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La iniciativa, del senador Enrique Cabrales, cumplió su trámite en el Congreso y pasa a sanción presidencial con el objeto de incentivar e incluir en la legislación“políticas públicas”que protejan y beneficien a “Familias Guardabosques”, de los cultivos ilícitos en el territorio nacional.
Bogotá, 3 de junio de 2026 (Prensa-Senado). -El Congreso de la República aprobó la Ley que crea políticas públicaspara “Familias Guardabosques”, con un imperativo: exige a los gobiernos de turno incentivar y proteger a las “Familias Guardabosques” de cultivos ilícitos.
El senador Enrique Cabrales exaltó la decisión del legislativo al aprobar el proyecto al destacar que dicha iniciativa retoma uno de los legados más importantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez: “demostrar que sí es posible enfrentar los cultivos ilícitos con autoridad, presencia del Estado y oportunidades reales para las comunidades”.
De acuerdo a los objetivos de la ley, evita que miles de familias campesinasque han vivido bajo el yugo de las economías ilegales, no sean tentados. En muchas regiones, la coca no ha sido una elección libre, sino la consecuencia, la presión de los grupos criminales y la falta de alternativas productivas.
Esta Ley busca cambiar esa realidad: “llevar legalidad donde hoy manda el narcotráfico, proteger los bosques donde avanza la deforestación y ofrecer ingresos dignos a quienes quieren trabajar la tierra dentro de la ley”.
Precisó el senador cabrales que “Familias Guardabosques no es solo una política ambiental. Es una política de seguridad, de desarrollo rural y de justicia social. Es decirles a los campesinos que no están solos, que Colombia necesita de ellos para cuidar la tierra y que el Estado debe acompañarlos con proyectos productivos legales, sostenibles y rentables”.
La nueva Ley contempla la focalización de territorios estratégicos, una etapa de transición económica para las familias beneficiarias, asistencia técnica, acompañamiento social y apoyo a proyectos productivos que permitan sustituir la dependencia de los cultivos ilícitos por economías legales.
El senador Cabrales fue vehemente en señalar que “El Gobierno Nacional ha demostrado lentitud e improvisación en la lucha contra los cultivos ilícitos. Con más de 300.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia, es momento de actuar. Mientras las cifras siguen creciendo, desde el Congreso gestionamos esta Ley para ofrecer soluciones concretas, sostenibles y centradas en las comunidades”.
Con la aprobación del proyecto en Senado y Cámara de representantes, el país da un paso para recuperar territorios, fortalecer a las comunidades rurales y devolverles a miles de familias la posibilidad de vivir de la tierra sin estar sometidas a la economía criminal.
A 18 días de concluir el periodo legislativo, la discusión sobre el futuro jurídico de esta cartera ministerial sigue siendo el punto central de la agenda en el Congreso.
Por: Catalina Silva
Bogotá, D. C., 02 de junio de 2026 (Oficina de Prensa, Senado) – Las Comisiones Primeras Conjuntas de Senado y Cámara de Representantes reanudaron este martes la discusión del proyecto de ley que busca otorgar una nueva base jurídica al Ministerio de la Igualdad y Equidad. En una sesión que se extendió por cerca de tres horas, los legisladores continuaron el proceso de votación de las proposiciones presentadas, manteniendo el debate activo a pesar de la proximidad del fin del cuatrenio.
Tensiones entre viabilidad fiscal y compromiso social
El debate se mantuvo bajo la misma tónica de sesiones anteriores, evidenciando las posiciones contrapuestas que han marcado el trámite de esta iniciativa:
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Postura de la oposición: Los sectores opositores reiteraron sus cuestionamientos sobre la responsabilidad fiscal del proyecto. Con el objetivo de despejar dudas sobre la viabilidad financiera del ministerio, exigieron nuevamente la presencia del Ministro de Hacienda en el recinto, señalando la necesidad de aclarar el impacto real que la creación definitiva de esta cartera tendría sobre las finanzas públicas del país.
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Postura del oficialismo: Por su parte, los congresistas de la bancada de Gobierno defendieron la pertinencia del ministerio, argumentando que la entidad es indispensable para garantizar una atención especializada y una oferta institucional efectiva para las poblaciones históricamente vulnerables, las cuales, según sostienen, han sido tradicionalmente invisibilizadas por la administración pública.
Estado del trámite
Aunque la sesión permitió evacuar un bloque importante de proposiciones, el debate aún no llega a la discusión del articulado propiamente dicho. El ritmo de la jornada refleja la complejidad técnica del proyecto y la profundidad de los desacuerdos políticos en torno a la estructura de la entidad.
Con el reloj legislativo marcando apenas 18 días para el final de la legislatura, el Congreso se encuentra ante una carrera contra el tiempo. El cumplimiento de los mandatos de la Corte Constitucional para evitar la liquidación definitiva del Ministerio de la Igualdad sigue siendo la prioridad que mantiene este proyecto en el centro del debate, el cual será retomado en la próxima citación de las comisiones primeras conjuntas.
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