La iniciativa modifica el Código Civil para evitar que quienes sufrieron delitos sexuales o incesto por parte de sus padres biológicos, adoptivos o de crianza sean obligados a sostenerlos económicamente o a asistirlos en la vejez
Por: Juan Felipe Sacristán
Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). La Plenaria del Senado aprobó en segundo debate un proyecto de ley que establece que las víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos por sus padres no estarán obligadas a asistirlos económicamente ni a brindarles cuidados personales. La iniciativa pasa a la Cámara de Representantes para continuar su trámite.
El autor y ponente del proyecto es el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández (Alianza Verde). La iniciativa adiciona tres parágrafos al artículo 414 y modifica el artículo 251 del Código Civil. Fija una causal especial y autónoma de exoneración total y definitiva de alimentos, y reconoce de forma expresa que los delitos sexuales y el incesto cometidos por un padre o una madre biológicos, adoptivos o de crianza constituyen injuria atroz y rompen el principio de solidaridad familiar. También exime a los hijos víctimas de los deberes legales de cuidado, auxilio y asistencia personal hacia su agresor.
Durante la discusión se respaldaron medidas para proteger la dignidad de las víctimas y evitar la violencia institucional. Cuando haya sentencia penal condenatoria ejecutoriada, los jueces de familia y los comisarios no podrán reabrir el debate sobre la existencia del delito y se limitarán a verificar el fallo y el vínculo filial. Además, el articulado prohíbe someter a la víctima a confrontaciones con el condenado o a la repetición de su relato, y garantiza la reserva de su identidad y la comparecencia virtual o en espacios separados.
El texto aprobado incluye también una medida de protección preventiva. Cuando haya un proceso penal en curso en el que la Fiscalía haya formulado imputación o presentado escrito de acusación, el juez o la autoridad administrativa deberá, a petición de parte, suspender de forma provisional el cobro de la cuota alimentaria o abstenerse de fijarla hasta que haya un fallo definitivo.
Si el progenitor condenado y exonerado está en condición de pobreza extrema, vejez, discapacidad o abandono, la autoridad competente notificará a la entidad territorial respectiva para que evalúe su acceso a los programas de asistencia social del Estado, sin trasladar carga alguna a la víctima.
Según cifras del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) citadas en la ponencia, entre 2015 y julio de 2026 se registraron 176.413 ingresos a Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos por violencia sexual contra menores de edad. El entorno familiar es uno de los escenarios donde más ocurren estos casos.
La iniciativa busca actualizar el régimen civil para impedir que las obligaciones alimentarias prolonguen el vínculo de subordinación entre las víctimas y sus agresores.