Ante la presencia del senador Julián Gallo Cubillos, lideres de la comunidad de la vereda Cerro Gordo Peñones, Municipio de El Guamo, denunciaron la situación de afectación de salud pública y ambiental que padece esta vereda desde hace dos años por la instalación de la avícola La Victoria.
Por Nancy Piedad Sánchez Pérez
Bogotá D.C., mayo 27 de 2023 (prensa senado). - En la vereda Cerro Gordo Peñones, Municipio de El Guamo, departamento del Tolima, se llevó a cabo la “Audiencia pública por la vida, el ambiente y el territorio”, como se decidió llamar a este ejercicio democrático, para dar solución a la problemática de salubridad y medio ambiente que atraviesa esta comunidad, y a su vez mejorar la convivencia.
La audiencia se propuso en razón a las denuncias hechas por los habitantes de esta productiva subregión tolimense, que se oponen a la permanencia de la avícola La Victoria, de propiedad del señor Juan Manuel Flórez Zamorano, que tiene una extensión de 27 hectáreas. La vereda, está compuesta por 77 familias, de las cuales más del 40% están a menos de 500 metros de la granja, incluida la escuela, el salón comunal y la capilla.
Según la presidenta de la junta de acción comunal, Dora Anyul Sánchez, la comunidad ha presentado quejas, debido a los malos olores, moscas, e insalubridad en general, además de sonidos de sirenas que interrumpen la tranquilidad, y no han obtenido respuesta alguna de las instituciones, las que, contrario sensu, han defendido sistemáticamente la industria avícola, por encima de los derechos y calidad de vida de los habitantes de la región.
Algunos de los voceros de tales instituciones, argumentaron escuetamente que la empresa estaba al día en licencias y permisos; pero la comunidad, indignada, respondió que la avícola en mención, a pesar de las inconformidades denunciadas por la contaminación ambiental, y demás alteraciones a la sana convivencia, siguió funcionando ante los ojos de Cortolima, ICA, alcaldía, personería, FENAVI, etc., y que ni siquiera hicieron trámite alguno para el monitoreo, por lo menos, de la calidad del aire.
El senador Julián Gallo Cubillos, Partido Comunes, instaló oficialmente la audiencia y a su vez agradeció a las entidades citadas, por que atendieron la invitación a escuchar la problemática que se ha generado a raíz de la implementación de esta industria avícola en la región: “El objetivo de esta audiencia, es buscar soluciones a una problemática que afecta a una comunidad, una de la tareas del congreso es contribuir con el ejercicio de control político para buscar soluciones dialogadas, concertadas entre las comunidades y las autoridades. Vamos a recoger las inquietudes de la comunidad y las distintas entidades y aspiramos a tener un diálogo con el propietario de esta avícola, confiamos que esta audiencia contribuya a mejorar y solucionar este problema que ha afectado la convivencia de esta vereda”.
La ingeniera civil Yudani Aldana, quien hizo un estudio técnico de la problemática de la vereda, teniendo en cuenta entre otras herramientas, los sistemas de información geográfica, sacó algunas conclusiones que dio a conocer en el marco de la audiencia: “Se incumplió con el decreto 2811/74, en su articulo 83; se hacen vertimientos de aguas residuales sin tratamiento hacia el drenaje Angulito, para incumplimiento del decreto 1076/2015, que obliga al tratamiento de residuos líquidos de actividades industriales como la avícola, y la guía ambiental de su sector avícola de FENAVI y el minambiente; se incumplen además los decretos 833/2002 y 763/2009, ya que no se aseguraron que el área no estuviese instalada como zona arqueológica; y, hay una afectación de olores a 75 predios, que son los que están registrados en la base de datos del Instituto geográfico Agustín Codazzi”, precisó la profesional.
Por su parte, la Docente Dora Anyul Sánchez, después de hacer un relato cronológico de los hechos, con abundantes detalles, le solicitó al senador Julián Gallo su intermediación y apoyo ante los ministerios, en torno a la revisión en aplicación del uso de suelos: “Sabemos que el gobierno nacional nos puede apoyar en esta causa comunitaria, ya que no hay una reglamentación clara en la protección de las comunidades en las que se instalan las empresas avícolas; que siendo una actividad económica, generan unos olores ofensivos y muy nocivos para la salud y la productividad de otros renglones de la economía, por ejemplo la frutícola en nuestro caso”, reclamó.
