La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado citó a debate de control político con alcaldes y delegados de Bosconia, Aracataca, Chiriguaná y El Paso por las afectaciones del proyecto vial.
Por Olga Materón
Bogotá D. C, 7 de mayo de 2026 (Prensa Senado)
Las comunidades del Caribe colombiano llevan meses pagando el costo de una obra parada.
La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República convocó un debate de control político al Gobierno Nacional para poner sobre la mesa las irregularidades derivadas del cese de construcción en el tramo 3 de la Ruta del Sol. Un proyecto vial estratégico cuya parálisis golpea directamente a los municipios de Bosconia, Aracataca, Chiriguaná y El Paso.
Senadores, alcaldes y delegados municipales confrontaron a funcionarios del Gobierno nacional en la búsqueda de soluciones concretas para sus comunidades.
El senador Didier Lobo Chinchilla, del partido Cambio Radical, manifiesta preocupación porque la ANI ha firmado el ´Otro Sí 17´ que, según el legislador, “parece un acuerdo, no una resolución y además permite el cambio de reglas de juego que resultan beneficiando a la empresa contratista que hoy esconde su falta de planeación”.
En calidad de invitado al debate, el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, manifestó haber ofrecido terreno al Ministerio de Vivienda y al Ministerio del Interior para que dispusieran de este con el fin de aportar al desarrollo de la obra, pero no se ven avances.
Así mismo, el alcalde de Chiriguaná, Juan Carlos García, dijo que “hay niños y niñas que no pueden ir a estudiar sin correr el riesgo que implica cruzar la troncal”.
El secretario de Planeación de la Alcaldía de Aracataca y el secretario de Infraestructura de la Gobernación del Cesar, también intervinieron para solicitar apoyo a los congresistas en la búsqueda de soluciones.
Por su parte, el vicepresidente de la ANI, Roberto Uparela, confirmó que sí existe un conflicto generado por la resistencia de algunas comunidades frente al desarrollo de la obra dentro de la competencia del contrato, donde se destacan:
Plan de manejo ambiental y social, accesos viales funcionales, variantes ordenadas por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y mitigación de impactos directos del proyecto.
De igual forma, confirma que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, exige el cumplimiento riguroso de las obligaciones contractuales y ambientales, pero no puede “destinar recursos para saldar pasivos históricos que le competen al Gobierno Nacional y a otros entes territoriales como lo son los conflictos de tierras, inundaciones ajenas al corredor y situaciones de pobreza en el sector rural”.
Finalmente, el funcionario aseguró que han conversado con los municipios y que estos han incumplido acuerdos o están solicitando gestiones o apoyos que desbordan la capacidad del contrato.
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