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Durante el debate de control político sobre la crisis carcelaria, varios congresistas exhibieron carteles con los mensajes "Ley Cero Ocio ¡Ya!" y "Crisis carcelaria".

Cárceles, "universidades del crimen": Senado debate salidas

Durante el debate de control político citado por los senadores Gustavo Moreno e Isabel Cristina Zuleta, se advirtió que el hacinamiento en las estaciones de policía alcanza el 243% y que la reincidencia delictiva golpea la seguridad ciudadana, mientras el ministro de Justicia, Iván Cancino, respondió con medidas como el bloqueo semanal de líneas extorsivas y la construcción de nuevas cárceles fuera de los cascos urbanos.

Por: Hamer Pachón

Bogotá D.C., 17 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). Con un llamado urgente a abandonar el "populismo punitivo" y transformar las prisiones en centros productivos autosostenibles, la Plenaria del Senado adelantó el debate de control político sobre la crisis carcelaria y penitenciaria del país, convocado por los senadores Gustavo Adolfo Moreno (Partido ASI) e Isabel Cristina Zuleta (Pacto Histórico). La jornada contó con la participación del ministro de Justicia, Iván Cancino; la ministra de Salud (e), Gloria Prado Pino; la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla; además de directivos del INPEC, la USPEC y representantes de la Fundación Acción Interna encabezados por Johana Bahamón.

El senador citante, Gustavo Adolfo Moreno (Partido ASI), calificó la situación como una "bomba de tiempo que estalló", señalando que, tras más de dos décadas de haberse declarado el Estado de Cosas Inconstitucional, los centros de reclusión operan sin capacidad de resocialización.

"Hoy las cárceles son universidades del crimen. Un privado de la libertad vale $2.700.000 mensuales al Estado, más de lo que cuesta educar a un niño en un colegio público durante un año", enfatizó el senador Moreno.

Durante su intervención, el senador Moreno presentó un detallado diagnóstico respaldado por cifras oficiales que evidencian el colapso operativo, presupuestal y de seguridad en los 127 establecimientos del país: el hacinamiento nacional llega al 23% en las cárceles (20.000 internos en sobrecupo), al 94% en las URI y al 243% en las estaciones de policía; más de 2.300 policías permanecen desviados custodiando detenidos en centros transitorios en lugar de vigilar las calles; de 60.000 personas con detención domiciliaria, solo 5.000 cuentan con brazalete electrónico; en 2025 se incautaron 37.730 celulares, 36.412 tarjetas SIM, 25.000 armas cortopunzantes y 973 kilos de estupefacientes; y el sistema cuesta $4,2 billones al año, de los cuales apenas el 3% se destina a programas de resocialización.

Por su parte, la senadora citante Isabel Cristina Zuleta (Pacto Histórico) advirtió que los penales operan hoy como "fábricas de reincidencia y bodegas de seres humanos", denunciando presuntos hechos de corrupción interna, extorsiones en el suministro de alimentos y fallas graves en la atención psiquiátrica y de adicciones. En la misma línea, el senador Santiago Barreto (Partido Conservador) citó cifras de Asocapitales y el DNP según las cuales el 70% de las llamadas extorsivas del país se originan en centros penitenciarios, urgiendo una articulación inmediata con el Ministerio de las TIC.

Al responder a los cuestionamientos, el ministro de Justicia, Iván Cancino, precisó que los registros oficiales sitúan la reincidencia en 25,4% —cifra que calificó de inaceptable frente a la meta de llevarla a un solo dígito— y reportó que ya existen 235 sanciones contra funcionarios del INPEC.

El jefe de la cartera anunció una ofensiva administrativa contra la extorsión: se pasó de cancelar líneas celulares denunciadas cada mes a hacerlo cada quince días, con la meta de ejecutarlo cada ocho días sin importar si pertenecen a funcionarios o planes prepago, además de exigir controles estrictos al sector bancario y plataformas digitales como Meta y TikTok.

"El ministro de Justicia no se preocupa, se ocupa. Toda cárcel que se vaya a construir en este gobierno estará fuera del perímetro urbano. Vamos a terminar los penales de Riohacha y Sabanas de San Ángel, avanzamos en el proyecto del buque cárcel, las cárceles con pabellones de máxima seguridad y un piloto de cero extorsión en Antioquia", aseguró Cancino.

El ministro recordó igualmente a gobernadores y alcaldes que la atención de los centros de detención transitoria es una obligación legal de las entidades territoriales. Este punto fue respaldado por la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, quien alertó que el hacinamiento del 90% en salas transitorias y el desvío de 2.329 uniformados a labores de custodia obedecen a la falta de cupos en penales nacionales y fallas en las órdenes de encarcelamiento.

Finalmente, la ministra (e) de Salud, Gloria Prado, presentó el nuevo modelo de salud penitenciaria (Resolución 1099 de 2026) con enfoque diferencial para gestantes y primera infancia, mientras que Johana Bahamón (Fundación Acción Interna) y veedores penitenciarios pidieron al Congreso impulsar el proyecto de Segundas Oportunidades 2.0 y reglamentar la Ley de Cárceles Productivas para garantizar una resocialización efectiva.