Agregó la profesora Sánchez: “Si es posible, que se ajuste la ley que protege a las comunidades de estas afectaciones; ya que los derechos de las comunidades están por encima de la producción de una empresa. Claro que las empresas deben funcionar, nosotros no nos oponemos; pero el bienestar de las comunidades es mantenerse en el territorio, y prima el interés general, sobre el interés particular y económico de una empresa. Si bien es cierto la industria avícola da de comer, nosotros también producimos alimentos, como mango, limón, yuca, plátano… Nosotros no valemos menos que la empresa avícola, por todo eso le hacemos un llamado a las instituciones nacionales, que nos ayuden; nosotros queremos seguir en nuestro territorio, nacimos y crecimos aquí”, ratificó.
A su vez, Maryluz Biscué, directora de la Fundación Social INCOLDES, entidad defensora de derechos humanos, miembro del Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia del Tolima, nos contó que la problemática lleva aproximadamente dos años: “Lo que se ha vulnerado en este caso es el derecho al medio ambiente, a una vida sana, y sobre todo el derecho a la vida, toda vez que se ha desencadenado una persecución a nuestro lideres defensores de derechos humanos, los han estigmatizado, vulnerado sus derechos, tras imponer una querella, al punto de afectar el debido proceso. De un requerimiento ambiental, se pasó a amenazas y falta de garantías de seguridad por parte de los entes municipales”, sentenció.
Conclusiones
El senador Julián Gallo Cubillos, comprometido con la problemática que vive esta vereda, la comparó con la realidad que vive hoy en día Colombia: “Aquí encontramos dos posiciones, los funcionarios que representan la institucionalidad y se apegan a la ley, y las comunidades que se aferran a sus derechos. Y ahí, entre los derechos que son fundamentales, según la constitución y las leyes, se generan unas tensiones como las que se viven aquí. Las leyes las hacen en el congreso de la república, y obedecen a unos intereses económicos y políticos de los sectores mas poderosos de este país; por eso, esto no se resuelve con un proceso policivo, esto es un problema del sistema y del régimen político que ha imperado históricamente en Colombia y que comenzamos a cambiarlo”, precisó.
En tal virtud, agregó enfático el congresista: “Eso lo ha dejado muy claro el actual gobierno, no nos vamos a oponer al desarrollo de este país, aquí lo han dicho; los negocios no pueden estar por encima de la vida y del derecho a la paz… Recientemente, en el congreso aprobamos el plan nacional de desarrollo ‘Colombia Potencial Mundial de la Vida’, que contiene, dentro de sus capítulos fundamentales, la organización del suelo y el territorio, alrededor del agua, la vida y el ambiente; es la hoja de ruta de una modificación del modelo económico en Colombia, porque hasta ahora se han privilegiado los intereses de los monopolios de las grandes empresas, en detrimento de la vida, el derecho a la tierra y al territorio de las comunidades y eso va a cambiar. He ahí la importancia de esta audiencia porque es el ejemplo, en pequeño, pero muy significativo, de lo que sucede en el país”, enfatizó.
Argumentó además el senador Julián Gallo: “Lo único que produce riqueza es el trabajo; en Colombia, con una población de 50 millones de habitantes, 16 millones se definen como campesinos; y con los más de 20 millones de hectáreas aptas para la agricultura que tiene este país, estaríamos en capacidad de producir, no solo los alimentos que consumimos, si no que podríamos convertirnos en potencia exportadora de alimentos… Pero como el negocio es comprar comida, se privilegian los negocios, por encima de la vida y los derechos fundamentales. Esto es un ejemplo de lo que se vive aquí; el compromiso que nosotros asumimos en el desarrollo de esta audiencia, es que vamos a hacer un seguimiento de la problemática en esta vereda. También es cierto que todos los funcionarios públicos somo sujetos de control disciplinario y control político y lo vamos a revisar por que ese es nuestro compromiso ético y moral como congresistas”, expresó vehemente.
Por último, manifestó contundente el senador del Partido Comunes: “Es un mandato de defensa de los intereses de los sectores históricamente olvidados de nuestro país, y no vamos a ser inferiores a nuestro compromiso; así es el abandono y el sometimiento por parte de quienes han estado en el poder. En este momento estamos a dos debates de aprobar un acto legislativo, después de 33 años que se aprobó la constitución del 91, para que se reconozca al campesino como sujeto de especial protección, y se incorpore a la constitucional nacional la resolución de las Naciones Unidas, que ordena a todos los gobiernos a proteger de manera especial al campesinado por su papel, no solo en la producción de comida sino por su forma de relacionamiento con la tierra, al punto que cuando se vaya a desarrollar un proyecto económico, se le consulte al campesino, como lo contemplan en sus derechos los pueblos indígenas y las negritudes”, remató.