Las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, se reunieron con el fin de dar debate al Proyecto de Ley No. 423 de 2021 Senado – 595 de 2021 Cámara, “Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”, con el fin de reformar el Código Disciplinario.
Por: Samia Abisambra Vesga
Bogotá D.C, 1 de junio de 2021 (Prensa Senado). El Proyecto de Ley No. 423 de 2021 Senado – 595 de 2021 Cámara, “Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”, busca se le atribuya a la Procuraduría General de la Nación la función jurisdiccional para juzgar e investigar a los servidores públicos, incluidos los de elección popular, entre otros temas.
Con el Proyecto de Ley No. 423 de 2021 Senado – 595 de 2021 Cámara, se pretende dar cumplimiento a la Sentencia del 8 de junio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se señaló la necesidad de generar mayores garantías para los destinatarios de la ley disciplinaria y ordenó al Estado colombiano a adecuar el ordenamiento jurídico interno.
Una vez realizada la votación de los impedimentos se dio lectura, exposición y votación de las ponencias de primer debate del proyecto de ley que busca fortalecer las garantías que requieren las actuaciones disciplinarias contra los servidores públicos.
El senador Fabio Amin (Partido Liberal), coordinador ponente del proyecto de ley, comentó que este proyecto busca dar cumplimiento a la sentencia del 8 de junio de 2020, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se señaló que “se hace necesario generar mayores garantías para los destinatarios de leyes disciplinarias en aplicación del artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.
Por su parte, el senador Roy Barreras (Partido de la U), quien solicitó archivar el proyecto, informó que este proyecto convierte a la misma Procuraduría en juez y, continuó diciendo que, “si bien es cierto que el artículo 116 de la Constitución permite entregarles funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas de manera excepcional, el destituir o suspender a un funcionario no es una facultad excepcional, sino general”.
En este mismo sentido, el senador Rooslvert Rodríguez (Partido de la U), manifestó que la Procuraduría es un organismo de control y no podría otorgárseles funciones disciplinarias. Para el senador darle funciones jurisdiccionales a esta entidad riñe con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política que establece cuáles son las instituciones que administran justicia.
Por su parte, para la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) este proyecto de ley debe archivarse debido a que “no es posible volver a la Procuraduría en juez; el juez no contará con independencia judicial; y el fallo debe interpretarse de forma literal”. Asimismo, el senador Julián Gallo (Partido Comunes) comentó que el proyecto no solo no cumple por lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que se está haciendo es “otorgarle facultades jurisdiccionales a la Procuraduría, violando abiertamente la sentencia de la Corte”.
Para la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) “el proyecto de ley cuenta con aspectos positivos y negativos; dentro de los negativos se encuentra la ampliación de la planta de la Procuraduría” y concluye comentando que el problema no es la iniciativa, sino el diseño de las instituciones.
Las Comisiones Primeras Conjuntas finalizarán el debate el día 2 de junio.
Reviva la sesión de las Comisiones Primeras Conjuntas en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=jTqxWjfhnqA
(Imagen de referencia Ámbito Jurídico)