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Ley de sometimiento llega a Plenaria del Senado: estos son los principales cambios

El proyecto ya superó su paso por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara de Representantes.

Proyecto de ley que modifica la ley de orden público debe estar aprobado antes del próximo 4 de noviembre, cuando termina la vigencia de esa norma.

Bogotá D.C., 29 de octubre de 2026 (Prensa Senado). La Plenaria del Senado se prepara para debatir y votar este viernes el proyecto de ley que busca establecer nuevas reglas para el sometimiento a la justicia de organizaciones armadas ilegales, definir las condiciones para acceder a beneficios judiciales y fortalecer la presencia del Estado en las regiones afectadas por la violencia. La iniciativa plantea que quienes decidan abandonar las actividades criminales deberán asumir compromisos verificables con la justicia y las víctimas.

Se trata del Proyecto de Ley 296 de 2026 Senado y 433 de 2026 Cámara, presentado por el Gobierno nacional, que propone modificar, adicionar y prorrogar la Ley 418 de 1997, uno de los principales instrumentos jurídicos del país en materia de orden público.

La propuesta fue radicada el pasado 13 de octubre y ya superó su primer debate en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara de Representantes. Ahora deberá continuar su trámite en las plenarias de ambas corporaciones.

Uno de los principales cambios consiste en establecer un procedimiento para que integrantes de determinadas organizaciones armadas ilegales puedan someterse voluntariamente a la justicia. Sin embargo, la iniciativa señala que esta decisión no sería suficiente para recibir beneficios judiciales: los interesados tendrían que cumplir las condiciones previstas en la ley, colaborar con las autoridades y demostrar su compromiso de abandonar las actividades delictivas.

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El proyecto contempla que los beneficios y las obligaciones estén definidos previamente por la legislación y sometidos al control de las autoridades judiciales. Esto significa que el sometimiento no dependería únicamente de acuerdos o compromisos anunciados por las organizaciones, sino de un procedimiento en el que se verificaría el cumplimiento de las condiciones establecidas y se determinarían las consecuencias jurídicas correspondientes.

Entre las principales obligaciones que asumirían los integrantes de estas organizaciones se encuentran la dejación de las armas, el cese de las actividades ilícitas y la entrega de información que permita identificar a sus integrantes y contribuir al desmantelamiento de las estructuras criminales. La propuesta también exige colaboración con las investigaciones judiciales para esclarecer los delitos cometidos.

Compromisos de las organizaciones

Otro de los aspectos relevantes está relacionado con la protección de las personas afectadas por la violencia. Las organizaciones que se sometan tendrían que contribuir a la liberación de personas secuestradas, suministrar información sobre el paradero de desaparecidos y entregar a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido reclutados, con el propósito de activar las medidas correspondientes para protegerlos y restablecer sus derechos.

La iniciativa también contempla compromisos de reparación a las víctimas. Para ello, quienes se acojan al procedimiento deberán colaborar en la identificación y entrega de bienes que puedan destinarse a compensar los daños ocasionados por las actividades criminales. Estos recursos tendrían como destino prioritario la reparación de las víctimas y las comunidades afectadas.

De esta manera, el proyecto busca que el sometimiento no se limite a la entrega de armas o al abandono de las actividades ilegales. También pretende que las organizaciones contribuyan al esclarecimiento de los hechos, colaboren con la justicia y participen en acciones orientadas a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

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Una de las novedades de la propuesta es la denominada Intervención Territorial Integral, un mecanismo que busca coordinar las acciones del Estado en materia de seguridad, justicia, desarrollo social y fortalecimiento institucional.

Su propósito es intervenir en las condiciones que han permitido la presencia y permanencia de organizaciones criminales en diferentes regiones del país.

Este enfoque parte de considerar que desmantelar una estructura armada no garantiza, por sí solo, que desaparezcan las economías ilegales ni las formas de control violento sobre las comunidades. Por esa razón, el proyecto plantea que las acciones judiciales y de seguridad estén acompañadas de una presencia institucional sostenida, capaz de atender las necesidades de los territorios y contribuir a evitar el surgimiento de nuevas organizaciones.

