Ya hay dos proyectos de acto legislativo que buscan reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se está estudiando un recorte en su presupuesto. Sectores políticos de izquierda en el Congreso salieron en su defensa.
Por: Catalina Silva
Bogotá D.C., 10 de octubre de 2026 (Prensa Senado). La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un tribunal creado en el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc en 2016 para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado por quienes se han sometido a su competencia.
Dentro de su jurisdicción está previsto que sean procesados exintegrantes de la cúpula de esa guerrilla, al igual que militares y policías que haya tenido participación en el conflicto armado.
Según lo aprobado, la JEP está en capacidad de imponer sanciones restaurativas a quienes comparezcan ante ella. Esto significa que no necesariamente hay penas de prisión, sino actos orientados a la reparación de las víctimas de conflicto.
A pesar de que su creación y adecuación fue objeto de una reforma constitucional, proyectos de ley y otras normas y que su funcionamiento ha tenido el acompañamiento de instancias internacionales, en las últimas semanas algunos sectores políticos han cuestionado sus resultados y han llevado al Senado de la República iniciativas de reforma constitucional para modificar varios de sus aspectos.
El primero es el Proyecto de Acto Legislativo 004 de 2026, impulsado por varios integrantes de la bancada del Centro Democrático, especialmente el senador Rafael Nieto. Su objetivo central es establecer una revisión extraordinaria y automática, con efecto suspensivo, de todas las sentencias sancionatorias proferidas por la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública.
Esa revisión quedaría a cargo del Tribunal Superior Militar y Policial, el cual estaría facultado para revocar, disminuir o aplicar penas sustitutivas con base en el Derecho Internacional Humanitario.
El segundo es el Proyecto deActo Legislativo 018 de 2026, del senador por el Movimiento de Salvación NacionalEnrique Gómez Martínez.
Esta iniciativa busca declarar improrrogable el periodo de funcionamiento de esta instancia creada en el acuerdo de paz de 2016 y fijar marzo de 2028 como fecha límite de terminación. Las investigaciones y macrocasos que queden pendientes después de esa fecha pasarían a la justicia ordinaria —Fiscalía General de la Nación y jueces ordinarios—en lo relacionado a garantías procesales ya adquiridas por los comparecientes.
Pero estos proyectos no son los únicos que buscan modificar la JEP. Su funcionamiento y resultados ha sido uno de los temas de debate en medio del trámite del Presupuesto General de la Nación para el 2027, en el cual algunos senadores han presentado proposiciones para revisar los recursos destinados a esta instancia que hace parte de la justicia transicional.
Básicamente se ha ido aprobando un recorte de 170 mil millones de pesos a la Jurisdicción Especial para la Paz, de los cuales 100 mil millones de pesos irían a la justicia ordinaria y 70 mil millones de pesos al deporte.
En medio del debate por la existencia y los resultados de la JEP la senadora por el Pacto Histórico Isabel Zuletalideró -en la Comisión Primera del Senado- una mesa técnica en la que se resaltaron algunos aspectos favorables alrededor de esta instancia judicial.
La senadora Zuleta ha dicho que se debe priorizar “la voz de las víctimas” y que en esta mesa técnica los afectados por el conflicto fueron claros en que “no se pueden cambiar las reglas de juego de la JEP a mitad del camino”.
“Permitir que la Justicia Penal Militar revise sus sanciones genera inseguridad jurídica, debilita a la JEP como órgano de cierre y prolonga aún más la espera de las víctimas. También afecta a los propios miembros de la Fuerza Pública que comparecen ante la JEP: ellos también necesitan seguridad jurídica”, ha dicho la congresista.
El senador Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado y miembro del Pacto Histórico, se sumó a estas voces y ha dicho que “la razón de fondo” para querer “acabar” con la JEP es que el presidente Abelardo de la Espriella “no quiere que se sepa la verdad sobre los crímenes de Estado y el paramilitarismo”.
“Por eso le recorta $170 mil millones y empuja una reforma para cerrarla. Se inventan que cuesta mucho y que hay impunidad, pero lo que buscan es que no se conozca más. Recordemos que fue la JEP la que documentó 6.402 víctimas de ‘falsos positivos’. Una vergüenza para la historia de Colombia y para la Fuerza Pública”, ha dicho el senador Ocampo.
Lo cierto es que en la otra orilla del debate ya hay hechos ciertos: el recorte de 170.000 millones de pesos e los gastos de la Jurisdicción Especial para la Paz para el próximo año, el cual está a la espera de ser confirmado por las plenarias de Senado y Cámara en los últimos debates del Presupuesto General de la Nación para el 2027.
Y el comienzo del trámite de estas dos reformas constitucionales que buscan modificar algunos aspectos del funcionamiento de la JEP y que está previsto para las próximas semanas en el Congreso de la República.
