Una comisión conformada por la Contraloría, ingenieros, conductores y congresistas debe estar al frente de estos acuerdos tarifarios, propuso el senador Guillermo García (Partido Liberal)
Por: Keir Ernesto Villero Damián
Bogotá D.C., mayo 4 de 2021 (Prensa Senado).-En debate de control político la Comisión Quinta del Senado, realizó fuertes cuestionamientos al Gobierno sobre el tema de los excesivos precios de los peajes en todo el país, donde el citante , senador Guillermo García Realpe del partido Liberal expresó “hoy tenemos cerrada la vía entre Colombia y Ecuador para lo cual pedimos reducción de las tarifas de los peajes porque en el Sur del país las sociedades y vidas económica son de carácter binacional, que son perjudicadas como en el caso de los indígenas, transportadores y comerciantes”.
El congresista García Realpe, indicó que “en el trayecto de la doble calzada de la vía de Pasto- Rumichaca o Rumichaca- Pasto, se debe proceder a las consultas previas con los indígenas para que se reanude la construcción de esta vía y se piense en el marco tarifario de los peajes ubicados en los puntos de Ipiales llamados – contadero y el placer UF4.”
“Estos peajes iniciaron con un valor en enero de 2021 de $10.500 y en abril del mismo año pasaron a $13.500, donde le consultamos al gobierno si han tenido en cuenta la temporada de pandemia, que ha traído como consecuencia el cierre de los establecimientos comerciales, la pérdida del empleo, el que sea un corredor fronterizo para la realización de estas alzas y cuál es el apoyo para la reactivación económica”, afirmó el legislador Guillermo García.
Para la senadora Aida Abella “es necesario mirar los dueños de estas concesiones de peajes que en el sur del país es el grupo AVAL, dueño de la mayoría de las vías y la familia Gerlein que son los dueños en las vías en el norte de País ”. Así mismo manifestó que es urgente que la ley reglamente las tarifas de los peajes colombianos.
Para el gobernador de Nariño, John Alexander Rojas, “la doble calzada debe incluir el punto entre San Juan – Ipiales, donde se llegó a un acuerdo entre los transportadores de carga y se avaló la construcción de dialogo de la ministra de Transporte, Ángela Orozco y la población indígena para avanzar en las mesas de concertación”.
Jesus Guasapu, gobernador indígena precisó: “veíamos con buenos ojos la construcción de esta vía, pero la imposición de dos peajes resultó triste, ver que le estamos pagando a esta multinacional donde estos recursos se van para otros países sin que se reinviertan en obras en Nariño, por lo tanto llamamos la atención al gobierno, a los congresistas y dirigentes porque nos vamos a las vías de hecho para que se logre una mesa de concertación, más aún en esta época de pandemia , para ofrecerle un mejor futuro a nuestras generaciones futuras, eliminando el cobro desmesurado de los peajes”.
Osca Tapias, representante de los camioneros en Nariño manifestó “los peajes hoy en día representan un 35 por ciento de los gastos, desde Nariño a la Guajira pagamos un millón 200 mil pesos, es indignante que de un momento a otro nos aumente el valor, de enero a abril, para lo cual pedimos regular las tarifas en los peajes porque están convirtiendo al país muy costoso para viajar por carretera.”
Jeymi del Mar de la Cámara del Comercio de Nariño, manifestó que el departamento tiene unos de los peajes más costosos, “Lo que afecta a los comerciantes que pagan impuestos y que se han unido a los indígenas para que se logre un acuerdo para la reducción de estas tarifas.”
El Congreso expresa
La senadora Miriam Paredes del partido Conservador, como nariñense preció que “para nadie es desconocido el daño en el orden público a causa del narcotráfico y la situación fronteriza, pero reconocemos las buenas labores del actual gobierno y el pasado, hoy hay un compromiso de la ANI de frenar el peaje de Contador antes de la conclusión de la obra, para lo cual aspiramos que para esta situación prime el dialogo, para lograr consenso y evitar tragedias en la zona”.
Entre tanto la Senadora Maritza Martínez del Partido de la U, recordó que en el departamento del Meta se encuentran los tres peajes más costosos del país, “la vía Bogotá - Villavicencio representa a los usuario un valor de 500 pesos por kilómetros, reprochable que el valor de la tarifa plena de $42.900 pase a $44.900, haciendo la vida más costosa para la población más vulnerable, afectando el turismo y perjudicando a los productores agrícolas”.
En el mismo sentido el senador Jorge Eduardo Londoño de Alianza Verde recordó que este no es un tema nuevo “el 29 por ciento de la renta equivale a los peajes que pagamos por vías deterioradas, porque no hay una política pública en materia de peajes, por ejemplo la concesión a Briceño- Tunja, era de veinte años donde se pagó la construcción de la vía y el gobierno la amplió 10 años más, sin consulta alguna a la comunidad o dirigencia departamental, en detrimento de la nación, más aún en plena pandemia, en un costo tan elevado”.
El senador Jorge Enrique Robledo (Dignidad) informó que le ha pedido a la Contraloría un informe sobre los peajes a nivel nacional y el tipo de contratación, “se dice que la única forma de hacer carreteras es con peajes, cuando debe haber otra forma para las construcción de estas vías”.
