Desde la elaboración del calendario electoral hasta la ejecución de la jornada de votación, la Registraduría organiza y garantiza los procesos electorales, asegurando que la ciudadanía participe de forma directa y transparente.

Por: Isabel Colomna Sánchez.

Bogotá D.C. febrero 13 de 2026 (Prensa Senado)

La Registraduría Nacional del Estado Civil, es una entidad autónoma del Estado colombiano encargada de funciones de la vida civil de las personas y el funcionamiento del sistema democrático.

Para las elecciones de 2026, el registrador Nacional, Hernán Penagos, se ha encargado de llevar el cronograma oficial que orienta tanto a autoridades como a partidos y ciudadanos.

La entidad define y habilita los puestos de votación en todo el territorio nacional y en el exterior, así como la logística necesaria para su funcionamiento, entre ella la impresión de tarjetas electorales, la disposición de urnas y la provisión de herramientas tecnológicas para el preconteo y la transmisión de resultados.

También realiza es el censo electoral, el cual sirve como referencia oficial para garantizar que el derecho al sufragio sea ejercido por quienes cumplen los requisitos legales.

A su vez, recibe y formaliza la inscripción de candidatos de partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, asegurando que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

La Registraduría conforma, actualiza y depura la base de datos de ciudadanos habilitados para votar, y coordina los procesos de inscripción de cédulas, especialmente para quienes cambian su lugar de residencia.

Durante la jornada electoral, la entidad designa a los jurados de votación y se encarga de su capacitación. Igualmente, realiza el conteo preliminar de los votos y organiza la documentación que posteriormente es revisada por las comisiones escrutadoras.

Organiza otros mecanismos de participación ciudadana, como consultas populares, revocatorias de mandato y elecciones de consejos de juventud.
En un segundo punto, se destaca el asesorar y prestar el apoyo pertinente en los procesos de elecciones de diversa índole en que las disposiciones legales así lo determinen.

Luego, otra función relevante es la de llevar las estadísticas de naturaleza electoral relacionadas con los resultados obtenidos en los debates electorales y procesos de participación ciudadana.

Coordina con los organismos y autoridades competentes del Estado, las acciones orientadas al desarrollo óptimo de los eventos electorales y de participación ciudadana.

Y, por último, procede a la cancelación de las cédulas por causales establecidas en el Código Electoral y demás disposiciones sobre la materia y pone en conocimiento de las autoridades competentes los hechos, cuando se trate de irregularidades.

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La medida cautelar de ese alto tribunal en materia administrativa, ordena al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días.

Bogotá, D. C, 13 de febrero de 2026, (Prensa-Senado)

Senadores se pronunciaron a través de las redes sociales tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el pago del aumento del salario mínimo para 2026, mientras el máximo tribunal de justicia, en materia administrativa, evalúa una demanda, que pide tumbar de fondo el decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro lo aumentó un 23,7 % y lo dejó en COP 1.750.905 (COP 2.000.000 con auxilios).

“Lo advertimos: las decisiones que impactan empleo inflación y estabilidad empresarial deben tener sustento técnico y diálogo real”, señaló sobre el tema el senador Nicolás Echeverry, del Partido Conservador.

El senador Ferney Silva, Pacto Histórico dijo en su cuenta de X: “Como senador y defensor de los trabajadores, rechazo la suspensión provisional del salario mínimo vital por el Consejo de Estado. El Decreto 1469/2025, que llevó el salario a $1.750.905 + auxilio de transporte que lo dejaba en $2.000.000, es un avance histórico hacia la dignidad laboral consagrada en la Constitución (art. 53) y la OIT. No es un lujo: es justicia para millones de familias que apenas sobreviven. Esta medida cautelar beneficia a gremios que resisten el cambio, pero castiga a los más vulnerables. Exijo al Gobierno expedir rápido el decreto transitorio manteniendo el espíritu del salario vital. ¡El salario mínimo vital no se toca! ¡Por una Colombia digna y equitativa!”.

Entre tanto la senadora Paloma Valencia se pronunció a través de un video donde señala textualmente: “Le exigimos al gobierno que presente ya las modificaciones al salario mínimo que exige el Consejo de Estado, porque no podemos permitir que la ilusión de miles y millones de colombianos de tener mejores salarios vaya a terminar nula. Claro que entendemos el sufrimiento de muchos y sobre todo pequeños empresarios que hoy se sienten agobiados con las alzas del salario…” y agregó: “Nosotros queremos más salario para los trabajadores y menos impuestos para los empresarios. Esa es la manera como construimos la economía fraterna, donde a todos les va bien, a los empresarios, a los trabajadores, a los informales, aquellos que tienen un negocio y son emprendedores, porque Colombia puede salir unida hacia adelante”.

El senador del Partido Comunes, Omar Restrepo destacó en su cuenta de X: “¡Indignante! El @consejodeestado ataca de nuevo. Al suspender el salario mínimo vital confirman que solo defienden a las élites oligárquicas y contra la dignidad de la gente de a pie. No nos vamos a quedar cruzados de brazos. ¡Nos vemos en las calles! #ALasCalles”, mientras que la senadora del mismo partido Sandra Ramírez señaló: “Un Magistrado del Consejo de Estado, que se gana más de $60 millones al mes, decidió que $2 millones de pesos de Salario Mínimo es mucha plata para la clase trabajadora de nuestro país. Premiaron a la oligarquía, al gran empresario y como siempre JODIERON al pueblo. NEFASTO”.