Castro, representante de la Universidad Externado de Colombia, dijo que había “ausencia de enfoque integral en Derechos Humanos, ya que no hay mecanismos de protección ni enfoque diferencial, lo que genera discriminación. Invitamos a que se incluye un enfoque amplio en Derechos Humanos que represente a todos”.

A su vez, la vocera de la Universidad del Rosario, Manuela Chávez argumentó que "es importante incluir en el apartado de principios la no criminalización, la prohibición de expulsión colectiva a extranjeros, respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos y el principio pro persona":

La Universidad Nacional. a través de Stephanie López, afirmó que debe ser el resultado de un debate amplio y democrático. “Los perfiles migratorios son diversos. No debe limitarse a Venezuela, tenemos más fronteras, deben asignarse responsabilidades institucionales y se debe crear programas socioeconómicos”.

"El tema de refugio tiene que considerarse de manera amplia y considerar los motivos y contextos específicos en que estas personas se han visto obligadas a regresar, y cómo esto afecta su solicitud de refugio o condición de refugiado", señaló Carolina Moreno, en representación de la Universidad de los Andes.

Conclusiones

La senadora Aydeé Lizarazo (MIRA) afirmó en su intervención que “este proyecto tiene una planeación especial que el Partido MIRA ha liderado para facilitar trámites. Se necesita una política pública de migrantes para colombianos en el exterior como para los extranjeros en tránsito. Hemos trabajado desde hace 6 años para este proyecto que se suma a otros que se han expuesto por 12 congresistas”,

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), indicó que es apropiado tener una norma que beneficie a los ciudadanos colombianos como extranjeros en sus trámites y se les atienda en sus solicitudes, reclamos y especialmente soluciones.

Luego de escuchar los planteamientos, tanto de las agremiaciones y colectivos como de la academia en torno al tema migratorio, la ponente de la iniciativa, congresista Emma Claudia Castellanos (Cambio Radical) dijo que la iniciativa requiere que los múltiples actores relacionados con la migración converjan y así lograr una política pública que responda a las necesidades del presente, pero que a su vez tenga un marco flexible para los desafíos al futuro.

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