Recursos para transformación digital e infraestructura tecnológica solicitaron entes de control y Rama judicial en Presupuesto 2022

Los senadores expresaron su queja al no contar la presencia de las cabezas de las entidades, sino enviaron a sus delegados.

Bogotá D.C., agosto 1 7 de 2021 (Prensa Senado).- Con la petición unánime de incrementar los recursos asignados en el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2022, por parte de la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría, el Ministerio del Interior, y la Rama Judicial, entre otros, se llevó a cabo el debate en sesión mixta de la Comisión primera sobre las necesidades presupuestales de estas entidades.

La primera en intervenir fue la delegada de la Fiscalía General de la Nación, Astrid Torcoroma Rojas, directora ejecutiva de la entidad, quien manifestó que para el año 2021, la Fiscalía tuvo un presupuesto de $4.1 billones, la ejecución a la fecha en inversión es de un 94 por ciento y en funcionamiento de un 58 por ciento.

Recordó la funcionaria que para la vigencia 2022 la Fiscalía había solicitado un presupuesto ajustado y austero de $4.89 billones y en el anteproyecto les fue asignado $4.83 billones, ” estamos deficitarios en materia de inversión no de funcionamiento, nuestro gasto de personal está estimado en $3.5 billones y nos quedan pendientes $ 1.3 billones, de los cuales 600 mil millones es para el pago de sentencias”.

Manifestó su solicitud de analizar asignar un cupo adicional de $81 mil millones, para actualizar plataforma digital e infraestructura, con el fin de hacer más presencia en todos los municipios del país.

El senador Gustavo Petro cuestionó el programa de la actualización de los fiscales, para que disminuya riesgo de equivocación, en sentencias de privación de la libertad. “Hoy estamos ante una oleada de detenciones arbitrarias, y esto va a tener impacto en el presupuesto, el fiscal Barbosa ha dado la instrucciones que los hechos de violencia de la protesta sean catalogados como actos de terrorismo y no asonada, que es un delito, pero tipificar esa instrucción, tiene una consecuencia y es que no hay excarcelación, lo sacan del contexto, que son delitos políticos y los ponen como delitos comunes, que se estrellan con sentencias internacionales y va a incrementar el deterioro del erario público por los pagos sentencia que terminan con pérdida de libertad injustas”.

Continuó el delegado de la Contraloría General de la Nación, Carlos David Castillo, quien precisó que la entidad tiene un presupuesto asignado de $1.2 billones para la vigencia 2022, lo que va en línea con los compromisos del acto legislativo 04 de 2019, con el nuevo de control fiscal. “Este presupuesto de esta desfinanciado en 2 billones de pesos, es importante que se haga aclaración de cómo se van a conseguir estos dineros y si van de la mano de la Ley de Inversión Social o se necesitaría una nueva ley para cubrir estos 32 billones faltantes. “Estamos en proceso de elaboración de un documento más detallado sobre el presupuesto que les haremos llegar a todas las comisiones”, advirtió el funcionario.

Por su parte el delegado de la Procuraduría General de la Nación, Carlos Alberto Castellanos, afirmo que para vigencia 2022 por funcionamiento solicitaron $ 925 mil millones, de conformidad por lo comunicado por Ministerio de Hacienda, les informaron los techos indicativos, por los que les correspondió un rubro de $818.068 millones, con un déficit de $107 mil millones, que representa un 17 % menos de lo solicitado. “Cabe recordar que tenemos 4.355 funcionarios y parte de la institucionalidad es hacer presencia en todo el país, y en este caso estos rubros representan el 76% de lo solicitado”. Precisó dos aspectos importantes como lo son el fortalecimiento del capital humano, “quien genera toda la intervención preventiva y la necesidad de recursos adicionales para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, y así llegar a toda la ciudadanía”.

Seguidamente intervino Gloria Stella López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, quien afirmó “nosotros como Consejo sabemos la importancia que tiene la Comisión para el presupuesto y estaremos presentes un cualquier tema que le atañe a la Rama Judicial”.

Afirmó la magistrada que la solicitud frente al presupuesto para 2022, es de 7 billones, y se les asignó $ 5,6 billones, “$700 mil millones tienen que ver con sentencias que no sean cancelado, reiteramos esa petición porque solicitamos esas partidas para reparación directa y prestaciones sociales dejadas de pagar a los servidores judiciales”.

Así mismo magistrada recordó que existen obras de infraestructura por culminar, complementar y atender la demanda de justicia en algunos sectores del país, creación de cargos permanentes y la transformación digital que tiene la Rama Judicial aprobada, “lo que tiene que ver con la Justicia en Línea y expedientes electrónicos, que a raíz de la pandemia tuvimos que acelerarlo pero que culminó exitosamente”.

Por su parte el ministro del Interior, Daniel Palacios, afirmó que se pidió para el presupuesto de 2022, en aras de atender a las comunidades afro, raizales, palenqueras, negras, indígenas, religiosas, LGTBI y Juntas de Acción comunal, un presupuesto para el 2022 de $3.3 billones de los cuales le fueron asignados $ 2.2 billones.

“La mayor preocupación reside en la transformación de la Policía y seguridad ciudadanas, drones, cámaras, body cams, no solo transparencia para el ciudadano sin para el agente”. Sobre la Unidad Nacional de Protección precisó que hay incremento de 300 mil millones con relación al año anterior, “pero siendo conscientes que las medidas de protección tienen momentos de incremento y disminución, tenemos claro que los recursos no van a ser suficientes. La UNP funciona a ras con quien requiere protección, el reto está en lograr menos tercerizados para generar más funcionarios de planta, pero no se tienen los recursos, ni instalaciones propias. De 6.800 hombre más de 5.300 son tercerizados”.

Inquietudes de los senadores

Durante el debate el senador Roosevelt Rodríguez dejó constancia por la ausencia de los titulares de las entidades citadas. " Esta es una de las consecuencias que nos ha dejado un largo año de informalidad en el Congreso, no es lo mismo construir un discurso desde la virtualidad que en la presencialidad".

El senador Temístocles Ortega, se pronunció en el mismo sentido y manifestó “esta sesión es de simple trámite, inoficioso, una perdedera de tiempo, porque esta comisión no produce efecto alguno sobre el Presupuesto que prepara el Ministerio de Hacienda y que finalmente se aprueba. Hay otros escenarios para hacer reclamaciones internas ante el Ministerio de Hacienda. Yo creo que esto debe eliminarse, pues si no tiene efectos los que es inoficioso no solo no hace bien, sino que hace daño”.

El senador Carlos Guevara del Movimiento MIRA, indagó sobre cómo va el expediente digital, y posibilidad de llevar esta justicia a los rincones más apartados del país, sabemos que la pandemia ha distanciado estos sectores pero también la virtualidad ha permitido que los ciudadanos desde cualquier lugar puedan acceder a ella.

A su turno el senador Fabio Amín agradeció la presencia de los delegados de las respectivas entidades, y afirmó: “el propósito de la invitación a este debate se pierde, se desdibuja cualquier interés de darle relevancia a los temas presupuestales del sector justicia, porque el Ministerio de Hacienda no hace presencia, nosotros no somos importantes, solo importan las Comisiones Terceras y Cuartas del Congreso de la República. En resumen, todo el mundo pidió plata, pero aquí no hay funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tomen nota y den respuestas”.

También intervinieron los delegados de la Defensoría, Registraduria, Planeación, y se anunció para el día de mañana miércoles la intervención de la Altas cortes y el Ministerio de Hacienda.

Reviva la sesión de la Comisión Primera a través del siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=r2MA0BHwyGw&t=2292s