Digital 24 de septiembre, Bogotá D.C.,– En un esfuerzo por abordar y combatir la incesante problemática de la violencia de género en el ámbito digital, se ha radicado hoy un Proyecto de Ley integral, que busca establecer medidas de sensibilización, prevención, protección y reparación para garantizar los derechos fundamentales de dignidad, intimidad y una vida libre de violencias en entornos digitales.
Este proyecto, resultado de un trabajo colaborativo y constante de la Senadora Ana María Castañeda, Clara López Obregón, la Representante Ingrid Aguirre y las organizaciones de la Sociedad Civil en diversas mesas técnicas de trabajo, tiene como objetivo principal penalizar las conductas que constituyen violencia de género digital, que se manifiestan a través del uso indebido de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), con sanciones que pueden ir de 16 a 54 meses de presión, y/o multas de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En palabras de las congresistas, esta ley propone un marco normativo que no solo busca sancionar a los agresores, sino también ofrecer un espacio seguro para las víctimas, permitiendo que puedan registrar sus denuncias de manera accesible y confidencial.
“Es fundamental que como sociedad reconozcamos la violencia de género en todas susformas, incluyendo la que se presenta en el entorno digital. Estamos seguras que esta es la ley que necesitamos, una iniciativa consensuada con expertas para dar un paso decisivo hacia la protección de los derechos de las mujeres y la promoción de un ambiente digital seguro y respetuoso”, afirmaron.
Entre las principales disposiciones del proyecto se incluyen:
La creación de estrategias de sensibilización sobre el uso responsable de las TIC desde los ámbitos educativos, laboral y salud. Esto incluye en el primer caso, la capacitación de docentes y la inclusión de contenidos sobre violencia de género digital en los planes de estudio.
La puesta en marcha de una Ruta Única de Atención para las víctimas de violencia de género digital, que integrará servicios de asesoría, apoyo psicológico y legal. Además, se establecerán mecanismos de protección de urgencia para garantizar la seguridad de las víctimas
La posibilidad de realizar audiencias cerradas en casos de violencia de género digital para proteger la identidad de las víctimas.
La implementación de mecanismos que faciliten la denuncia y el acceso a la justicia para las personas afectadas. Además, ordena a las entidades del Estado, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior, a aplicar la perspectiva de género en todas las actuaciones relacionadas con la violencia de género digital,
asegurando que se tomen en cuenta las particularidades de cada caso.