El ponente coordinador, senador Carlos Alberto Benavides (Pacto Histórico), en su exposición insistió en que la normativa pretende cerrar “vacíos procedimentales” que, según su diagnóstico, han impedido la judicialización efectiva de delitos cometidos en alta mar.
Por: Sebastián Alberto Solano Rodríguez
Bogotá, D. C, 10 de noviembre de 2025 (Prensa- Senado). – El proyecto que continua su discusión y votación en primer debate en la Comisión Primera del Senado busca “evitar que las unidades tengan que regresar inmediatamente a puerto”, con lo cual se mantendría la capacidad de patrullaje en zonas críticas del litoral con el objeto de derrar “vacíos procedimentales” que, según su diagnóstico, han impedido la judicialización efectiva de delitos cometidos en alta mar.
Varios senadores de bancadas distintas respaldaron el enfoque pragmático, pero introdujeron matices. Temístocles Ortega (Cambio Radical) y Alfredo Deluque (Partido de la U) destacaron el componente operativo y la coordinación interinstitucional con la Fiscalía; para ellos, las facultades especiales al Cuerpo de Guardacostas son una respuesta técnica a un fenómeno delictivo transnacional. Paloma Valencia (Centro Democrático) enfatizó la necesidad de herramientas firmes contra el narcotráfico, mientras que Ariel Ávila (Alianza Verde) y Julián Gallo (Comunes) solicitaron precisiones sobre límites y control civil de las actuaciones.
Los reparos más insistentes provinieron de voces preocupadas por las salvaguardas procesales. Un senador German Blanco formuló una advertenciaque resumió el tono de esas intervenciones: “Hemos tocado un punto álgido como son los derechos humanos, que tiene que ver con el debido proceso, que tiene que ver con la legitimidad de las Fuerzas Militares y tiene que ver también con la lucha contra la criminalidad”. Esa frase sintetiza el dilema que cruzó el debate: cómo conciliar eficacia operativa y protección de derechos.
En la ponencia constan además propuestas concretas derivadas de las intervenciones senatoriales: la obligación de mantener el habeas corpus, la exigencia de protocolos estrictos de cadena de custodia y la coordinación permanente con la Fiscalía General de la Nación para asegurar control judicial efectivo. Asimismo, se registró una preocupación compartida por la precisión terminológica sobre “funciones limitadas de policía judicial” asignadas al Guardacostas, a fin de evitar interpretaciones expansivas.
El Gobierno estuvo presente mediante la armada cuales son los proponentes; no obstante, en la Comisión fueron los senadores quienes fijaron el marco del debate técnico-político.
El Ministro de Defensa defendió la iniciativa como “un paso histórico en la lucha contra el crimen organizado en el mar”, mientras el gobierno de Justicia resaltó la “innovación” de conferir a la Armada facultades para actuar en casos de flagrancia y cuasi-flagrancia; ambas intervenciones constan en el expediente, pero en las entrevistas en sala fueron las intervenciones senatoriales las que definieron condiciones y límites exigidos para su avance.
La discusión en la Comisión dejó claro que el respaldo es mayoritario pero condicionado: los senadores demandaron inclusiones normativas que garanticen control judicial, claridad en la delimitación de competencias y un análisis de impacto fiscal que valide la ejecución.
Esos elementos, señalados expresamente por parlamentarios de distintas bancadas, serán determinantes en las enmiendas que se diseñen antes de un eventual debate en la plenaria del Senado.