Consulta popular laboral de Petro: un déjà vu del modelo venezolano copiado

Por olga Yurely García Ramírez 

La propuesta del presidente Gustavo Petro para convocar una consulta popular en torno a su reforma laboral recuerda los mecanismos utilizados por Hugo Chávez en Venezuela, cuyas consecuencias fueron devastadoras para el tejido empresarial y económico del país. Aunque las preguntas parecen justas y necesarias, los antecedentes históricos de esta estrategia exigen una reflexión profunda sobre sus verdaderas implicaciones.

El pasado 1 de mayo de 2025, durante las movilizaciones del Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro anunció su intención de convocar una consulta popular para revivir su reforma laboral archivada en el Congreso. La propuesta contempla 12 preguntas que abordan temas como la formalización del trabajo informal, la garantía de seguridad social para aprendices, la eliminación de la tercerización y la priorización de contratos laborales a término indefinido.

Aunque muchas de estas preguntas parecen responder a necesidades reales de los trabajadores colombianos, el mecanismo elegido —una consulta popular— ha despertado serias preocupaciones jurídicas, institucionales y económicas. La Mesa de Empleo y Productividad, integrada por gremios que representan más de 25.000 empresas, alertó sobre el riesgo de generar inestabilidad jurídica y de minar la confianza de inversionistas y empleadores en el país.

Pero más allá del debate local, lo alarmante es la similitud del camino propuesto por el presidente Petro con la ruta que recorrió Hugo Chávez en Venezuela a principios de los años 2000. Chávez también recurrió a la consulta popular como herramienta para imponer reformas de alto impacto, comenzando por el referéndum constitucional de 1999, en el cual propuso una nueva Carta Política que expandía significativamente los poderes del Ejecutivo. Ese proceso, al igual que hoy en Colombia, se presentó como un ejercicio de soberanía popular, con un discurso centrado en la justicia social y la reivindicación de los derechos de los trabajadores.

Sin embargo, tras esa primera consulta, Chávez utilizó mecanismos similares para introducir cambios sustanciales en la legislación laboral, como la inamovilidad laboral, el control de precios, la expropiación de empresas y el aumento sostenido del salario mínimo sin respaldo productivo. Aunque inicialmente estas medidas fueron bien recibidas por sectores populares, sus efectos a mediano plazo fueron demoledores: según cifras del propio gobierno venezolano, entre 1998 y 2014 cerraron más de 490.000 empresas en el país, y la informalidad laboral creció exponencialmente.

El Banco Central de Venezuela dejó de publicar datos oficiales por varios años, pero estimaciones del Fondo Monetario Internacional indican que la inflación llegó a superar el 1.000.000% anual en 2018, resultado de políticas públicas que desincentivaron la inversión, eliminaron la confianza jurídica y desarticularon la estructura empresarial del país. El salario real perdió todo su valor, el desempleo aumentó, y millones de venezolanos emigraron en búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Hoy Colombia podría estar ante un riesgo similar si las reformas estructurales se intentan imponer por vías populistas y sin el debido debate técnico e institucional. El abogado constitucionalista Rodrigo Uprimny ha advertido que la consulta popular, tal como ha sido propuesta por el Gobierno, no es viable jurídicamente, ya que la Constitución colombiana prohíbe la aprobación de textos normativos completos por este mecanismo. 

Se trataría, en ese caso, de una desviación del principio de separación de poderes y de una forma indirecta de legislar desde el Ejecutivo. No se trata de desconocer la necesidad de mejorar las condiciones laborales del país. Por el contrario, se trata de advertir que sin un diálogo técnico, concertado y responsable, medidas aparentemente justas pueden terminar agravando los problemas que buscan resolver. La historia de Venezuela debe servirnos como espejo: la justicia social no puede construirse sobre las ruinas de la economía.

Colombia necesita reformas, sí, pero no a costa de su democracia ni de su estabilidad productiva. La consulta popular laboral debe ser analizada con seriedad, lejos de las pasiones políticas, para evitar repetir un error que en otros países ya ha cobrado demasiado caro.

Este análisis se fundamenta en las reflexiones y preocupaciones expresadas por el senador Nicolás Albeiro Echeverry, integrante de la Comisión Segunda del Senado por el Partido Conservador, quien ha advertido públicamente sobre los riesgos de replicar modelos autoritarios en Colombia bajo el disfraz de mecanismos democráticos. Para el senador Echeverry, “la consulta popular no puede ser una excusa para imponer reformas estructurales sin consenso ni análisis técnico, tal como ocurrió en Venezuela, donde los efectos fueron devastadores para la economía, el empleo y la estabilidad institucional”. Su postura invita a un debate serio, informado y responsable sobre el futuro laboral del país.