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Senado mide el conocimiento ciudadano sobre jornada electoral del 8 de marzo

Con el propósito de fortalecer la pedagogía democrática y la participación informada, el Senado a través de su cuenta X, impulsa sondeos de opinión orientados a identificar qué tanto se conoce sobre la contienda electoral prevista para el domingo 8 de marzo.

Por Olga Materón

Bogotá, D. C, 1 de marzo de 2026 (Oficina de Prensa Senado)

A través de preguntas breves, el Senado de la República busca fomentar el interés en asuntos públicos, promover la interacción con los usuarios y a su vez, detectar vacíos informativos que pueden ser abordados a través de contenidos pedagógicos.
Resultados del sondeo de esta semana:

¿La tarjeta electoral es el documento en el cual el sufragante o elector ejerce su derecho al voto?

El 85 % dijo que sí
El 15 % dijo que no

¿Quiénes pueden votar en las elecciones del 8 de marzo?

El 8 % seleccionó la opción Ciudadanos en Colombia
El 35 % eligió la opción Ciudadanos con Cédula
El 7 % votó por la opción Colombianos mayores de 16 años

¿En las elecciones del 8 de marzo usted sabe cuántas tarjetas electorales estarán a disposición de los ciudadanos?

El 4 % votó por Para elegir Senado
El 4 % votó por Consultas interpartidistas
Las elecciones del 8 de marzo tienen un alto impacto para el país.

Medir el nivel de conocimiento frente a la jornada electoral, resulta clave para orientar estrategias comunicativas y pedagógicas que aporten a una participación consciente, informada y masiva.

Siga nuestras redes sociales y participe cada semana en los sondeos de opinión.

Debate sobre Ecopetrol y subsidios energéticos marca agenda en el Senado

El senador José David Name, Partido de la U, se pronunció sobre la eventual venta de activos en el exterior, el pago de subsidios eléctricos y el panorama del gas en Colombia.

Por: Yanith Rueda Navarro

Bogotá D.C., febrero 27 de 2026 (Prensa Senado)

En medio del debate nacional sobre la política minero-energética y la sostenibilidad del sistema, el Senado, a través de la Comisión Quinta, abordó temas relacionados con Ecopetrol, el pago de subsidios eléctricos y la seguridad energética del país.

El senador José David Name señaló que, según lo informado por directivos de Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda, no existe una decisión formal para vender activos estratégicos en el Permian (Texas, Estados Unidos). Indicó que cualquier eventual enajenación requeriría condiciones técnicas y financieras específicas.

Subsidios y estabilidad del sistema eléctrico

El congresista se refirió a la situación de los subsidios a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, señalando la importancia de garantizar el flujo oportuno de recursos para evitar afectaciones en la prestación del servicio, especialmente en regiones con mayores niveles de vulnerabilidad.

Subrayó que la sostenibilidad financiera de las empresas distribuidoras es clave para la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Gas, tarifas y autonomía energética

En cuanto al mercado del gas, el senador indicó que el incremento en las importaciones podría generar presiones sobre las tarifas para usuarios residenciales e industriales. Señaló que el impacto podría reflejarse en las facturas de los hogares.

Asimismo, insistió en que la transición energética debe desarrollarse de manera gradual y planificada, garantizando estabilidad en la exploración y explotación de hidrocarburos, con el fin de preservar la seguridad energética del país.

El congresista planteó la necesidad de fortalecer la inversión en el sector energético, promover nuevos proyectos de exploración y asegurar el cumplimiento de los compromisos relacionados con subsidios para los estratos 1 y 2.

El debate es un tema que sigue liderando la agenda en dicha célula legislativa y se enmarca en la discusión nacional sobre el equilibrio entre transición energética, estabilidad económica y protección de los usuarios.

Proyecto de decreto para trasladar $25 billones de fondos privados a Colpensiones genera reacción en el Senado

Senadores advierten impactos sobre el ahorro pensional tras propuesta del Gobierno que trasladaría capital y rendimientos financieros acumulados hacia Colpensiones.

Por Camilo Correa Álvarez.
Bogotá, D. C, 26 de febrero de 2026 (Prensa-Senado)

El anuncio del proyecto de decreto, liderado por el ministro de trabajo, Antonio Sanguino, de trasladar $25 billones de los Fondos de Pensiones a Colpensiones, ha generado diferentes reacciones de diferentes sectores que no ha sido ajeno a la opinión de algunos senadores.

Aunque la Corte Constitucional no ha fallado en firme sobre la constitucionalidad de la reforma pensional, el Ministerio de Trabajo empezó a avanzar en la implementación de algunos artículos que fueron exceptuados de la suspensión de la aplicación de esa norma, con el fin de modificar parcialmente el sistema mientras persiste la incertidumbre jurídica.

La iniciativa gubernamental la argumenta el Gobierno en lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024: “Las AFP deberán efectuar la totalidad del traslado de los recursos a que se refiere el presente decreto, en un término no superior a 15 días hábiles siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto o dentro del mes siguiente a la fecha de aceptación del traslado, cuando este ocurra con posterioridad a la vigencia de este decreto”, se lee en el borrador del decreto.

La senadora Norma Hurtado se refirió al proyecto de decreto y alertó que va en contravía de lo que está dispuesto en la ley: "Anticipar ese traslado libera caja al Gobierno y abre la puerta a que el ahorro de la vejez termine financiando gasto público corriente".

Aseguró la senadora Hurtado que desde el Senado ya se había advertido lo que podría pasar con esos recursos. forma pensional que sigue en un limbo jurídico. "Por eso propusimos reglas y plazos estrictos para blindar esos recursos. El ahorro pensional no es caja menor del Estado. Es un derecho de los trabajadores y debe respetarse", afirmó en su cuenta de X.

De otra parte, la senadora del centro Democrático Paloma Valencia dijo en redes que en caso de ser expedido el decreto, lo demandará ante la Corte, pues considera que el Gobierno Nacional “va a empezar a pagar subsidios y pensiones de otras personas con la plata de quienes han ahorrado”.