Según el reporte global de UNODC registra un 65 % de víctimas por este delito que suele estar acompañado de una serie de maltratos, dolorosos e inhumanos, siendo la principal finalidad la explotación sexual.
Por: María José Camargo Peraza / Laura Velásquez
Bogotá D.C., noviembre 25 de 2021 (prensa senado). – En el marco del debate de control político, Medidas tendientes a la reglamentación, implementación, seguimiento y control de las leyes vigentes, en materia de Trata de Personas, la representante a la cámara Jezmi Lizeth Barraza Arraut (liberal) presidenta de la comisión legal para la equidad de la mujer recalcó la gravedad del flagelo al precisar, “según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), entre 2015 y 2020 se han registrado más de 600 víctimas de trata de personas en nuestro país. Una cifra que no es menor, sobre todo cuando el 12% de esas víctimas son niñas y adolescentes”.
La senadora Aída Yolanda Avella Esquivel (Partido coalición lista de la decencia) enfatizó en decir, “hay necesidad de que el estado tenga la posibilidad de dar salidas concretas, no solo para la violencia intrafamiliar, sino también para la trata de personas y es brindar posibilidades de trabajo a las mujeres”.
Gissela Vanessa Arias González, defensora delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género, explicó los tres puntos claves en los que se enfoca la defensoría, que van dirigidos al fortalecimiento de las capacidades institucionales a través de la formación y capacitación de los funcionarios; seguimiento al restablecimiento de los derechos a las víctimas y articulación que la defensoría del pueblo mantiene con organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de estos fenómenos.
Por último, el ministro de justicia, Wilson Ruiz Orejuela puntualizó, “la lucha contra la trata de personas lo hacemos a través del fortalecimiento y apropiación de herramientas y estrategias de información y comunicación; debemos mejorar los canales de denuncia del delito de trata para facilitar el acceso a las víctimas, así como generar espacios de formación y actualización para los funcionarios de investigación”.