Un debate que redefiniría la soberanía tecnológica del país

Por: Isabel Escobar Gil.

Bogotá D.C., diciembre 1 de 2025 (Prensa Senado). - La Comisión Sexta del Senado abrió el debate que podría cambiar la forma en que el Estado colombiano usa y controla su tecnología.

En una audiencia pública con voces del Gobierno, la academia, organizaciones sociales y la comunidad digital, los congresistas discutieron el Proyecto de Ley 220 de 2025, una iniciativa que busca que las entidades públicas migren progresivamente a software libre y código abierto para fortalecer la soberanía tecnológica, reducir costos y garantizar mayor transparencia en el manejo de la información pública.

soberanía y futuro

La senadora Sandra Ramírez, quien lidera esta iniciativa, fue enfática al señalar que la discusión no se puede limitar a cables y códigos; para ella, el trasfondo es mucho más profundo:

“Lo que hoy discutimos no es únicamente un asunto técnico o de infraestructura digital, es un debate sobre libertad, soberanía, conocimiento, autonomía y el futuro de nuestro país, el futuro de nuestra sociedad”.

Además, quiso despejar cualquier duda aclarando que el objetivo no es declararle la guerra al software privado, sino simplemente darle más herramientas y opciones al Estado:

“Se trata de diversificar, de liberar capacidades, de abrir puertas a la innovación nacional. La experiencia internacional nos muestra que el software Libre funciona, genera ahorro público, fortalece la seguridad digital y dinamiza economías tecnológicas locales”.

En esa misma línea, el senador Óscar de Jesús Restrepo lanzó una alerta importante sobre el peligro de dejar el control de la información en manos de unos pocos:

“Nos preocupa, la monopolización de uno de los de los factores más importantes, que es el de las comunicaciones, y que no solamente, se monopolizan, sino que también van concentrando y privatizando un acumulado que tiene la humanidad, que es el de los conocimientos”.

Su visión es clara: hay que democratizar la tecnología para que el Estado alcance una verdadera soberanía digital.

Otras voces:

Aterrizando el tema en la realidad práctica, el director de Colnodo, Julián Casasbuenas, recordó que el software libre ya está transformando municipios en todo el país y destacó el enorme alivio financiero que esto representaría:

“El país podría ahorrar millones de dólares que hoy se van en licenciamiento privativo, renovaciones obligatorias y esquemas de dependencia tecnológica. Esos recursos podrían orientarse a conectividad, infraestructura educativa, formación y desarrollo local”.

Por su parte, la intención de trabajar en equipo quedó clara con Luci Urón, directora de Gobierno Digital, quien manifestó el compromiso del Ministerio TIC y propuso articular esfuerzos:

“Poder liderar mesas técnicas con todas estas entidades y poder garantizar que esta promoción que vamos a tener y cómo nos vamos a involucrar a cada una de estas entidades para garantizar el cumplimiento de este proyecto de ley”, dijo.

Finalmente, el respaldo también llegó desde el sector educativo. Jhorman Gutiérrez, delegado del Ministerio de Educación, subrayó que los beneficios trascienden lo económico; se trata de cómo educamos y pensamos: “Este proyecto de ley no es sólo una medida de austeridad, es una medida de independencia cognitiva y justicia educativa”.

El camino sigue abierto: la Comisión Sexta continuará recibiendo ideas para pulir el proyecto y avanzar hacia una política tecnológica que sea más abierta, sostenible y nuestra.

En gran parte del territorio nacional la campaña para renovar el Congreso está en riesgo por la actividad de organizaciones armadas. Preocupa el deterioro del orden público y hay desconfianza con políticas del gobierno.

Por: Jaime Arbeláez Ospina

Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2025. (Prensa Senado). - A casi una semana de iniciar en firme la campaña política para elegir el nuevo Congreso de la República en marzo de 2026, tras el cierre el lunes 8 de diciembre del proceso de inscripción de listas y candidatos, crece la tensión y preocupación de senadores, especialmente de quienes aspiran a repetir, por la inseguridad y peligro latente en gran parte del territorio nacional, por la actividad de organizaciones armadas ilegales.

