La propuesta busca reafirmar el carácter transitorio de esta jurisdicción especial, evitando que un mecanismo excepcional adquiera un carácter prolongado.

Por: Isabel Colomna Sánchez.

Bogotá D.C. septiembre 24 de 2026 (Prensa Senado). Ante la Secretaría General del Senado, el senador Enrique Gómez Martínez (Movimiento de Salvación Nacional) radicó un proyecto de acto legislativo que busca fijar en 10 años, sin posibilidad de prórroga, el periodo de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La JEP es el tribunal de justicia transicional que se creó tras el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc, firmado en noviembre de 2016, y busca procesar a diferentes actores del conflicto armado, otorgando penas distintas a las de la justicia ordinaria y que tengan un carácter más restaurativo frente a las víctimas.

El senador Gómez Martínez, autor de la propuesta de no extender su vigencia, aseguró que la idea es establecer un período máximo e improrrogable de diez años para el ejercicio de las funciones de este tribunal de justicia.

El proyecto contempla que la Fiscalía General de la Nación pueda asumir las labores de investigación y acusación que sean necesarias para continuar con los casos que lleva la JEP y que se les den garantías a las personas que actualmente están sometidas a esta instancia judicial.

El congresista dice que, transcurridos más de ocho años desde su entrada en funcionamiento, resulta pertinente analizar si la JEP ha logrado satisfacer de manera efectiva los fines de verdad, justicia, reparación y no repetición que justificaron su creación.

“Mantener abierta la posibilidad de una extensión también representa un impacto importante sobre los recursos públicos. De prolongarse por cinco años más la JEP costaría alrededor de 6,2 billones de pesos más, entre 2027 a 2033, dineros que son prioritarios en este momento en la justicia ordinaria para descongestionar los juzgados y crear nuevos puestos de trabajo de planta”, aseguró el congresista.

La radicación del proyecto de enmienda constitucional del senador Gómez Martínez contó con la presencia de su colega y copartidario Germán Rodríguez y la representante a la Cámara también de Salvación Nacional Carol Borda.

Las Comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara de Representantes discutieron sobre la distribución de los recursos y revisaron cuáles de las 615 proposiciones presentadas quedarían incorporadas al proyecto antes de llegar a las plenarias.

Por Olga Materón

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2026. (Prensa Senado). Las comisiones terceras y cuartas el Senado de la República y la Cámara de Representantes debatieron y aprobaron en la noche del miércoles el primer debate del proyecto de ley que determina el Presupuesto General de la Nación del 2027.

La iniciativa fija las finanzas públicas para el próximo año y, tras su paso por las comisiones económicas del Congreso, debe superar sus votaciones en las plenarias de Senado y Cámara.

Hace algunos días ya se había avalado el monto del Presupuesto para el 2027 por 634,9 billones de pesos y lo que hicieron estas células legislativas en la sesión conjunta del miércoles fue redistribuir algunos recursos que recibirían las diferentes instancias oficiales que tienen participación en el proyecto de ley.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, explicó a los congresistas que el Gobierno Nacional hubiera “preferido” recibir las finanzas públicas “con una situación distinta”.

“Veníamos con la idea de un plan de austeridad, pero no contábamos con el terremoto que cambió en instantes la realidad económica que tenemos que enfrentar”, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda y encargado principal por parte del Ejecutivo del trámite del Presupuesto General de la Nación.

El alto funcionario afirmó que el Gobierno Nacional ha sincerado la situación, tomado medidas urgentes para identificar partidas que pudieran liberar recursos para atender la emergencia.

Y agregó que “el gasto venía desbordado en los últimos meses del gobierno anterior” y que la inversión que se ha realizado en los últimos cuatro años “ha sido la más baja que ha tenido Colombia desde 1975”.

Por su parte, el senador Christian Munir, del Partido Centro Democrático, fue enfático al decir que “los colombianos quieren inversión, no quieren burocracia”, y dijo que espera que el Gobierno cumpla con los ajustes pertinentes y anunciados sobre las finanzas públicas.

La bancada del Pacto Histórico rechazó la idea de la disminución de presupuesto en algunos departamentos del país y que, según la senadora Deisy Osorio, “serán los más afectados” con la redistribución de los montos en la iniciativa.

Entre los cinco departamentos que enfrentan significativos recortes presupuestales, por el momento, están San Andrés con un 37 % menos; Vichada con una reducción de 34 %; Atlántico con una disminución de 26 %, al igual que Tolima y Bolívar con una baja de inyección de recursos de 21 %, según cifras proyectadas por la congresista del partido opositor al Gobierno Nacional.

Modificaciones en distribución de algunos presupuestos

Dentro de los principales cambios en la distribución de los recursos en el proyecto de ley de Presupuesto para el próximo año están un traslado de 2 billones de pesos más para salud y protección social y un incremento para la cartera de deporte y recreación de 99.100 millones de pesos.

Así mismo habrá una reducción de 13.500 millones de pesos para planeación y una reducción de 15.600 millones de pesos para transporte.

Cabe aclarar que estos ajustes no modifican el monto total aprobado de presupuesto, sino que solo cambian internamente la distribución de los recursos.

El ministro de Gómez Martínez finalizó su intervención agradeciendo los aportes de los congresistas de oposición y aseguró que “este es un presupuesto muy difícil, tiene costos políticos que ustedes están asumiendo”.