Se escuchó, en sesión informal las posturas de los diferentes gremios acerca del Proyecto de Ley número 251 de 2021 Senado: “Por medio de la cual se aprueba el «Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe», adoptado en Escazú́, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”.
Por: Samia Abisambra Vesga y Keir Villero
Bogotá D.C., mayo 17 de 2022 (Prensa Senado). La plenaria del Senado dio inicio éste martes a la discusión del proyecto de ley por medio del cual Colombia se acoge a los dispuesto en el Acuerdo de Eascazú sobre compromisos del país en materia ambiental.
El senador ponente Iván Cepeda (Polo Democrático) dio a conocer que se están viendo al menos tres o cuatro catástrofes que pueden ser contrarrestados con algunas herramientas que brinda el Acuerdo, “por una parte tenemos la destrucción, cada vez más inevitable, de la Amazonía; se está aniquilando el sistema más rico del planeta en materia de biodiversidad en medio de nuestra complacencia y, como si eso fuera poco, en este Congreso hemos asistido a argumentaciones criminales como la de sostener que es posible seguir explotando en páramos, así como nuestras riquezas minerales y el petróleo”.
Por su parte, el también senador ponente Antonio Sanguino Páez (Partido Verde) dio a conocer que este acuerdo arranca en 1992 con la Declaración de Rio, que en el principio 10 establece que “los Estados del mundo deberían comprometerse en cuatro asuntos de los que trata el Acuerdo de Escazú como lo es el garantizar el acceso a la información por parte de la ciudadanía, a la democracia ambiental, a los mecanismos de justicia y la protección de quienes defienden las causas ambientales”.
En esta misma línea, el otro ponente, senador Feliciano Valencia Medina (MAIS) invitó como miembro de los pueblos indígenas y comunidades étnicas a votar de manera unánime la aprobación del Acuerdo de Escazú, el cual tiene que ver no solo con la vida de las personas sino de todos los seres del planeta y recordó que este tratado busca fortalecer la legislación ambiental de Colombia.
Algunas voces de gremios sobre el acuerdo
En la sesión se escuchó igualmente a los gremios. Para Santiago Marroquín, de la Cámara de Comercio Colombo Americana, este proyecto podría afectar los acuerdos comerciales, debido a que el Estado podría ser demandado por las empresas inversionistas.
Gonzalo Moreno, de Fenavi, manifestó que se debe archivar esta iniciativa, por el principio de precaución el cual en su artículo tercero, se establece que por cualquier sospecha se suspende el desarrollo de cualquier proyecto, establece inestabilidad jurídica.
Entre tanto, Ignacio Cruz, de Fedegan, indicó que este proyecto “perjudica el devenir de las actuales normas, porque nuestra normatividad ambiental es bastante robusta. El acuerdo prevé que las entidades públicas exijan a las empresas privadas información en contra de la naturaleza de los proyectos a desarrollar, y no genera ningún espacio de participación política”.
Por su parte, Andrés Felipe García de Fedepalma, señaló que “acompañamos la filosofía del acuerdo, pero tenemos un marco normativo que aunque tenemos que mejorar, aquí vamos a perder seguridad jurídica para el desarrollo de proyectos existentes y futuros. Los retos en Colombia lo debemos resolver entre nosotros y el gobierno no nos ha llamado para desarrollarlo en conjunto”.
De igual manera, Juan Arturo González, de la Andi, explicó que “en nuestra legislación se establecen mejores garantías que en el acuerdo de Escazú, sabemos que tenemos asuntos que mejorar pero aquí perdemos soberanía y genera incertidumbre afectando las inversiones extranjeras”.
Reviva la Plenaria a través del siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=pE83phBQ45Y