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Proyecto que establece garantías para contratistas del Estado avanza en el Congreso

La iniciativa busca fijar reglas claras para los contratos de prestación de servicios en el sector público y garantizar el pago oportuno de honorarios a miles de profesionales que hoy trabajan para el Estado sin prestaciones laborales.

Por: Johan Nassar Hower

 

Bogotá, 11 de marzo de 2026 (Prensa Senado)

El Proyecto de Ley 141 de 2024 Senado, presentado por la senadora Angélica Lozano, continúa su trámite en el Congreso tras superar su segundo debate en la plenaria del Senado.

La iniciativa propone establecer garantías mínimas para los contratistas del Estado vinculados mediante contratos de prestación de servicios, una modalidad ampliamente utilizada en el sector público y que actualmente no contempla prestaciones laborales, situación que impacta a miles de profesionales en el país.

Lo que se buscan son mecanismos para asegurar el pago oportuno de honorarios y condiciones que eviten el uso indebido de los contratos de prestación de servicios para cubrir funciones permanentes del Estado.

De acuerdo con el contenido del proyecto, también se busca prevenir el encubrimiento de relaciones laborales, promover mayor transparencia en los procesos de contratación y avanzar en la modernización de las plantas de personal en las entidades públicas para reducir la dependencia de esta modalidad contractual

El proyecto ya superó su segundo debate en la plenaria del Senado, lo que le permite continuar su trámite legislativo en la Cámara de Representantes, donde deberá surtir los dos debates reglamentarios restantes antes de convertirse en ley.

El debate sobre esta iniciativa se da en medio de una discusión más amplia sobre el modelo de contratación pública en Colombia.

En los últimos años ha crecido el número de profesionales vinculados al Estado mediante contratos de prestación de servicios, lo que ha generado cuestionamientos sobre la estabilidad laboral y la necesidad de establecer reglas más claras para este tipo de contratación.

De avanzar en el Congreso, el proyecto podría representar un paso importante en la regulación de la contratación por prestación de servicios en el sector público y en la búsqueda de mejores condiciones para miles de trabajadores que hoy prestan sus servicios a entidades del Estado bajo esta modalidad.

Senado legisla en defensa de las personas mayores de Colombia

Se modifica las Leyes 1276 de 2009 (Centros Vida) y 1850 de 2017 (Protección al Adulto Mayor) para fortalecer la atención integral y endurecer las medidas contra el maltrato y abandono.

Por: Jaime Arbeláez Ospina

Bogotá D.C. marzo 1p de 2026 (Prensa Senado).

Pendiente que se radique ponencia para segundo debate en las próximas sesiones ordinarias de Senado, está el proyecto que busca fortalecer la atención integral, mejorar la financiación de los Centros Día/Vida y endurecer las medidas contra el maltrato y abandono de personas mayores en Colombia.

Se trata del proyecto de ley 250 de 2024 que propone modificar las Leyes 1276 de 2009 (Centros Vida) y 1850 de 2017 (Protección al Adulto Mayor): “Busca optimizar los recursos destinados a los Centros Vida y reforzar las sanciones penales y administrativas por maltrato, negligencia o abandono intrafamiliar”.

Señala el texto, de la senadora Karina Espinosa, que tiene alcance en todo país “en las entidades territoriales de todos los niveles que a través de sus corporaciones públicas hayan adoptado el cobro de la estampilla para el bienestar del adulto mayor”.

Se alinea con la política de Estado Social de Derecho que rige en Colombia para proteger a la población de la tercera edad en situación de vulnerabilidad o pobreza.

Modificaciones

Con los cambios a la Ley 1850, en adelante se podrá, del monto del recaudo de la mencionada estampilla, financiar la creación, construcción, dotación y operación de Granjas para Adultos Mayores, y brindarles, en condiciones dignas, albergue, alimentación, recreación y todo el cuidado que requieran.

En el texto del articulado se autoriza a las asambleas departamentales y a concejos municipales, emitir una estampilla, que se llamará Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, como recurso de obligatorio recaudo para contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento, alimentación y desarrollo de programas de prevención y promoción de los Centros de Bienestar del Anciano, Centros de Vida para la Tercera Edad y la ejecución de programas y proyectos para la atención de esta población.
Destaca el texto del proyecto que el Gobernador o Alcalde será el responsable de los recursos recaudados por la estampilla en el desarrollo de los programas que se deriven de su inversión en la respectiva jurisdicción.

Mientras, ajustada, la Ley 1276 quedará así: “El recaudo de la estampilla será aplicado, en su totalidad, a la dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, de los Centros Vida para la Tercera Edad, Granjas para Adultos Mayores”.

La ejecución de los recursos se extenderá a programas y proyectos dirigidos a la atención integral de esta población que se halle en condiciones de descuido, vulnerabilidad, abandono, víctimas de violencia intrafamiliar, indigencia o extrema pobreza, damnificados por situación de desastres o emergencias sanitarias.

Ministerio de Igualdad, uno de los temas sobre la mesa en el nuevo periodo legislativo del Congreso

Según el gobierno nacional, este nuevo Ministerio será la ruta que propenderá por garantizar el derecho a la igualdad y a la equidad de todos los colombianos. Así mismo será la herramienta principal para darle voz a quienes históricamente han sido excluidos y marginados.

Por: Karen Madera Castro

Bogotá D.C, 4 febrero 2026 (Prensa Senado) Uno de los temas de discusión para este nuevo periodo legislativo, es el debate sobre el futuro del Ministerio de Igualdad y Equidad de Género. El Congreso de la República dio un primer respaldo, al aprobar en comisiones primeras conjuntas la ponencia positiva del proyecto que busca garantizar su existencia jurídica tras el fallo de la Corte Constitucional.

El Gobierno actual, busca demostrar que la cartera puede mejorar sus indicadores de ejecución y traducir su mandato legal en acciones concretas en los territorios. El mensaje político que deja esta primera votación es que una mayoría en el Congreso reconoce la importancia de preservar un instrumento del Estado para enfrentar la desigualdad, siempre que se ajuste a las reglas fiscales y procedimentales de la Constitución.

La creación del Ministerio de Igualdad y Equidad mediante la Ley 2281 de 2023, marcó un hito sin precedentes en la estructura del Estado colombiano. Constituido con el objetivo de diseñar, formular, adoptar, dirigir y coordinar políticas para garantizar la igualdad y la equidad en Colombia, esta ha sido en los últimos 100 años la primera cartera ministerial creada desde cero, sin derivar de la transformación, fusión o escisión de otra entidad. 

Según el gobierno actual, Su existencia permanente garantiza la centralización de esfuerzos, así como de recursos del Presupuesto General de la Nación, para combatir desigualdades históricas mediante políticas públicas y espacios de diálogo y participación, con enfoque de género, diferencial, étnico-racial e interseccional, garantizando los derechos a la igualdad y equidad de las comunidades y sectores excluidos en todo el territorio nacional.