En debate de control político, el director de la UNGRD se comprometió a agilizar los giros del subsidio de arrendamiento para los damnificados en la ciudad de Pereira.

Por: Isabel Colomna Sánchez

Bogotá D.C., 5 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). Por iniciativa de la senadora María Irma Noreña Arboleda (Partido de la U), la Comisión Segunda del Senado hizo un debate de control político al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo Roldán, para que informara sobre los subsidios de arrendamiento a las familias damnificadas por el sismo del 10 de agosto de 2026.

La senadora Noreña pidió acelerar el segundo y el tercer giro, revisar la reapertura del Registro Único de Damnificados y coordinar con las gobernaciones la entrega de los apoyos. También pidió informar claramente a las familias cuándo y cómo podrán recibirlos.

Entre tanto, el director de la UNGRD dijo que están trabajando para recuperar y reactivar las regiones afectadas: “En estos momentos los recursos están en manos de las gobernaciones, no están en un fondo, ni en una fiducia, inmediatamente llegaron, los trasladamos a las gobernaciones, quienes deben agilizar el trabajo con los operadores logísticos”.

La senadora Noreña dijo que la manera de entregar las ayudas internacionales recibidas no es coherente con los daños que causó el terremoto. Sobre las afectaciones en Pereira, dijo: “La verdadera tragedia se concentró en Pereira, sin desconocer el daño en los demás departamentos”.

“Estamos pidiendo que la distribución de las donaciones internacionales se haga con base en la cifra de damnificados, y que tengamos una información correcta para que las ayudas lleguen a quienes de verdad las necesitan”, agregó.

También le pidió al director de la UNGRD que explicara el criterio con el que se hizo la distribución de las ayudas, para que lleguen con equidad y justicia a los afectados por el sismo, “ya que la transparencia en los recursos es sagrada”.

“Hoy hemos pedido al director nacional de Gestión del Riesgo que acelere los procesos para que los damnificados de todos los territorios tengan los giros de los subsidios de arrendamiento, ellos merecen poder pagar un lugar donde vivir”, dijo.

Al finalizar el debate, agradeció la atención del director de la UNGRD y dijo que espera la pronta atención a las familias afectadas por el terremoto en Pereira, Risaralda. “El director nos informó que hay unos 95 mil millones de pesos disponibles para los arrendamientos de los damnificados y que en menos de una semana estarán disponibles”, dijo la senadora.

Con 79 votos a favor y uno en contra, la plenaria del Senado aprobó una tarifa intermedia de $7.800 más 20 % ad valorem, entre la propuesta del Gobierno y la que venía de las comisiones.

Por: Hamer Pachón

Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto de ley que actualiza el régimen del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco y extiende formalmente el marco tributario a los dispositivos electrónicos y vapeadores en el país. Con 79 votos a favor y uno en contra, aprobó el articulado, el título y la pregunta de si quiere que el proyecto se convierta en ley de la República.

El trámite arrancó con la confirmación de que la proposición favorable del informe de ponencia ya había sido aprobada, lo que dejó el camino despejado para la discusión del articulado.

Las bancadas de todos los sectores coincidieron en la necesidad de gravar los vapeadores. La discusión estuvo en la cuantía del gravamen.

La senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) propuso, mediante una moción de orden, reabrir la votación del informe de ponencia. Argumentó que la propuesta del Gobierno en la Ley de Rescate Fiscal plantea tarifas de $11.200, en línea con un concepto negativo de la ministra de Salud, Ana María Vesga, que califica el incremento de este proyecto como insuficiente para desincentivar el consumo. “No tiene sentido aprobar una tarifa menor a la del Gobierno si en un mes estaremos dando la misma discusión en la tributaria”, dijo Pedraza.

La moción fue negada. El senador Andrés Forero (Centro Democrático) dijo que esa propuesta del Ejecutivo ya había sido analizada e integrada al proyecto. El ponente, senador Juan Fernando Caicedo (Centro Democrático), defendió la cifra concertada de $7.800 en el componente específico más un 20 % ad valorem, con base en la curva de Laffer: “Cuando las tarifas son excesivamente altas, la realidad nos muestra que el consumo migra al contrabando. Buscamos el equilibrio exacto para recaudar y desincentivar sin disparar el mercado ilegal”.

Esta fórmula intermedia tuvo el respaldo del senador David Ricardo Racero Mayorca (Pacto Histórico), quien valoró el consenso frente a la cifra inicial de $5.100 que venía de las comisiones. El senador Héctor Olimpo Espinosa Oliver (Partido Liberal) destacó la urgencia de regular un mercado en el que un alto porcentaje de jóvenes ya usa vapeadores, y dijo que el impuesto llevará nuevos recursos al sistema de salud territorial.

El texto final mantuvo la distribución de recursos para Bogotá en una proporción 70-30 y la entrada en vigencia del gravamen seis meses después de la sanción presidencial.

El senador David Barguil (Partido Conservador) dejó constancia de sus dudas sobre el impacto del incremento en las rentas departamentales y sobre el riesgo de alimentar al crimen organizado. Las bancadas de Cambio Radical y En Marcha dijeron que el reto está en fortalecer el control aduanero y la fiscalización contra el contrabando en las fronteras.

Con esta decisión, al proyecto solo le falta la sanción presidencial para convertirse en ley de la República.