El senador Miguel Ángel Barreto presentó algunas cifras que muestran la dimensión de la problemática.

Por Olga Materón

Bogotá D. C, 14 de septiembre de 2026 (Prensa Senado). El senador Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador, aseguró que unos 5 millones de colombianos no tienen acceso al servicio eléctrico, y que “esta situación es de años”.

En medio de un debate de control político en la Comisión Quinta el Senado, el congresista afirmó que “se ha creado un marco normativo desde el 2001 en el que se le ha dicho al pueblo colombiano que vamos a generar incentivos económicos para el uso de energías limpias, para que haya energía solar y de aire, pero se nos olvidó hablar de energía en firme, que la da la hídrica y las térmicas”.

El legislador dijo que 97 billones de pesos les han pagado los colombianos a las empresas por cargo de confiabilidad (cobro incluido en la factura de energía eléctrica en Colombia que funciona como un seguro para garantizar el suministro de electricidad durante épocas de sequía crítica, como el ‘fenómeno de El Niño’) y el problema es que, “aunque se paga el cargo, el déficit crece y el usuario financia un seguro que no entrega la cobertura prometida”.

Según se conoció en medio del debate, hay cuatro empresas en Colombia que son las productoras y que además son las mismas que comercializan y distribuyen la energía eléctrica. Desde la óptica del senador Barreto, citante del debate, “en el país se vive un problema de modelo, de flujo de caja y un posible problema de apagón y riesgo de racionamiento”.

El congresista se refirió a la empresa de energía AIRE como “el chicharrón más grande”, asegurando que le debe alrededor de 2 billones a las plantas térmicas y estas no pueden comprar ni gas, ni Diesel.

En la presentación se expuso que hay entre $175.000 y $204.000 millones de pesos en pérdidas por cada hora de corte de energía. Además, entre 1,5 % y $1,7 del PIB en impacto estimado de un racionamiento sobre la economía nacional.

Adicionalmente, 230 mil empleos que se perderían en caso de presentarse un racionamiento, y más de 200 mil personas que caerían en la pobreza, de acuerdo con cifras que se conocieron en medio del debate.

El senador Ariel Ávila, del Partido Alianza Verde, también manifestó preocupación por la situación energética del país. En su intervención dijo que “el actual Gobierno no presenta un plan consolidado con fechas, recursos, combustibles, responsables y resultados verificables”.

A esto se sumó el senador Cristian Gómez, del Pacto Histórico, quien responsabilizó al Gobierno actual si llega a haber un apagón y dijo que “el cargo por confiabilidad no lo puede pagar el pueblo colombiano”.

Por su parte, el senador John Besaile, del Partido de La U, pidió al Gobierno Nacional “una solución urgente para la Costa, desde el Sur de Córdoba hasta la alta Guajira”, y dijo que “el sufrimiento de los habitantes de esta región debe parar”.

Entre las soluciones que se plantean desde esta célula legislativa está la de reformar la ley de servicios públicos que cuenta con un enfoque diferencial a las tarifas en los departamentos en donde la temperatura es superior a los 28 grados.

Ante los diferentes cuestionamientos y solicitudes de los parlamentarios, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, dijo que el déficit total de energía firme para atender la demanda del sistema entre el 2024 y el 2028 asciende a 14.387 GWh-año.

La funcionaria informó a la Comisión Quinta del Senado que “hay 275 proyectos de generación que presentan atrasos de más de un año, de los cuales 33 proyectos superan los cuatro años de retraso”.

Frente a la situación de la red del Caribe, la jefa de la cartera de Minas y Energía indicó que al no tener la red que se requiere, “no hay forma de que llegue la energía a los puntos de carga. Y si la demanda supera el valor de los equipos, con el calor, se complica aun mas la transferencia”. La demanda no atendida en el Caribe supera las 23 GB.

La Ministra expresó la posibilidad de revisar algunas normas y anunció que eventualmente se hará una subasta para ver qué inversionistas se quedaron en medio de los procesos de clasificación en subastas, todo para lograr captar energía firme para afrontar este ‘fenómeno de El Niño’”

Y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, dijo que “este sector ha sufrido todos los obstáculos políticos y las zancadillas ideológicas de quienes consideran que las licencias y consultas previas son mecanismos que están hechos para obstaculizar el desarrollo de los proyectos”.

En su primera sesión fue citado el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), David Santiago Tamayo.

Por: Isabel Colomna Sánchez.

Bogotá D.C. septiembre 10 de 2026 (Prensa Senado). Tras ocho días de haberse instalado la Comisión Accidental Bicameral para hacer seguimiento a los daños ocasionado por el terremoto el pasado 10 de agosto en los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, entre otros, la célula congresional sesionó para determinar los avances en la reconstrucción de los territorios afectados por el siniestro.

Los congresistas que integran esta comisión informaron que se han desarrollado actividades técnicas y que se abrió un link para el envío de la comunicación al Gobierno Nacional, en el que inicialmente se radicó un oficio con todos los interrogantes de los congresistas sobre la atención inmediata que requieren los damnificados.

También incorporaron un chat, integrado por todos los congresistas de la comisión bicameral, y, adicionalmente, elaboraron un cronograma de las audiencias públicas que realizarán en los territorios afectados por el sismo.

Sobre este punto, la senadora Norma Hurtado (Partido de La U), coordinadora de la comisión accidental, informó que pronto estarán en los territorios para escuchar a las personas que resultaron damnificadas por el desastre natural.

Entre tanto el senador Wilson Arias (Pacto Histórico) dijo que “las personas se sienten rezagadas y desesperadas por la inoperancia”.

El congresista agregó que, en estos momentos de emergencia, el Estado debe atenderlos con instrumentos como construcción de viviendas. “La autoconstrucción es una buena salida” dijo.

Asimismo, la senadora María Irma Noreña (Partido de la U) solicitó a las autoridades ayuda real para la población que está sufriendo, ya que muchos no tienen siquiera para la comida. “Esperamos pronta atención, ya que ellos están esperando pronta solución a esa situación”, aseguró la congresista.

Por su pare el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), David Santiago Tamayo, quien fue citado para que informara sobre el avance del trabajo en las zonas afectadas, reiteró el compromiso de esa entidad con la superación de la tragedia en los territorios afectados.

“Es una de las peores tragedias que ha tenido el país Hemos hecho lo que nos corresponde desde el marco legal. Hemos establecido un programa con respuesta inmediata, con miras a la recuperación de los territorios”, afirmó el funcionario.

Además, indicó que se tiene una coordinación efectiva con las autoridades regionales, y señaló que se elaboró el registro único con el que se inició el apoyo económico a los damnificados.

Igualmente, manifestó que el Fondo Milagro se encargará en la recuperación y reconstrucción. “Estamos haciendo todo lo posible, de la manera más transparente, para que esta situación pase a la historia como una experiencia en la que esas comunidades afectadas puedan recuperarse y continuar con sus vidas”, dijo el Director de la UNGRD.

La comisión accidental bicameral, continuará sesionando semanalmente para hacer el respectivo seguimiento a todas las actividades que se deben hacer para la reconstrucción de los departamentos afectados por el terremoto.