“Sí hay un aumento de violencia política contra la mujer“, destacó la senadora Norma Hurtado, partido de la U, al enfatizar que es un tema que está en observación y la óptica del legislativo,principalmente en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer.

Por Olga Materón.

Bogotá, D. C, 3 de junio de 2026 (Oficina de Prensa, Senado) – En el marco de las pasadas elecciones al Congreso, se realizó un ejercicio de observación y seguimiento por parte de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, en un debate donde se concluyó la inconformidad frente a la implementación de la ley, en defensa y protección del género en el territorio nacional.  

La senadora Hurtado afirmó que existe una discrepancia en las cifras de los casos de violencia política hacia las mujeres: “el Ministerio del Interior dice que hay 29 casos, el Ministerio de la Igualdad dice que son 34, pero la Defensoría del Pueblo tiene otra cifra, cuando hablamos con la ONU, salen otras cifras”, destacó la congresista, donde se revela que de todas maneras el maltrato y la violencia sigue en el escenario político electoral nacional.

Legisladoras del partido Pacto Históricomanifestaron que históricamente las mujeres han sufrido violencias y que no es solo un tema actual. En concordancia,la viceministra de las mujeres del Ministerio de la Igualdad, Tamara Posse, dijo que “nunca hemos tenido condiciones ni garantías por parte de ningún Gobierno porque el Estado colombiano es profundamente misóginoy el Estado colombino no lo construyó este Gobierno. Son condiciones estructurales que no se cambian en tres años”.

Desde la Defensoría del Pueblo, Lisa Gómez Camargo, manifestó que los partidos y movimientos políticos tienen gran responsabilidad en los procesos de respuestas frente a la implementación de la ley. Aseguró que deben prestar atención a la “activación de sus protocolos internos porque ha habido casos de partidos que desconocen los derechos de las mujeres que han sufrido violencia instrumental al interior deestos”.

Desde la Comisión de la Mujer se brindó el espacio para escuchar las acciones que cada partido político ha venido desarrollando en pro de las lideresas que conforman sus procesos, se reiteró el compromiso de seguir promoviendo la importancia de esta ley y continuar trabajando por una vida libre de violencias. 

La presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Marelen Castillo, dio apertura al espacio afirmando que “sin importar la línea política ni la ideología, desde la Comisión de la Mujer, siempre se ha trabajado por las mujeres en los territorios”. 

La iniciativa, del senador Enrique Cabrales, cumplió su trámite en el Congreso y pasa a sanción presidencial con el objeto de incentivar e incluir en la legislación“políticas públicas”que protejan y beneficien a “Familias Guardabosques”, de los cultivos ilícitos en el territorio nacional.

Por Catalina Silva.

Bogotá, 3 de junio de 2026 (Prensa-Senado). -El Congreso de la República aprobó la Ley que crea políticas públicaspara “Familias Guardabosques”, con un imperativo: exige a los gobiernos de turno incentivar y proteger a las “Familias Guardabosques” de cultivos ilícitos.

El senador Enrique Cabrales exaltó la decisión del legislativo al aprobar el proyecto al destacar que dicha iniciativa retoma uno de los legados más importantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez: “demostrar que sí es posible enfrentar los cultivos ilícitos con autoridad, presencia del Estado y oportunidades reales para las comunidades”. 

De acuerdo a los objetivos de la ley, evita que miles de familias campesinasque han vivido bajo el yugo de las economías ilegales, no sean tentados. En muchas regiones, la coca no ha sido una elección libre, sino la consecuencia, la presión de los grupos criminales y la falta de alternativas productivas.

Esta Ley busca cambiar esa realidad: “llevar legalidad donde hoy manda el narcotráfico, proteger los bosques donde avanza la deforestación y ofrecer ingresos dignos a quienes quieren trabajar la tierra dentro de la ley”. 

Precisó el senador cabrales que “Familias Guardabosques no es solo una política ambiental. Es una política de seguridad, de desarrollo rural y de justicia social. Es decirles a los campesinos que no están solos, que Colombia necesita de ellos para cuidar la tierra y que el Estado debe acompañarlos con proyectos productivos legales, sostenibles y rentables”.

La nueva Ley contempla la focalización de territorios estratégicos, una etapa de transición económica para las familias beneficiarias, asistencia técnica, acompañamiento social y apoyo a proyectos productivos que permitan sustituir la dependencia de los cultivos ilícitos por economías legales.

El senador Cabrales fue vehemente en señalar que “El Gobierno Nacional ha demostrado lentitud e improvisación en la lucha contra los cultivos ilícitos. Con más de 300.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia, es momento de actuar. Mientras las cifras siguen creciendo, desde el Congreso gestionamos esta Ley para ofrecer soluciones concretas, sostenibles y centradas en las comunidades”.

Con la aprobación del proyecto en Senado y Cámara de representantes, el país da un paso para recuperar territorios, fortalecer a las comunidades rurales y devolverles a miles de familias la posibilidad de vivir de la tierra sin estar sometidas a la economía criminal.