La revocatoria de la medida de aseguramiento, normas especiales para departamentos de la Amazonía y mecanismos administrativos para zona metropolitana de Bogotá, recibieron el aval de la Comisión Primera.
Bogotá D.C., noviembre 26 de 2019 (Prensa Senado). El proyecto de reforma constitucional que busca castigar con cadena perpetua a los autores de delitos sexuales contra menores de edad fue aprobado hoy por la Comisión Primera del Senado.
Durante la discusión de la iniciativa, se registraron algunos reparos, pero el proyecto obtuvo 12 votos a favor y dos en contra.
Inicialmente se expuso que el texto de la iniciativa que procede de la Cámara de Representantes tiene varios errores de contenido y está mal redactado, según afirmaron los legisladores, a lo que agregaron que se ajustará el proyecto para luego debatirlo en plenaria del Senado y luego el próximo año continuar con su trámite y tras su aprobación pueda ser promulgado.
Las discusiones se basaron inicialmente por las fallas en la redacción del proyecto y que podrían abrir una puerta para que otros delitos sean también sancionados con esa máxima pena, señaló entre otros el senador Rodrigo Lara (Cambio Radical), al indicar que en caso que se convirtiera en Ley tocaría ajustar todo el Código Penal y se aumentarían las penas para administración pública entre otros y no solo se podría aplicar para los delitos sexuales contra menores, sino también para la corrupción en la administración pública, por ejemplo en la comida, salud y educación que afecten a los menores.
Ante el hallazgo de errores en el contenido de la iniciativa, el senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) insistió en que el tema es de tiempo y por lo tanto instó votar afirmativamente para no dejarlo hundir y más adelante antes del debate en plenaria, conciliar con la Cámara los textos.
“Este no es un proyecto populista y este tema de castigo para violadores de niños es un tema que está exigiendo la ciudadanía en general, en la calle y en todo el país. Debemos responder a la gente y ser responsables”, indicó por su parte el senador Temístocles Ortega (Cambio Radical).
Otros reparos se argumentaron a la iniciativa como el del senador Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador), quien señaló que “ese texto con que viene el acto legislativo de Cámara es imposible que sea castigado con cadena perpetua un violador, ya que los jueces no están preparados para condenar penas drásticas”.
Al finalizar el debate sobre la iniciativa del acto legislativo para modificar la constitución en penas de cadena perpetua para violadores de menores de edad, fue votado y aprobado con proposiciones para modificaciones y pasó con 11 votos a favor y 4 en contra y los ponentes Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Roosevelt Rodríguez Rengifo (Partido de la U), Esperanza Andrade (partido Conservador), María Fernanda Cabal (Centro Democrático), Carlos Guevara (MIRA), Germán Varón Cotrino (Cambio Radical) Alexander López (Polo Democrático), Angélica Lozano (Alianza Verde), Gustavo Petro (Colombia Humana) y Julián Gallo (Farc) tienen 10 días para ajustar el informe de ponencia para llevarlo a su debate en la plenaria.
Seguidamente se debatió el proyecto de ley por el cual se establece la revocatoria de la medida de aseguramiento, cuya ponente es la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), cuyo objeto principal entre otros es la modificación del primer punto del proyecto donde se establezca que los miembros de la Fuerza Pública puedan ser acogidos en iguales condiciones de beneficio que los miembros de las Farc que se acogieron a la Justicia Especial para la Paz, JEP e insistió que debe existir equilibrio al ser enjuiciados los miembros de las Farc y la Fuerza Pública, ya que estos últimos no tienen levantamiento de aseguramiento al acogerse a la JEP mientras las Farc no son capturados ni sometidos a la cárcel mientras se adelanta el proceso.
Por su parte, el senador Roosevelt Rodríguez (Partido de la U) explicó que para que exista equilibrio en el levantamiento de medida de aseguramiento a la Fuerza Pública deben acatar la firma de un pacto de la verdad y aceptación de los hechos para que tengan los mismos privilegios y se les conceda la libertad si han cumplido los requisitos como son, entre otros, decir la verdad y cumplir con cinco años de reclusión.
La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) argumentó que los militares son encarcelados mientras los guerrilleros son dejados en libertad por la JEP, así hayan cometido delitos de lesa humanidad y delitos sexuales contra menores.
Finalmente fue aprobado con votación de 13 a favor y 2 en contra el artículo 1° con inciso del senador Guevara, que habla de la necesidad de igualdad en juzgamiento en la JEP entre Farc y la Fuerza Pública. El proyecto seguirá su proceso para su segundo debate con las modificaciones que plantean los congresistas.
El tercer proyecto de ley que fue debatido y aprobado es el que adicionan al artículo 310 de la Constitución Política Colombiana normas especiales para la organización, funcionamiento, protección cultural, étnica y ambiental de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés.
Su ponente, senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), explicó que esta iniciativa busca la protección de los departamentos que más diversidad ambiental tiene el país y por lo tanto es dispensable darles mecanismos que les ayuden a su progreso y desarrollo.
El proyecto no tuvo reparos y fue aprobado con 12 votos a favor y ninguno en contra y pasará a su segundo debate en sesión de la plenaria.
El último proyecto aprobado se refiere a la modificación del artículo 325 de la Constitución Política y consistente en establecer mecanismos administrativos para crear la gran zona metropolitana de Bogotá D.C., donde el senador Carlos Guevara (MIRA), como ponente, junto con la senadora Angélica lozano (Alianza Verde), expusieron los beneficios que se pueden alcanzar para los municipios de Cundinamarca y el Distrito Capital para adelantar proyectos de desarrollo en participación presupuestal y administrativo. Con 15 votos a favor y ninguno en contra pasó la iniciativa para su próximo debate, donde sus ponentes tendrán 10 días para ajustar la nueva ponencia que se presentará en plenaria.