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secuestrados “Falsa Paz Total”: Senador Carreño denuncia fortalecimiento criminal y abandono de uniformados secuestrados

El senador José Vicente Carreño se refirió a la situación de los uniformados secuestrados en el país y a los avances legislativos que se han impulsado desde el Congreso en beneficio de la Fuerza Pública.


 Por: María Camila Fernández

Bogotá D.C., enero 8 de 2026 (Prensa Senado).

El senador José Vicente Carreño lanzó un enérgico llamado al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional para que no caiga en el olvido el drama de los policías, soldados y funcionarios secuestrados en Colombia.

El congresista denunció que la falta de visibilidad institucional sobre estos casos ha dejado a las familias de los uniformados en un silencio doloroso frente a las organizaciones criminales que los mantienen cautivos.

Carreño advirtió que hoy varios uniformados permanecen privados de la libertad y que, pese al paso del tiempo, sus casos no han tenido la visibilidad ni la exigencia institucional que ameritan.

“Hoy son olvidados. Tenemos que decirle al país que debemos estar constantemente recordando estos casos y pedirle al Gobierno, al comisionado de paz, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la comunidad internacional que no los olviden”, señaló.

El senador Carreño recordó algunos de los casos que, según indicó, permanecen en silencio: soldados del Ejército Nacional, funcionarios del CTI y patrulleros de la Policía, quienes fueron secuestrados por grupos armados al margen de la ley y cuyos familiares continúan esperando su regreso.

“En esta época decembrina hay madres, padres, hermanos e hijos esperando a su familiar. La exigencia a la guerrilla es clara: devuélvanlos sanos y salvos, como nunca debieron haberlos arrancado del seno de su hogar”, afirmó.

Carreño también cuestionó la política de seguridad del Gobierno Nacional y aseguró que los ceses bilaterales permitieron el fortalecimiento de estructuras criminales.

“Esta situación desafortunada, gracias a esta falsa paz total que prometió el presidente Petro a los colombianos y que durante tres años se vacilaron la paz, con esos ceses bilaterales donde ellos seguían delinquiendo, secuestrando y extorsionando, fortalecieron sus estructuras criminales económicamente, mientras el Estado permanecía quieto sin poderlos neutralizar. Eso es culpa de este Gobierno, pero además de tener la culpa, ni se inmuta en reclamar ni en salir a decir qué se va a hacer, a exigir por lo menos la liberación de estos soldados”, expresó.

 

Avances legislativos en favor de la Fuerza Pública

Durante la entrevista, José Vicente Carreño destacó varias iniciativas tramitadas en el Congreso de la República en beneficio de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares.

Entre ellas, mencionó la mesada 14, una iniciativa de su autoría que beneficia no solo a la Policía, sino también a veteranos, activos de las cuatro fuerzas y a un sector civil vinculado al Ministerio de Defensa, al otorgarle rango constitucional.

Asimismo, recordó su participación como ponente de la reforma a la Policía, así como la iniciativa para el subsidio policial, que inicialmente se estableció de manera bimestral y que, tras una nueva reforma legislativa, pasará a ser mensual y con factor salarial, lo que permitirá que este ingreso se tenga en cuenta al momento de la pensión o asignación de retiro.

Según explicó, esta modificación busca equilibrar el acceso a este beneficio, que anteriormente se otorgaba únicamente a los oficiales, extendiéndolo también al nivel ejecutivo y a la base de la institución. Además, destacó el avance del Estatuto del Soldado.

“Aquí lo que hemos hecho es un equilibrio, hacemos justicia y, gracias a Dios, todos los partidos lo apoyaron. Estamos esperando que el presidente sancione la ley; el Estatuto del Soldado va por buen camino, también es de mi autoría y fue radicado por el Gobierno”, señaló.

Desde el Congreso de la República continúan los debates y el trámite de iniciativas orientadas a fortalecer las condiciones laborales y sociales de la Fuerza Pública, al tiempo que se mantienen los llamados para visibilizar la situación de los uniformados secuestrados y la necesidad de garantizar su regreso al seno de sus familias.

