Durante el debate de control político citado por los senadores Gustavo Moreno e Isabel Cristina Zuleta, se advirtió que el hacinamiento en las estaciones de policía alcanza el 243% y que la reincidencia delictiva golpea la seguridad ciudadana, mientras el ministro de Justicia, Iván Cancino, respondió con medidas como el bloqueo semanal de líneas extorsivas y la construcción de nuevas cárceles fuera de los cascos urbanos.
Por: Hamer Pachón
Bogotá D.C., 17 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). Con un llamado urgente a abandonar el "populismo punitivo" y transformar las prisiones en centros productivos autosostenibles, la Plenaria del Senado adelantó el debate de control político sobre la crisis carcelaria y penitenciaria del país, convocado por los senadores Gustavo Adolfo Moreno (Partido ASI) e Isabel Cristina Zuleta (Pacto Histórico). La jornada contó con la participación del ministro de Justicia, Iván Cancino; la ministra de Salud (e), Gloria Prado Pino; la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla; además de directivos del INPEC, la USPEC y representantes de la Fundación Acción Interna encabezados por Johana Bahamón.
El senador citante, Gustavo Adolfo Moreno (Partido ASI), calificó la situación como una "bomba de tiempo que estalló", señalando que, tras más de dos décadas de haberse declarado el Estado de Cosas Inconstitucional, los centros de reclusión operan sin capacidad de resocialización.
"Hoy las cárceles son universidades del crimen. Un privado de la libertad vale $2.700.000 mensuales al Estado, más de lo que cuesta educar a un niño en un colegio público durante un año", enfatizó el senador Moreno.
Durante su intervención, el senador Moreno presentó un detallado diagnóstico respaldado por cifras oficiales que evidencian el colapso operativo, presupuestal y de seguridad en los 127 establecimientos del país: el hacinamiento nacional llega al 23% en las cárceles (20.000 internos en sobrecupo), al 94% en las URI y al 243% en las estaciones de policía; más de 2.300 policías permanecen desviados custodiando detenidos en centros transitorios en lugar de vigilar las calles; de 60.000 personas con detención domiciliaria, solo 5.000 cuentan con brazalete electrónico; en 2025 se incautaron 37.730 celulares, 36.412 tarjetas SIM, 25.000 armas cortopunzantes y 973 kilos de estupefacientes; y el sistema cuesta $4,2 billones al año, de los cuales apenas el 3% se destina a programas de resocialización.
Por su parte, la senadora citante Isabel Cristina Zuleta (Pacto Histórico) advirtió que los penales operan hoy como "fábricas de reincidencia y bodegas de seres humanos", denunciando presuntos hechos de corrupción interna, extorsiones en el suministro de alimentos y fallas graves en la atención psiquiátrica y de adicciones. En la misma línea, el senador Santiago Barreto (Partido Conservador) citó cifras de Asocapitales y el DNP según las cuales el 70% de las llamadas extorsivas del país se originan en centros penitenciarios, urgiendo una articulación inmediata con el Ministerio de las TIC.
Al responder a los cuestionamientos, el ministro de Justicia, Iván Cancino, precisó que los registros oficiales sitúan la reincidencia en 25,4% —cifra que calificó de inaceptable frente a la meta de llevarla a un solo dígito— y reportó que ya existen 235 sanciones contra funcionarios del INPEC.
El jefe de la cartera anunció una ofensiva administrativa contra la extorsión: se pasó de cancelar líneas celulares denunciadas cada mes a hacerlo cada quince días, con la meta de ejecutarlo cada ocho días sin importar si pertenecen a funcionarios o planes prepago, además de exigir controles estrictos al sector bancario y plataformas digitales como Meta y TikTok.
"El ministro de Justicia no se preocupa, se ocupa. Toda cárcel que se vaya a construir en este gobierno estará fuera del perímetro urbano. Vamos a terminar los penales de Riohacha y Sabanas de San Ángel, avanzamos en el proyecto del buque cárcel, las cárceles con pabellones de máxima seguridad y un piloto de cero extorsión en Antioquia", aseguró Cancino.
El ministro recordó igualmente a gobernadores y alcaldes que la atención de los centros de detención transitoria es una obligación legal de las entidades territoriales. Este punto fue respaldado por la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, quien alertó que el hacinamiento del 90% en salas transitorias y el desvío de 2.329 uniformados a labores de custodia obedecen a la falta de cupos en penales nacionales y fallas en las órdenes de encarcelamiento.
Finalmente, la ministra (e) de Salud, Gloria Prado, presentó el nuevo modelo de salud penitenciaria (Resolución 1099 de 2026) con enfoque diferencial para gestantes y primera infancia, mientras que Johana Bahamón (Fundación Acción Interna) y veedores penitenciarios pidieron al Congreso impulsar el proyecto de Segundas Oportunidades 2.0 y reglamentar la Ley de Cárceles Productivas para garantizar una resocialización efectiva.