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Emergencia económica divide al Congreso: crecen las dudas sobre el decreto del Gobierno

Senadores cuestionan nuevos impuestos y el uso de facultades extraordinarias, mientras el Ejecutivo defiende la medida.

Por: María Camila Fernández

Bogotá, D. C., febrero 8 de 2026 (Prensa Senado).

El decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional mantiene abiertas las diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso. En el Senado de la República, legisladores de distintas bancadas advierten riesgos fiscales y constitucionales asociados a la medida, mientras el Gobierno insiste en que existen hechos sobrevinientes que justifican el uso de facultades extraordinarias, en un debate que sigue marcando la agenda política y económica del país.

Durante la sesión de control político, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, sostuvo que el país no requiere decretos de emergencia sino mayor eficiencia en la administración pública. “El Estado colombiano no necesita decretos de emergencia económica, lo que requiere es un mejor gobierno, un mejor gasto público y el respeto a la Constitución del 91”, afirmó.

También cuestionó el momento en que fue expedido el decreto, señalando que se adoptó en medio del receso legislativo y la vacancia judicial, lo que, a su juicio, genera dudas sobre la oportunidad de la decisión.

Desde el Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda advirtió que el país no soporta nuevas cargas tributarias y pidió revisar la ejecución del gasto. “Colombia no resiste más impuestos y menos por decretos, necesita menos derroche, más ejecución y respeto”, expresó. Añadió que el gasto anual ha crecido significativamente frente a la inversión y planteó la necesidad de ajustes antes de trasladar nuevas cargas a los ciudadanos.

En la misma/orla conservadora, la senadora Esperanza Andrade señaló que la emergencia no puede utilizarse para resolver problemas estructurales. “El déficit en salud o la falta de consensos en el Congreso no son hechos sobrevinientes e imprevisibles”, afirmó, al cuestionar la coherencia entre el discurso económico del Gobierno y la declaratoria de emergencia.

Por su parte, congresistas del Pacto Histórico defendieron la medida. La senadora Aida Avella aseguró que la situación fiscal no fue originada por la actual administración, mientras que el senador Wilson Arias recordó que el Congreso aprobó el presupuesto general de la Nación sin garantizar su fuente de financiación. En esa línea, la senadora María José Pizarro sostuvo que quienes hundieron la ley de financiamiento actuaron en contra de los intereses del país.

Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, explicó que el decreto recoge lineamientos planteados previamente en la ley de financiamiento y los adapta a la coyuntura actual. Entre las disposiciones anunciadas se encuentran el incremento al 19 % en las apuestas en línea, la eliminación de beneficios tributarios para bebidas y licores, y la creación de un impuesto al patrimonio con el objetivo de recaudar 2,3 billones de pesos bajo criterios de progresividad.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que el país enfrenta un riesgo fiscal asociado al pago de la deuda pública y advirtió que una disminución en la capacidad de pago incrementaría el costo de la deuda.

Desde el sector Defensa, el ministro Pedro Arnulfo destacó que el incremento de ataques con drones en el último año ha generado nuevas presiones presupuestales, mientras que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, señaló que el aumento de la UPC al 13,42 % implica la necesidad de conseguir 3,3 billones adicionales no contemplados inicialmente en el presupuesto.

En la recta final del debate, el senador Guido Echeverri cuestionó la responsabilidad del Ejecutivo frente a los problemas estructurales del país y pidió asumir decisiones de fondo.

Con posiciones encontradas, el debate sobre la emergencia económica mantiene un fuerte pulso institucional. La última palabra la tendrá la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la legalidad del decreto y su alcance en el ordenamiento jurídico.

Caribe bajo el agua: Senadores exigen prevención real y alertas que sí salven vidas

Las lluvias estaban anunciadas, pero la reacción no llegó a tiempo. Desde el Congreso reclaman ejecución inmediata de recursos y activación efectiva de planes de contingencia.

Por: Johan Nassar Hower

Bogotá, 5 de febrero de 2026 (Prensa Senado)

Con comunidades enteras inundadas en Córdoba, La Guajira y otros departamentos del país, varios senadores lanzaron una alerta contundente: la tragedia no fue imprevisible.

Aunque existían advertencias por la temporada de lluvias, las medidas preventivas no se ejecutaron con oportunidad, lo que hoy deja pérdidas humanas, económicas y sociales. Desde distintas bancadas, los congresistas coincidieron en que la gestión del riesgo no puede seguir siendo reactiva cuando las alertas tempranas ya habían encendido las alarmas.

La senadora Paloma Valencia expresó su solidaridad con las familias damnificadas y cuestionó el manejo de los recursos destinados a la atención de emergencias. Insistió en que los fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres deben llegar directamente a los afectados y no desviarse de su propósito, especialmente cuando el país enfrenta eventos climáticos anunciados con anticipación.

Desde la región Caribe, el senador Fabio Amín hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y locales para activar las rutas de atención del riesgo y garantizar acompañamiento permanente a las comunidades impactadas. Subrayó que la respuesta institucional no puede limitarse a la atención posterior, sino que debe fortalecerse la prevención y la presencia del Estado en los territorios.

La senadora Martha Peralta advirtió que las emergencias por las fuertes lluvias han alcanzado niveles críticos en departamentos como La Guajira y Córdoba, donde comunidades enteras registran viviendas destruidas, colapso de vías rurales, pérdida de cultivos, desplazamientos forzados y riesgos sanitarios por aguas estancadas. Señaló que la magnitud de la afectación evidencia fallas estructurales en la gestión del riesgo y en los sistemas de alerta temprana.

