El Congreso en pleno tiene previsto elegir este martes el tribunal electoral.
Bogotá, D. C., 24 de agosto de 2026 (Prensa Senado). El Congreso en pleno tiene prevista para este martes 25 de agosto la elección de los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el próximo periodo institucional de cuatro años, una decisión mediante la cual Senado y Cámara definirán la conformación de uno de los organismos responsables de velar por el desarrollo de los procesos electorales y el cumplimiento de las reglas que rigen la participación política en Colombia.
El Consejo Nacional Electoral es un organismo autónomo e independiente que, junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil, hace parte de la Organización Electoral colombiana.
Entre sus responsabilidades se encuentran ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral, razón por la cual sus actuaciones abarcan asuntos relacionados con elecciones, partidos y movimientos políticos, campañas y garantías para quienes participan en las contiendas democráticas.
La Constitución Política establece que el CNE está integrado por nueve magistrados, elegidos por el Congreso de la República en pleno para un periodo institucional de cuatro años.
Sus integrantes son servidores públicos de dedicación exclusiva y deben cumplir las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos establecidos para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La elección se realiza mediante el sistema de cifra repartidora, previa postulación de candidatos por parte de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos.
De esta manera, corresponde a senadores y representantes reunidos en Congreso pleno votar por las diferentes planchas que se ponen a consideración del Legislativo para definir quiénes ocuparán los nueve puestos de esta autoridad electoral durante el nuevo periodo.
Las competencias del CNE tienen incidencia directa sobre diferentes momentos de los procesos democráticos. La Constitución le atribuye, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos, las disposiciones relacionadas con publicidad y encuestas de opinión política, los derechos de la oposición y las minorías, así como por el desarrollo de los procesos electorales con plenas garantías.
El organismo también tiene responsabilidades frente a los escrutinios electorales. Puede conocer y decidir los recursos interpuestos contra decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales y realizar la declaratoria de elección y expedir las respectivas credenciales. Asimismo, efectúa el escrutinio general de las votaciones nacionales y realiza las declaratorias de elección correspondientes.
Otro de sus campos de actuación está relacionado con los partidos y movimientos políticos. Al CNE le corresponde reconocer su personería jurídica, reglamentar su participación en los medios de comunicación social del Estado y colaborar en la realización de consultas internas para la escogencia de candidatos.
También ejerce funciones de inspección, vigilancia y control sobre la actividad electoral de las organizaciones políticas, sus directivos y candidatos.
El Consejo también interviene en asuntos relacionados con la financiación política y electoral. Entre sus atribuciones constitucionales está distribuir los aportes establecidos por la ley para financiar las campañas electorales y garantizar el derecho de participación política de los ciudadanos.
La legislación, además, le atribuye competencias para adelantar investigaciones administrativas y aplicar sanciones por incumplimientos de las normas que regulan a partidos, movimientos y candidatos.
A esto se suma su función como cuerpo consultivo en materias de su competencia y la posibilidad de presentar proyectos de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República.
La elección de este martes marcará, por tanto, el comienzo de un nuevo periodo en el Consejo Nacional Electoral. Los nueve magistrados que resulten elegidos por el Congreso en pleno asumirán responsabilidades que abarcan desde la vigilancia de partidos, campañas y procesos electorales hasta los escrutinios, la financiación política y las garantías para la oposición y las minorías, convirtiendo la decisión del Legislativo en uno de los procesos institucionales de mayor relevancia para el funcionamiento del sistema electoral colombiano.
