Defensa a ultranza del territorio y de la plataforma continental marítima debe ser una política de Estado
Senadores plantean que así debe ser la defensa de la comunidad raizal ante la Corte Internacional de La Haya, por parte del estado colombiano.
Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2021 (Prensa Senado). Tras la pérdida de 75.000 km cuadrados de territorio marítimo con Nicaragua en el año 2012, como consecuencia del fallo de la Corte Internacional de Justicia que fijó los límites marítimos entre ambos países, Colombia continúa en la defensa de la soberanía marítima.
Al respecto se pronunció la senadora Paola Holguín (Centro Democrático), argumentando que Colombia “ha obrado siempre de buena fe” y en ese sentido, el país merece que le sean reconocidos los mismos derechos de plataforma marítima que se encuentran contemplados en el derecho internacional.
A la fecha, Colombia continúa en la defensa del territorio y adelanta una contrademanda a Nicaragua, que denuncia falta de garantías para ejercer soberanía. Ante este litigio, senadores pidieron al Gobierno Nacional mantener una política de Estado y no de gobierno.
Por su parte, el senador José Luis Pérez (Cambio Radical), expresó que el hecho de que Colombia haya tenido diferentes abogados a lo largo del proceso ha significado una dificultad pues no se ha mantenido una consistencia en materia jurídica que, en efecto, permita recuperar la plataforma extendida.
Una de las causas principales que defiende Colombia está directamente relacionada con el bienestar de la población raizal pues es menester garantizar su derecho a la pesca, dado que su estabilidad socioeconómica depende en gran medida de esta actividad.
De ahí que el senador John Harold Suárez (Centro Democrático) manifestó su especial preocupación por los sanandresanos, pues no se trata solamente de recuperar un territorio marítimo sino de la historia y herencia de esta comunidad, así como la apropiación cultural de los habitantes de la isla que, en sus palabras, “no entienden si el mar es de Colombia o es de Nicaragua; lo más importante es que ellos permanezcan allí. Allí está su cultura, su historia”.
Por otra parte, desde la Academia también se resalta la importancia de que el país continúe defendiendo el derecho a hacer presencia permanente en el Mar Caribe para luchar contra el narcotráfico y proteger el medio ambiente.
Sobre este aspecto, Wilfredo Robayo, docente de derecho internacional de la Universidad Externado de Colombia, afirmó que el país necesita dos demandas de reconvención: una que proteja los derechos de pesca artesanal de la población raizal y, de otro lado, una que busque establecer que el estado nicaragüense viola el derecho internacional a través de la creación de un decreto.
Es necesario resaltar que la Corte Internacional de Justicia inició audiencias el pasado 20 de septiembre, las cuales serán extendidas durante dos semanas más. El fallo, por su parte, se demorará de seis meses a un año.