EL COSTO DEL DESFINANCIAMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA URGENCIA DE REGULAR LA TECNOLOGÍA DE DRONES

La paz de Colombia no se construye debilitando a la Fuerza Pública, sino fortaleciéndola para que proteja a los ciudadanos frente a un enemigo cada vez más sofisticado.

Por Olga Yurely García Ramírez

En febrero de este año advertimos desde el Senado de la República que el presupuesto asignado a las Fuerzas Militares y de Policía venía siendo reducido de manera preocupante, generando un riesgo de desfinanciamiento justo cuando la seguridad nacional enfrenta mayores desafíos. La proposición presentada por el senador Nicolás Albeiro Echeverri aprobada en la Comisión Segunda, buscaba llamar la atención del Gobierno Nacional sobre esta realidad. El propio Ministerio de Defensa, en respuesta oficial, confirmó las restricciones fiscales que afectan las capacidades de la Fuerza Pública en la vigencia 2025.

Las cifras entregadas son contundentes. Hasta abril de este año se habían neutralizado más de 1.282 artefactos explosivos improvisados, se desarrollaron 254 operaciones militares, se incautaron 223 armas de fuego y más de 10 toneladas de cocaína. Sin embargo, los uniformados continúan enfrentando amenazas crecientes con recursos cada vez más limitados. Más de 78 policías han perdido la vida en lo corrido del año, la mayoría en ataques directos de disidencias armadas. Basta con visitar los cuarteles y batallones para constatar las deterioradas condiciones de vida y trabajo de quienes arriesgan todo por la defensa de Colombia.

La reciente tragedia en Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero de la Policía fue derribado mediante un dron explosivo, y el atentado con carro bomba en Cali contra la Escuela Marco Fidel Suárez, son la muestra dolorosa de que nuestras advertencias no eran retóricas. El uso de drones con fines ofensivos marca una escalada inédita en el conflicto colombiano. Mientras las organizaciones criminales incorporan tecnología de última generación, el Estado recorta presupuesto a la Fuerza Pública y retrasa inversiones en sistemas de defensa y protección.

Frente a esta nueva realidad, no basta con denunciar el desfinanciamiento. Se requieren soluciones de fondo. En esa dirección, el senador Nicolás Albeiro Echeverri del Partido Conservador será ponente del Proyecto de Ley No. 075 de 2025, “Por medio de la cual se definen parámetros para la importación, fabricación, comercialización, adquisición, registro, uso, tenencia, porte, transporte, vigilancia y control de los Sistemas de Aeronaves no Tripuladas – UAS y los Sistemas de Contramedidas de Aeronaves no Tripuladas – C-UAS, sus partes y componentes asociados y se dictan otras disposiciones”.

Este proyecto busca llenar el vacío normativo existente en torno a las aeronaves no tripuladas y sus contramedidas, estableciendo reglas claras para su uso civil, comercial y de seguridad, al mismo tiempo que fortalece la capacidad del Estado para enfrentar amenazas como las que hoy enlutan al país.

La seguridad nacional no puede seguir siendo vista como un gasto sino como una inversión. El desfinanciamiento de la Fuerza Pública ha tenido consecuencias dolorosas y visibles. Ahora corresponde avanzar en políticas integrales que fortalezcan presupuestalmente a quienes defienden al país, y que regulen de manera técnica y moderna las tecnologías que ya son parte del escenario de guerra y del crimen organizado.

Lo que está sucediendo hoy no es casualidad: es la consecuencia de haber debilitado las capacidades de quienes nos defienden. El Estado no puede continuar recortando a quienes ponen la vida por Colombia. Es urgente revisar el presupuesto 2025, invertir en tecnología antidrones y sistemas de protección, brindar respaldo integral a las familias de los uniformados caídos y heridos, y enfrentar a estas estructuras criminales con toda la fuerza del Estado.