El senador por el Partido de la U radicó una serie de iniciativas legislativas para que hagan trámite en las próximas semanas.

Bogotá D. C., 30 de septiembre de 2026 (Prensa Senado).Fortalecer la lucha contra la utilización ilegal de armas de fuego, proteger la intimidad de las personas que aparecen en contenidos digitales, establecer requisitos de formación académica para determinados cargos de elección popular y acompañar integralmente a los boxeadores profesionales son los cuatro frentes de un nuevo paquete de proyectos presentado por el senador del Partido de La U Alfredo Deluque Zuleta.

Las iniciativas plantean respuestas diferentes a problemáticas que van desde la seguridad ciudadana hasta los desafíos generados por la exposición de la vida privada en plataformas digitales. También abren la discusión sobre la preparación académica de quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular y sobre las condiciones sociales, médicas y laborales de los deportistas que se dedican profesionalmente al boxeo. 

Uno de los proyectos propone fortalecer la prevención, investigación, judicialización y respuesta penitenciaria frente a la violencia asociada con armas de fuego sin permiso vigente. Para lograrlo plantea modificaciones a los códigos Penal, de Procedimiento Penal, de Infancia y Adolescencia y Penitenciario, combinando herramientas penales e investigativas con medidas destinadas a mejorar la trazabilidad de las armas.

Entre sus propuestas se encuentra un aumento de entre una tercera parte y la mitad de la pena cuando se demuestre que determinadas conductas relacionadas con armas fueron utilizadas para facilitar, preparar, ejecutar o garantizar la impunidad de delitos como homicidio doloso, extorsión, secuestro, concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes o terrorismo. 

También se contempla una ruta de priorización procesal para algunos casos, sin eliminar etapas ni disminuir los estándares probatorios. 

Otro componente busca fortalecer la identificación balística de armas incautadas, decomisadas, recuperadas o encontradas, así como de proyectiles y vainillas, para establecer posibles conexiones con otros hechos investigados.

La iniciativa incorpora protocolos de custodia e inventario para impedir que armas incautadas regresen a circuitos ilegales y contempla investigar cómo llegaron a manos de adolescentes y si estos fueron instrumentalizados por adultos o estructuras criminales. 

El proyecto también propone reforzar la infraestructura penitenciaria de alta y máxima seguridad y los mecanismos dirigidos a impedir que desde las cárceles continúen desarrollándose actividades criminales. Al mismo tiempo, establece que portar un arma sin permiso, tener una imputación relacionada con armas o encontrarse dentro de un trámite preferente no generaría automáticamente una medida de aseguramiento privativa de la libertad: esa determinación seguiría correspondiendo al juez mediante una valoración individual. 

La imagen en las redes no sería un permiso para siempre

Otra de las iniciativas entra en uno de los debates que ha adquirido relevancia con el crecimiento de las redes sociales y los creadores de contenido: el control de las personas sobre su propia imagen e información íntima. El proyecto establece reglas para que creadores de contenido, incluidos los influenciadores, obtengan consentimiento cuando utilicen la voz, imagen, información íntima o datos sensibles de otras personas, independientemente de su número de seguidores o de si reciben ingresos por la publicación. 

Ese consentimiento tendría que ser libre, informado y específico. Antes de otorgarlo, la persona deberá conocer para qué se utilizará el contenido, dónde será publicado, en cuáles plataformas aparecerá, si será monetizado, cuánto tiempo se prevé mantenerlo disponible y cuál será el mecanismo para solicitar su retiro. Además, quien haya autorizado la utilización de su imagen o información podrá revocar posteriormente el consentimiento sin necesidad de explicar sus razones. 

La iniciativa fija un plazo máximo de diez días hábiles para adoptar las medidas de retiro de contenidos que estén bajo control directo del creador. Sin embargo, el proyecto no busca establecer una licencia estatal para crear contenidos e incorpora una excepción relacionada con información de interés público cuando sea necesaria para garantizar las libertades de expresión, información y prensa, así como el control ciudadano o la denuncia. También prevé reglas reforzadas para niños, niñas y adolescentes y víctimas de violencia. 

Formación académica para ocho cargos de elección popular

Un proyecto más, en este caso de acto legislativo, propone modificar los requisitos para acceder a ocho cargos de elección popular: Presidente y Vicepresidente de la República, senadores, representantes a la Cámara, diputados, gobernadores, alcaldes y concejales. La propuesta consiste en exigir un título de educación superior, que podría corresponder a los niveles técnico profesional, tecnológico o profesional universitario. 

La iniciativa implicaría cambios constitucionales y legales, entre ellos una modificación al artículo 191 de la Constitución para incorporar el requisito académico para quien aspire a la Presidencia de la República. Según el documento, el propósito es fijar un nivel mínimo de preparación para personas que ejercerán responsabilidades relacionadas con legislación, administración pública, presupuesto, manejo de recursos y control político. El propio proyecto precisa que un título académico no constituye por sí mismo garantía de una buena gestión pública. 

Una política para acompañar al boxeador antes y después del ring

La cuarta propuesta está dirigida al boxeo profesional colombiano y busca crear una política pública nacional permanente para acompañar a estos deportistas durante su carrera y después de su retiro. Entre las herramientas planteadas está un Registro Nacional del Boxeo Profesional, administrado por el Ministerio del Deporte, con información sobre trayectoria, combates, resultados, títulos y clasificaciones. La iniciativa se refiere específicamente al boxeo profesional y no al aficionado. 

El proyecto contempla la posibilidad de desarrollar programas de apoyo para preparación física y técnica, competencias internacionales, alimentación deportiva, asistencia médica, rehabilitación de lesiones y formación académica. 

En materia de salud, los organizadores de combates tendrían que garantizar condiciones mínimas de seguridad, valoración médica previa, atención durante las peleas, traslado asistencial y cobertura frente a riesgos. Estos apoyos estarían sujetos a criterios objetivos y disponibilidad presupuestal. 

Uno de sus componentes centrales sería el Programa de Transición del Boxeador Profesional, orientado a preparar al deportista para el momento en que termine su carrera mediante educación financiera, emprendimiento, formación para el trabajo y nuevas alternativas laborales. La iniciativa no crea pensiones ni derechos económicos automáticos, tampoco una nueva entidad o planta de personal en el Ministerio del Deporte. 

El propósito, según sintetiza el documento, es que Colombia acompañe a sus boxeadores no solamente cuando están “arriba del ring, sino durante toda su carrera y también cuando llega el momento de retirarse”.