La congresista por Alianza Verde presentó la iniciativa en el Congreso de la República. Bogotá D.C., 26 de agosto de 2026. (Prensa Senado). Con el objetivo de endurecer las penas por delitos cometidos contra los animales, en el Congreso de la República se presentó un proyecto de ley denominado la “Ley Ángel 2.0”. Esta iniciativa, radicada por la Senadora por Alianza Verde Andrea Padilla, busca transformar de manera integral la legislación vigente en Colombia, estableciendo por primera vez -de forma explícita- el principio de no regresividad. Esto significa que ninguna ley, norma o decisión administrativa posterior podría reducir, flexibilizar o desmontar los niveles de protección que los animales ya han alcanzado en el ordenamiento jurídico colombiano. El proyecto nace como una respuesta contundente ante los vacíos punitivos y normativos que aún persisten en la actual Ley 1774 de 2016. A pesar de los avances históricos en el reconocimiento de los animales como seres sintientes, las autoridades y organizaciones sociales coinciden en que las penas actuales resultan insuficientes para frenar casos graves de tortura, abandono masivo y crueldad deliberada. Con esta propuesta se pretende no solo endurecer las sanciones penales y administrativas, sino también cerrar la puerta a retrocesos normativos motivados por intereses económicos o presiones sectoriales. Entre los ejes fundamentales del documento se destaca el endurecimiento de los estándares de responsabilidad para los tenedores, criadores y comercializadores de animales. En este sentido, la iniciativa contempla un marco sancionatorio mucho más severo contra quienes cometan actos de maltrato, incluyendo penas de prisión más altas, multas económicas considerables e inhabilitaciones definitivas para la tenencia o trabajo con animales. Asimismo, fortalece las facultades inspectoras de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para intervenir con mayor celeridad en situaciones de flagrancia. Uno de los componentes más innovadores de la llamada “Ley Ángel 2.0” es su enfoque pedagógico y resocializador. A diferencia de esquemas puramente punitivos, la propuesta obliga a que las personas condenadas por delitos contra los animales se sometan a programas de reeducación, trabajo comunitario en refugios y atención psicológica obligatoria. Esta medida busca atacar la raíz de la violencia, promoviendo una verdadera empatía y previniendo la reincidencia en conductas agresivas que, como sugieren diversos estudios sociológicos, suelen ser el preludio de la violencia intrafamiliar y social. La Senadora Padilla, autora principal de la iniciativa, destacó la urgencia de elevar el debate normativo a un nivel ético superior dentro de la agenda legislativa de este semestre. Durante la presentación del articulado, la congresista enfatizó que el país no puede permitir retrocesos en una materia donde la sociedad civil ha dado debates profundos. “Colombia no puede dar un solo paso atrás en la defensa de quienes no tienen voz. Con la Ley Ángel 2.0 dejamos claro que los derechos ganados por los animales son irreversibles y que la crueldad tendrá consecuencias reales e ineludibles en nuestro sistema judicial”, afirmó la Senadora Padilla. Por otra parte, la norma crea herramientas administrativas para facilitar la adopción responsable y asegurar fondos públicos y privados destinados a los centros de bienestar animal a nivel municipal. La parlamentaria insistió en que el articulado contempla una responsabilidad compartida entre el Estado, la ciudadanía y los entes territoriales para garantizar presupuestos sostenibles. “No nos podemos limitar a castigar el maltrato en los juzgados, necesitamos reeducar a los agresores y garantizar que los municipios cuenten con la infraestructura y los recursos necesarios para rescatar y rehabilitar a los animales en condición de vulnerabilidad”, aseguró la congresista. El proyecto iniciará su primer debate en la Comisión Primera del Senado de la República, donde se anticipa una discusión clave entre los sectores ambientalistas, las agremiaciones y el Gobierno Nacional. De ser aprobada, la llamada “Ley Ángel 2.0” sentará un precedente jurisprudencial en América Latina, consolidando a Colombia como un referente en la protección constitucional de la fauna doméstica y silvestre.

Varios congresistas, entre ellos la Senadora por el Partido de La U Norma Hurtado, radicaron una iniciativa en este sentido.

Bogotá, D.C., 25 de agosto de 2026. (Prensa Senado). Un grupo multipartidista de congresistas, entre los que se destacan la Senadora por el Partido de La U Norma Hurtado Sánchez, radicó un proyecto de ley que incorpora algunas transformaciones al modelo de gestión del riesgo sísmico en el país.

La iniciativa busca reformar la Ley 400 de 1997 fijando, por primera vez en la historia legislativa nacional, plazos perentorios y de obligatorio cumplimiento para modernizar el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR).

La propuesta llegó al Congreso de la República semanas después del terremoto que sacudió a una buena parte del país el pasado 10 de agosto y en el cual varias edificaciones sufrieron afectaciones en sus estructuras.

De acuerdo con la Senadora Norma Hurtado, una de las principales impulsoras del proyecto de ley, “Colombia no puede seguir reaccionando únicamente tras sufrir una tragedia”. 

“Con esta propuesta establecemos responsabilidades claras y tiempos definidos para que la prevención sísmica sea una política de Estado rígida, permanente y no coyuntural”, aseguró la Senadora por el Partido de La U.

Entre otros temas, la iniciativa contempla revisiones periódicas obligatorias en las normas, y también se propone que ante la ocurrencia de eventos telúricos de gran magnitud, el Estado tendría un plazo no mayor a 12 meses para efectuar revisiones extraordinarias.

Adicionalmente se busca que sea obligatorio aplicar los análisis de microzonificación sísmica para la expedición de licencias de construcción en los municipios que ya disponen de dicha información técnica.

Y también facultar al Gobierno Nacional para brindar asistencia técnica y financiera a los municipios con altos niveles de amenaza, que equivalen a más del 80 % del territorio nacional, según los autores del proyecto.

“Si bien los eventos naturales son inevitables, sus estragos sobre la población sí se pueden mitigar si el Estado actúa con rigor técnico y oportunidad”, puntualizó la Senadora Norma Hurtado.