La supuesta estructura criminal proveniente de Venezuela es señalada de transporte de drogas y otros delitos.

Por: María Camila Fernández

Bogotá D.C., 17 de septiembre de 2025 (Prensa Senado). Luego de un intenso debate entre sectores de oposición y afines al Gobierno Nacional, la Plenaria del Senado aprobó una proposición para declarar al llamado ‘cartel de los soles’ como una organización terrorista.

El ‘cartel de los soles’ es una denominación utilizada para describir una supuesta red de narcotráfico integrada por altos mandos militares y funcionarios venezolanos, que habría surgido desde finales de los años noventa.

Según informes de organismos judiciales de Estados Unidos y testimonios de exfuncionarios venezolanos, esta estructura habría facilitado el transporte de drogas desde Colombia hacia Centroamérica, el Caribe y Europa, aprovechando el control territorial y logístico de las Fuerzas Armadas venezolanas.

Aunque el gobierno de Venezuela ha negado de manera reiterada la existencia de dicha red, autoridades judiciales de otros países han emitido acusaciones formales contra altos dirigentes políticos y militares, reforzando la percepción de un entramado que combina poder político, estructura militar y narcotráfico.

En este sentido, la Plenaria del Senado avaló una proposición que “declara el denominado ‘cartel de los soles’ como organización criminal transnacional y terrorista que amenaza la seguridad nacional y regional”.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, señaló que “si el Ejecutivo, el gobierno de Gustavo Petro, no quiere llamar al régimen de Maduro como lo que es, el Legislativo sí tiene esa potestad, tiene esa facultad”.

“Así que, si el gobierno de Gustavo Petro no ejerce en materia de seguridad, en materia de una buena política de vivienda, en materia de salud, en materia de energía, lo hará el Senado de la República, por eso acompaño la proposición”, afirmó el congresista del partido declarado en oposición.

Entre tanto, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, de Alianza Verde, rechazó la descertificación que recientemente hizo el gobierno de Estados Unidos a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico y la relacionó con esta declaratoria.

“Lo mínimo es que este Senado, en coherencia hoy en esta proposición de la cual yo soy coautor, declaremos a ese denominado ‘cartel de los soles’ como una organización criminal, transnacional y terrorista que está amenazando no solamente a la seguridad nacional y regional, sino la de otros países”, aseguró el Senador Pulido Hernández.

El Senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, manifestó su apoyo a la propuesta, pero resaltó que se debían tener en consideración algunos aspectos alrededor de esta declaratoria.

“Creería que ninguno de nosotros está en contra de decir una verdad, no solo nacional sino internacional, sobre lo que sucede en Venezuela. Pero una cosa distinta es exhortar al Gobierno Nacional”, dijo el Senador Chacón.

Agregó que “nosotros mismos apelamos a la independencia de los poderes públicos. Nosotros somos independientes y el Presidente también. Y es el mismo respeto que nosotros exigimos del Presidente hacia el Congreso de la República. Ese respeto que también tenemos que tener hacia el investido de la Presidencia”.

La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, subrayó que el Congreso “no puede suplantar las funciones del Presidente de la República. En ese sentido es muy importante que se respete la independencia de poderes y quien dirige la política internacional es el Presidente de la República”.

De igual forma, el senador Antonio Correa, del Partido de la U, manifestó que el Senado no debería pronunciarse sobre esta clase de temas.

“El artículo 189 de la Constitución Política delimita las funciones del Presidente de la República como jefe de las relaciones internacionales. El Congreso podrá, dentro de sus conceptos, pronunciarse, pero no entrometerse en las funciones del Ejecutivo, ni el Ejecutivo podrá hacerlo con el Legislativo”, expresó el Senador Correa.

Tras las intervenciones de varios congresistas, la Plenaria del Senado votó y 33 senadores se manifestaron a favor de la declaratoria como organización terrorista del ‘cartel de los soles’, mientras que 20 lo hicieron en contra.

Por María Camila Fernández

Bogotá, 16 de septiembre de 2025 (Prensa Senado). Diferentes voces de autoridades, expertos y ciudadanos se escucharon en el Senado de la República en medio de una audiencia pública sobre las fotomultas y que fue convocada por el Senador por el Partido de La U Julio Elías Vidal.

