Congresistas pidieron que se aclaren diferentes puntos que pondrían en riesgo la seguridad de los legisladores.
Bogotá D.C., 21 de agosto. (Prensa Senado). Varios senadores denunciaron en las últimas horas graves falencias en sus esquemas de seguridad y cuestionaron la actuación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de brindar las medidas de custodia a legisladores y otros altos servidores públicos del país.
Las denuncias se dieron después de una reunión que convocó el Presidente del Congreso, Senador Lidio García Turbay, con el Gobierno y los altos mandos militares para analizar la situación de seguridad de los candidatos a las elecciones de 2026.
Esta preocupación se intensificó después del asesinato del Senador Miguel Uribe Turbay y del atentado al representante a la Cámara Julio César Triana.
El senador por el Partido de La U Alfredo Deluque manifestó su inconformidad por la forma en que la UNP ha manejado la seguridad de los congresistas y aseguró que los esquemas actuales no parecen cumplir a cabalidad con las necesidades de movilidad y protección de los parlamentarios en las regiones.
De igual forma denunció la instalación de dispositivos de seguimiento en los vehículos oficiales sin autorización previa de los legisladores.
“Yo estuve visitando al Director de la Unidad de Protección y quiero decirle que la reunión fue nefasta. Según el señor, nosotros no necesitamos más seguridad de la que tenemos”, aseguró el Senador Deluque.
El congresista oriundo de La Guajira afirmó que hace unos 20 días, alrededor de 50 senadores enviaron un derecho de petición a la UNP pidiendo “explicaciones del por qué los vehículos en que nosotros nos transportamos tienen un GPS”.
“Es decir, en la Unidad de Protección saben exactamente dónde estamos nosotros en cada momento. Y no me respondieron. Me tocó poner una acción de tutela para que me respondieran el por qué. La respuesta es bastante confusa”, aseguró Deluque en medio de una Plenaria del Senado.
Agregó que el país está volviendo “a aquellas instancias donde hay magnicidios contra candidatos presidenciales, como lo sucedió con nuestro compañero Miguel, y también la semana pasada, que atentaron contra otro compañero en las vías del Huila”. Este último sería el representante Triana.
“Se avecina una campaña al Congreso de la República, una campaña presidencial. Todos nosotros estaremos en las regiones, en las calles, en los pueblos, en los municipios y no nos sentimos seguros”, aseguró el Senador por el Partido de La U.
Por su parte, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández (J.P. Hernández), del Partido Alianza Verde, aseguró que la oposición en Colombia está siendo objeto de amenazas sistemáticas y recordó que recientemente se conoció la existencia de un plan criminal para asesinar a varios políticos.
“A la oposición en Colombia la quieren callar y la quieren callar a balas. Y es importante que nosotros sentemos un precedente (...). El fin de semana Colombia conoció la noticia de un medio de comunicación en el que aparece cómo un Fiscal de crimen organizado recibió una lista de siete políticos que serían asesinados, entre esos el senador J.P. Hernández. Ocho millones de dólares que destinaría la guerrilla de las FARC para cometer estos magnicidios”, denunció el Senador Pulido.
Añadió que “nos están amenazando, nos están perfilando, nos están persiguiendo. Claramente no hay garantías para la oposición, así pretenda el Gobierno mostrar que todo está bien y que nada está pasando”.
Reclamo de una política de Estado en seguridad
El senador Nicolás Echeverry, del Partido Conservador, señaló que existe una “ausencia total de política de Estado” para garantizar la protección de los congresistas y exigió que el Plan Democracia incluya un diálogo directo con las autoridades responsables de la paz y la seguridad electoral.
“Tengo que decir que hay una ausencia total de la política de Estado para responder por nosotros. Como partido tuve la oportunidad de dejar constancia de 25 casos (...). Pero yo creo que hay que pedirle y exigirle al Gobierno que ese Plan Democracia pase por sentar ahí al Consejero de Paz para que diga qué es lo que ha acordado y con quién lo ha acordado”, pidió el Senador Echeverry.
El congresista conservador aseguró que este plan “debería estar liderado desde el Ministerio del Interior; inclusive coordinado y cooperado con alcaldes y gobernadores, con quienes la mayoría ni siquiera se hablan. Empecemos por ahí”.
Finalmente, el Senador por el Partido Liberal Alejandro Carlos Chacón denunció que empresas privadas contratadas para el alquiler dvehículos de seguridad de los congresistas estarían incorporando sistemas de rastreo que podrían poner en riesgo a los parlamentarios, algo en lo que coincidió con el Senador Deluque.
“Muchos de los senadores que nos encontramos aquí, preocupados con el seguimiento que han venido teniendo a algunos de nosotros, nos hemos dado cuenta y descubrimos que las empresas privadas que alquilan los vehículos tienen chip de seguimiento en los vehículos”, aseguró Chacón.
El congresista liberal afirmó que “cualquier delincuente, cualquier grupo al margen de la ley, no es sino ir y comprar a cualquier funcionario que maneje los sistemas de esas empresas de seguridad” para tener acceso a esta información.
Ante esto, dijo que se “requiere de la institucionalidad” y que “se haga un requerimiento expreso” para fortalecer la seguridad de los congresistas.
“Estos carros son alquilados a través de la UNP, pero es el Congreso quien contrata ese servicio. En el otrosí, en las exigencias, debe pedirse que se retiren los chips de seguridad que hoy les hacen a los congresistas en este país. O van a seguir atentando y sabiendo dónde nos encontramos, en qué pueblo estamos, en qué ciudad nos encontramos””, aseguró el Senador Chacón.