El Senado dio un paso fundamental para instaurar nuevas herramientas jurídicas que permita que las sanciones en la legislación aduanera se adapten a los cambios que rige las necesidades del comercio internacional, decisión mayoritaria que tuvo consenso no solo de todas las bancadas políticas de la corporación, sino de los sectores gubernamentales y gremios, que tienen que ver con el sector comercial del país.
Por Olga Materón
Bogotá, D. C, 11 de junio de 2026 (Oficina de Prensa, Senado) – El proyecto que tiene 114 artículos, fue ampliamente discutido y aprobado tanto en las comisiones segundas del Congreso, como en la plenaria del Senado, dando cumplimiento a la exigencia de la Corte Constitucional de establecer en la legislación el nuevo régimen sancionatorio y decomiso de mercancías en materia aduanera.
La senadora Paola Holguín, Centro Democrático, destacó el consenso para aprobar la iniciativa: “se logró acumular el proyecto del Gobierno y el de los gremios en un 100 % y se realizó a través de 27 mesas técnicas. Además, ha sido conciliado con el Ministerio de Hacienda, la DIAN, expertos en el tema, congresistas de Gobierno y congresistas de oposición en un debate meramente técnico”.
Los senadores de diferentes bancadas insistieron en la necesidad y urgencia de aprobar el proyecto por cuanto contaba con un mensaje de urgencia e insistencia por parte del Gobierno. La senadora Gloría Flórez, Pacto Histórico, enfatizó la urgencia de esa nueva ley porque “se debe cumplir lo que exige la Corte Constitucional”.
Así mismo, la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde dijo estar de acuerdo con la aprobación de este proyecto de ley y advirtió que, de no hacerlo, “quienes se benefician son los contrabandistas y los bandidos”.
A pesar de la solicitud del senador Manuel Piravique, del MIRA, de aplazar la discusión y votación del proyecto por considerar “que todavía hay muchas inquietudes…”, las mayorías se impusieron y facilitaron el trámite de la iniciativa, que pasa a sanción presidencial.
De esa forma, el Senado de la República le cumplió a la Corte Constitucional y al país, entregando una herramienta clara que da seguridad jurídica para seguir combatiendo el contrabando y el lavado de activos en Colombia.