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A sanción presidencial nuevo Régimen Aduanero

El Senado dio un paso fundamental para instaurar nuevas herramientas jurídicas que permita que las sanciones en la legislación aduanera se adapten a los cambios que rige las necesidades del comercio internacional, decisión mayoritaria que tuvo consenso no solo de todas las bancadas políticas de la corporación, sino de los sectores gubernamentales y gremios, que tienen que ver con el sector comercial del país.

 

Por Olga Materón

 

Bogotá, D. C, 11 de junio de 2026 (Oficina de Prensa, Senado) El proyecto que tiene 114 artículos, fue ampliamente discutido y aprobado tanto en las comisiones segundas del Congreso, como en la plenaria del Senado, dando cumplimiento a la exigencia de la Corte Constitucional de establecer en la legislación el nuevo régimen sancionatorio y decomiso de mercancías en materia aduanera.

 

La senadora Paola Holguín, Centro Democrático, destacó el consenso para aprobar la iniciativa: “se logró acumular el proyecto del Gobierno y el de los gremios en un 100 % y se realizó a través de 27 mesas técnicas. Además, ha sido conciliado con el Ministerio de Hacienda, la DIAN, expertos en el tema, congresistas de Gobierno y congresistas de oposición en un debate meramente técnico”.

 

Los senadores de diferentes bancadas insistieron en la necesidad y urgencia de aprobar el proyecto por cuanto contaba con un mensaje de urgencia e insistencia por parte del Gobierno. La senadora Gloría Flórez, Pacto Histórico, enfatizó la urgencia de esa nueva ley porque “se debe cumplir lo que exige la Corte Constitucional”.

 

Así mismo, la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde dijo estar de acuerdo con la aprobación de este proyecto de ley y advirtió que, de no hacerlo, “quienes se benefician son los contrabandistas y los bandidos”.

 

A pesar de la solicitud del senador Manuel Piravique, del MIRA, de aplazar la discusión y votación del proyecto por considerar “que todavía hay muchas inquietudes…”, las mayorías se impusieron y facilitaron el trámite de la iniciativa, que pasa a sanción presidencial.

 

De esa forma, el Senado de la República le cumplió a la Corte Constitucional y al país, entregando una herramienta clara que da seguridad jurídica para seguir combatiendo el contrabando y el lavado de activos en Colombia.

 

Acabar de una vez por todas el cobro de reconexión de los servicios públicos domiciliarios a estratos 1, 2 y 3, la consigna del Presidente del Congreso

Hoy en Colombia se convirtió en un gran negocio las empresas prestadoras de servicios públicos… muestran desidia frente a la necesidad de los usuarios que no tienen cómo pagar un servicio y se lo cortan”, aseveró el presidente del Senado Lidio García Turbay.

 Por Luis Fernando García Forero.

Bogotá, D. C, 12 de junio 2026 (Prensa-Senado).-

 

Al concluir la Audiencia Pública Crisis Tarifaria y Justicia Energética, realizada en Cartagena y convocada por el presidente del Senado, Lidio García Turbay, el alto dignatario del legislativo fue concluyente en afirmar que la crisis energética del Caribeque incluye las altas tarifas de energía “no es un problema de región, es un problema de país”. Por esoanunció que insistirá en tramitar una ley que permita eximir del cobro de reconexión de los servicios públicos domiciliarios a las familias de estrato uno, dos y tres.

 

García Turbay hizo un llamado a los congresistas nuevos y actuales delCaribe colombiano para unir esfuerzos por toda nuestra gente que necesita y pide a gritos una soluciónpara lograruna tarifa de energía eléctrica, por lo menos posible de pagar en cada uno de nuestros hogares. Dijo que es testigo de ver gente “llorando mostrándole a uno el recibo de energía eléctrica porque es imposible pagarlo”.

 

Fue enfático al señalar: “El Caribe hoy solo sirve para poner votos, para elegir presidentes y para atenderlos súper bien. Pero jamás para buscar soluciones a este tipo de problemas que nos aqueja a todos

 

Al agradecer la asistencia y participaciónde personalidades y ciudadanos en el evento, García Turbay dijo: “Este es un problema, de aproximadamente 12 millones de colombianos, que el gobierno nacional y el centralismo de este paísnunca han querido mirar para el Caribe”. 

