Hacemos justicia a nuestros niños, niñas y adolescentes

Bogotá D.C. noviembre 8 de 2021(Columna senadora Esperanza Andrade).-A todos nos duele en el alma conocer a diario el aumento de los delitos sexuales contra niños y adolescentes, siendo las mujeres las más afectadas, sin distingo de edad, raza o estrato. Y nos conmueve porque no podemos quedarnos en las simples y frías cifras. Por ejemplo, solamente entre enero y mayo de 2020 Medicina Legal practicó 7.544 exámenes médicos legales por presunto delito sexual, 43,49 por ciento de las lesiones no fatales en el país. Fueron 6.479 valoraciones a menores.

No podemos callar porque los efectos son devastadores en la salud física y emocional del futuro del país. “La violencia sexual genera daños en la autoestima del individuo, sentimientos de tristeza, culpa e indefensión; y en la red familiar, secuelas difíciles de superar. Con consecuencias psicológicas a corto y largo plazo como depresión, ansiedad, intentos de suicidio o el síndrome de estrés postraumático”, afirma el sicólogo clínico Enrique Echeburúa.

Por eso, no nos cabe en la cabeza que casi 3.100 menores de 12 años hayan sido víctimas este año. Lamentablemente, Bienestar Familiar recibe, cada hora, 19 denuncias por estos vejámenes: 724 niños entre 0 y cinco años han sido víctimas de abuso en 2021. Mientras, de enero a mayo, Medicina Legal realizó 6.657 exámenes que confirmaron actos sexuales abusivos y acceso carnal violento contra menores de 17 años.

Son también aterradores los números de asesinatos, una de las principales causas de muertes de niños y adolescentes, que se une a otro grave problema: los altos índices de impunidad. Es desconcertante que el 98% de los casos de abusos están sin responsables. Y la Alianza por la Niñez Colombiana informa que la impunidad en delitos de violencia sexual y homicidio contra niños, niñas y adolescentes es de 97% de los casos denunciados. El sistema judicial colombiano no tiene capacidad para atender los procesos, y tras la denuncia pueden pasar meses antes de que un fiscal o juez revise el caso.

Por lo anterior y muchas otras razones más nos alegra contribuir con nuestra ponencia positiva a dar trámite en el Congreso, en tercer debate, al proyecto, de autoría de varios colegas senadores y representantes, que disminuye a la mitad los términos para imputar cargos o archivar el proceso en delitos graves como lo enunciados y se crea en la Fiscalía la Unidad Especial de Investigación, con estructura y presupuesto de la Nación para garantizar un pronto y efectivo funcionamiento.

Con fe y esperanza estoy convencida de que es la oportunidad para responder con resultados al terrible flagelo de violencia que azota a nuestros niños y adolescentes, que va diariamente en preocupante ascenso. ¡Haremos justicia!