En un debate de control político al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, se conocieron cifras que reafirman la condición crítica de varios sectores rurales.

Por Olga Materón

Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2026. (Prensa Senado). En medio de un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, el senador Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador, expuso varias cifras que reafirmaron la situación crítica que viven algunos sectores del agro colombiano.

El congresista manifestó que este sector representa el sustento de más de 3.5 millones de familias en el país y aporta aproximadamente un 10 % del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que hizo un llamado a revisar sus cifras en el Presupuesto General de la Nación.

“El sector agropecuario de Colombia está en una sala de urgencias”, aseguró el senador Barreto en medio de la sesión de la Comisión Quinta del Senado, a la que fue citado el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.

El senador Marcos Daniel Pineda, de la misma bancada de Barreto, preguntó al ministro Dangond “qué está pensando” el Gobierno Nacional “sobre cuatro temas importantes: créditos accesibles y coherentes con el campo; seguros del campo”; agua y riego, y vías rurales.

Según el senador Ariel Ávila, del Partido Alianza Verde, se avecina una “catástrofe inflacionaria para el campo colombiano, derivada del ‘fenómeno de El Niño’ y de la falta de inversión” en sectores como las zonas rurales del país.

Así mismo, el senador Cristian Gómez, del Pacto Histórico, aseguró que con la inversión de tan solo “22.308 millones de pesos a las direcciones de cadenas agrícolas y pecuarias, no habrá recursos para financiar un apoyo directo a gremios como el del arroz y la papa”.

Por su parte, el ministro Indalecio Dangond comenzó su intervención asegurando que en estos últimos 10 años los recursos del sector agrícola fueron despilfarrados.

El funcionario expuso cinco desafíos que tendrá este cuatrenio, según su óptica: resolver las fallas encontradas en el Censo Nacional Agropecuario del 2025; capacitar y formar a una nueva generación de emprendedores del campo; fomentar la expansión de la frontera agrícola; instituir un nuevo modelo de financiamiento agropecuario, y blindar jurídicamente la propiedad rural.  

La directora general de la Unidad de Restitución de Tierras, Myrian Martínez, también intervino en el debate de control político para informar que dentro de la investigación que realizó, la “capacidad de respuesta de la entidad no fue la mejor ni la más eficiente”.

Y finalmente, desde la Agencia Nacional de Tierras, su directora, Lina Garrido, dijo que del presupuesto que tiene su cartera, se destinará la mayor cantidad en inversión y el resto en funcionamiento.

Diferentes entidades adscritas al Gobierno Nacional expusieron ante la célula legislativa la realidad que encontraron en sus finanzas y sus expectativas para el próximo año.

Por Olga Materón

Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2026. (Prensa Senado). En una sesión de la Comisión Séptima del Senado, varios ministerios y direcciones de entidades estatales presentaron un diagnóstico del estado en el que, según ellos, recibieron sus carteras por parte del gobierno saliente, e informaron a esta célula legislativa lo qué tienen plasmado en sus planes de acción.

La directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Sandra Suárez, señaló que la idea es propiciar una integralidad y señaló que aunque no encontró “tan coordinada la intervención integral, sí hubo una capacidad importante construida en términos de operar transferencias monetarias”.

Frente a este panorama explicó que se está “evaluando lo que recibimos e identificamos y construyendo”. Asimismo, aseguró que del presupuesto asignado de 8,9 billones de pesos, el 90 % se destinará a transferencias monetarias, $ 275 mil millones a seguridad alimentaria y $ 65.476 millones a infraestructura y hábitat.

Ante los recortes en programas oficiales como Adulto Mayor, el senador Orlando De La Hoz, del Pacto Histórico, cuestionó estos montos que presentó la funcionaria y pidió una explicación frente al hecho de que “el Presidente de la República dijo que se iba a aumentar a $ 400.000 el aporte del Estado a las personas mayores”.

En respuesta a las inquietudes de los legisladores de la Comisión Séptima del Senado, la directora de esta entidad, Sandra Suárez, ratificó su compromiso de comenzar con un grupo de adultos mayores beneficiarios con $ 400.000 y avanzar gradualmente hacia una mayor cobertura, priorizando a los más vulnerables y de edad avanzada.

No obstante denunció que “en el primer semestre, el gobierno anterior quedó debiendo un ciclo, y que este gobierno terminó asumiendo esa deuda”. Del mismo modo, la funcionaria manifestó que la administración saliente “dejó la línea de Colombia sin Hambre totalmente desfinanciada”, advirtiendo que por ello “hay que revisar el tema”. 

En sintonía, la senadora Norma Hurtado, del Partido de La U, manifestó que se deben generar oportunidades para los menos favorecidos, pero advirtió que recibieron una herencia poco socializada y técnica, porque “están los decretos firmados por el gobierno saliente, en los que excluyen a colombianos de los programas más sociales que tiene un Gobierno”.

Por lo anterior, solicitó a la funcionaria, una socialización “concreta sobre la situación recibida para evitar ser culpados de algo que ocasionó el Gobierno anterior”. 

Por su parte, María Carolina Restrepo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, expuso algunos hallazgos en su diagnóstico.

La funcionaria reveló la existencia de tres programas denominados ‘Familias y Comunidades’ y señaló que “estos tenían 1.407 personas a la espera de seguir con contrato, pero que estos programas acabaron y no había por qué hacerles adiciones en términos de contratación a esas personas”.

Adicionalmente, reportó la falta de idoneidad en operadores y funcionarios para asumir cargos de asesores en la dirección general. Sobre la gestión regional, alertó que “en los últimos cuatro años se giraron 3 billones de pesos a La Guajira y vamos a revisar contrato por contrato, funcionario por funcionario y si son buenos seguirán, pero si no, derecho para la Fiscalía, porque no pueden abusar de los dineros que van para los niños”. 

A pesar de las dificultades operativas alegadas por la directora del ICBF, aclaró que no requiere dinero adicional para el funcionamiento básico de la entidad, postura que la senadora Claudia Zuleta, del Partido Centro Democrático, exaltó como “un mensaje claro de austeridad y mejor uso de recursos públicos

Finalmente, el ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, manifestó que la gestión anterior se centró en la contratación de personas sin reflejar un gran movimiento estructural en el ministerio.

Aunque propuso que el presupuesto ideal debería ser de 19 billones de pesos, reconoció que la realidad fiscal actual no lo permite. En su lugar, planteó un plan progresivo que contempla un aumento de 4 billones de pesos para el año 2027, con el fin de garantizar el funcionamiento de las fases diseñadas por su cartera.