La iniciativa busca regula varios aspectos de este mecanismo con el que cuentan varias comunidades del país.
Por: Isabel Colomna Sánchez.
- Bogotá D.C., septiembre 8 de 2026 (Prensa Senado). El senador Juan Espinal Ramírez (Centro Democrático) junto a más de 20 congresistas, radicaron el proyecto que propone reglas claras, mayor transparencia y mejores herramientas para que el Estado garantice el derecho a la consulta previa, sin limitar los tiempos de diálogo y concertación de las comunidades.
En el momento de radicar el proyecto, el senador Espinal, sostuvo que “el desafío no está en reducir el derecho de las comunidades, sino en fortalecer las capacidades del Estado para garantizarlo efectivamente, evitar intermediarios y generar transparencia en proceso”.
Las consultas previas son un mecanismo previsto en la normatividad y que indica, en términos generales, que varios proyectos de desarrollo tengan que ser concertados con las comunidades que habitan ciertos territorios.
Ante esto, el proyecto de ley presentado contempla que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior sea fortalecida como entidad rectora.
Asimismo, establece la creación del Sistema de Información de Consulta Previa (SICOP), y establece plazos claros para las actuaciones administrativas que no limitan los tiempos de diálogo, deliberación y concertación de las comunidades.
También propone una mesa técnica para resolver bloqueos relacionados con las consultas previas con participación del Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, la entidad competente del sector y, cuando corresponda, la ANLA, además de un representante de las comunidades.
De la misma manera habla de facilitadores independientes y asesoría técnica para las comunidades, entre otros beneficios para las comunidades.
Con el proyecto se busca generar condiciones de mayor claridad institucional, coordinación, transparencia y oportunidad que permitan garantizar efectivamente el derecho fundamental a la consulta previa y, al mismo tiempo, contribuir a que los proyectos estratégicos para el país puedan avanzar de manera concertada, responsable y respetuosa de los derechos de las comunidades.