Según cifras del Gobierno nacional, 104 municipios presentan riesgos de orden público, lo que exige coordinación entre las instituciones, dijo el miércoles anterior el Registrador Nacional, Hernán Penagos, en el panel ‘Garantías para la integridad electoral en Colombia: Elecciones 2026. 

“Se avecinan campañas al Congreso a la presidencia. Todos nosotros estaremos en las regiones, en las calles, en los pueblos, en los municipios y no nos sentimos seguros”, manifestó el senador de La U, Alfredo De Luque, y enfatizó que “vamos a asistir a un proceso electoral con circunstancias de seguridad que hay que atender con juicio”.

Y hay razón en el temor. El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay; los atentados en Cauca al senador Temístocles Ortega y en el Huila al representante Julio César Triana, de los que, por fortuna, salieron vivos; y las acciones terroristas de alias Iván Mordisco, que amenazó al país con interferir en los comicios:

“Quisimos que el proceso electoral tuviera los menores traumatismos posibles, pero, ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas”, afirmó, el senador De Luque.  

Carlos Julio González, Cambio Radical, quien a mitad de año habría sido declarado objetivo militar de las disidencias, según contó un asistente a una reunión en la vereda San Antonio del Pescado, en el municipio de Garzón, con líderes comunales obligados a participar, dijo que desde el Senado ha reclamado una y otra vez al Gobierno Nacional pasar del diagnóstico a la acción en esta materia. 

“El orden público se ha deteriorado a nivel nacional, y en el Huila las cifras son muy preocupantes. Hemos exigido medidas y acciones concretas que esperamos incluyan aumento y fortalecimiento del pie de fuerza, tecnología y videovigilancia, articulación y una intervención decidida y eficaz”, señaló el senador huilense.

En plenaria, el senador Nicolás Echeverry, Partido Conservador, se ha quejado de que existe una “ausencia total de política de Estado” para garantizar la protección de los congresistas. Y exigió que el Plan Democracia incluya un diálogo directo con las autoridades responsables de la paz y la seguridad electoral.

A la desconfianza que hay con el gobierno por los resultados de la ‘Paz Total’, se sumó esta semana que termina, la revelación de Noticias Caracol que la inteligencia del Estado estaría sirviendo a alias ‘Calarcá’. 

El general del Ejército Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal, y Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aparecen en chats, correos, fotos, cartas y memorias digitales que reflejan una estrecha cercanía con jefes de las disidencias de las Farc.

Con ese escenario, y ante los hechos de inseguridad, el pasado miércoles 26 de diciembre el presidente del Congreso Lidio García Turbay, desde el Capitolio Nacional, coordinó una mesa de seguimiento para evaluar la seguridad de los congresistas, con presencia de funcionarios y autoridades de la Casa de Nariño, el ministro del interior Armando Benedetti y altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía.  

El líder del legislativo, García Turbay, en diálogo con los periodistas reconoció que se ha mejorado el tema de la seguridad, pero dijo que persisten limitaciones logísticas que afectan la capacidad de respuesta.

“Ha habido avances muy favorables y tenemos que reconocerlo, pero, la Unidad Nacional de Protección no puede resolverlo todo. Las empresas proveedoras de vehículos dijeron que no tienen más carros disponibles, lo que genera un círculo vicioso”, manifestó García Turbay.

Auto protección

Mientras persiste el riesgo y la amenaza, a los parlamentarios les tocará aportar en su protección. En principio, se creará un mapa de movilidad ‘segura’ para anticipar riesgos y orientar los desplazamientos, especialmente en regiones con alertas activa, según se concluyó en la mesa de seguimiento.  

El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, anunció que las mesas de evaluación continuarán realizándose en las próximas semanas para asegurar que cada congresista cuente con condiciones adecuadas de movilidad y cuidado durante el proceso electoral.