Comisión Primera escuchó a víctimas de la violencia

La célula legislativa cita para aprobar la ampliación de la Ley de Víctimas, el lunes 31 de agosto. Durante la sesión virtual se manifestó que para repararlas se requieren $357 billones. El próximo viernes, se realizará una audiencia pública.   

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2020 (Prensa Senado).- Las víctimas de la violencia y los funcionarios de los organismos de control coincidieron en denunciar en foro realizado por la Comisión Primera del Senado que si se hace una prórroga a la Ley de Víctimas de la violencia por diez años, se debería hacer cumplir los fallos de la justicia y definir las partidas necesarias para indemnizar a las nueve millones de víctimas.

El senador Roy barreas, ponente del proyecto de Ley que modifica la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) y los decretos ley étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011 y que busca su ampliación por 10 años su vigencia, escuchó este lunes a más de 80 víctimas de la violencia que se inscribieron para opinar de la propuesta.

Barreras, citante al foro de víctimas, aseguró que “para reparar a todas las víctimas necesitaríamos 47 años y por eso se debe prorrogar la Ley 1448 de 2011”.

“La reparación es un propósito de la sociedad. Será prorrogada sin objeción, porque todos coincidimos en reparar a la víctima de todo tipo de victimario. Víctima es víctima, independiente de su victimario en cifras oficiales, para reparar a todas las víctimas al ritmo al que vamos, se necesitan 47 años. Ni el tiempo, ni los recursos son suficientes. Se necesitan 357 billones de pesos para poder cumplir con la reparación de ellas. La prórroga de la Ley de Víctimas es una necesidad nacional. Un propósito de la sociedad y seguramente, será prorrogada por los próximos 10 años sin ninguna objeción. Aquí las víctimas están en el centro, como lo deben estar en la implementación y como lo deben estar en la reconstrucción de este país. Este es un escenario para abrir más garantías a las víctimas de Colombia”, destacó Barreras.

La procuradora Delegada para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado y los Desmovilizados, Elena Ambrosi Turbay, advirtió que hay incertidumbres con la Ley de Víctimas.

“Este es un reto enorme para el Estado. Los indicadores de avances dejan mucho que esperar. La rehabilitación avanza en un 28% del Conpes de 2012. En 24 años podríamos cubrir tres millones de víctimas”, aseguró.
El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, explicó que en ocho años tan sólo se habían cerrado los procesos de ocho sujetos objeto de reparación y la meta de este gobierno es llegar a 140 sujetos de reparación.

“En el fondo de reparación tenemos 1.600 bienes para pagar a las víctimas reparaciones individuales y colectivas. El número de registrado de víctima ya llega a seis millones”, destacó.

De 125.562 solicitudes, hay 5.847 sentencias

Joaquín Polo, procurador Delegado para la Restitución de Tierras, informó en el Congreso que de las 125.562 solicitudes de restitución de tierras, se han proferido a julio de este año 5.847 sentencias, entre jueces y tribunales en salas especializadas.

“Eso demuestra el abismo de la tarea que está por realizarse. Todavía existe un número importante de víctimas que están pidiendo reconocimiento de derechos e indemnización y no han tenido respuesta. La situación al día de hoy, es de grave incumplimiento y no nos podemos engañar. Tenemos que lograr que haya más sentencias.
Puso como ejemplo que Fiduagraria a la fecha no ha cumplido ni una sola sentencia.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, respondió en Comisión Primera a las víctimas de la violencia que se quejaron por no tener en cuenta a los compradores de buena fe.

“Lo que ocurrió en la implementación es que los segundos ocupante de buena fe, tienen condición de vulnerabilidad. Los segundos ocupantes deben demostrar la buena fe simple. Estamos haciendo análisis y ejercicios técnicos de caracterización. En la demanda estamos identificando a los segundos ocupantes para que sean reconocidos dentro del predio, para no crear una nueva víctima”, aseguró.

Luz Dary Ochoa y otros asistentes al foro de la Comisión Primera del Senado coincidieron en denunciar que con la Ley de Víctimas vigente y que se quiere prorrogar, los revictimizan, porque fueron compradores de buena fe y el Estado les quitó sus tierras.

“De nosotros nadie habla. Queremos que miren a nosotros. Que nos devuelvan las tierras, que nos quiten o indemnicen”, manifestó la invitada.

Lizeth Silva Avendaño, del municipio de San Ángel, destacó que compraron la tierra y la están pagando con créditos en Banco Agrario, Banca Mia y la Fundación de la Mujer y les pidieron que devuelvan la tierra. “El Estado nos quiere sacar. Para dónde voy a coger con mi esposo y tres hijos”, precisó.

Audrey Solano Acosta explicó que el año 2012 fue a la oficina de Restitución de Tierra a preguntar por el predio de diez hectáreas y me dijeron que no tenía nada ese predio y ahora Restitución de Tierras me quita mi predio.

Perseguida, por defender victimas

La abogada Flor Colombia Caro López dijo que por trabajar en favor de las víctimas está siendo perseguida.

“No se distingue víctimas de despojadores. Se nos está revictimizando. Estamos siendo perseguidos, victimizados, denunciados penalmente. No estar en la misma ideología se ha convertido en un objetivo. Hay intención concreta del cierre del desempeño profesional y del derecho a la vida en los territorios”, indicó.

José Luis Giraldo informó a los asistentes que no se cumple lo que está en la Ley. “Un vecino que compró tierra a otro pierde su tierra. Se crea conflicto. Venden la tierra y después van al Gobierno y piden que se las devuelvan”, aseguró.

El senador Eduardo Pacheco dijo que las víctimas de la violencia han denunciado en el foro realizado este lunes que la Ley de víctimas no sirvió para atender a nueve millones de víctimas. “Se necesitan ajustes administrativos, porque en el esfuerzo fiscal del Gobierno no se hizo el cálculo adecuado”, destacó.

Al cierre del foro, Roy Barreras manifestó que es claro que hay consenso.

“No hay nadie que esté en contra de la aprobación de la prórroga de la Ley de Víctimas. Todos sabemos que es necesaria. Incluso la Procuraduría ha instado en que se prorrogue por 15 años. Esa propuesta la evaluaremos en la ponencia. Podemos ofrecerles a los nueve millones de víctimas del país, no sólo la prórroga, sino un tiempo mayor para que los gobiernos puedan cumplir ese compromiso con las víctimas. Queda claro que el objetivo del proyecto es la prórroga de la ley, pero no su modificación”, precisó.

Para Roy Barreras este es un reconocimiento a las víctimas de las guerrillas, de los paramilitares, de los agentes del Estado y a los familiares de cerca de 200 mil desaparecidos que hay en Colombia, y por supuesto a quienes aún no han sido reparados.

“Quiero recordar que esta Ley de víctimas fue iniciativa del Congreso hace una década. Ha sido el Congreso quien abrió el camino tanto del reconocimiento de las víctimas como del reconocimiento del conflicto armado interno. El Congreso está reeditando su claro compromiso con las víctimas, y celebra que haya iniciativas parlamentarias que puedan cambiar la historia del país”, finalizó

El presidente de la Comisión Primera del Senado, Miguel Ángel Pinto, anunció que el próximo lunes 31 de agosto citará para debatir y aprobar el proyecto de Ley que amplía la Ley de víctimas.

Pinto explicó que este martes los congresistas se desplazarán en carretas a la capital para asistir a la sesión presidencial donde se elegirá al nuevo Procurador General de la Nación.

Se levantó la sesión y se convocó a una audiencia pública con víctimas, el viernes 28 de agosto.