En Audiencia pública, sobre ratificación del Acuerdo de Escazú, se escuchó a gobierno, gremios académicos, indígenas y ambientalistas

Entes gubernamentales, comunidades indígenas, ambientalistas y académicos exponen bondades del acuerdo, mientras los gremios piden su archivo.

Bogotá D.C., septiembre 3 de 2020 (Prensa Senado).- Con el fin de analizar la importancia de la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, denominado Acuerdo de Escazú, se llevó a cabo una Audiencia Pública no presencial en la Comisión Segunda, la cual contó con la presencia del ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, gremios, académicos y expertos ambientalistas.

Durante el desarrollo de la audiencia se evidenció el respaldo de los académicos y defensores del medio ambiente al proyecto de ley que busca la ratificación del Acuerdo radicado por el gobierno nacional, por fortalecer la defensa del medio ambiente y en defensa de la vida de los líderes ambientales, frente a la solitud de archivo por parte de los gremios económicos del país, por ceder soberanía.

El senador Antonio Sanguino Páez (Alianza Verde), ponente de este proyecto, precisó que este espacio busca un diálogo con las organizaciones sociales y ambientales, así como las fuerzas políticas para que este acuerdo que sea ratificado antes de que termine septiembre, “este acuerdo también se está ratificando en Escazú, Argentina, para que pueda entrar en vigencia este año”.

Así mismo, el senador Sanguino afirmó que “este acuerdo surgió de la voluntad de más de 30 países en 2018 en Costa Rica y busca comprometer a los Estados en la defensa de los líderes ambientales, de quienes se dedican a defender la tierra en el mundo y elevar la participación ciudadana, en la llamada democracia ambiental, especialmente de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas, en los proyectos mineros y de inversión pública y privada que merezcan la opinión de la ciudadanía y las organizaciones ambientales”.

Por su parte el senador Feliciano Valencia (Mais) aseguró que lo más importante es permitir una verdadera participación para buscar justicia social, “es supremamente importante escuchar a la academia y expertos a frente a la ratificación de este acuerdo. Hemos venido buscando que el gobierno nacional reconozca a las autoridades indígenas como autoridades ambientales”.

Frente a la posición expuesta por los gremios sostuvo que “ellos sienten este acuerdo como una amenaza a la productividad, mientras que nosotros velamos por la protección de la madre tierra, el territorio y la paz. Por lo tanto anuncio mi voto positivo a este proyecto de ley”.

A su turno Ricardo Lozano, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sostuvo que este es un importante acuerdo para el fortalecimiento del aporte científico y de justicia, “la presencia nuestra en cada uno de los territorios es lo que nos ha llevado a radicar con mensaje de urgencia esta iniciativa, porque todos estos ejercicios para la reducción del conflicto, la prevención, con un dialogo permanente, son las bases de nuestro día a día para ser garantes de todos estos derechos de un ambiente sano”.

Recordó el funcionario, apartes del proyecto donde resaltó la necesidad de tener jueces especializados en temas ambientales para la toma de reales soluciones en la implementación de estos derechos; la creación de un centro de manejo, y así apoyar en todos los temas de estos derechos a las partes de este acuerdo, con el apoyo de la Cepal, “Tenemos grandes compromisos con la OCDE, están establecidas varias acciones que evalúan nuestra desempeño frente al medio ambiente, entre los que están reforzar presencia la del Ministerio de Medio Ambiente, las Cars, el acceso a la información ambiental, justicia ambiental, leyes y normas coherentes con las buenas prácticas internacionales, formas de participación, reducción de contaminación atmosférica y la elaboración de estrategias de responsabilidad ambiental, entre otros”.

Primer panel, Retos de Colombia en la ratificación de Acuerdo Escazú

Bajo la moderación de Mauricio Madrigal, director de la Clínica jurídica del medio ambiente y salud pública de la Universidad del Rosario, se adelantó este primer panel para reflexionar sobre los aportes del acuerdo en la política ambiental en nuestro país.

Precisó el académico que es necesaria la coordinación entre las entidades públicas del medio ambiente, la consolidación de sistemas de información, actualizados, confiables y abiertos, para promover una verdadera política ambiental.

Seguidamente intervino Adriana Mejía, viceministra de relaciones multilaterales, quien manifestó que como país biodiverso y altamente vulnerable al cambio climático, Colombia ha iniciado una agenda agresiva para protegerlo, el acuerdo busca garantizar mediante la información, a la justicia un futuro para las nuevas generaciones.” Colombia cuenta con una amplia normativa al respecto y está en capacidad de asumir los compromisos, en busca del fortalecimiento de la democracia ambiental”.

Por su parte Carolina Rojas, Viceministra de Minas, afirmó que están convencidos que la actividad extractiva deben acceder de la mano de la protección del medio ambiente, en la línea de aprovechar responsablemente los recursos que tiene Colombia en el subsuelo. “Todo el acceso a la información nos va a permitir conocer todo, en el marco de unos mecanismos que ya están en la legislación nos permite ahondar conversaciones más informadas, con mecanismos de participación más fortalecidos y un sector más robusto, contribuyendo al país con recursos”.

