El Legislativo anuncia seguimiento y control político ante el impacto económico de los aranceles del 30 % y la decisión de suspender la venta de energía eléctrica entre ambos países.
Por Olga Materón
Bogotá, D. C, 11 de febrero de 2026 (Oficina de Prensa, Senado)
La relación entre Ecuador y Colombia atraviesa uno de sus momentos más sensibles en lo corrido del año.
Tras el anuncio del presidente ecuatoriano de imponer aranceles a productos colombianos, el Gobierno de Gustavo Petro respondió con una medida equivalente y suspendió la venta de energía eléctrica al vecino país, en medio de acusaciones cruzadas sobre cooperación en la lucha contra el crimen organizado.
El 21 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que aplicaría un arancel del 30% a productos colombianos desde el primero de febrero, esto como respuesta a la presunta falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el crimen organizado. El 22 de enero, Colombia impuso la misma medida y a su vez suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador.
Un día después, el presidente Petro en su red social X, manifestó interés en reunirse con el alto mandatario del país vecino y propuso como primer punto de la agenda bilateral, la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos, argumentando que estos no se pueden convertir en puntos de exportación de cocaína, ni de contrabando de insumos de fentanilo.
Así mismo, para la misma fecha, el Gobierno Nacional difundió un listado de los productos ecuatorianos que tendrían dicho arancel; aceites de palma y de arroz, químicos, productos pesqueros, plásticos, manufacturas del metal, entre otros.
En vista de las medidas impuestos por ambos países, líderes empresariales de diferentes agremiaciones se pronunciaron exigiendo un desescalamiento de las tensiones y un diálogo para llegar a acuerdos beneficiosos para ambos países.
Para finales de enero, Ecuador aumentó la tarifa a un 900 % por transportar petróleo colombiano a través de su oleoducto. Colombia criticó fuertemente dicho incremento, el conflicto se incrementó y se desataron protestas binacionales de comerciantes en la frontera.
El 6 de febrero, según un comunicado oficial del Ministerio de Justicia, una delegación de altos funcionarios colombianos se desplazó a Ecuador para sostener reuniones determinantes en miras a restablecer intercambios fronterizos, comerciales y energéticos entre los dos países. Sin embargo, hasta la fecha no se han suavizado las diferencias y se mantienen las medidas arancelarias.
Frente a la situación, la senadora Esmeralda Hernández, de la coalición Pacto Histórico, manifestó que “si el presidente Noboa decide agredir económicamente a Colombia, la respuesta debe ser categórica y de defensa del interés nacional”.
Por otro lado, la senadora Paola Holguín del Centro Democrático, dijo que “Colombia necesita un Gobierno comprometido con el combate al narcotráfico y la minería ilegal”.