Lafaurie "Me duele muchísimo el cinismo": Isabel Zuleta sobre subsidio de la familia Lafaurie

La congresista Isabel Zuleta rechazó que subsidios estatales beneficien a sectores privilegiados mientras campesinos y adultos mayores enfrentan barreras para acceder a apoyos básicos.

Por: Keir Villero

Bogotá D.C., enero 7 de 2026 (Prensa Senado)

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, puso el dedo en la llaga sobre una realidad que advierte, duele en el campo colombiano: mientras los campesinos y adultos mayores mendigan apoyo estatal, sectores con gran poder económico reciben beneficios millonarios sin trabas.

La desigualdad en cifras

La senadora no se guardó nombres. Cuestionó directamente el caso de José Félix Lafaurie (hijo), quien, según la denuncia, recibió un préstamo de 400 millones de pesos para cultivar palma africana, además de un incentivo de 95 millones que no tiene que devolver.

Zuleta señaló la ironía de que alguien vinculado a las altas esferas de Finagro y Fedegán acceda a estos recursos con facilidad, mientras que un productor humilde es rechazado por no tener una escritura o garantías suficientes.

Las frases clave de la denuncia:

Doble moral económica: “Me duele muchísimo el cinismo y la hipocresía de esta clase dirigente tradicional, porque cuando nosotros proponemos reducir la pobreza aumentando salarios mínimos, nos dicen que no hay recursos, pero sí los hay para personas con altos ingresos”.

Barreras para el campesino: “He visto sufrir campesinos porque no les dan un crédito por no tener escritura de la tierra o garantías suficientes, mientras otros reciben apoyos de manera cómoda y sin mayores requisitos”.

El llamado a la gente: La congresista pidió a los colombianos observar con lupa quiénes se están quedando con el dinero que debería ser para los más pobres.

¿Qué está en juego?

Para Zuleta, no se trata solo de dinero, sino de prioridades éticas. Mientras el debate público se estanca en si el país puede pagar mejores subsidios para los ancianos, la realidad muestra una distribución de recursos que favorece a quienes ya tienen capacidad económica, profundizando la brecha de desigualdad en Colombia.

¿La luz puede salir más barata y justa? En el Senado ya se está hablando de eso

El Proyecto de Ley 258 de 2025, radicado por el senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado (ASI – Santander), se encuentra actualmente en trámite inicial en la Comisión Sexta del Senado, comisión encargada de los asuntos relacionados con servicios públicos, infraestructura y transporte.

Por: Yanith Rueda Navarro

Bogotá D.C., enero 6 de 2026. (Prensa Senado)

Pagar el recibo de la luz se ha vuelto un dolor de cabeza para miles de familias en Colombia. Mes tras mes, la factura llega más alta y muchas veces sin que quede claro por qué. Con ese telón de fondo, en el Congreso empezó a moverse una iniciativa que busca cambiar las reglas del juego.

Se trata del Proyecto de Ley 258 de 2025, una propuesta que quiere replantear cómo se calculan las tarifas de energía para que sean más justas, sobre todo para los hogares con menos ingresos.

¿Qué propone el proyecto?

La iniciativa, presentada por el senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado y actualmente en la Comisión Sexta del Senado, parte de una idea sencilla: no todos consumimos energía en las mismas condiciones, ni tenemos la misma capacidad para pagarla.

Por eso, el proyecto pone sobre la mesa dos criterios clave:

  • Capacidad de pago, para que la tarifa esté más alineada con los ingresos reales de las familias.
  • Clima y región, reconociendo que en zonas de altas temperaturas el consumo es mayor y el impacto en el bolsillo también.

¿Por qué este debate nos toca a todos?

Más allá de los tecnicismos, el fondo del proyecto es una exigencia que muchos comparten: entender qué estamos pagando y por qué. La propuesta apunta a un sistema más transparente, que garantice la sostenibilidad del servicio eléctrico, pero sin convertir la factura en una carga imposible para los hogares más vulnerables.

¿En qué va la iniciativa?


Por ahora, el proyecto ya está radicado y espera su primer debate. Con el arranque del calendario legislativo de 2026, se prevé que la discusión tome ritmo en el Congreso.

Como ocurre con todas las leyes, el texto podrá cambiar en el camino. Será el resultado del debate entre los senadores y de los ajustes que busquen, al menos en el papel,  una solución más equilibrada para el país.