Para desarrollar estas medidas, la iniciativa propone fortalecer la coordinación entre el Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y otras entidades del Estado, de acuerdo con sus respectivas competencias. También contempla acciones para mejorar las capacidades de investigación y judicialización de quienes se acojan a los procedimientos de sometimiento.

El proyecto incluye, además, la posibilidad de realizar contactos humanitarios, acercamientos y actuaciones preparatorias que faciliten el sometimiento de las organizaciones. Estas medidas formarían parte de un procedimiento sujeto a las condiciones legales y a la verificación de las autoridades competentes.

La discusión de esta iniciativa cobra especial importancia porque busca actualizar el marco jurídico establecido por la Ley 418 de 1997, que ha tenido diferentes modificaciones y prórrogas durante las últimas décadas, incluida la reforma introducida mediante la Ley 2272 de 2022, relacionada con la política de Paz Total.

Durante el debate previsto para este viernes, los senadores podrán examinar las condiciones propuestas para el sometimiento, el alcance de los beneficios judiciales, los mecanismos de verificación y las medidas destinadas a proteger los derechos de las víctimas. También estará en discusión la manera como el Estado podría fortalecer su presencia en los territorios donde operan organizaciones criminales.

La iniciativa todavía debe superar las etapas legislativas pendientes y su contenido podría modificarse durante las discusiones en las plenarias. Por ahora, el proyecto plantea una ruta para combinar el sometimiento a la justicia, el desmantelamiento de organizaciones ilegales, la reparación de las víctimas y el fortalecimiento de las instituciones del Estado en las regiones afectadas por la violencia.

“Plenas garantías” y un “amplio debate”, los compromisos del Presidente Henriquez frente a ley de rescate económico

El pasado lunes 19 de octubre, el Senado tramitó el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, en el cual están previstos estos ajustes. En la imagen los senadores (de izq. a der.) David Barguil (Partido Conservador); Carlos Meisel (Centro Democrático) y Fabio Amín (Partido Liberal).

El proyecto de ley, también conocido como de ajuste fiscal, fue radicado este jueves en el Congreso de la República.

Por Johan Nassar Hower

Bogotá D.C., 29 de octubre de 2026 (Prensa Senado). Un estudio detenido de la iniciativa y plenas garantías para todos los sectores anunció el presidente del Congreso, senador Honorio Henriquez, para el proyecto de ley de rescate económico, radicado este jueves por el Gobierno Nacional en el Legislativo.

La iniciativa, también conocida como de ajuste fiscal, fue presentada este jueves por el vicepresidente, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en la Cámara de Representantes y será objeto de discusión en las próximas semanas.

“Plenas garantías, un debate amplio para todos los sectores de oposición, de Gobierno e independientes”, manifestó Henriquez ante los periodistas, al explicar cómo se adelantará la discusión de la iniciativa en el Congreso de la República.

El Presidente del Congreso señaló que la iniciativa “hay que revisarla con calma, con detenimiento, los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la región Caribe”.

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“Yo no puedo hablar por el resto, hablo a título personal. Yo tengo unas responsabilidades desde la campaña, en la que les dije a los electores que no aprobaba iniciativas que implicaran más gasto para el bolsillo de los colombianos”, expresó.

Reducción de los costos del Estado

El senador también planteó que una de las alternativas para enfrentar las necesidades fiscales del país consiste en disminuir los gastos de funcionamiento del Estado. “Es necesario, hay que hacerlo, hay que reducir costos del Estado y esa es la vía”, aseguró.

Sobre los sectores que podrían verse afectados por una eventual reducción del gasto público, Henríquez explicó que “hay que ver qué trae el Gobierno, lo analizaremos, pero hay que reducir el Estado”.

“Hay mucha duplicidad de funciones, cargos que no se necesitan en una contratación elevada. Todo ello hay que reducirlo para que el Estado sea más dinámico, más proactivo, más propositivo, pero que se genere el ahorro que se necesita”, señaló.

Ley de sometimiento entrará a debate en la Plenaria del Senado

En otro tema, el Presidente del Congreso anunció que este viernes 30 de octubre se buscará avanzar en la discusión y votación de la ley de sometimiento de organizaciones criminales. “Mañana (viernes) sabremos. Citaremos desde muy temprano y espero que acudan con responsabilidad a votar una iniciativa que es importante, teniendo en cuenta que la Ley 418 se vence la próxima semana”, manifestó Henríquez, al referirse a la urgencia del trámite.

