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Congreso de la República cierra filas para luchar contra el hambre

En la sesión del Frente Parlamentario contra el Hambre, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, llamó a modernizar la legislación para enfrentar la inseguridad alimentaria y el desperdicio de alimentos.

Por: María Camila Fernández

Bogotá D.C. , 15 de septiembre de 2026 (Prensa Senado). La lucha contra el hambre volvió al centro de la agenda del Congreso de la República. Durante la sesión del Frente Parlamentario contra el Hambre, realizada en el Salón de la Constitución del Congreso de la República, congresistas, integrantes del frente y representantes de la FAO analizaron los principales desafíos que enfrenta Colombia en materia de seguridad alimentaria y  revisaron ejes estratégicos de trabajo para el periodo 2026-2030.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien encabezó la actividad, aseguró que combatir el hambre debe ser un propósito común y llamó a fortalecer el trabajo conjunto para encontrar soluciones a una problemática que continúa afectando a millones de personas.

“Todos aquí tenemos un propósito en común y es ganarle la lucha, la batalla al hambre, la cual sigue siendo uno de los principales anhelos de cada uno de nosotros, pero sigue teniendo frustraciones. Creo que nos falta mucho por avanzar”, afirmó el líder del Legislativo.

Uno de los principales anuncios de la jornada estuvo relacionado con la necesidad de actualizar la legislación colombiana para hacer frente a la pérdida y el desperdicio de alimentos.

En este sentido, el Presidente Henríquez recordó que fue autor y ponente de la Ley 1990 de 2019, que busca prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos aptos para el consumo humano. Seis años después de su expedición, el Presidente del Senado considera que las nuevas realidades del país hacen necesario revisar esta normativa.

“Yo quiero destacar la Ley 1990, de la cual fui autor, ponente de la misma, que busca prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos, y quiero desde ya decir algo: estamos ya en mora de modernizarla, introducir unos componentes que yo creo que son necesarios después del tiempo que ha pasado”, señaló.

El Presidente Henríquez también hizo un llamado a avanzar en la reglamentación de las leyes 1990 y 2536, con el propósito de fortalecerlas y adaptarlas a las necesidades actuales de las comunidades.

Una problemática que todavía afecta a millones

Las cifras presentadas durante la jornada evidenciaron la magnitud del desafío. Actualmente, alrededor de 2.100 millones de personas en el mundo padecen inseguridad alimentaria moderada o grave. En América Latina y el Caribe, cerca del 23 % de la población enfrenta esta situación.

Colombia también hace parte de este panorama. Durante el encuentro se señaló que cerca del 28 % de la población colombiana padece inseguridad alimentaria, una problemática que golpea con mayor fuerza a algunos territorios.

El senador Gustavo Moreno, del Partido Alianza Social Independiente (ASI), llamó la atención sobre la situación del Chocó, donde la cifra alcanza el 56 %.

“Hoy en Colombia cerca de 12 millones de colombianos y colombianas están con el tema de la inseguridad alimentaria. En nuestro país el promedio es de 21 %, pero Chocó está en 56 % de hambre”, afirmó el senador Moreno.

El congresista agregó que “el 56 % de los chocoanos comen una comida al día” y advirtió sobre las dificultades que enfrentan los niños y sus familias en los territorios más vulnerables.

“Muchos niños no van a una escuela en Colombia a estudiar porque quieran aprender, sino que es la única oportunidad de sus padres y madres (…) de comer una comida al día”, manifestó.

El reto: prepararse para las emergencias

Durante la sesión también se planteó la necesidad de que Colombia cuente con herramientas legislativas para responder ante situaciones que puedan poner en riesgo el abastecimiento de alimentos.

Cambio climático, incendios forestales, desastres naturales y conflictos pueden generar emergencias que afecten la disponibilidad y el acceso a los alimentos. Por ello, la senadora Ana Paola García, del Partido de la U, coordinadora sudamericana del Frente Parlamentario contra el Hambre, señaló que uno de los principales retos del nuevo periodo será construir una legislación que permita responder oportunamente ante estas situaciones.

“Necesitamos saber cómo responder frente a las emergencias en el tema alimentario, en el tema del fuego, que también estamos sufriendo con los incendios forestales, y tenemos que estar preparados con una legislación acorde con las emergencias”, sostuvo la senadora García.

La propuesta es avanzar hacia una ley que establezca mecanismos de respuesta ante emergencias generadas por el cambio climático, conflictos o fenómenos naturales, evitando que estas situaciones deriven en desabastecimiento alimentario.

