Plenaria aprueba Convenio Internacional del Cacao
El pleno de la Corporación aprobó el informe de conciliación de importante iniciativa de origen gubernamental que promueve la economía mundial del cacao.
Por Samia Abisambra Vesga
Bogotá D.C., noviembre 3 de 2021 (Prensa Senado). En la sesión Plenaria del Senado se aprobó con 73 votos a favor y 2 en contra, el informe de conciliación del proyecto de ley que aprueba el “Convenio Internacional del Cacao”, que promueve la cooperación internacional en la economía mundial del cacao; procura obtener precios justos que aseguren un rendimiento económico equitativo para los productores y consumidores dentro de la cadena de valor del cacao, además fomenta una economía cacaotera sostenible en términos económicos, sociales y medioambientales, entre otros aspectos.
En su exposición, el senador ponente de la comisión accidental Bérner León Zambrano, del Partido de la U, solicitó aprobar la conciliación de esta iniciativa. De igual manera, para la senadora Ana Paola Agudelo, del Partido Mira, este proyecto es muy importante en materia de cooperación internacional para los cacaoteros y agregó, “en Colombia somos grandes productores de cacao, en departamentos como Nariño, Norte de Santander, Casanare, Arauca, Tolima y el Valle del Cauca. Es de los tratados internacionales que debemos mostrar y que nos ayudan para que estos productores puedan tener oportunidades”.
Debate de proyectos en segundo debate
Con el fin de continuar con la discusión y votación de los proyectos a segundo debate, se dio paso al debate del Proyecto de Acto Legislativo “Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del capítulo I del título II de la Constitución Política de Colombia”, que busca delimitar, precisar el alcance y consagrar de manera expresa el derecho al agua, con prevalencia para el consumo humano y su función ecológica como un derecho de protección constitucional, fue aprobado para seguir su tránsito hacia la Cámara de Representantes.
En su ponencia, el senador Iván Leónidas Name, de Alianza Verde, dio a conocer que un proyecto como este tiene una trascendencia fundamental en la concepción de los derechos esenciales en nuestro tiempo. “El agua no puede ser tratada como un objeto exclusivamente comercial, sino como la concepción misma de la vida de los seres humanos en nuestro tiempo y para las generaciones futuras”.
Así mismo, se busca que el derecho al agua sea incluido dentro de los derechos fundamentales de la Constitución Política, debido a su conexión directa con los principios constitucionales, en especial a los que corresponden a la vida y dignidad de la persona humana.
En el mismo sentido, el senador Antonio Sanguino de Alianza Verde, coautor de esta iniciativa, recordó que esta reforma constitucional permitirá el paso al agua potable, garantizar un mínimo vital para aquellas poblaciones que tienen barreras para el acceso a este derecho, y puede evitar que se adelanten procesos de privatización de este servicio.
El senador Guillermo García Realpe, del Partido Liberal, comentó que el agua no debe ser un negocio sino un derecho fundamental que se debe garantizar de manera efectiva en todo el territorio colombiano. Y resaltó que se llevó a cabo una propuesta para la creación de la comisión del agua y de la biodiversidad.
Por otro lado, en esta sesión se avanzó en la ponencia del Proyecto de Acto Legislativo “Por medio del cual se reconoce el campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular”.
El senador ponente Alexander López Maya, del Polo Democrático, señaló que “lo que hoy estamos proponiéndole al Estado colombiano es pagar una deuda histórica con el campesinado”.
Así mismo, el senador López Maya dio a conocer que esta iniciativa tiene como fin superar la deficiente protección constitucional del campesinado y así reconocerlos como sujetos de derechos. De igual manera, aseguró que con esta reforma constitucional, “planteamos la reivindicación del campesinado como un grupo social, el cual merece su reconocimiento jurídico, político, económico y social; así como la exigencia, a través de la Constitución del 91, para que se adopten medidas tendientes a garantizar la permanencia del campesinado como sector social”.
Por último, se busca garantizar el acceso a la tierra al campesinado dejando en cabeza del Estado la expedición de medidas redistributivas que permitan el acceso real al campo; así como reconocer y proteger el derecho de las comunidades a mantener, controlar y desarrollar sus conocimientos tradicionales, recursos genéticos y semillas conforme a su modo de vida.
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