Senadores de la Comisión Sexta durante los himnos, al inicio de la sesión sobre telecomunicaciones y conectividad

Comisión Sexta revisará en qué se invierten los recursos del fondo TIC

La Comisión Sexta hizo control político sobre telecomunicaciones, conectividad e internet en Colombia, con la participación de voceros del sector

Por: Olga Materón

Bogotá D.C., 17 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). Durante el último mes, la Comisión Sexta del Senado se ha reunido para hablar sobre la situación de las telecomunicaciones en Colombia, con el debate centrado en cuatro ejes: concentración de mercado de las telecomunicaciones, conectividad rural y cierre de brechas, regulación de redes sociales y menores de edad, y digitalización e interoperabilidad del Estado.

En la sesión del 17 de noviembre, los senadores pidieron al sector de las telecomunicaciones un acercamiento para identificar puntos en común que permitan desarrollar mejores estrategias para el país.

Los invitados del sector pidieron revisar las altas cargas fiscales y regulatorias, y señalaron la fuerte necesidad de inversión. Según el director de la Cámara TIC y TV de Andesco, Gabriel Jurado, los accesos y el tráfico crecen, pero el peso del sector en el PIB ha bajado. Esto se debe a diferentes dificultades, como “la ejecución de los fondos del funcionamiento de las TIC que no está yendo a inversión”.

El presidente de Andesco, Camilo Sánchez Ortega, dijo que el gremio tiene la disposición de articular y la intención de compartir “herramientas para que puedan tomar las mejores decisiones con la información y la data que tienen nuestras empresas”.

Con respecto al sector rural, se informó que, aunque la conectividad está creciendo, las brechas territoriales persisten: en el campo colombiano solo el 43 % de los hogares tiene servicio de internet. La expansión de cobertura requiere inversión y hay territorios donde es muy complejo llevar conectividad terrestre.

Desde el sector plantearon varias propuestas para la sostenibilidad y el desarrollo del ecosistema digital: en espectro, piden un costo a la baja y una indexación uniforme; en energía, la agregación del consumo para las empresas proveedoras de conectividad, redes y servicios digitales; en materia de fair share, que las grandes plataformas que generan tráfico contribuyan a financiar las redes que lo cursan, y en inversión, medidas que la promuevan.

El presidente de la Comisión Sexta, el senador Carlos Eduardo Guevara Villabón (MIRA), agradeció a los voceros del sector y dijo que la Comisión quiere trabajar de manera conjunta con ellos para mejorar el servicio y cerrar las brechas de desigualdad en el acceso a internet.

Guevara informó que empezarán a organizar un “debate para revisar en qué se están invirtiendo los recursos del fondo de las TIC” y dijo que la Comisión Sexta se reunirá en las próximas horas con la Agencia Nacional del Espectro.

Congresista del Centro Democrático interviene en la plenaria del Senado junto a carteles que piden no cobrar IVA a la canasta familiar en la Ley de Rescate Económico

Centro Democrático pide más austeridad en la Ley de Rescate Económico

La bancada del Centro Democrático respaldó la búsqueda de soluciones a la crisis fiscal, pero insistió en que la reforma no debe afectar a los hogares colombianos ni imponer nuevas cargas al sector agropecuario

Por: Johan Nassar Hower

Bogotá D.C., 17 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). El Centro Democrático anunció que continuará proponiendo ajustes al proyecto de Ley de Rescate Económico, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas sin afectar la canasta familiar, el campo colombiano ni el bolsillo de los ciudadanos. La colectividad insistió en la necesidad de reducir el gasto estatal, fortalecer la austeridad y proteger los sectores productivos.

Durante su intervención ante el Senado, el presidente de la corporación, Honorio Miguel Henriquez Pinedo (Centro Democrático), explicó que la bancada, bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha adelantado reuniones con expertos y conformado una subcomisión de congresistas para estudiar el proyecto y construir alternativas que permitan atender la situación fiscal del país.

“Hemos llevado propuestas concretas al Gobierno nacional, partiendo de un diálogo franco, directo y responsable, pero también con la voluntad de encontrar alternativas y soluciones fiscales para Colombia”, dijo.

Henriquez destacó el anuncio del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el pasado 15 de noviembre, sobre la decisión de no gravar con IVA los productos de la canasta familiar ni imponer nuevas cargas tributarias al sector agropecuario.

“Nos causa tranquilidad el anuncio del presidente de la República. Esperamos que se cumpla y que no se afecte la canasta familiar. Queremos una ley que ordene las finanzas de la Nación, exija austeridad al Estado y proteja el bolsillo de las familias colombianas, sin perjudicar a quienes producen nuestros alimentos”, dijo.

Henriquez también advirtió que las preocupaciones de su partido van más allá de los impuestos a los alimentos. Entre los asuntos que requieren revisión mencionó el impacto de las medidas sobre el café, la cerveza y las tiendas de barrio, así como otros sectores que serán incluidos en las propuestas que presentará la bancada.

“Hay que quitarle más cosas a esa ley. Insistimos en la reducción del Estado y en la austeridad. No se trata solamente de revisar los impuestos, sino de ajustar el gasto público y buscar alternativas que permitan recuperar las finanzas de la Nación”, dijo.

El presidente del Senado agregó que el Congreso debe mantener su independencia en el análisis de la iniciativa y ejercer su responsabilidad frente a las decisiones económicas del país. “No es otorgarle al Gobierno un cheque en blanco ni aplazar las decisiones difíciles. Nuestro deber es liderar, con independencia, la construcción de una reforma fiscal que le dé sostenibilidad al país”, dijo.