Comisión Séptima preocupada por contratos del PAE y calidad de la educación virtual

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,ICBF, Lina Arbeláez, dijo que "el eje de violencia intrafamiliar no es competencia del ICBF desde que el legislador dispuso normatividades en el año 2000".

Bogotá D.C., 30 de abril de 2020 (Prensa Senado). Alimentación y educación segura para niños, niñas y adolescentes, descuentos de servicios no prestados en instituciones educativas y violencia intrafamiliar fueron los temas tratados en la Comisión Séptima durante la sesión virtual formal, que tuvo como invitadas a la ministra de Educación, María Victoria Ángulo, y a la directora del ICBF, Lina Narváez.

En su intervención, la jefa de cartera de Educación dio a conocer los avances en materia de educativa por la que Colombia se vio obligada a empezar ejecutar debido a la crisis del Covid-19, sin embargo, las estadísticas siguen sin convencer a los congresistas de la Comisión Séptima, quienes coincidieron en afirmar que “hay quejas por servicios que no se están recibiendo en los colegios, que las raciones de comida no han sido las necesarias, que se necesita mayor cobertura de Internet en el territorio colombiano y sobre todo para que esto ayude en la educación de los niños y niñas de la zona rural donde también viven o habitan estudiantes indígenas campesinos”.

A los cuestionamientos hechos por los senadores que integran la Comisión Séptima del Senado, la Ministra de Educación respondió que "hasta el momento hay 4.245.400 estudiantes beneficiarios con el esquema de Escuela en Casa y que seguirán haciendo todos los esfuerzos con las 10 entidades territoriales para llegar a más de seis millones de raciones en lo que tiene que ver con el Plan de Alimentación Escolar-PAE”.

De acuerdo con la información entregada por la Ministra, el país avanza en la implementación de acciones que permiten la adaptación de la oferta institucional y de esta manera garantizar que los niños y niñas, desde la educación inicial y preescolar hasta la educación media, continúen vinculados al proceso educativo, a través de esquemas de trabajo académico en casa, para lo cual ha establecido que las propuestas diseñadas y desarrolladas por docentes y directivos docentes, consideren las particularidades del contexto que habitan (urbano, rural, diversidad étnica y cultural, condiciones de vulnerabilidad, migración, etc.), teniendo en cuenta que se debe garantizar el acceso universal de la población.

Violencia intrafamiliar no es competencia del ICBF

Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,-ICBF, Lina Arbeláez, a su turno dijo que “el eje de violencia intrafamiliar no es competencia del ICBF desde que el legislador dispuso normatividades desde el año 2000. De hecho, en varias sentencias del Consejo de Estado donde el Instituto ha insistido en hacer una intervención directa en el marco del hogar. El Consejo ha sido claro y ha dicho que el legislador ha dispuesto una separación entre las obligaciones de los defensores de Familia y los comisarios de Familia, y la competencia lo que pasa al interior de los hogares se lo ha dispuesto el legislador al territorio, es decir a los alcaldes o en su defecto a las gobernaciones”.

Con respecto a las madres comunitarias de Urabá y específicamente de Apartadó, Antioquia, la Directora del ICBF afirmó que en conjunto con la Gobernación de Antioquia se está haciendo la prestación de los servicios de primera infancia. “Uno de manera directa con el ICBF y otros a través de un convenio con la Gobernación. En este sentido, las 3.812 comunitarias que trabajan bajo la operación de ICBF están contratadas desde el primero de abril”, manifestó.


18.952 denuncias en un mes y medio

Entre el 12 de marzo y el 28 de abril del 2020 en todos los canales del ICBF se recibieron 18.952 denuncias por posibles casos de maltrato. En el mismo periodo del 2019 se recibieron 26.953 denuncias. “Hacemos un llamado a la correlación que tiene el artículo décimo del Código de Infancia, donde tenemos todos de manera conjunta los que terminemos protegiendo y estableciendo canales efectivos para la protección a los posibles casos de vulneración a niños y niñas. Hemos empezado el restablecimiento de derechos a 2.543 niños y niñas y adolescentes del país, lo cual demuestra una acción activa y efectiva por parte de la Defensoría de Familia”, afirmó Narváez.
Y agregó que “hemos relacionado alianzas con los medios de comunicación nacional en el marco de la responsabilidad social y empresarial, dónde han dispuesto espacios específicos, reiterando la línea 141 y la disposición de la misma para atender y proteger a los niños y también en emisoras comunitarias un despliegue efectivo de la misma sabemos que nada es suficiente para proteger a niños y niñas de nuestro país”.

Pese a las explicaciones entregadas por las entidades citadas en la Comisión Séptima, siguen preocupando temas como la contratación de madres comunitarias, contratos y supervisiones al programa de alimentación escolar PAE, mecanismos de protección para la niñez, calidad de la educación en la virtualidad, costo de la matrícula, y acceso a la educación en zonas rurales.

