La Plenaria del Senado sesionará de manera extraordinaria y mixta para ejercer control político sobre el estado de excepción y otras decisiones del Gobierno Nacional en materia de deuda pública.
Por: María Camila Fernández
Bogotá, 21 de enero de 2026 (Prensa Senado). Con el propósito de que los ministros del Gobierno Nacional expongan los argumentos que sustentaron la declaratoria de la emergencia económica y atiendan cuestionamientos relacionados con su alcance, el Senado de la República convocó a plenaria extraordinaria y mixta el martes de la próxima semana.
La sesión, que fue convocada en el marco de las facultades de control político del Legislativo, se realizará a partir de las 10:00 a. m. y de manera mixta, es decir con participación presencial en el recinto del Senado de los congresistas que deseen asistir y virtual, a través de la plataforma Zoom.
El objetivo es que los ministros del despacho rindan un informe detallado sobre las razones, objetivos y consecuencias del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica en todo el territorio nacional.
El Senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, uno de los principales impulsores de este control político, recordó este miércoles que ya se cumplen 30 días de la declaratoria de este estado de excepción y que el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha dado las explicaciones necesarias ante el Senado de la República.
El debate también incluirá el análisis de la venta directa de títulos de tesorería (TES) por un monto aproximado de 23 billones de pesos, operación adelantada por el Ministerio de Hacienda. Esto con el fin de evaluar sus condiciones, su impacto sobre la deuda pública y la estabilidad económica, así como los criterios de necesidad y transparencia que rodearon esta decisión.
Con este debate, el Senado busca esclarecer los fundamentos de la declaratoria del estado de emergencia económica y social, la legalidad de los decretos expedidos en su desarrollo y las repercusiones sociales, económicas y fiscales derivadas de su implementación, en ejercicio de su función constitucional de control político.