El periodista y comunicador social, con más de 30 años de experiencia en comunicación estratégica y asuntos públicos, llega para fortalecer la divulgación de la actividad legislativa.

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). Carlos Alberto García Castro asumió la Jefatura de Información y Prensa del Senado de la República. Su tarea será fortalecer la comunicación institucional, divulgar la actividad legislativa y atender la relación informativa de la corporación con los medios y la ciudadanía.

García Castro es comunicador social y periodista de la Fundación Universitaria Los Libertadores y especialista en Estudios Políticos de la Universidad Sergio Arboleda. También cursó estudios en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política en la Universidad de Salamanca, España.

Su trayectoria combina el criterio periodístico con la planificación estratégica. Fue director de Imagen Corporativa de la Gobernación de Cundinamarca. Trabajó en prensa y comunicaciones en los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Pasó por la Superintendencia de Notariado y Registro, la Superintendencia Nacional de Salud, el SENA, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Agencia de Desarrollo Rural y Corpoica.

En los sectores energético, financiero y de infraestructura estuvo vinculado al IPSE, al Banco Popular y a Fiduciaria La Previsora, donde atendió la comunicación institucional del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Antes de llegar al Senado coordinó las comunicaciones de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P.

Su carrera periodística comenzó en el Sistema Súper de Colombia. Fue corresponsal en Colombia de Telemundo, Canal 41 de Nueva York, y participó en la dirección y producción de programas informativos de radio y televisión.

Recibió una nominación al Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y una distinción como mejor jefe de prensa del sector agropecuario.

La iniciativa modifica el Código Civil para evitar que quienes sufrieron delitos sexuales o incesto por parte de sus padres biológicos, adoptivos o de crianza sean obligados a sostenerlos económicamente o a asistirlos en la vejez

Por: Juan Felipe Sacristán

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). La Plenaria del Senado aprobó en segundo debate un proyecto de ley que establece que las víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos por sus padres no estarán obligadas a asistirlos económicamente ni a brindarles cuidados personales. La iniciativa pasa a la Cámara de Representantes para continuar su trámite.

El autor y ponente del proyecto es el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández (Alianza Verde). La iniciativa adiciona tres parágrafos al artículo 414 y modifica el artículo 251 del Código Civil. Fija una causal especial y autónoma de exoneración total y definitiva de alimentos, y reconoce de forma expresa que los delitos sexuales y el incesto cometidos por un padre o una madre biológicos, adoptivos o de crianza constituyen injuria atroz y rompen el principio de solidaridad familiar. También exime a los hijos víctimas de los deberes legales de cuidado, auxilio y asistencia personal hacia su agresor.

Durante la discusión se respaldaron medidas para proteger la dignidad de las víctimas y evitar la violencia institucional. Cuando haya sentencia penal condenatoria ejecutoriada, los jueces de familia y los comisarios no podrán reabrir el debate sobre la existencia del delito y se limitarán a verificar el fallo y el vínculo filial. Además, el articulado prohíbe someter a la víctima a confrontaciones con el condenado o a la repetición de su relato, y garantiza la reserva de su identidad y la comparecencia virtual o en espacios separados.

El texto aprobado incluye también una medida de protección preventiva. Cuando haya un proceso penal en curso en el que la Fiscalía haya formulado imputación o presentado escrito de acusación, el juez o la autoridad administrativa deberá, a petición de parte, suspender de forma provisional el cobro de la cuota alimentaria o abstenerse de fijarla hasta que haya un fallo definitivo.

Si el progenitor condenado y exonerado está en condición de pobreza extrema, vejez, discapacidad o abandono, la autoridad competente notificará a la entidad territorial respectiva para que evalúe su acceso a los programas de asistencia social del Estado, sin trasladar carga alguna a la víctima.

Según cifras del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) citadas en la ponencia, entre 2015 y julio de 2026 se registraron 176.413 ingresos a Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos por violencia sexual contra menores de edad. El entorno familiar es uno de los escenarios donde más ocurren estos casos.

La iniciativa busca actualizar el régimen civil para impedir que las obligaciones alimentarias prolonguen el vínculo de subordinación entre las víctimas y sus agresores.