La elección se realizó en la noche del martes 25 de agosto, tras la votación de tres planchas. La primera obtuvo seis curules, la segunda dos y la tercera una, de acuerdo con una cifra repartidora de 28,00.

Por María Camila Fernández

Bogotá D. C., 26 de agosto de 2026 (Prensa Senado). En una jornada que se extendió hasta altas horas de la noche, el Congreso de la República, reunido en pleno, eligió este martes 25 de agosto a los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral, CNE, para el periodo 2026-2030.

La elección se definió a partir de tres planchas. La primera estuvo integrada por Nubia Stella Martínez, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemos, José Antonio Parra y Plinio Alarcón; la segunda por Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista, Guillermo Avella, Alirio Uribe y Gabriel Bustamante; y la tercera fue presentada por Cambio Radical, con Gersel Pérez como único candidato.

En la votación, la primera plancha obtuvo 169 votos, la segunda alcanzó 77 votos y la tercera consiguió 28 votos. De acuerdo con estos resultados, la cifra repartidora fue de 28,00, lo que permitió asignar seis curules a la primera plancha, dos a la segunda y una a la tercera.

De esta manera, el nuevo Consejo Nacional Electoral quedó conformado por:

Entre los elegidos está Nubia Stella Martínez, del Centro Democrático, quien fue directora nacional de esta colectividad y ha desarrollado buena parte de su trayectoria en la organización política del partido.

Por el Partido Liberal fue elegido Silvio Carrasquilla, exrepresentante a la Cámara por Bolívar y exalcalde de Turbaco, mientras que el Partido Conservador estará representado por Juan Carlos Wills, exrepresentante a la Cámara por Bogotá.

La representación del Partido de la U estará en manos de Juan Felipe Lemos, quien fue representante a la Cámara y senador de la República por esta colectividad. A ellos se suman José Antonio Parra, postulado por Salvación Nacional, y Plinio Alarcón, quien obtuvo una de las seis curules de esta plancha con el respaldo del Partido MIRA.

Por el Pacto Histórico fueron elegidas Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista. Rusinque, abogada, ha ocupado diferentes cargos en el sector público, entre ellos el de superintendente, mientras que Bautista, también abogada, ha estado vinculada a la administración pública, incluida la Agencia Nacional de Tierras.

La novena curul quedó en manos de Gersel Pérez, candidato de Cambio Radical, cuya colectividad presentó una tercera plancha independiente. Con 28 votos, obtuvo la novena curul, al alcanzar la cifra repartidora establecida para la elección.

Con esta elección, siete colectividades quedaron representadas con un magistrado cada una: Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Salvación Nacional, MIRA y Cambio Radical. El Pacto Histórico contará con dos magistradas.

Los nueve magistrados ejercerán durante el periodo 2026-2030 y estarán al frente de un organismo fundamental para el sistema electoral colombiano. Entre sus atribuciones se encuentran regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral, así como ejercer funciones relacionadas con los partidos y movimientos políticos, sus directivos y candidatos, la financiación de las campañas y los escrutinios.

La nueva composición del CNE tendrá especial relevancia de cara a los próximos procesos electorales y a las decisiones que deberá adoptar el organismo en materia de partidos y movimientos políticos, campañas, financiación electoral y garantías para el ejercicio democrático.

La congresista por Alianza Verde presentó la iniciativa en el Congreso de la República. Bogotá D.C., 26 de agosto de 2026. (Prensa Senado). Con el objetivo de endurecer las penas por delitos cometidos contra los animales, en el Congreso de la República se presentó un proyecto de ley denominado la “Ley Ángel 2.0”. Esta iniciativa, radicada por la Senadora por Alianza Verde Andrea Padilla, busca transformar de manera integral la legislación vigente en Colombia, estableciendo por primera vez -de forma explícita- el principio de no regresividad. Esto significa que ninguna ley, norma o decisión administrativa posterior podría reducir, flexibilizar o desmontar los niveles de protección que los animales ya han alcanzado en el ordenamiento jurídico colombiano. El proyecto nace como una respuesta contundente ante los vacíos punitivos y normativos que aún persisten en la actual Ley 1774 de 2016. A pesar de los avances históricos en el reconocimiento de los animales como seres sintientes, las autoridades y organizaciones sociales coinciden en que las penas actuales resultan insuficientes para frenar casos graves de tortura, abandono masivo y crueldad deliberada. Con esta propuesta se pretende no solo endurecer las sanciones penales y administrativas, sino también cerrar la puerta a retrocesos normativos motivados por intereses económicos o presiones sectoriales. Entre los ejes fundamentales del documento se destaca el endurecimiento de los estándares de responsabilidad para los tenedores, criadores y comercializadores de animales. En este sentido, la iniciativa contempla un marco sancionatorio mucho más severo contra quienes cometan actos de maltrato, incluyendo penas de prisión más altas, multas económicas considerables e inhabilitaciones definitivas para la tenencia o trabajo con animales. Asimismo, fortalece las facultades inspectoras de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para intervenir con mayor celeridad en situaciones de flagrancia. Uno de los componentes más innovadores de la llamada “Ley Ángel 2.0” es su enfoque pedagógico y resocializador. A diferencia de esquemas puramente punitivos, la propuesta obliga a que las personas condenadas por delitos contra los animales se sometan a programas de reeducación, trabajo comunitario en refugios y atención psicológica obligatoria. Esta medida busca atacar la raíz de la violencia, promoviendo una verdadera empatía y previniendo la reincidencia en conductas agresivas que, como sugieren diversos estudios sociológicos, suelen ser el preludio de la violencia intrafamiliar y social. La Senadora Padilla, autora principal de la iniciativa, destacó la urgencia de elevar el debate normativo a un nivel ético superior dentro de la agenda legislativa de este semestre. Durante la presentación del articulado, la congresista enfatizó que el país no puede permitir retrocesos en una materia donde la sociedad civil ha dado debates profundos. “Colombia no puede dar un solo paso atrás en la defensa de quienes no tienen voz. Con la Ley Ángel 2.0 dejamos claro que los derechos ganados por los animales son irreversibles y que la crueldad tendrá consecuencias reales e ineludibles en nuestro sistema judicial”, afirmó la Senadora Padilla. Por otra parte, la norma crea herramientas administrativas para facilitar la adopción responsable y asegurar fondos públicos y privados destinados a los centros de bienestar animal a nivel municipal. La parlamentaria insistió en que el articulado contempla una responsabilidad compartida entre el Estado, la ciudadanía y los entes territoriales para garantizar presupuestos sostenibles. “No nos podemos limitar a castigar el maltrato en los juzgados, necesitamos reeducar a los agresores y garantizar que los municipios cuenten con la infraestructura y los recursos necesarios para rescatar y rehabilitar a los animales en condición de vulnerabilidad”, aseguró la congresista. El proyecto iniciará su primer debate en la Comisión Primera del Senado de la República, donde se anticipa una discusión clave entre los sectores ambientalistas, las agremiaciones y el Gobierno Nacional. De ser aprobada, la llamada “Ley Ángel 2.0” sentará un precedente jurisprudencial en América Latina, consolidando a Colombia como un referente en la protección constitucional de la fauna doméstica y silvestre.