Mujeres rurales y reducción del desperdicio

En el encuentro también se destacaron los avances legislativos alcanzados con el acompañamiento de la FAO, especialmente aquellos dirigidos a fortalecer los derechos y las oportunidades económicas de las mujeres rurales, campesinas y trabajadoras de la pesca.

La senadora Ana Paola García resaltó que el Congreso colombiano ha construido normas que hoy son referentes para otros países de la región.

“Con la ayuda de la FAO hemos construido importantes leyes que son referente a nivel regional, como es la ley de mujer rural campesina y de la pesca que llevaban 23 años las mujeres rurales colombianas y finalmente en el 2025 lo logramos”, señaló la congresista.

Por su parte, el representante de la FAO en Colombia, Agustín Zimmermann, destacó el papel del Frente Parlamentario en la construcción de marcos regulatorios que permitan enfrentar la inseguridad alimentaria y avanzar en políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la alimentación.

Una nueva agenda para el Congreso

Durante la jornada fueron presentados los ejes estratégicos para el periodo 2026-2030 y se anunció además la presentación de una proposición para conformar una Comisión Bicameral de lucha contra el hambre.

La representante a la Cámara Flora Perdomo explicó que la iniciativa ya fue presentada ante las secretarías del Senado y la Cámara de Representantes.

“Varios de los congresistas, tanto senadores como representantes, hemos presentado la proposición para conformar este frente parlamentario contra el hambre. Ya está en Secretaría de Senado y Cámara”, indicó la congresista Perdomo.

Finalmente, el Presidente del Senado reiteró que la lucha contra el hambre requiere una acción articulada y una construcción colectiva que permita enfrentar tanto el desperdicio de alimentos como las causas estructurales de la inseguridad alimentaria.

“Todos los que estamos aquí lo que buscamos es evitar el desperdicio de la comida apta para el consumo humano, hay que sensibilizar, formar y articular a todos los actores con un propósito común, que es el de erradicar, ojalá, el hambre y la desnutrición no solo en Colombia, en Suramérica sino en el mundo”, concluyó Henríquez.

Con esta agenda, el Congreso busca que durante el periodo 2026-2030 la lucha contra el hambre avance desde el diagnóstico hacia nuevas herramientas legislativas, con especial atención a la reducción del desperdicio de alimentos, el fortalecimiento del campo y la capacidad del país para garantizar el abastecimiento durante situaciones de emergencia.

Ministerios de Vivienda, Educación y Salud rindieron informe ante comisión bicameral de seguimiento al terremoto

La célula congresional aseguró que realizará audiencias públicas en los lugares afectados por el sismo.

Por: Isabel Colomna Sánchez

Bogotá D.C., septiembre 15 de 2026 (Prensa Senado). Nuevamente sesionó la Comisión Accidental Bicameral de Seguimiento a la Atención de los Damnificados por el Terremoto con el propósito de tener información sobre las acciones y planes de acción por parte de los ministerios de Educación, Vivienda y Salud.

La célula congresional se creó con el objetivo de acompañar las acciones que se realicen para atender a los afectados por el movimiento telúrico del pasado 10 de agosto, el cual impactó, especialmente, a las ciudades de Cali, Pereira y Manizales y al departamento de Chocó.

La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, afirmó que en el marco de la emergencia su cartera, en articulación con otras entidades territoriales y con instituciones prestadoras de servicios de salud, gestionó la referencia de pacientes provenientes de los territorios afectados hacia instituciones con capacidad resolutiva para garantizar la continuidad de la atención requerida.

La Ministra señaló que la información relacionada con las afectaciones a la infraestructura de salud ha sido recopilada con base en los reportes remitidos por las secretarías de Salud.

Dijo que tienen 30 instituciones que requieren recuperar su dotación biomédica, lo cual tendría un valor estimado de unos 35 mil millones de pesos.

Finalizó diciendo, que solicitará al Ministerio de Hacienda 1.9 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación de 2027 para atender las necesidades de la emergencia en el sector salud.

La viceministra de Educación, Gledy María Foliaco, dijo que, a nivel nacional, se afectaron 16 departamentos, pero los casos más críticos fueron Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó. En este último habría alrededor de 30 municipios afectados en materia educativa.

Asimismo, la funcionaria delegada de la cartera de Educación indicó que el trabajo que ha desarrollado ese ministerio ha sido de la mano con las diferentes secretarías de las entidades territoriales impactadas.

La viceministra Foliaco anotó que han desarrollado estrategias para poder iniciar en aproximadamente 2 semanas la prestación del servicio educativo al cien por ciento de la comunidad afectada.