 

Voces de los participantes

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana,fue directo en señalar que “el Caribe ha soportado una paradoja que resulta difícil de explicar. Somos una de las regiones que más aporta a la seguridad energética del país, pero a la vez la que paga los costos más altos y el peor servicio.

 

El mandatario departamental cuestionó:¿Por qué cuando se empezó a hablar del metro de Medellínse tuvo que buscar la solución en la nación¿Por qué cuando se empezó a hablar del metro de Bogotá la respuesta estuvo en la nación?, cuando hubo la crisis cafetera, la respuesta también estuvo en la nación, cuando la crisis financiera de los años 90, salimos todos los colombianos a ayudar y a darle la mano al sistema financiero. Pero el problema de la energía del Caribe ha sido solo del Caribe. Enfatizo que: “el problema de energía en el caribe colombiano no es un problema regional sino nacional

 

Adicionalmente señaló quelas pérdidas del sistema no pueden seguir siendo tratadas como un problema regional, las pérdidas son un problema del sistema eléctrico colombiano”, por eso propuso avanzar en un mecanismo nacional y transitorio de solidaridad tarifariaque permita distribuir parte de los costos asociados a las pérdidas no técnicas mientras se ejecuta un programa verificable de reducción de las mismascrear un fondo nacional para la transformación energética de las zonas prioritarias del Caribe y destinar recursos para garantizar a todos los usuarios acceder a un mínimo vital de energía”, entre otras soluciones.

 

Fue contundente en concluirNecesitamos inversionistas que crean en la región, pero también necesitamos que las familias del Caribe puedan pagar su factura sin sacrificar la alimentación de sus hijos. Ese es el verdadero significado de justicia energética.

Plan Nacional de Desarrollo como solución

El alcalde de Cartagena Dumek Turbaypropuso que la solución debe ser políticatras señalar que        se ha concertado con los mandatarios locales del caribe: “gane quien gane las elecciones a la presidencia de Colombia, el Congreso que se posicionará el 20 de julio no debe aprobar el plan nacional de desarrollo que va a regir por los próximos cuatro años, si no se soluciona este problema del abuso frente a la tarifa, si no se resuelve de una vez por todasEl plan nacional de desarrollo no puede tener un aval de la bancada Caribe, de los alcaldes y los gobernantes del Caribe, si no hay una solución definitiva

 

Fue concluyente en advertir: “nos llegó la hora de pararnos en la raya.Si no hay justicia en la tarifa de energía para el Caribe, pues no puede haber desarrollo para el resto de la nación.

Problema estructural

 

En el evento se abrió paso a un panel moderado por el director del Noticiero del Senado, Humberto Mendieta, en el que participaron Yadira Morales, Contraloría Distrital de Cartagena, Andrés David Ospina de Acolgen, Juan Camilo Olivero, de la ANDI seccional Bolivary Fabián Rivera, gerente general de AFINIA. Todos coincidieron que el problema es estructural.

 

“Si la respuesta y el respaldo no proviene de quien realmente tiene el músculo y la capacidad de responder por una deuda histórica, vamos a seguir en un ciclo vicioso y creo que la situación en vez de mejorar podrá volverse más crítica”, destacó la contralora distrital de Cartagena Yadira Morales, mientras que Juan Camilo Olivero, de la ANDI seccional Bolívar dijo: las tarifas son un síntoma, no es la enfermedad”, al mencionar que atacar una empresa y pedir que se cambie no va a resolver el problema, no va a resolver la enfermedad per sé, porque no hemos logrado tener esa resolución del problema estructural.

 

Por su parte el Senador Antonio Zabarain manifestó: La crisis tarifaria que vive la región Caribe no es producto de un fenómeno climático ni de una coyuntura temporal, ni mucho menos de una fatalidad del mercado. Es la consecuencia lógica de años de decisiones regulatorias equivocadasde una planeación insuficiente y de un modelo que terminó trasladando al ciudadano los costos de los errores del propio sistema. El diseño regulatorio del mercado eléctrico colombiano no está funcionando, así lo demuestra la situación de la Costa Caribe”.