En Comisión Quinta de Senado, urgen políticas de Estado para proteger especies marinas, sin excluir a la comunidad
Por Luis Fernando García Forero.- El tema más polémico en materia del ecosistema y vida marina, en los últimos días, se abrió paso esta semana en la Comisión Quinta de Senado, con un debate donde se controvirtieron las medidas, a través de decreto y resolución, para la protección y conservación de los tiburones y rayas marinas, escenario que permitió al Gobierno dar claridad respecto a la pesca de esas especies, y donde se sintió, presencialmente, el reclamo de pescadores, que claman se les tenga en cuenta y no le afecten su supervivencia, ‘que es su vida misma’.
En el debate en dicha célula legislativa, la senadora Andrea Padilla, Alianza Verde, hizo un contundente llamado al Gobierno para que en un “plan de choque se revise decreto y resolución, que proteja el ecosistema, incluyendo las especies marinas: tiburones, rayas y quimeras, con medidas de Estado”.
La senadora Andrea Padilla, protagonista del debate, fue contundente en señalar que “los tiburones en el país están en riesgo por factores como la pérdida de hábitat, la erosión costera, la minería ilegal, tráfico ilegal y, sobre todo, la sobreexplotación. Agregó la congresista que “En un informe de 2023 del Ministerio de Defensa, se reveló que las autoridades incautaron, entre 2012 y 2022, más de 334 toneladas de tiburones, rayas y otras especies marinas; la mayoría en la costa pacífica colombiana.”
Al debate de control político asistieron la ministras de agricultura, Jheniffer Mojica y de ambiente, Susana Muhamad; entre otros funcionarios, y presidido por el senador liberal, Jaime Durán Barrera, quien brindó todas las garantías para los participantes, incluyendo a las comunidades pesqueras que se trasladaron desde la costa pacífica al recinto de dicha célula legislativa.
La senadora Andrea Padilla enfatizó que la nueva resolución que se expidió, por parte del Gobierno, se llevó a cabo a pesar del decreto 281 de 2022, que excluyó de la categoría de recurso pesquero a 50 especies de peces cartilaginosos.
Agregó: “Estamos ante una situación normativa irregular porque se expide una resolución que van en contravía de un decreto, con superior jerarquía”. Insistió que en la resolución se utilizó información desactualizada de la vulnerabilidad de especies de tiburón, así como de los volúmenes de pesca y añadió que el “uso de las fuentes científicas estuvieron amañadas”.
La ministra de ambiente, Susana Muhamad, fue categórica en señalar: “Esto no es un debate entre prácticas tradicionales y cuidado ambiental, eso no es constructivo. La pregunta es cómo trabajamos de la mano con los que trabajan en el territorio, con el sistema ambiental, con un objetivo común: proteger la vida y la biodiversidad”.
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, precisó que “la pesca deportiva, industrial, dirigida y comercial de estas especies está prohibida, y esto no tiene ninguna discusión. Estas decisiones se tomaron con elementos técnicos y concertados con el objetivo de garantizar medidas para las prácticas de las comunidades pesqueras para que sean sostenibles, así como la formalización de estas actividades”.
Agregó la ministra Mojica que la “respuesta no es militarizar y poner un policía a las 60 mil personas que viven de la pesca en la costa Pacífica. Lo que creemos, y es un cambio de paradigma, es que hay trabajar con ellos".
Destacó que ahora, cuando se conocieron los informes sobre las estructuras criminales relacionadas con el aleteo y comercio ilegal de estas especies, “yo misma fui a la Fiscalía a preguntar que investigaciones tenían al respecto, y aún no tengo respuesta sobre eso”, expresó Mojica.
Finalmente la senadora Andrea Padilla señaló que “El Estado es para todas las formas de vida, para todos los actores sociales, para la vida en general…y por supuesto a las comunidades humanas que están pidiendo a gritos soluciones de Estado”.
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