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Distancia, tarifas y recursos: las novedades del proyecto que busca poner nuevas reglas a los peajes

La iniciativa, presentada por el Senador por la ASI Luis Carlos Rúa, busca abrir la discusión en el Legislativo sobre diferentes aspectos de este mecanismo.

Bogotá D. C., 8 de septiembre de 2026 (Prensa Senado).Evitar la concentración de peajes en determinados corredores viales y establecer reglas claras para su ubicación es el propósito de un proyecto de ley impulsado por el senador de la Alianza Social Independiente (ASI), Luis Carlos Rúa.

La iniciativa propone fijar en 150 kilómetros la distancia mínima entre estas estaciones de recaudo en Colombia.

Para el congresista, el problema comienza en la ausencia de una regulación que establezca una separación mínima. “Es que en Colombia no hay una regulación que establezca la distancia mínima entre peajes ¿Esto qué hace? Obviamente que se presenten peajes que están muy cerca”, explicó el Senador Rúa.

El congresista se refirió a algunos puntos en los que esto sucede. “Un ejemplo son los que rodean o encierran a Chinchiná; o los dos peajes que están en Envigado —El Escobero y Las Palmas—, ambos de entidades diferentes”, afirmó.

Por ello, según dijo, lo que propone el proyecto de ley es que la distancia mínima sea de 150 kilómetros”. Con esta disposición se busca que la ubicación de nuevas estaciones de cobro tenga en cuenta las existentes y evitar que los usuarios encuentren varios peajes separados por distancias reducidas durante sus recorridos.

Para complementar esta medida, el proyecto propone crear un inventario nacional de peajes. El objetivo es que las diferentes autoridades conozcan dónde están ubicados los puntos de recaudo antes de autorizar otros. 

“Que las entidades distintas conversen y, cuando vayan a instalar un peaje, sepan que hay otro cerca por parte de otras entidades y no puedan hacerlo”, explicó el autor de la iniciativa.

La propuesta aborda igualmente el destino de los recursos recaudados cuando terminan las concesiones y los peajes pasan al Instituto Nacional de Vías (Invías) mediante el proceso de reversión. 

Según el Senador Rúa, actualmente esos recaudos son entregados directamente a la Nación, situación que, de acuerdo con su planteamiento, limita la posibilidad de destinarlos integralmente a las necesidades de las vías donde fueron obtenidos.

Por esta razón, el proyecto contempla la creación de un fondo independiente en Invías. “Es importante que haya un fondo independiente en Invías que se encargue de manejar esas platas que ellos mismos recaudan para invertirlos en las mismas vías a las cuales tienen que hacer el proceso de mantenimiento”, aseguró. 

La intención es que exista una relación más directa entre el recaudo y la conservación de los corredores viales.

Otro de los componentes centrales de la iniciativa está dirigido a las poblaciones que viven cerca de los peajes y deben atravesarlos de manera recurrente. Rúa considera que estas comunidades deben acceder a tarifas diferenciales, especialmente cuando el desplazamiento está relacionado con actividades cotidianas como acudir al trabajo o recibir atención médica.

“Hay comunidades que tienen que estar pagando más de un salario mínimo al mes para poder ir. Esas comunidades también tienen que tener una tarifa diferencial y es algo que se propone dentro del proyecto”, afirmó. 

Rúa destacó finalmente el respaldo que la propuesta ha encontrado entre congresistas de distintas tendencias y dijo que es muy bonito ver que hay congresistas de todas las corrientes, de derecha, izquierda y centro”,queriendo firmar y apoyar su proyecto de ley.

Con distancias mínimas, coordinación entre entidades, un inventario nacional, nuevas reglas para los recursos y tarifas diferenciales, el proyecto busca abrir en el Congreso una discusión sobre la manera como se ubican y funcionan estas estaciones de recaudo en las carreteras colombianas.

Presidente Honorio Henríquez propone usar cesantías para ayudar a familiares afectados por el terremoto

El líder del Legislativo reiteró su propuesta este martes, después de una reunión de la bancada del Centro Democrático con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

Bogotá D. C., 8 de septiembre de 2026 (Prensa Senado).El presidente del Congreso, Senador Honorio Henríquez, propuso crear un mecanismo que permita a los trabajadores retirar parcial o totalmente sus cesantías para destinarlas a ayudar a familiares afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El planteamiento fue reiterado este martes después de una reunión con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y la bancada del Centro Democrático.

Las cesantías son fundamentales. Yo vengo proponiendo lo siguiente: que uno pueda retirar parcial o totalmente las cesantías y destinarlas a familiares, en el primero y segundo grado de consanguinidad, que hayan resultado afectados por el tema del terremoto”, manifestó el Presidente Henríquez al explicar el alcance de la propuesta.

La iniciativa busca que estos recursos puedan convertirse en una herramienta adicional de solidaridad entre las familias durante el proceso de recuperación.

Actualmente, el ordenamiento laboral permite el retiro parcial de cesantías para determinados fines relacionados con la vivienda del propio trabajador.

Tras el terremoto, algunas autoridades recordaron que estos recursos pueden utilizarse para reparación, adecuación o mejoramiento de la vivienda cuando se cumplan los requisitos legales. 

La propuesta del Presidente Henríquez plantea ir más allá de ese marco y habilitar un mecanismo específico para que los recursos puedan destinarse también a familiares afectados por la emergencia.

La iniciativa hace parte de las propuestas que el Presidentedel Congreso viene planteando para contribuir a la reconstrucción, y deberá ahora ser estudiada para determinar el mecanismo jurídico y las condiciones bajo las cuales podría implementarse.

¿Qué propone el proyecto sobre consulta previa presentado por el Senador Juan Espinal?

La iniciativa busca regula varios aspectos de este mecanismo con el que cuentan varias comunidades del país.

Por: Isabel Colomna Sánchez.

  • Bogotá D.C., septiembre 8 de 2026 (Prensa Senado). El senador Juan Espinal Ramírez (Centro Democrático) junto a más de 20 congresistas, radicaron el proyecto que propone reglas claras, mayor transparencia y mejores herramientas para que el Estado garantice el derecho a la consulta previa, sin limitar los tiempos de diálogo y concertación de las comunidades.

En el momento de radicar el proyecto, el senador Espinal, sostuvo que “el desafío no está en reducir el derecho de las comunidades, sino en fortalecer las capacidades del Estado para garantizarlo efectivamente, evitar intermediarios y generar transparencia en proceso”.

Las consultas previas son un mecanismo previsto en la normatividad y que indica, en términos generales, que varios proyectos de desarrollo tengan que ser concertados con las comunidades que habitan ciertos territorios.

Ante esto, el proyecto de ley presentado contempla que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior sea fortalecida como entidad rectora.

Asimismo, establece la creación del Sistema de Información de Consulta Previa (SICOP), y establece plazos claros para las actuaciones administrativas que no limitan los tiempos de diálogo, deliberación y concertación de las comunidades.

También propone una mesa técnica para resolver bloqueos relacionados con las consultas previas con participación del Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, la entidad competente del sector y, cuando corresponda, la ANLA, además de un representante de las comunidades.

De la misma manera habla de facilitadores independientes y asesoría técnica para las comunidades, entre otros beneficios para las comunidades.

Con el proyecto se busca generar condiciones de mayor claridad institucional, coordinación, transparencia y oportunidad que permitan garantizar efectivamente el derecho fundamental a la consulta previa y, al mismo tiempo, contribuir a que los proyectos estratégicos para el país puedan avanzar de manera concertada, responsable y respetuosa de los derechos de las comunidades.