Crónica | El día que el Senado frenó la consulta que amenazaba a las empresas

“No se puede usar una consulta popular como trampolín electoral. El Senado actuó con responsabilidad: defendió la economía, la democracia y la institucionalidad.”

Por : Nicolás Albeiro Echeverry Albaran 

En la plenaria del Senado, el ambiente era tenso. Curules ocupadas, murmullos cruzados y gestos de preocupación. Aquel día, más que una consulta popular, estaba en juego el rumbo económico del país. La votación fue cerrada: 49 votos en contra, 47 a favor. El Senado le cerró el paso a un intento riesgoso del Gobierno nacional.

El ambiente se crispó más cuando, al conocerse el resultado negativo de la votación, el exsenador Armando Benedetti protagonizó una agresión directa contra la mesa del Secretario del Senado, golpeando con fuerza e indignación. El episodio pasó de ser escandaloso a preocupante cuando algunos compañeros tuvieron que intervenir para contener la situación y evitar una confrontación mayor con el Ministro  visiblemente afectado por la ira del momento, la mesa directiva optó por no responder a la provocación. La institucionalidad fue puesta a prueba.

La propuesta de consulta se había presentado como un ejercicio democrático, pero su verdadero propósito se revelaba con inquietante claridad: instrumentalizar la participación ciudadana como una estrategia de campaña política, a pocas semanas del arranque electoral.Mal versada, la consulta se estaba convirtiendo en una herramienta peligrosa para legitimar, mediante el discurso del pueblo, una agenda ideológica que no había pasado por el diálogo ni el consenso. En las calles, en los gremios, en los municipios, ya se hablaba de la suspicacia de un Gobierno dispuesto a usar el mecanismo como plataforma de campaña, disfrazando de participación lo que era en realidad una estrategia electoral encubierta.

En Antioquia —cuna del emprendimiento y el esfuerzo productivo— ya sabíamos lo que estaba en riesgo. En nuestro departamento, donde más del 95% de las empresas son micro, pequeñas o medianas, las medidas propuestas en la consulta hubieran provocado una catástrofe: aumento de costos, cierres masivos, informalidad y más de 350.000 empleos en peligro.

La advertencia fue clara desde los gremios. ACOPI, en su comunicado del 13 de mayo, alertó: “Esta consulta está siendo instrumentalizada con fines políticos y electorales, sin análisis técnico riguroso ni consideración real sobre el impacto que tendría en la sostenibilidad del aparato productivo nacional.”

Pero más allá del contenido de la consulta, fue el escenario político lo que reveló la gravedad del momento. Tras conocerse el resultado de la votación, el recinto del Senado se convirtió en un campo de confrontación. Hubo agresiones verbales, gritos y señalamientos directos entre compañeros. La institución fue violentada. El respeto al Congreso, cuestionado.

Mientras tanto, desde sectores de la oposición se lanzan acusaciones de fraude. Algunos aún insisten en desconocer el resultado y buscan, a toda costa, torcer el rumbo del proceso. Sus declaraciones han cruzado la línea de la crítica para caer en la desinformación, insinuando que la consulta fue saboteada por mecanismos ocultos cuando, en realidad, todo se dio dentro del marco legal, abierto y transparente.

En medio de este ambiente crispado, el Senado cerró filas en defensa de la institucionalidad, y respaldó con firmeza la labor del presidente Efraín Cepeda, quien condujo con claridad, equilibrio y rigor el trámite tanto de la reforma laboral como del debate sobre la consulta popular.

Ese día, el Senado no solo rechazó una consulta. Reafirmó la importancia del debate técnico, del respeto por las instituciones y del cuidado del aparato productivo nacional. Porque sí, Colombia necesita una reforma laboral, pero no una impuesta desde la improvisación ni utilizada como plataforma electoral. La necesitamos construida entre todos: empresarios, trabajadores, academia y regiones. Una reforma seria, con enfoque territorial, diferencial y basada en la evidencia.