La senadora Norma Hurtado denunció el incumplimiento de una orden judicial y de la ley de protección a víctimas de biopolímeros en el caso una joven que enfrenta una condición de salud crítica.
Por: Yunet Bernal
Bogotá D. C, 11 de mayo de 2026 (Prensa Senado)
Geraldine es una joven en Barranquilla, que hoy está gravemente enferma, y el sistema la está fallando.
La senadora Norma Hurtado lanzó una alerta urgente ante el caso de esta víctima de biopolímeros que no ha recibido la atención integral a la que tiene derecho por ley: sin procedimientos de extracción, sin acompañamiento físico ni mental, y con una orden judicial incumplida.
El caso, advirtió la congresista, no es una excepción sino el reflejo de la desprotección sistemática que enfrentan las víctimas de biopolímeros en Colombia.
Dijo la senadora Hurtado que Geraldine durante más de 13 años padeció dolor crónico derivado de la presencia de biopolímeros en su cuerpo, lo que la llevó al consumo prolongado de Tramadol.
Hoy se encuentra en estadio 4 de falla renal, ha perdido uno de sus riñones y el otro funciona apenas al 30%. A esta situación se suma un cuadro severo asociado a los biopolímeros, que le ha generado rigidez generalizada y la aparición de úlceras.
A pesar de la gravedad de su estado, la paciente, quien ya cuenta con un fallo de tutela que ordena su atención integral, no ha recibido los servicios médicos requeridos por parte de la Nueva EPS, entidad actualmente intervenida y bajo control del Gobierno nacional.
“El dolor me está matando. Me siento abandonada y decepcionada. Me retrasan las citas, no me realizan exámenes, no tengo tratamiento ni acceso a medicamentos. Le pido al Gobierno que me ayude”, manifestó la paciente.
Fallas en la protección
Frente a esta situación, la senadora Hurtado, autora de la Ley de Biopolímeros en Colombia, fue enfática en señalar que este no es un caso aislado, sino el reflejo de un sistema que hoy está fallando en la protección de quienes más lo necesitan.
“Este caso es particularmente grave porque no solo se está incumpliendo una orden judicial, sino también una ley que protege a las víctimas de biopolímeros. Esa ley establece la obligación de garantizar atención integral, física y mental, incluyendo procedimientos necesarios para la extracción de estas sustancias”, afirmó.
Advirtió la congresista que lo que hoy ocurre con Geraldine demuestra cómo la improvisación en la administración del sistema de salud está dejando sin protección a los pacientes, incluso en aquellos casos donde existen herramientas legales claras.
“Es inaceptable que, teniendo una ley vigente y un fallo de tutela, la paciente siga esperando mientras su salud se deteriora. No podemos permitir que las normas se queden en el papel y que las víctimas de biopolímeros y los pacientes en general sigan siendo invisibles para el sistema”, agregó.
Finalmente, la senadora hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Nueva EPS para que actúen de manera inmediata y garanticen la atención integral de la paciente.
“Las víctimas no pueden seguir esperando. La ley existe para protegerlas y hoy más que nunca debe cumplirse”, concluyó.
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