Senador Nicolás Echeverry transforma a los inspectores de policía en agentes de paz

Cuando la justicia camina por calles sin pavimento y resuelve conflictos en voz baja, allí empieza el verdadero rostro de la paz. Hoy, ese rostro tiene nuevo nombre.”

Por Olga Yurely García Ramírez 

En un Congreso pendiente de las grandes reformas nacionales, ha surgido desde lo local una transformación silenciosa pero profunda que reconfigura el rostro de la autoridad comunitaria. El Proyecto de Ley 577 de 2025 – Cámara, S214 de 2023 – Senado, promovido por el Senador Nicolás Echeverry, avanzó con paso firme en su cuarto debate, eliminando la denominación “Inspector de Policía” para imponer la nueva figura: Inspector de Convivencia y Paz.

La sustitución de un título refleja una reforma más amplia en funciones y estructura. Hoy son alrededor de 6.500 inspectores, en especial en municipios de sexta categoría, quienes brindan la primera respuesta del Estado frente a alteraciones al orden, disputas vecinales, invasiones al espacio público y conflictos ambientales  . Desde la Ley 1801 de 2016, su carga se triplicó: nuevos roles, más trabajo, pero sin recurso adicional  .

El proyecto fue inicialmente radicado el 20 de diciembre de 2023, y tuvo ponencia técnica del senador Ariel Ávila en junio de 2024  . En marzo de 2025 recibió ajustes de fondo en la Cámara por la representante Carolina Arbeláez, centrando el texto en la profesionalización y no solo en el cambio de nombre  . En su redacción final contempla que los inspectores, incluyendo los rurales, exijan título profesional de abogado, y permanezcan bajo el mismo nivel salarial más alto en sus municipios  .

Más que autoridad técnica, la nueva figura tendrá rol activo: promover la justicia restaurativa, participar en conciliaciones, fortalecer la convivencia comunitaria y aportar a la construcción de paz territorial  . También podrán trabajar con equipos técnicos, sin generar nuevas plazas, pues se articularán cargos existentes en las entidades territoriales  .

Esta iniciativa no nace al margen del plan nacional. En su origen, se da en consonancia con el impulso del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, que promueve fortalecer la seguridad humana y la institucionalidad desde los territorios . Ese vínculo entre justicia local y paz nacional marca una diferencia: no se trata solo de cambiar un nombre, sino de blindar el Estado contra la informalidad, reconstruir la autoridad desde abajo y devolverle dignidad a quienes siempre estuvieron en la primera línea.

La voz desde las inspecciones no ha sido necesaria: las mesas técnicas elevaron el clamor en palabras claras y potentes: “este proyecto es crucial para dignificar nuestro trabajo y mejorar la convivencia en todo el país”  . Y enfáticos en Medellín recordaron a las autoridades que más de 150.000 comparendos esperan atención urgente  .

El Congreso respondió. En medio de consensos técnicos y reconciliaciones institucionales, se logró conciliar un texto que busca adecuación real, no cosmética, ajustado al régimen de justicia comunitaria que hoy propone el Estado .

Finalmente, este proyecto pusilánime pero certero, decidió poner fin a una deuda histórica con quienes, desde la periferia, han sostenido la convivencia. La transición de “inspectores” a “agentes de paz” marca un antes y un después. Hoy, esa autoridad municipal, muchas veces invisible, asciende en rango, logra mayor reconocimiento y recibe herramientas modernas para actuar con justicia, humanidad y eficiencia.

Y aunque aún falta la sanción y promulgación presidencial, la crónica de esta reforma ya inscribe un capítulo nuevo: la dignidad territorial comienza a tejerse desde las inspecciones, con un nombre renovado y un propósito que trasciende títulos.