Así mismo señaló que “un peaje es como un impuesto a la panela, casi todos los contratos se consiguen sin competencia, dándose un monopolio en forma de abuso, hay firmas de ingeniería que tienen más abogados que ingenieros realizando ganancias irregulares, que amerita un debate sobre el interés público, porque el estado es de todos y estamos llamado a defenderlo aún más cuando tenemos 12 millones de colombianos desempleados.”
Por su parte la senadora Sandra Ortiz de Alianza Verde lamentó la situación que está viviendo el país “el gobierno no ha escuchado a la comunidad, más cuando el sector transportador está agobiado por las alzas desmesuradas de los combustibles y peajes, cuando en países como Argentina, que no es productor de gasolina, es más barato el combustible, lo delicado es que aquí las vías están en mal estado, para lo cual pedimos a la Contraloría las condiciones de estas concesiones, para que se logre con el gobierno una reglamentación de las tarifas de los peajes”.
Así mismo el senador Didier Lobo de Cambio Radical afirmo que “el tema de los peajes es algo que se debe revisar para que regulen la distancia, la forma de adjudicación, riesgos y que los peajes no sean perpetuos para nadie, pero se deben buscar otras alternativas cuando ya se haya cumplido con el pago de la vía, y se aproveche este espacio para construir una política pública para que se minimice el costo de los peajes”.
El senador José Obdulio Gaviria del Centro Democrático dijo que se siente sorprendido con las obras que se han hecho en Antioquia y han ayudado al des embotellamiento de algunos municipios que ante eran difícil el transitar, “hoy hay empresarios que han invertido en las vías del norte del Valle de Aburra, que ha facilitado la comunicación pero con capital privado que es un gran aporte, donde también hay que tener una reciprocidad cuando se tiene buenas obras”.
Para la senadora conservadora Nora García “Colombia ha venido construyendo una infraestructura vial para ser competitiva, por eso se ha trabajado con el mecanismo de las concesiones dándole a unas empresas privadas para que construyan las vías , pero tenemos unos casos como el de las altas tarifas, donde el departamento de Córdoba tiene ocho peaje y Sucre tiene cuatro peajes que viene causando dificultades económicas a la comunidad, para lo cual es necesario que el gobierno se siente ha a hablar con estos concesionarios y trabajar en un marco legal justo y se establezca los requisitos para la instalación de un peaje de tiempo espacio y lugar”.
El Gobierno responde
La ministra de Transporte Ángela María Orozco, precisó que el principal objetivo del Gobierno es conectar las vías de los colombianos y velar por la seguridad vial a través del transporte, “las concesiones que están son contratos que el actual gobierno encontró, parte del ejercicio fue hacer una transformación de la Agencia Nacional de Infraestructura, trabajar caso por caso y mirar el tema de los recaudos y mecanismo de financiación”.
La titular de la cartera recordó que el Ministerio viene trabajando con todas las partes para lograr una sostenibilidad en cada contrato, “hacer un túnel es más costoso que la construcción de una doble calzada, por eso todos los peajes no son iguales y debemos analizar los temas para las nuevas concesiones viales, entendiendo que las comunidades tienen que apoyar sus proyectos”.
Para el presidente de la ANI- Manuel Felipe Gutiérrez, “estamos trabajando con la gobernación de Nariño y demás autoridades, incluyendo las comunidades indígenas, para lograr un acuerdo y darle continuidad a la vía, hoy estamos interviniendo 83 kilómetros de la vía Rumichaca - Ipiales, donde hemos hablado con los resguardos para resolver las posibles dificultades para seguir con la vía y disminuir el tiempo del viaje. Es cierto que tenemos inconvenientes con las tarifas de los peajes, estamos trabajando una solución de reducción tarifaria”.
Por su parte el viceministro de Comercio, Saúl Pineda, dijo “venimos trabajando con las entidades territoriales y privadas de Nariño, con las estrategias productivas y en materia de financiamiento nuestra banca Bancoldex, ha realizado créditos a través de la banca privada y con la alcaldía de Pasto, una línea de 7 mil millones de pesos de los cuales el 90 por ciento se destinó a las MYPIMES del departamento de Nariño”.
La senadora Aida Avella de Decentes, insistió en los tratamientos irregulares administrativos “porque se importa maní cuando Nariño es productor, por qué se le ha dejado a un importador de apellido Solarte traer todas las harinas, en contra de la producción nacional.”
Al cierre del debate el senador Guillermo García Realpe, recalcó que “hoy la frontera está cerrada para la gente legal, pero para los ilegales como los pelufos, rastrojos y demás bandas criminales que controlan las fronteras no hay ley; con la importación de armas y mercancías ilegales y le digo al director de la ANI, que estimuló el paro al callar que el peaje ya tenía la categoría uno, esperamos que sea socializada, para que más adelante cuando esté terminada la obra revisemos las tarifas, para la cual propongo una comisión de seguimiento, conformada por representantes de transportadores, indígenas, Contraloría General de la República, representantes de ingenieros y congresistas para que no se dé el desequilibrio contractual”.
Reviva la sesión dela Comisión Quinta a través del siguiente enlace:
(Imagen de referencia Ministerio de Transporte)