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El proyecto de ley de sometimiento ya superó su primer debate en las comisiones primeras conjuntas y se encuentra pendiente de discusión en las plenarias de ambas corporaciones. La iniciativa del Gobierno Nacional busca modificar y prorrogar la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, y establecer mecanismos para el sometimiento de integrantes de organizaciones criminales a la justicia.

Su trámite cobra especial importancia porque la vigencia de esa legislación vence el próximo 4 de noviembre, por lo que el Congreso dispone de pocos días para completar la discusión y votación de la propuesta.

Presidente Henriquez hace nuevas denuncias por supuesta suplantación de su voz para pedir dinero

el senador

El líder del Legislativo les pidió a los colombianos no caer en estafas.

Bogotá D. C., 29 de octubre de 2026 (Prensa Senado). El presidente del Congreso, senador Honorio Henriquez, denunció que personas desconocidas estarían utilizando herramientas de inteligencia artificial para suplantar su voz y su identidad, con el propósito de contactar a ciudadanos y dirigentes políticos de distintas regiones del país, solicitarles hojas de vida y exigirles dinero a cambio de supuestos trámites.

“Desde el día viernes están, a través de la inteligencia artificial, al parecer, suplantando mi voz, mi nombre, solicitándole a diversos ciudadanos políticos en diversas regiones del país hojas de vida y le solicitan recursos para adelantar el trámite pertinente”, manifestó Henriquez.

La modalidad denunciada por el Presidente del Congreso se relaciona con el uso de herramientas tecnológicas capaces de imitar características de la voz de una persona y generar mensajes que aparentan provenir de ella.

La denuncia ya se había hecho desde el pasado viernes y este martes el Presidente del Senado volvió a hablar del tema.

Lea también: Senado avanzó en proyecto que promueve formación en ciclos más cortos https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/7684-senado-avanzo-en-proyecto-que-promueve-formacion-en-ciclos-mas-cortos

El presidente Henriquez hizo un llamado a los colombianos para que no entreguen dinero ni atiendan solicitudes de recursos realizadas en su nombre mediante comunicaciones cuya autenticidad no haya sido comprobada.

“Quiero decirles a todos los colombianos, a los que llamen, que eso es una estafa, que no permitan que hagan mal uso de una tecnología que está al servicio del bien, utilizándola para el mal”, expresó.

El senador informó, además, que “ya colocamos las denuncias ante la Fiscalía, ante la Policía, ante todos los entes respectivos para que ojalá den con el paradero de los responsables y los capturen”.

Alerta por posible apagón en la Costa Caribe

En otro tema, el Presidente del Congreso reiteró su preocupación por la situación financiera y operativa del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe, particularmente por las dificultades que enfrenta la empresa Afinia.

La compañía presta el servicio en varios departamentos de la región y su situación ha generado inquietudes sobre la continuidad del suministro, los recursos necesarios para atender las obligaciones del sector y el impacto de las tarifas sobre los hogares. Henriquez advirtió que, si no se encuentran soluciones oportunas, podría presentarse una crisis de abastecimiento.

Lea también Presidente Henriquez pie aclarar si asesoría militar de EE. UU. requiere aprobación del Senado https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/7683-presidente-henriquez-pide-aclarar-si-asesoria-militar-de-ee-uu-requiere-aprobacion-del-senado

“El tema de fondo es estructural, debe resolverlo el Gobierno Nacional. Si no consiguen 3 billones de aquí a enero del próximo año, puede haber un apagón en la Costa Caribe colombiana y eso no puede suceder”, manifestó.

Agregó que se debe “definir qué camino, qué rumbo tomamos, pero las soluciones deben ser de fondo: cambiar electrodomésticos, las redes, el tema del robo de energía no puede seguir sucediendo, pero también quiero decirles algo: la tarifa de energía de la Costa Caribe colombiana debe bajarse”.

“Los habitantes de la Costa Caribe o toman los recursos o los pocos recursos que pueden conseguir para desayunar, almorzar o cenar, o disponerlos para el pago de los elevados recibos de energía. Eso no puede seguir sucediendo”, afirmó.