Segundo panel, el Acuerdo Escazú desde los gremios

Jorge Hurtado, del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, como moderador de este segundo panel precisó que según el artículo 88 de la CP. se pone de relieve el gasto y los sistemas de control como las licencias ambientales, como una herramienta que busca un desarrollo sostenible y la oferta ambiental, “La consulta previa es la necesidad de salvaguarda esa diversidad étnica y cultura asentada en estos territorios”.

A su turno Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, resaltó que para el sector productivo el Acuerdo les genera serías preocupaciones sobre la participación o consulta previa, que ha probado ser una gran aporte pero también ha sido una traba para el desarrollo del país. ”El tema de la justicia nos parece fundamental, pero la producción de la prueba del daño ambiental puede ser contradictoria y generaría inseguridad jurídica. Nos preocupa que nos quedemos en un buen acuerdo pero su implementación se quede en el papel. Acompañamos la protección de los defensores del medio ambiente”.

Puntualizó el directivo que “El espíritu del acuerdo es loable, pero Colombia debe aplicar las leyes que ya existen y desde el sector privado y agricultor este acuerdo genera muchas dudas”, por lo cual solicitan archivar esta iniciativa.

Por su parte Gonzalo Moreno, del Fondo Nacional Avícola, el Acuerdo otorga mecanismos para que cualquier grupo participé en la toma de decisiones, generado desincentivos y poniendo en riesgo nuestro sector, “Este tipo de leyes pueden utilizarse en fines particulares, no puede permitirse este tipo de mecanismos para ejercer presión sobre la tierra. Nos preocupa que cualquier proyecto productivo deba tener una permiso o consulta previa, por lo cual solicitamos no darle trámite al mismo”.

Para Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, la industria del gas en Colombia tiene un compromiso firme con el medio ambiente, pero cuestionan la figura de la consulta previa, por la falta de reglamentación y delimitación. “Mi invitación es a que se revise su contenido antes de su ratificación”.

Ramón Leal, director ejecutivo de AsoCars, quien representa las Corporaciones Autónomas Regionales, respaldó la ratificación del acuerdo, en beneficio de la implementación de la política ambiental, “el acuerdo es un gran impulso para lograr una mayor información en la toma de decisiones ambientales y la cooperación y financiación de la implementación de esos compromisos”.

Según Claudia Ximena Calero, de Asocañas, aunque es loable el espíritu del Acuerdo les genera muchas dudas en torno a la participación ciudadana en materia ambiental, precisó que la legislación colombiana ya cuenta con herramientas legales y constitucionales sobre este tema, “la generalidad del acuerdo conlleva a inseguridad jurídica a proyectos, obras empresariales tanto públicos como privados, pérdida de soberanía sobre la aplicación de su política ambiental”. Invitó al gobierno a continuar desarrollando el marco actual vigente y solicitó revisar la conveniencia de ratificar este acuerdo internacional.

En el mismo sentido de archivar el acuerdo se mostraron los representantes de la Federación de Cafeteros, Fedearroz, Fedepetróleo, Andi, Fedegan y el Consejo gremial por considerar que es una forma de ceder soberanía y proponen fortalecer la regulación interna y ‘no someterse a jurisdicciones internacionales’.

Durante los siguientes paneles, fortalecimiento de la democracia a través del Acuerdo Escazú, intervinieron académicos, organizaciones de la sociedad civil, e indígenas, quienes precisaron que desde el punto de vista internacional, la ratificación de un acuerdo es un hecho de soberanía, las obligaciones del estado se enmarcan en su legislación nacional, refuerza la protección de los recursos y fortalece la protección de los defensores ambientales en el país, por lo tanto le solicitan al Congreso ratificar dicho acuerdo.

Aclararon que la ratificación de este acuerdo no impulsa la participación de entes internacionales en la toma de decisiones, sino que hace más transparente la información frente a los proyectos que se van a desarrollar en los territorios.

Mario Anama, alcalde indígena de la comunidad de Los Pastos, Nariño, solicitó la ratificación del acuerdo para fortalecer los territorios y evitar el ingreso de las multinacionales, “lo único que se ha conseguido son esto es que los niveles de pobreza y analfabetismo aumenten, lo que se va a garantizar es el derechos de los pueblos indígenas, donde debe ser la vida la que predomine sobre lo demás”.

Finalmente respaldaron la ratificación de este acuerdo, como una esperanza y una oportunidad frente a los conflictos que se presentan en los territorios y el respeto de la vida de los líderes ambientales.

El senador Antonio sanguino, invitó a los gremios a analizar los argumentos expuestos a favor del acuerdo y anunció la realización de un conversatorio en el mismo sentido, para el próximo 14 de septiembre.