Aunque el Congreso de la República cumple un papel fundamental en la elaboración de las leyes, existen límites constitucionales que definen qué asuntos pueden ser regulados por el Legislativo y cuáles corresponden a otras autoridades del Estado.

Por: Yanith Rueda Navarro

Bogotá D.C., febrero 2 de 2026 (Prensa Senado)

Aunque solemos pensar que el Congreso tiene el poder de crear cualquier ley, lo cierto es que la Constitución le pone límites claros. No se trata de falta de poder, sino de respetar el equilibrio: cada institución tiene su propia tarea para que el país funcione correctamente.

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El día a día del Gobierno (Poder Ejecutivo)

El Congreso crea el marco general, pero no puede meterse en la administración diaria. Por ejemplo, los congresistas no pueden decidir qué tarifas exactas pagas por los servicios públicos ni cómo se ejecutan las políticas de salud en una región. Esas son decisiones operativas que le corresponden al Presidente, sus ministros y las entidades reguladoras.

Las sentencias de los jueces (Poder Judicial)

Un congresista no puede dictar una ley para cambiar el resultado de un juicio o para decidir quién tiene la razón en un conflicto entre vecinos. Los jueces son autónomos; el Congreso hace la ley, pero el juez es quien la interpreta y la aplica a cada caso concreto.

La autonomía de tu ciudad o departamento

El Congreso no puede reemplazar a los alcaldes ni a los gobernadores. Temas como en qué se gasta el presupuesto local de tu municipio o cómo se organiza la administración de tu ciudad son decisiones que pertenecen a las autoridades territoriales, respetando su autonomía.

Lo que va en contra de la Constitución

Este es el límite más importante: el Congreso no está por encima de la Constitución. No puede aprobar leyes que:

• Vulneren tus derechos fundamentales.

• Rompan la separación de poderes.

• Contradigan lo que dice la Carta Magna.

Si lo intenta, la Corte Constitucional interviene y "anula" esa ley (lo que legalmente se llama declararla inexequible).

Más que una simple receta, la cocina de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es el alma de sus islas. Esa herencia dio un paso decisivo en el Congreso para ser reconocida no solo como patrimonio cultural, sino como el motor que impulse el turismo y la economía de las familias isleñas.

Por: Isabel Escobar Gil

Bogotá D.C., febrero 2 de 2026 (Prensa Senado)

Los aromas y conocimientos ancestrales del pueblo raizal resonaron con fuerza en la Comisión Sexta del Senado. Allí, se aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 135 de 2025. ¿El objetivo? Blindar la gastronomía del archipiélago para que sea vista como una herramienta real de desarrollo, identidad y empleo.

En medio del debate, la senadora Ana María Castañeda recordó que cada plato cuenta una parte de la historia del territorio. Para ella, esta ley es una oportunidad de oro para que el turismo en las islas tenga un sello auténtico:

“Reconocer e impulsar la gastronomía y platos típicos del pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La gastronomía del archipiélago es mucho más que cocina tradicional, es una expresión viva de la historia, de la identidad, de su cultura, y representa un enorme potencial para incentivar el turismo y el empleo local en el archipiélago.”

Más que identidad: una apuesta por las "patronas del sabor"

El proyecto no se queda en el papel; busca que las rutas gastronómicas que ya recorren las islas se fortalezcan y se conviertan en un orgullo territorial. Pero, sobre todo, pone el foco en las protagonistas de esta historia: las "patronas del sabor", mujeres que han sacado adelante a sus hijos y nietos entre fogones, cuidando que las tradiciones no mueran.

“Que las patronas del sabor, como le llaman, a esas mujeres que llevan toda la vida enfocadas en sacar adelante a sus familias a través de la preparación de esos platos típicos y, por supuesto, de la activación de esas rutas turísticas y gastronómicas en el archipiélago, dependen que mejoren sus ingresos, dependen que se potencialicen estas tradiciones, dependen que aumente el turismo y, por supuesto, que se empoderen mucho más las mujeres del archipiélago”, insistió la senadora.

Apoyo real para los emprendedores

Para que este sueño sea sostenible, la ley contempla 23 artículos que ofrecen soluciones prácticas. Se busca que los emprendedores gastronómicos de las islas tengan acceso a:

• Formación técnica y certificaciones.
• Créditos y financiación para hacer crecer sus negocios.
• Acompañamiento para formalizarse y cumplir con las normas sanitarias sin perder su esencia.

En definitiva, se trata de una apuesta integral para que los saberes de los abuelos se transformen en el bienestar de las nuevas generaciones, haciendo de la cocina raizal el corazón económico y cultural del archipiélago.