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El Gobierno presentó un plan para formalizar la contratación de los prestadores, mientras se definen los recursos para cubrir un déficit de 2,7 billones de pesos.

Por: Yanith Rueda Navarro

Bogotá D.C., 23 de octubre de 2026 (Prensa Senado). La Comisión Séptima del Senado de la República examinó la situación del modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que atiende a cerca de 850.000 afiliados y registra en 2026 un déficit de 2,7 billones de pesos, y las medidas que el Gobierno Nacional prepara para estabilizarlo.

El debate de control político fue citado por la senadora Claudia Margarita Zuleta, del Centro Democrático, para conocer la situación financiera, contractual y asistencial del modelo definido en el Acuerdo 003 de 2024. Participaron el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Salud, Fiduprevisora, y delegados de las carteras de Hacienda y Salud, y la Contraloría.

Según las cifras presentadas por estas entidades, el gasto en salud del Fondo se duplicó entre 2022 y 2025, y para 2026 se apropiaron 3,7 billones de pesos frente a una necesidad estimada de 6,4 billones. Para cubrir parte de la diferencia se trasladaron 859.000 millones de pesos desde el componente de pensiones y resta un saldo de 1,8 billones. De unos 2.800 prestadores, solo uno cuenta con contrato formal.

La Superintendencia de Salud mantiene una medida cautelar hasta diciembre de 2026 y la Contraloría registra hallazgos fiscales por cerca de 694.000 millones de pesos en los últimos cuatro años. La Contraloría advirtió que los recursos adicionados alcanzarían hasta noviembre.

Frente a este panorama, el Gobierno anunció en el Senado un plan para formalizar la contratación con los prestadores, que prevé un comité de contratación el 20 de noviembre y una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del fondo a finales de ese mes, además del fortalecimiento de la auditoría y del control del gasto.

Varios ministerios trabajan en mesas técnicas para reducir ineficiencias y definir fuentes de recursos, y se prevé un nuevo Consejo Directivo el 30 de octubre. La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, señaló que “este gobierno se compromete a buscar los mecanismos a través de los cuales podamos ofrecer de una manera concertada un mejor servicio de salud”.

Los congresistas pidieron un plan de estabilización financiera, garantías de continuidad en los tratamientos, una mesa para pacientes crónicos del magisterio, revisar el modelo y la Ley 91 de 1989, nombrar al presidente de Fiduprevisora en propiedad y precisar cuándo se devolverán los recursos de pensiones y cesantías trasladados a salud.

La senadora Nadia Blel Scaff, del Partido Conservador, pidió profundizar las investigaciones sobre el costo de los medicamentos, que por afiliado pasó de 800.000 pesos en 2024 a 1,4 millones en 2026. Quedan por definir las fuentes para cubrir el saldo de 2026 y el futuro del modelo del Acuerdo 003 de 2024.

Durante todo el miércoles, las comisiones primeras de Senado y Cámara debatieron y votaron la ley de sometimiento en el recinto en el que sesiona la Plenaria del Senado

Luego de su aprobación en las comisiones primeras de Senado y Cámara, la iniciativa se prepara para su paso por el pleno de las dos corporaciones.

Bogotá D. C., 23 de octubre de 2026 (Prensa Senado). En las próximas semanas, la Plenaria del Senado espera debatir y votar el proyecto de ley de sometimiento de grupos armados ilegales, cuyo primer debate se cumplió esta semana en las comisiones primeras de Senado y Cámara.

La iniciativa, de autoría del Gobierno Nacional, reforma la ley 418 de 1997 -también conocida como ley de orden público- y crea mecanismos para que las organizaciones delincuenciales que así lo decidan se sometan a la justicia.

Dentro de los propósitos que han hablado el Ejecutivo y varias bancadas en el Senado están que se logre no solamente el sometimiento de los integrantes de estos grupos, sino también el desmantelamiento de sus estructuras con las condiciones que ha ido aprobando el Congreso y que avanzaron esta semana en las comisiones primeras.

En el primer debate del proyecto de ley, el senador por el Centro Democrático Hernán Darío Cadavid, ponente de la iniciativa, expuso que la norma plantea mecanismos para garantizar el orden público, la acción legítima de la Fuerza Pública y la judicialización de las organizaciones criminales.

Para ello se proponen mecanismos de sometimiento a la Constitución y la ley, una intervención territorial integral y se busca proteger el derecho de las víctimas.

“No hay una distinción para el que alegue una ideología política; no hay una distinción para el miembro de banda criminal. Los que se quieran someter, todos proceden de manera individual o colectiva bajo unas mismas normas”, aseguró el senador.

Asimismo, el congresista señaló que el proyecto de ley contempla la intervención territorial integral a partir de acciones de recuperación del control institucional, transformación de los territorios y prevención de nuevas estructuras criminales.

El sometimiento -según lo que se ha aprobado hasta el momento- estaría dividido en dos fases, una administrativa y otra judicial.

La primera fase estará a cargo del Gobierno Nacional, que recibirá la solicitud, identificará la estructura, integrantes, armas, bienes y economías ilícitas, establecerá la hoja de ruta para el desarme, entrega de bienes y demás obligaciones.

De igual forma, se irá verificando el cumplimiento progresivo de los compromisos y se suscribirá un acta de sometimiento que se remitiría a la autoridad judicial.

De acuerdo con el senador Cadavid, en la segunda fase, la de judicialización, “los aportes a la verdad no son voluntarios o discrecionales, son obligatorios para poder obtener el beneficio”.

En esta etapa, la autoridad judicial evalúa la contribución efectiva, determina las consecuencias jurídicas y se decide el beneficio conforme a lo que se termine aprobando en el Congreso de la República en las próximas semanas.

“Cuando un miembro de grupo criminal se proponga para el sometimiento y sea responsable de reclutamiento de un menor de 14 años, no tendrá el beneficio del sometimiento”, afirmó el senador Cadavid.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, señaló que esta ley ofrece reducciones de hasta el 50 % de la pena para integrantes de estas organizaciones criminales y hasta un 30 % para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo.

Tras un extenso debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara, la ley de sometimiento quedó lista para su paso a las plenarias de ambas corporaciones, donde espera concluir su trámite en las próximas semanas.