En la sesión se debatieron los alcances del proyecto de ley que busca regular el uso de sistemas automáticos, semiautomáticos y demás medios tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito y plantea nuevas reglas para la imposición de comparendos, mejor conocidas como fotomultas.

En el encuentro se escucharon voces de autoridades, expertos, ciudadanos, veedurías y representantes del sector transporte, todos con una visión común: la necesidad de actualizar y clarificar el uso de tecnologías en las vías, aunque desde posturas diversas sobre cómo lograrlo.

Desde el inicio de la audiencia, el senador Julio Elías Vidal dejó claro que el objetivo no es desconocer la utilidad de la tecnología, sino garantizar que su uso respete las garantías constitucionales.

Asimismo, fue enfático en señalar que la necesidad de esta regulación no es solo operativa, sino jurídica.

“Lo que estamos hablando acá en este tipo de proyectos, no es solamente de una necesidad, sino de la ley”, afirmó el Senador Vidal, quien añadió una crítica directa al funcionamiento actual del sistema.

Según el congresista, “lo ha dicho en varias oportunidades la Corte Constitucional, que para yo hacer valer un derecho fundamental no puedo violar otro, y eso es precisamente lo que a nuestro juicio está pasando con el tema de las fotomultas: se están violando derechos fundamentales como el debido proceso, derechos fundamentales como la presunción de inocencia, que son derechos fundamentales muy valiosos en el ámbito jurídico colombiano”.

Por su parte, representantes del Gobierno Nacional resaltaron la importancia de las tecnologías como herramientas para salvar vidas. Desde el Ministerio de Transporte, Douglas González, subdirector de Tránsito, argumentó que “las lesiones y muertes por siniestros viales son un problema de seguridad vial y la imposición de comparendos con la ayuda de tecnología permite disminuir las cifras”.

Sin embargo, desde otras entidades del Estado surgieron matices. El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, advirtió que el debido proceso ya está reglado y que no debe confundirse el debate.

“Escuchando a los congresistas presentes hablan del debido proceso, pero el proyecto de ley en ningún momento habla de la modificación al debido proceso que ya está reglado en el Código Nacional de Tránsito”, dijo el Superintendente de Transporte.

Y recordó que “los presuntos infractores, en el caso de ayudas tecnologías, tienen derecho a solicitar una audiencia si no están de acuerdo con la infracción que se les cometió”.

El concejal de Bogotá Julián Forero, uno de los intervinientes en la audiencia pública, señaló un enfoque excesivamente punitivo por parte de las autoridades. “Hay algo en lo que no estamos de acuerdo y es que volvieron el discurso de la seguridad vial un negocio”, dijo el Concejal.

Y agregó que “las autoridades de tránsito del país creen que con la sanción vamos a superar el tema de la seguridad vial y así no es”.

Numerosas intervenciones ciudadanas reflejaron inconformidades con el funcionamiento actual del sistema. Desde fallos en la identificación del conductor hasta sanciones sin pruebas claras, los relatos coincidieron en la sensación de indefensión.

Uno de los testimonios más enfáticos fue el de Alejandro González, representante de un grupo motero. “A mí me llegó un comparendo por exceso de velocidad el cual no tiene el video de a qué velocidad se supone que yo iba, tampoco tengo la descripción exacta de qué lugar fue donde se cometió esta infracción que realmente me tocó pagarla”, dijo González.

En un enfoque más técnico, Darío Hidalgo Guerrero, experto en transporte y movilidad, explicó que “la estrategia más efectiva a nivel global para reducir muertes en el corto plazo es la gestión de la velocidad y el control del exceso de velocidad”. Según datos de la ANSV, “el 28% de los conductores hoy exceden los límites de velocidad y el 42% de los motociclistas”.

Al finalizar la audiencia, el senador Jairo Castellanos, elegido por la Coalición Centro Esperanza, hizo un llamado a la equidad. “Aquí no podemos seguir premiando los intereses de los particulares por encima de la buena fe de la gente, aquí no podemos seguir metiéndole la mano al bolsillo a la gente porque sí, por defender unos intereses”, afirmó el congresista.

Finalmente, el senador Julio Elías Vidal reiteró que el objetivo del proyecto es escuchar todas las voces y avanzar hacia una solución consensuada.

“Hay que buscar la forma que esto funcione bien y yo sé que entre todos podemos buscar una mejor vía, por eso estamos hoy aquí, para escucharnos entre todos”, reflexionó el Senador por el Partido de La U.