El interesante ejercicio democrático, convocado y liderado por el Senador Julián Gallo Cubillos, en el que se oyó a los desposeídos, asociaciones campesinas y abogados de las víctimas, se convirtió en una luz de esperanza para estas atribuladas comunidades que durante décadas, según denunciaron convincentes y amparados en pruebas, “han sufrido los rigores y persecución de mafias criminales que han actuado con la complicidad del Estado”.
Por Nancy Piedad Sánchez Pérez
Bogotá D.C., noviembre 23 de 2022 (prensa senado).- En la ciudad de Cartagena – Bolívar, en un auditorio abarrotado de herederos y lugareños en general, se llevó a cabo Audiencia Pública sobre el conflicto entre comunidades negras y empresarios por predios en las islas de Barú, ejercicio democrático liderado por el senador Julián Gallo Cubillos, Partido Comunes, que contó con la presencia de la Representante a la Cámara Palenquera, Dorina Hernández Palomino, Pacto Histórico, abogados de la víctimas, y el presidente de la Asociación Campesina Montes de Dios, de la finca Cachenche, Enaldo Tovar, entre otras personas.
El senador Julián Gallo Cubillos al dar apertura a la audiencia pública expresó: “Es muy satisfactorio ver la respuesta a este tipo de ejercicios democráticos, y llamó la atención a los órganos de control en el sentido que es un caso más de las familias de las islas de Barú, porque esta audiencia se da en un momento histórico, en un gobierno que se ha comprometido con el cambio, de que se haga justicia en Colombia para con los desposeídos, las comunidades afro, los indígenas, y los campesinos, que tradicionalmente han sido despojados de la tierra”.
En su emotiva intervención, dada la respuesta de la comunidad presente, que ve por fin una luz de esperanza a sus reclamaciones, el congresista del Partido Comunes enfatizó: “Colombia es uno de los países que tienen el mayor nivel de concentración de la propiedad de la tierra, y eso ha determinado no solo una injusticia por el robo de esta, sino la configuración de un sistema político corrupto y criminal que no se ha detenido, al punto de llegar a asesinar para el despojo de la tierra. Este ejercicio es un paso más de lucha, de resistencia, de denuncia; que hasta ahora no ha encontrado eco, porque todo el Estado fue cooptado, en decenas de años, por unas mafias criminales que se apoderaron del estado, para ponerlo al servicio de sus propios intereses”.
Fue contundente el senador Julián Gallo Cubillos al afirmar que “esta audiencia servirá para darle continuidad al proceso de denuncias, con el consenso de las bancadas de Comunes y del Pacto Histórico, para hacer justicia con las comunidades que fueron despojadas de la tierra y condenadas a sobrevivir”.
Por su parte, la Representante Dorina Hernández Palomino, en su intervención, hizo memoria de sus raíces, y reafirmó: “Estos espacios sirven para empoderarnos de nuestros orígenes y pararnos en la raya; esa resistencia es la que ha puesto a temblar al sistema colonial, a España y todo su imperio… Le dimos ejemplo a América Latina y a Colombia de que podíamos ser libres; los pueblos negros estamos ubicados política y geográficamente en los mejores sitios estratégicos de Cartagena, y eso es producto de esa lucha que hoy referenciamos; el territorio también es nuestra cultura. Nuestros abuelos decían que la esclavitud volverá cuando vendamos el último pedacito de tierra”.
Ratificó la representante Hernández Palomino, que de la mano de la bancada Comunes, el Pacto Histórico, el Congreso, y el acuerdo nacional, se trabajará para cambiar el ordenamiento jurídico y legislar a favor de los verdaderos dueños del territorio, y remató con una metáfora: “Los leones, apenas comprendan que son sus propios lideres, ya no podrán ser cazados por sus depredadores, que son el capital privado que los representa, con el auspicio, además, del sector público”.
En el mismo sentido, en su intervención, La heredera de la Hacienda Santana, Libia Esther Sabonero Martínez, presidenta del comité Valledupar de Isla de Barú, pidió “¡Justicia! Que se genere una gran conciliación de paz… Han sido muchas las componendas y artimañas jurídicas, a veces violentas, que se han usado contra los despojados de las tierras, con posesión de propiedades ancestrales, 94 colonos, con la complicidad estatal. Cosas aberrantes; como que la oficina de Registro de Instrumentos Públicos entregaba certificaciones en los procesos de pertenencia, donde decía que sobre estos predios no había escrito derechos reales, cuando la realidad era otra”, sentenció indignada.
A su vez, intervino el Abogado Jhon Cadena, que asesora a varias familias que viven en Barú, ha recuperado más o menos 15 hectáreas, de las 200 que tiene como meta (el predio de la hacienda Santana son 3500 hectáreas), “pero el Estado y los Obregón y los Echavarría, convirtieron un territorio privado en un bien fiscal; y los bienes fiscales no son prescriptibles… Después mandan la policía y ejército ¡Es una orden!, y los tienen que sacar… Hay mucho material para probar el daño que les han hecho a estas familias”, manifestó.
Expresó además el jurista: “Es importante destacar que las 3500 hectáreas de Hacienda Santana (Tierra Blanca, La Puntilla, El Decamerón), es la tierra que más vale del país; una hectárea vale tres millones de dólares, es un bien privado y es sujeto de venta; hay personas que tienen derechos adquiridos que tampoco se pueden vulnerar, por eso es urgente hacer una clarificación del título y hacer un proyecto turístico, e involucrar a todos los raizales”.