Hablan los congresistas

El legislador Édgar Pulgar hizo denuncias puntuales a la ministra. “en pleno Covid-19, en el municipio de Soledad, Atlántico, el ICBF ha contratado con la empresa Fundación Social Flor de Vida, entregó alimentos vencidos a los niños de 0 a 5 años y no podemos permitir que en Soledad y en ninguna parte del país”

A lo que la Ministra de Educación respondió que “se ha iniciado un proceso disciplinario para establecer los hechos puntuales que ocurrió con la Empresa de dicho municipio en el Atlántico. Hemos dispuesto unos peritos y hemos remitido los granos a un laboratorio y he venido revisando de manera directa y constante en qué grado de composición están”, comentó.

Por su parte, el presidente de la Comisión Séptima, congresista Fabián Castilla, afirmó que “en algunos sitios del Catatumbo los padres han salido desesperadamente tratando de conseguir un teléfono o algún dispositivo para tratar de resolver, ya que hay una brecha muy grande entre lo urbano y lo rural”.
De igual manera los senadores de esta Comisión hicieron el llamado para que se vigilen los casos no solamente de violencia intrafamiliar, sino también los casos en donde pederastas se aprovechan de que los niños deben ocupar gran parte de su tiempo en Internet.

El senador José Ritter López afirmó que “algunas quejas que se presentan se refieren al cobro que se realizan en las instituciones privadas sobre el transporte y otros cobros que según los padres de familia no tienen razón de ser en esta pandemia y le sugirió al Gobierno mayor cobertura de Internet en el territorio colombiano y sobre todo para que ayude en la educación de los niños y niñas antes de la pandemia”.

La legisladora Nadia Blel hizo dos recomendaciones especialmente en estos momentos de dificultad de la cuarentena obligatoria. “Hemos visto como los casos no solamente de violencia intrafamiliar han aumentado, sino también los casos en donde pederastas se aprovechan de que los niños deben ocupar gran parte de su tiempo en Internet, Yo le quiero pedir especial control sobre un trabajo articulado con la Policía para garantizar la seguridad de los niños. Muchos aprovechan esta oportunidad y le solicitan videos, fotos, imágenes y por lo tanto es necesario aumentar los controles”.

El senador Manuel Bitervo Palchucán se dirigió a la ministra diciendo: “Es necesario que se amplíe los programas de conectividad a Internet porque en las zonas rurales donde permanecen, viven o habitan nuestros estudiantes indígenas campesinos, no hay la cobertura de Internet. Usted trabaja en llavería con el Ministerio de las Tic y es necesario de que también se ponga a funcionar las frecuencias radiales de las emisoras comunitarias, que las comunidades o cada resguardo indígena viene tramitando ante el Ministerio de las Tic desde hace mucho tiempo”.

La congresista Aydeé Lizarazo afirmó que “lo que se está haciendo en este momento no es educación virtual, sino utilizar un medio virtual para interactuar profesor-alumno y familia para ayudar en la pedagogía en temas educativos. Porque educación virtual es un tema mucho más avanzado en el que se puede ahondar.

El legislador Carlos Motoa, dijo que “a propósito del ingreso de Colombia a la OCDE, el rendimiento en las pruebas PISA en el promedio de los países que integran la OCDE, Colombia está muy por debajo de ese promedio. El 40% de los estudiantes colombianos tuvieron un rendimiento muy bajo en pruebas de ciencias de lectura y de matemáticas y esto ocurría con las clases presenciales. No me quiero imaginar lo que puede suceder en estas clases virtuales y le propuso sesión presencial al Presidente de la Comisión para bordar problemática del desempleo en el país”.

La senadora Laura Fortich habló frente al tema ICETEX y dijo: “Tengo entendido que se han dado unos beneficios presentados a los créditos. Sin embargo, revisando se encontró que hay personas que están solicitando más beneficios”.

La congresista Victoria Sandino manifestó: “Hoy no tenemos esa certeza de cuáles son las cantidades que los operadores le están entregando a los estudiantes. Cuál es la cantidad que se está suministrando, quién hace ese control. Se desconoce la minuta. Esto es muy importante Ministra. Al día de hoy ni siquiera han abierto el proceso de licitación para la operación y en otros no se cuentan ni con la interventoría”

El senador Álvaro Uribe afirmó que “en esta Comisión yo creo que ha primado la solidaridad por encima de las diferencias políticas que existen. Yo lo digo de corazón, comprendo la preocupación del senador Polo, su zona Nariño, esa frontera con Ecuador tiene muchas dificultades y él nos ha contado todo lo de Ipiales. Quiero decirle a la Ministra que trasmitan esa preocupación al Gobierno. Estoy seguro que el mismo presidente Duque se encargará de poner todos los medios para que mejore la atención, especialmente en esa zona de frontera. Además, se quejan en muchos colegios privados que no tienen con qué pagarle sus empleados ni a sus profesores”.

 


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