Y expresó que elaboraron un mapa de control que tipifica los daños ocasionados en la infraestructura de los centros educativos, los servicios públicos y el impacto en los estudiantes y docentes de los territorios que sufrieron con el terremoto.

Entre tanto la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Mónica Saldarriaga Escobar, afirmó que hay muchas afectaciones en la infraestructura de los acueductos y restricciones en el servicio de agua en casetas de edificaciones.

“Ya estamos en la construcción de las fichas técnicas y ya terminamos con las visitas en territorio con el apoyo de los acueductos para restablecer el servicio”, aseguró la funcionaria.

Añadió que el Acueducto de Bogotá apoyó en Pereira y Valle del Cauca. “Seguimos trabajando para la restauración del servicio de agua y alcantarillado en las zonas afectadas”, precisó la Viceministra.

La senadora Norma Hurtado, coordinadora de la Comisión Accidental, expresó que se tienen previstas varias audiencias en las regiones afectadas.

“Esperamos llevarles buenas noticias a los damnificados del terremoto, porque ya hemos avanzado escuchando al Gobierno Nacional sobre lo que ha adelantado en la reconstrucción de los departamentos”, aseguró la senadora Hurtado.

Congreso instala comisión para atender las necesidades de los jóvenes

La célula congresional buscará la construcción de una agenda común frente a las expectativas de esta parte de la población.

Bogotá, 15 de septiembre de 2026. En el Salón Luis Carlos Galán del Capitolio Nacional se llevó a cabo una rueda de prensa liderada por los congresistas de diferentes partidos políticos Laura Daniela Beltrán, Jennifer Pedraza, Mauricio Toro, Duvalier Sánchez y Jaime Raúl Salamanca, junto con el Instituto de Política Abierta, en la que se presentó la Comisión Bicameral Accidental de Juventud.

El propósito de esta célula congresional es que los más de 12 millones de jóvenes colombianos que están entre los 14 y 28 años tengan un espacio en el Congreso de la República, en el que sus voces sean escuchadas, sus necesidades priorizadas y su liderazgo sea reconocido.

El senador Duvalier Sánchez, del Partido Alianza Verde, aseguró que entre los temas a priorizar para esta población está la salud mental y que haya “un sistema de salud que les dé tratamiento (a los jóvenes) para que se puedan evitar tragedias como el suicidio en esa población”.

Igualmente, el senador Sánchez agregó que se debe luchar para aumentar las oportunidades de estudios y laborales para los jóvenes.

“Ellos necesitan tener vínculos y ganchos laborales. Asimismo, requieren de la participación política. Por eso se necesita la aprobación del estatuto de ciudadanía juvenil. Siempre le ha faltado un debate para convertirse en ley de la República, para que ellos tengan un soporte legal para sus actividades y proyecto de vida”, señaló el senador.

De igual forma afirmó que la violencia es un tema que golpea fuertemente a los jóvenes. “En las zonas rurales ellos son víctimas de reclutamientos y no pueden ser revictimizados, al igual que sus familiares”, dijo.

El senador habló de la importancia de la articulación institucional para conseguir estos objetivos y de la importancia de que instancias como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Unión Europea y diferentes ONG participen de estos propósitos.

“Todos unidos aunando esfuerzos para que la comisión de juventudes trabaje y le sirva a la población juvenil del país”, advirtió.

Anotó que la agenda de trabajo conjunta estará orientada al seguimiento, impulso y promoción de los asuntos de interés de las juventudes en el Congreso de la República.

El encuentro alrededor de la Comisión Accidental de Juventud permitió establecer una hoja de ruta para articular esfuerzos y avanzar en acciones concretas frente a los principales desafíos y oportunidades de esta población en los diferentes territorios del país.

La célula congresional surge como respuesta a la necesidad de fortalecer los canales de interlocución entre el Congreso y las juventudes colombianas, en un contexto marcado por una creciente demanda de participación e incidencia política de las nuevas generaciones.

De acuerdo con información de varios de los congresistas integrantes de esta comisión, uno de los principales objetivos es que el Congreso de la República, desde diferentes orillas políticas, pueda construir una agenda común alrededor de las necesidades de las juventudes.

De esta manera, la Comisión Accidental de Juventud buscará escuchar directamente a las nuevas generaciones, promover la garantía de sus derechos, ejercer control político sobre las políticas públicas que las afectan y convertir sus demandas y necesidades en decisiones concretas del Estado.

La apuesta es acercar el Congreso a los jóvenes y garantizar que las voces de los distintos territorios del país tengan un papel activo en las decisiones que definirán su presente y su futuro.