Según el abogado Cadena, “hay centenares de irregularidades, algunas prescritas, otras engavetadas por la Fiscalía, por la Personería de Cartagena. El verdadero cuello de botella que existe es la justicia; por ejemplo, a un predio de Barcasnegras, le falsificaron la firma e hicieron una escritura, y Pablo Obregón y otros se apoderaron del predio. Después, se lo vendieron a FONADE, y se robaron 83 mil millones de pesos; fuera de eso, montaron unas celadurías que las paga el propio estado… Son miles de millones de pesos que se roban; entonces, los Fiscales que han antecedido al Dr. Barbosa ordenan que no hagan absolutamente nada, es más, retiraron los fiscales anticorrupción, solo hay uno, y si no hay fiscal que investigue, no habrá oportunidad”, refirió.
Para terminar, narró un típico caso, el abogado en mención: “Hace poco, denuncié a la personera de Cartagena por un acto grave de corrupción… No hay fiscal; hay mérito, pero ahí engavetaron el proceso… Entonces, esperan que prescriba, y cuando está a punto de prescribir, llaman al funcionario, pero ya han transcurrido seis u ocho años, ya la inmediatez del proceso jurídico no va a existir”.
La propuesta que sugiere el abogado Cadena, es que la oficina de registro califique cada uno de esos registros, con los que despojaron a esos 94 nativos, “porque yo estoy seguro que en un 80% son registros fraudulentos, irregulares, que se hicieron con muchas aberraciones jurídicas en ese folio de matrícula inmobiliaria que es la hacienda Santana”, remató.
De otro lado, Enaldo Tovar, presidente de la Asociación Campesina Montes de Dios, de la finca Cachenche, en el municipio de Turbana - Bolívar, refirió que cuentan con 280 hectáreas para cultivar, y se solidariza con las familias desplazadas en las islas de Barú, “la apuesta es mitigar el hambre, y que la costa Caribe colombiana se convierta en la gran despensa agraria y de sostenimiento ambiental de este país; los campesinos son los referentes de paz y desarrollo”, expresó.
Manifestó además, el presidente de este colectivo: “La función de la Asociación es capacitar al campesinado para que produzca a gran escala, y evitar el desabastecimiento alimentario en la costa norte del departamento de Bolívar; además, busca que el gobierno nacional, y el gobierno departamental, se fijen y apoyen al campesinado. Hace un década se firmó un TLC, pero al campesinado colombiano se le dio la espalda; hoy, el campesinado no cuenta con la tierra para cultivar, ni tampoco un subsidio para fertilizantes y abonos para preparar la tierra… Tampoco tiene créditos para poder impulsar el desarrollo de su cultivo. Lo que buscamos con nuestra Asociación es que el Estado, Banco Agrario, las Secretarías de Agricultura departamentales y municipales, comiencen a organizar a sus comunidades, y el campesinado de un resultado, y así se baja el alto costo de la canasta familiar”.
Por último, enfatizó el líder comunal, que el despojo de tierras genera desplazamiento, desarticula los núcleos familiares, genera mucha desigualdad y que ese es el gran problema social: “Es una bomba de tiempo que tiene este país, por eso nosotros le apuntamos a la recuperación de nuestros predios, llegar a nuestro campos a cultivar y a garantizarnos nuestra propia alimentación. La descomposición social es producto de esos desplazamientos masivos de los campesinos, ellos no tienen oportunidades cuando llegan a las ciudades capitales”.
Finalmente, el senador Julián Gallo Cubillos concluyó que no se equivocó en convocar este ejercicio democrático, para oír de viva voz la problemática que viven estas familias de las islas de Barú, desplazadas: “Aquí, lo que se ha dicho es sumamente grave, es la documentación de varias familias herederas y abogados que han adelantado una guerra desigual frente a unas mafias que se apoderaron del Estado, para despojar de la tierra a los verdaderos dueños; las comunidades nativas, raizales, tienen razón… Esto no es un caso aislado, sino la repetición de un proceso con mayor acumulación, de una verdadera asociación criminal de tierras despojadas, que utilizan todas las entidades del estado; aquí hay involucrados, alcaldías, gobernaciones, notarías y órganos de control”.
El congresista del Partido Comunes se comprometió, a nombre de su bancada, y la del Pacto Histórico, a asumir el compromiso no solo de la denuncia, sino del acompañamiento para determinar que no se sigan cometiendo esa serie de irregularidades, que han permitido que se consuma ese despojo.
Al rematar la jornada, el congresista hizo un serio compromiso con la comunidad, que consiste en llevar la denuncia, a través de una constancia, ante el Congreso, para dar a conocer en sesiones plenarias de Senado y Cámara, las denuncias aportadas, en el marco de un debate de control político, “para que el país se entere de quiénes son los responsables del despojo, de llevar a esas familias a la miseria, el abandono y la persecución por el propio Estado, que ha sido utilizado para perpetuar esos crímenes contra las comunidades nativas. Hoy, con la renovación del Congreso, existe una bancada comprometida con el cambio, con la defensa de los intereses de los sectores populares, de los desposeídos, que no vamos a descansar hasta que se haga justicia con todos Ustedes, seguiremos pendientes de estos procesos; y sepan que nuestras curules están al servicio de las comunidades campesinas, negras e indígenas. La voz nuestra en el congreso es la de quienes no han tenido voz por más de 200 años”, concluyó convincente.