El senador Alfredo Deluque fue más enfático al afirmar que las lluvias estaban anunciadas y, aun así, no se ejecutaron acciones preventivas. Cuestionó el rol de la UNGRD y aseguró que la falta de planeación y el uso indebido de sus recursos agravaron la emergencia. “El Caribe está inundado y no hay respuestas de la Nación”, afirmó, al reclamar una intervención inmediata del Gobierno central.

En ese mismo sentido, la senadora María Fernanda Cabal señaló que la tragedia que vive Córdoba refleja una ausencia del Estado en materia de prevención. Indicó que las calles convertidas en ríos y los hogares bajo el agua son consecuencia de años de falta de inversión en obras de mitigación y de una respuesta tardía frente a las alertas climáticas.

La senadora Ana Paola García Agudelo alertó que, tras más de 72 horas de lluvias torrenciales, persisten las alertas rojas en varias zonas del país y la afectación se extiende a municipios de Huila, Nariño y Tolima.

Insistió en la necesidad de una articulación inmediata entre la UNGRD y los ministerios competentes, así como en la activación efectiva de los planes de contingencia advertidos por el IDEAM.

García Agudelo recordó que Colombia cuenta con herramientas legales para mitigar el impacto en los damnificados, como alivios en servicios públicos, empleo temporal y subsidios de vivienda, pero advirtió que estas medidas solo son efectivas si existe planeación, transparencia y ejecución oportuna.

Finalmente, reconoció la labor de los organismos de socorro y reiteró que la gestión del riesgo no puede seguir siendo reactiva, sino preventiva y basada en alertas tempranas.

“Hay que reforzar la prevención”: el Senado pone la lucha contra el cáncer en el centro de su agenda

De cada 10 personas que son diagnosticadas en el mayor tipo de cánceres, entre 7 y 8, pueden recuperar su vida con un tratamiento oportuno y adecuado.

Por María Camila Fernández

Bogotá, D. C., enero 21 de 2026 (Prensa Senado).
En este Año Legislativo contra el Cáncer, el senador Carlos Julio González hizo un llamado urgente a reforzar la prevención frente a una enfermedad que sigue cobrando miles de vidas en el país.

Cada año, 58 mil colombianos reciben un diagnóstico de cáncer. Una cifra que, lejos de estabilizarse, va en aumento y que encendió las alarmas del senador Carlos Julio González. Desde el Capitolio, se realizó una campaña de prevención en donde el legislador advirtió que este panorama exige decisiones inmediatas y una política pública que actúe antes de que la enfermedad avance.
 
¿Qué opinión le merece esta iniciativa a propósito de esta campaña de la lucha contra el cáncer de próstata?

El cáncer es un problema que tenemos que enfrentar 58.000 nuevos diagnósticos anuales, una tasa de mortalidad muy alta. El año pasado, 3.500 mujeres murieron de cáncer cervical. La gran mayoría de ellas no debieron haber fallecido, puesto que este es un cáncer que es prevenible, previsible, anticipable, vacunable.

Es un cáncer que no merece que nadie muera por él. Por eso estamos trabajando, no solamente en la nota técnica de cáncer, en el plan decenal de cáncer, sino en generar sobre todo conciencia, porque el cáncer está muy relacionado con estilos de vida saludable, está muy relacionado con estilos de alimentación, tiene una inmensa relación con tamizajes, evaluaciones tempranas y diagnósticos precoces y atención oportuna. De cada 10 personas que son diagnosticadas en el mayor tipo de cánceres, entre 7 y 8 pueden recuperar su vida con un tratamiento oportuno y adecuado.

¿Está la legislación colombiana acorde con la actual medicina preventiva de Colombia o se necesitan ajustes para estos efectos?

Muchísimos ajustes y sobre todo de cultura y de conciencia social. Uno de los grandes problemas que tenemos, y el COVID-19 no nos aportó como hubiéramos deseado mayor conciencia sobre el valor de la vida y que sin salud no hay vida, es que muchísimas personas y eso nos incluimos la gran mayoría, tenemos unas prelaciones y tenemos una jerarquía de necesidades en donde la salud está de tercero y cuarto. 
 
Muchas veces estaba primero si rayó la moto o el carro, repararlo, comprarse algo, la decoración de su casa, el viaje o el paseo, pero no su salud. Los tamizajes tempranos, una citología, un antígeno prostático, una cita después de los 45 años anualmente y después de los 55 semestralmente donde el médico urólogo salva vidas, por supuesto que salva vidas, porque el cáncer por ejemplo de próstata es un cáncer muy común entre los hombres y es un cáncer que si usted tiene antecedentes familiares, papá, abuelo,  las probabilidades son del 75-80% que lo pueda también tener después de los 50-55 años, así que es muy importante la detección temprana, el diagnóstico oportuno y la atención inmediata.

Finalmente, el senador Carlos Julio González, dejó un mensaje claro: los avances científicos han transformado el manejo del cáncer. Enfermedades que hace una década causaban la muerte en pocos meses hoy permiten sobrevivencias de varios años, gracias a diagnósticos oportunos y tratamientos como radioterapia y quimioterapia de alta calidad. 
 
Pero, pese a estos progresos, el mayor desafío sigue siendo la conciencia individual: escuchar el cuerpo, mantener actividad física moderada, adoptar buenos hábitos alimenticios, cuidar el peso, la salud mental y manejar el estrés.
 
El senador insistió en que la clave está en fortalecer la medicina preventiva: un sistema de salud con cobertura total, capaz de diagnosticar temprano e intervenir a tiempo. Porque, dice, prevenir salva vidas, reduce el sufrimiento y evita muertes que sí pueden evitarse.