La senadora Andrea Padilla alertó que la protección animal falla en la respuesta policiva local, no en el ámbito penal
Por: Yanith Rueda Navarro.
Bogotá D. C, abril 23 de 2026 (Prensa Senado)
La Comisión Quinta del Senado debatió esta semana los vacíos en la aplicación de la "Ley Ángel" para combatir el maltrato animal en Colombia.
La senadora Andrea Padilla advirtió que el mayor reto no es penal sino operativo: municipios y autoridades locales siguen sin garantizar una respuesta efectiva a las denuncias ciudadanas.
“Lo penal avanza relativamente bien… pero lo policivo, que es lo municipal, es donde nos estamos quedando cortos”.
Durante la sesión, la congresista enfatizó que el país debe avanzar hacia resultados concretos. “Hacer justicia animal no es sacar un montón de decretos o resoluciones, sino atender al ciudadano en su denuncia y desarrollar procedimientos que alivien el daño causado”, indicó.
También advirtió sobre problemáticas persistentes como el maltrato en el transporte de animales, la limitada capacidad sancionatoria de algunas entidades y las brechas técnicas en municipios.
Desde el Gobierno nacional, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó la inclusión del transporte dentro de la ruta de atención contra el maltrato animal.
“Se incorporaron procedimientos específicos para casos en los que el maltrato ocurre durante la movilización, lo cual no estaba contemplado inicialmente”, explicó.
Añadió que la estrategia abarca los modos terrestre, fluvial, marítimo y férreo, junto con el fortalecimiento de los procesos de denuncia, verificación y custodia.
El debate también evidenció cuestionamientos sobre la ejecución de las políticas públicas. El senador Andrés Guerra advirtió sobre los bajos niveles de implementación normativa en el país. “Las políticas públicas en Colombia solo se aplican en un 13%. El 87% de las leyes no se implementan”, afirmó.
Pese a las diferencias, la jornada dejó compromisos concretos como la reglamentación de la ruta nacional de atención al maltrato animal, el fortalecimiento del rol de los médicos veterinarios como peritos y la capacitación de autoridades locales.
El principal resultado del debate fue el consenso alcanzado en torno a la urgencia de proteger la vida animal, en un contexto político usualmente polarizado. El reto, coincidieron los participantes, será traducir estos acuerdos en acciones efectivas en todo el territorio nacional.
El debate tuvo un alto nivel institucional, con la citación de varios ministerios, entre ellos el de Ambiente, Agricultura, Transporte, Salud, y el Ministerio de Justicia.
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